Por Mariano Peró, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociado de Miranda & Amado desde el 2012. Maestría en la Universidad de Columbia.

Mediante la Resolución del Tribunal Registral N° 2023-2017-SUNARP-TR-L del 8 de setiembre de 2017, que recayó sobre una solicitud de inscripción de la sucursal de una sociedad extranjera, se dispuso que “no es exigible que la Apostilla se encuentre traducida”, lo cual tiene implicancias positivas en la facilitación y disminución de costos de este requisito formal para los documentos expedidos en el extranjero y que son presentados para su inscripción en los Registros Públicos peruanos.

Al respecto, el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros del 5 de octubre de 1961, también conocido como Convenio de la Apostilla de la Haya (que entró en vigencia en el Perú a partir del 30 de setiembre de 2010 por Resolución Legislativa N° 29445 mediante la cual se aprobó la adhesión del Perú al Convenio), es el trámite de legalización que consiste en colocar sobre el documento público expedido en otro país una anotación que certifica su autenticidad ante los demás países firmantes del Convenio.

En cuanto a las formalidades con que debe cumplir la Apostilla, el artículo 4 del Convenio dispone que “[l]a Apostilla (…) se colocará sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo y deberá acomodarse al modelo anejo al presente Convenio [el cual se incluye debajo]. Sin embargo, la Apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua. El título “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” deberá mencionarse en lengua francesa” (el énfasis es nuestro).

Toda vez que es usual que los documentos extranjeros apostillados sean presentados en los Registros Públicos peruanos. Ello implica que también deben cumplir con los requisitos legales establecidos para su inscripción. Así, el artículo 11 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos (el “Reglamento de los Registros Públicos”), que regula la inscripción de los actos o derechos otorgados en el extranjero, establece que “[p]ueden realizarse inscripciones en virtud de documentos otorgados en el extranjero, siempre que contengan actos o derechos inscribibles conforme a la ley peruana. Se presentarán en idioma español o traducidos a éste, legalizados conforme a las normas sobre la materia” (el énfasis es nuestro).

Es así que, de un lado, el Convenio de la Apostilla de la Haya dispone que la Apostilla se podrá redactar en la lengua oficial de la autoridad que la expida, mientras que, del otro, el Reglamento de los Registros Públicos establece que los documentos expedidos en el extranjero en idioma distinto al español deberán presentarse traducidos a éste de manera oficial.

Al respecto, el Tribunal Registral ha considerado que la Apostilla “debe regirse únicamente por la norma que lo regula, esto es el Convenio de 1961 la cual permite que este tipo de documentos sea redactado en la lengua oficial de la autoridad que la expide”, y que “[c]uando el [Reglamento de los Registros Públicos] prevé que los documentos extranjeros deberán encontrarse traducidos para proceder a su inscripción, ello debe entenderse al contenido de los documentos con los cuales se solicita la inscripción, (…) más no así a la apostilla”, por lo que resuelvo que “[c]onforme a la Convención la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial, por lo tanto no es necesario que se realice traducción alguna respecto de ésta.” (El énfasis es nuestro.)

La resolución del Tribunal Registral es acertada. Sin embargo, no coincidimos completamente con su sustentación, por no considerar que el artículo 4 del Convenio de la Apostilla de la Haya y el artículo 11 del Reglamento de los Registros Públicos sean mutuamente excluyentes. Más bien, sobre la base de los principios de informalismo y eficacia contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el registrador que califique un título que contenga documentos extranjeros apostillados debería (i) interpretar la norma “en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento”, y (ii) “hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados”, admitiendo la Apostilla no traducida.

Esta interpretación encuentra mayor sustento en el hecho de que la Apostilla es un modelo ampliamente conocido, anexado al propio Convenio, y de escaso contenido original o difícil de entender, por lo que es razonable asumir que será comprensible por el registrador, incluso de ser completada en un idioma extranjero. Asimismo, esta conclusión permite reducir costos de transacción (en tiempo y dinero) relacionados con la traducción oficial de la Apostilla, formalidad que, a cambio, aporta escasa seguridad jurídica adicional.

Sin perjuicio de ello, dado que la resolución del Tribunal Registral no es de observancia obligatoria, podría no ser seguida por los registradores, por lo que sería positivo que se apruebe un precedente de observancia obligatoria en un Pleno Registral precisando sus implicancias, o que se modifique el artículo 11 del Reglamento de los Registros Públicos para exceptuar a la Apostilla de este requisito, a fin de contar con una mayor certeza y seguridad jurídica respecto de este asunto.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here