El pasado 20 de Febrero, una misiva que plantea la revisión de las disposiciones del Ministerio de Educación, que regulan la vestimenta escolar, fue remitida por el congresista de la Bancada Liberal, Alberto De Belaunde, al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Fundamentalmente, se ha solicitado dicha revisión con el objetivo de que sean las propias alumnas quienes decidan libremente si usar falda o pantalón como parte del uniforme escolar. De Belaunde considera que esta medida constituye un paso más en la lucha por eliminar las brechas de desigualdad entre escolares por razones de sexo. “Ayudaríamos a que cada escolar pueda desarrollarse de manera libre”, afirmó De Belaunde.

La petición ha sido motivado en un estudio realizado por la ONG Save The Children con la población escolar del distrito de Amarilis en Huánuco. Dicho estudio reveló que el 80% de las menores usa la falda debido a la obligatoriedad de la misma y que consideran restringida su capacidad de moverse y jugar libremente frente a los escolares varones.

Las instituciones educativas suelen alegar que el uso del uniforme -entiéndase el uso de la falda como parte de éste, en el caso de las mujeres- es por dos razones: 1) aligerar a los padres en gastos de ropa estudiantil, ya que con el uniforme solo realizan una compra que será usada por el resto del año escolar; 2) el uso de uniforme es una forma de alinear a los alumnos en cuanto al orden en sus centros educativos. Estos argumentos esgrimidos por las instituciones educativas carecen de un objetivo primordial: velar por la educación de los niños, ya que no se necesita un uniforme estándar o cierta ropa para educar a los menores. En todo caso de pretender uniformizar a los educandos por qué no se entregan pantalones a todos los estudiantes sin diferenciación de sexo ya que con ello las alumnas podrían realizar mayores actividades físicas en su centro educativo y la educación sería más “uniformizada”.

Por otro lado, la respuesta del Ministerio de Educación no se ha hecho esperar y, a través de las redes sociales, han afirmado que no existe prohibición alguna para que las alumnas usen pantalón como parte el uniforme escolar. Asimismo, se ha afirmado de en caso algún colegio público pretenda obligar a una menor la asistencia con falda, los padres pueden denunciar dicha imposición ante el director de la institución, la UGEL de su región o al Ministerio de Educación. No obstante, consideramos que si bien la denuncia de este impedimento de ejercicio del libre desarrollo está determinado por ley, los medios para denunciar no son de conocimiento generalizado en la praxis. Asimismo, consideramos que la obligatoriedad del uso de la falda proviene de una práctica social generalizada.

El derecho al libre desarrollo es garantista de la faceta individualista de la persona, la libertad de decidir sobre su personalidad sin coacción, controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Sin embargo, si cada institución educativa pública obliga el uso de la falda por parte de las alumnas no se estaría permitiendo una libre decisión a las alumnas sobre qué pueden o no usar para asistir al colegio; las opciones son reducidas y sobretodo, afirman estereotipos de género referidos a cómo y qué debe hacer una niña o adolescente.

En ese sentido, podemos afirmar que el derecho al libre desarrollo en relación con el derecho a la educación -ambos derechos reconocidos en el artículo 2 inciso 1 y artículo 14 de la Constitución, respectivamente- no estaría siendo garantizado. Frente a ello, el Minedu sí debe ampliar un pronunciamiento que aclare esta libertad al usar el uniforme. La finalidad de pedir un pronunciamiento recae en enviar un mensaje expreso a directores, profesores, padres de familia y alumnos sobre el carácter voluntario del uso de la falda en los colegios públicos. Ello debido a que si bien este uso, como afirmó el Minedu, no es obligatorio, en la práctica sí se exige esta prenda en algunos colegios.


Fuente de imagen: Andina.

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