1. Rechazo de proyecto que permitía a los padres acuerdo sobre el orden de los apellidos del menor.

La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó el pasado 5 de marzo un predictamen que acoge los proyectos de ley de la bancada Unidos por la República y la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, que versa sobre la posibilidad de un acuerdo entre los padres de un menor recién nacido o adoptado que determine el orden de prelación de los apellidos de este último. Sin embargo, el jueves 21 de marzo, fue rechazada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Actualmente, el artículo 20 del Código Civil, que regula la identidad nominal de una persona, no establece taxativamente el orden de los apellidos, pues señala que “al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre”. Dicha regulación no imposibilita expresamente que el apellido materno fuera el primero y el paterno, el segundo. No obstante, en respuesta a una costumbre o acción administrativa naturalizada, se registran a los menores con el apellido paterno primero y luego apellido materno.

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2. Tribunal de Estados Unidos admite denuncia de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha

El pasado 21 de marzo, finalmente, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos registró como admitida la denuncia contra Newmont Mining Company, actual dueña de la minera Yanacocha, por vulneración de derechos fundamentales. En setiembre de 2017, Máxima Acuña interpuso ante el tribunal federal de Delaware en Estados Unidos contra la minera por intento de desalojo y extorsión a su familia con el objetivo de extraer mineral de sus tierras.

Tras el infructífero juicio penal en el Perú, se decidió interponer la denuncia en Estados Unidos a razón de que la central de Newmont Mining Company se ubica allí y las leyes norteamericanas permiten el juzgamiento. En la denuncia interpuesta en 2017, se desestimó el recurso recomendando que el proceso sea desarrollado en el Perú. No obstante, tras la apelación respectiva, la Corte de Apelaciones admite la demanda. Actualmente, el seguimiento y asistencia del caso está a cargo de abogados americanos de la organización Earth Right Internacional (ERI).

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3. Movilización en Las Bambas

Tras la continuidad del bloqueo del corredor minero del sur en Las Bambas a cargo de la organización comunal, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó la detención de cuatro comuneros: Edison Vargas Huamanga, Rafael Valdivia Bolívar y Noemí Portilla Vargas. La fundamentación de dicha protesta yacería en los cambios en las medidas para traslado del mineral por carretera, las cuales fueron iniciadas sin previo diálogo con las comunidades involucradas, como lo exige la Evaluación de Impacto Ambiental.

La Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay afirmó la sospecha de una presunta extorsión a MMG proveniente de un grupo de comuneros de Fuerabamba, quienes exigirían 100 millones de soles a MMG. Jorge y Frank Chávez Sotelo fueron detenidos preliminarmente tras ser acusados por el Ministerio público como los principales extorsionadores de MMG.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó la continuidad del diálogo con la comunidad de Fuerabamba y un próximo viaje a la zona. Sin embargo, el domingo 24 de marzo, comuneros de la zona acusaron la movilización de 2 mil efectivos policiales y 300 militares con dirección a Apurimac. Finalmente, la comunidad de Chumbivilcas anunció que de no solucionar el conflicto, se sumarían a la protesta en solidaridad con la comunidad de Fuerabamba.

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4. Sanciones financieras a Venezuela por parte de Estados Unidos

Sarah Sanders, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, declaró, el pasado viernes 22 de marzo, que pondrían en marcha medidas más severas contra el gobierno venezolano a cargo de Estados Unidos. Sanders afirmó el presunto uso ilícito de los fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el cual que fue creado con el fin de crédito de fomento. Sin embargo, fondos de dicho banco habrían sido utilizados para evitar el impacto de las sanciones financieras que Estados Unidos habría establecido previamente.

Estados Unidos está buscando establecer un bloqueo a las inversiones venezolanas. Asimismo, se determinó que cualquier propiedad venezolana en bancos estadounidenses está sujeta a sanciones y normalmente. En esa línea, Estados Unidos no puede establecer transacciones con entidades o individuos sancionados por el gobierno. Con lo cual se lograría el bloqueo de financiamiento proveniente de entidades con matriz en Estados Unidos; sin embargo, ello no afectaría el financiamiento proveniente de China.

Por su parte, las últimas transacciones de Maduro han llevado a Juan Guaidó a contratar al buffete español Cremades&Calvo-Sotelo para la investigación y próxima denuncia a Maduro por el presunto delito de blanqueo de dinero ante la justicia española. Todo ello, con el objetivo de congelar los activos propiedad de Maduro en entidades bancarias españolas durante la crisis humanitaria.

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