Hace más de cuarenta años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente que cada 08 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. A partir de la fecha, hemos experimentado diversos cambios legislativos. El más reciente sucedió este 07 de marzo, por medio del Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, el cual modifica gran parte del Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Entre los cambios más relevantes, llama la atención el tratamiento que este reglamento busca otorgarle a un tipo de agresión del que muchas veces no se habla: nos estamos refiriendo a la violencia económica o patrimonial. Este tipo de violencia comprende las acciones u omisiones del agresor que afectan la supervivencia económica de la víctima. Es así que sus manifestaciones están relacionadas al control de ingresos económicos, a la percepción de salarios menores por el mismo trabajo realizado en un centro laboral, entre otras. Es así que el reglamento desarrolla diversas formas en las que la violencia económica o patrimonial se presenta:

  1. Prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral, restringiendo la autonomía económica.
  2. Sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración.
  3. Proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar.
  4. Condicionar el cumplimiento de la obligación de alimentos, como medio de sometimiento.
  5. Dañar, sustraer, destruir, deteriorar o retener los bienes destinados al alquiler, venta o instrumentos de trabajo.
  6. Dañar, sustraer, destruir, deteriorar o retener los bienes personales como ropa, celulares, tabletas, computadoras, entre otros.

Entonces, lo importante de resaltar y exponer la violencia económica yace en que este tipo de agresiones son gravemente desatendidas, esto por el mismo hecho de que las consecuencias físicas de las mismas son de difícil percepción; sin embargo, las estadísticas demuestran su presencia en nuestra sociedad. Según el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, de todas las denuncias presentadas en el año 2017, 7000 eran por violencia económica.

Ahora bien, consideramos necesario mencionar otros aspectos importantes que trae esta modificación al Reglamento de la Ley N° 30364, los mismos que, complementando al aspecto de la violencia económica, podrían ser considerados como un avance en la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer.

Lo primero es que ahora nos encontramos con un Reglamento con vocación clarificadora, es decir, que busca precisar los términos y categorías de manera muy detallada. Por ejemplo, en la sección que desarrolla quiénes pueden ser consideradas como víctimas de violencia (artículo 4), se distinguen a dos tipos de víctimas: directas e indirectas. Las primeras son aquellas mujeres que han sufrido daño ocasionado por cualquier conducta que la Ley N° 30364 considere violenta. Y las segundas son aquellos niños o adolescentes que hayan estado presentes en el momento del acto violento, o que hayan sufrido daños por haber intervenido en la asistencia de la víctima. Anteriormente, no se realizaba esa precisión terminológica, lo que traía graves consecuencias al momento de determinar la cantidad de personas cuyos derechos habrían resultado vulnerados.

Un segundo aspecto que consideramos importante es la extensión del papel tuitivo hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Como hemos podido ver en párrafos anteriores, no solo se amplían los tipos de violencia y se desarrolla qué implica la violencia patrimonial o económica, sino que también se establece un plazo concreto para la ejecución de las medidas de protección de  24 horas. Al respecto, es preciso recordar que la Policía Nacional del Perú es la encargada de ejecutar estas medidas. Además, se incorpora un artículo que declara la improcedencia de la aplicación o promoción de cualquier mecanismo de negociación y conciliación entre la víctima y la persona agresora que impida la investigación y sanción de los hechos de violencia.

Finalmente, otro cambio pertinente regulado en el artículo 15 del Reglamento es la ampliación de la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos de denunciar actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Cabe señalar que anteriormente, solo se precisaba dicha responsabilidad para profesionales de salud y educación que presenciaban casos de vulneraciones de derechos contra la mujer.

A pesar de las importantes razones por las que consideramos que los cambios al Reglamento de la Ley N° 30364 son positivos, gran parte de la población ha manifestado que estas modificaciones no tienen consecuencias prácticas. Se critica que se trata de cambios meramente terminológicos y no estructurales. No obstante, tenemos la convicción de que, muchas veces, esa falta de efectividad material es resultado de la abstracción o falta de precisión. Estas modificaciones buscan evitar ese tipo de situaciones y ampliar el marco de responsabilidad, por lo que es totalmente pertinente.

 

Fuente de la imagen: El Comercio

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