Teresa Tovar, socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, presidenta del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú-AmCham y miembro del Comité Técnico de Normalización del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

Últimamente escuchamos decir que “Compliance está de moda”. Lo cierto es que, si bien hay un boom del Compliance Corporativo, no es una moda pasajera. Perú está adoptando estándares que ya existen en otros países desde hace casi cincuenta años, como veremos más adelante. El INDECOPI ha estado atento a esta tendencia y ha empezado a incorporar exigencias de compliance en sus decisiones, lo que ciertamente ha llevado a las empresas a buscar implementar estos programas. Esto se ha traducido en que también hay un boom de compliance antitrust.

Si bien Compliance es un término que puede tener varias acepciones, creemos que lo esencial es que se trata de un sistema de mecanismos internos establecidos por las organizaciones o empresas para prevenir, detectar, controlar, mitigar y, en general, gestionar riesgos legales; es decir, aquellos derivados del incumplimiento de las normas, principalmente sancionadoras. En particular, aquellos que pueden tener un impacto más allá del meramente económico, por el severo impacto en la reputación que suelen ocasionar, como es el caso de las normas anticorrupción. El programa de compliance es usualmente un mecanismo de protección o de defensa frente a imputaciones penales (sea como eximente o atenuante de la sanción), pero también es una forma de mejorar la gestión de la empresa y, en ese aspecto, trasciende lo meramente legal para enlazarse con aspectos éticos y morales en su sentido más amplio; es decir, reconocer y aplicar los valores que inspiran a una organización como una forma de asegurar la trascendencia y sostenibilidad de la empresa.[1]

La tendencia a nivel mundial es que las empresas cuenten con programas de compliance que buscan abordar, de manera integral, todos los riesgos legales que impactan en la organización, incluyendo los riesgos de violación de las normas de competencia.[2] Es más, este enfoque holístico puede ser lo más eficiente en términos de organización y efectividad del programa.[3]

Una constatación práctica que justifica integrar herramientas de los programas de compliance antitrust y anticorrupción es el caso del “Club de la Construcción”, en el cual, a partir de una investigación fiscal sobre el presunto pago de sobornos por empresas constructoras a funcionarios públicos peruanos para lograr la adjudicación de proyectos de infraestructura, se reveló que dichas empresas habrían concertado para repartirse dichos proyectos en las licitaciones o concursos convocados por el Estado, lo que dio lugar al inicio de una investigación ante el INDECOPI. Por casos como estos, tiene sentido abordar todos los riesgos legales en un programa de compliance.

Resulta curioso resaltar que el Compliance Corporativo empezó con un proceso penal antitrust. En efecto, en los orígenes del Compliance en los Estados Unidos, a inicios de la década del sesenta, hubo un sonado caso de cartel en que se impuso severas sanciones penales[4] a empresas de equipos electrónicos que habían estado involucradas durante varios años en un esquema concertado de fijación de precios y otras conductas anticompetitivas.

Ello causó una gran conmoción en la opinión pública, pues una buena parte de las empresas más grandes del país estuvieron involucradas en conductas ilegales, afectando el bolsillo de los consumidores norteamericanos. Las sentencias impusieron sanciones económicas muy altas para la época a las empresas y penas de cárcel a varias personas, lo que llevó a las demás organizaciones de todo el país a implantar programas de compliance antitrust. Los autores coinciden en señalar los efectos de este caso como el origen del Compliance en su sentido actual. [5]

Todo programa de Compliance, incluyendo aquellos en materia antitrust, debe ser “un traje a la medida” de la empresa, considerando los factores de riesgo que la rodean y/o que son inherentes a sus actividades comerciales.[6]

Si bien por ello no puede haber un programa estándar, sí hay ciertos elementos que se reconocen como parte esencial de todo programa de Compliance, sea antitrust y/o anticorrupción u otro. En general, un programa debería tener, cuando menos, los siguientes elementos: (i) liderazgo, (ii) evaluación de riesgos, (iii) estándares y controles, (iv) capacitación y comunicación y (v) supervisión (monitoreo, auditoría y respuesta)[7].

Cuadro comparativo de los elementos mínimos de los programas de compliance, según las principales guías internacionales

Se suele pensar que es suficiente el entrenamiento y conocimiento de las normas antitrust para hacer programas de este tipo en las empresas. Pero, si bien conocer la norma y jurisprudencia es fundamental y necesario, lo más importante es evaluar los riesgos del negocio, es decir, partir de un enfoque basado en riesgos[8]. Así, aunque las normas son las mismas, cada empresa tiene un perfil de riesgo diferente, según la forma de llevar a cabo sus actividades.

El enfoque en riesgos permite una eficiente asignación del presupuesto de la función de cumplimiento, que por su naturaleza es limitado. Por ello, a mayor riesgo, debe ponerse mayor foco en los controles. No es eficiente destinar recursos a áreas de muy bajo riesgo o cuyo riesgo sea nulo, o, inversamente, tampoco lo es dejar de enfocarse en áreas de alto riesgo, pues ello puede llevar a que el programa no sea eficaz.[9]

Una empresa que participa en gremios tiene un perfil de riesgo distinto de aquella que no lo hace. Incluso, entre dos empresas que participan en gremios, una puede hacerlo en un comité específico de la industria, de pocos miembros, donde se encuentra con sus principales competidores y otra puede ser parte de un comité más general, por ejemplo, de “asuntos jurídicos”, mucho más amplio y en el cual, si bien sus competidores pueden ser parte, la gran cantidad de empresas de otros rubros diluye el riesgo de que se presente algún acuerdo anticompetitivo.

Asimismo, el enfoque basado en riesgos nos permite ir de lo particular a lo general y no a la inversa. Es decir, se debe partir de los riesgos para generar los controles, no simplemente instruir a los colaboradores en el conocimiento de la legislación. Si la empresa solo se enfoca en imponer las normas a los empleados, con una amenaza de sanción, entonces los colaboradores encontrarán la manera de “sacarle la vuelta” al control.

Un ejemplo de ello es el programa de compliance antitrust de una empresa norteamericana, que fue alabado por ser uno de los mejores, pero fracasó por haber tenido un enfoque excesivamente “policial”. Tan es así que se ha sostenido que contribuyó al comportamiento ilegal, pues terminó enseñando a sus ejecutivos cómo cubrirse y evitar ser detectados, en lugar de instruirlos sobre cómo cumplir o evitar incumplir la ley[10].

En ese sentido, resulta indispensable, para el buen funcionamiento de un programa de compliance, que las reglas sean parte de la cultura de la empresa, esto es, que exista un patrón arraigado de conducta alineado con la ética y el cumplimiento. Para ello, debe haber consistencia entre las acciones de los ejecutivos líderes del negocio y las reglas impuestas a todos los colaboradores[11].

INDECOPI ha venido impulsando la adopción de medidas de compliance a través de las resoluciones de casos de carteles[12]. Por ejemplo, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, en un caso seguido contra las principales cadenas de farmacias del país[13], impuso como medida correctiva la adopción de un programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia por parte de las farmacias sancionadas “con la finalidad de contrarrestar aquellas condiciones que puedan promover o permitir una nueva comisión de conductas anticompetitivas como las verificadas en [ese] caso[14]. En dicha resolución, se estableció que las empresas propondrían un programa de cumplimiento, el cual debía mantenerse durante tres años a partir de su aprobación, que comprenda las siguientes acciones mínimas: (i) una capacitación anual sobre la normativa de libre competencia y (ii) la identificación y mitigación de riesgos de incumplimiento de la normativa de libre competencia.

En ambos casos, la resolución establece requisitos y plazos para su ejecución. Así, en el caso de la capacitación, se dispuso que debían enfatizar las consecuencias, tanto corporativas como personales, de infringir la normativa de libre competencia, así como los beneficios existentes por la colaboración con la autoridad. En cuanto a la identificación y mitigación de riesgos, se ordenó a las empresas que encarguen a un especialista[15] la ejecución de dichas tareas, debiéndosele asignar una cuenta de correo exclusiva en la que podrá recibir información de los empleados y funcionarios de la empresa sobre potenciales riesgos o incumplimientos, los cuales, de existir, deberá informarlos a la Gerencia General para que tome las acciones pertinentes, manteniendo en reserva la identidad de los informantes. A su vez, el especialista reportará a la Secretaría Técnica sobre los potenciales riesgos o incumplimientos, así como las acciones implementadas por la empresa, o pendientes de implementar.

Ciertamente, no es casual que la exigencia de implementación de programas de cumplimiento como la comentada se haga casi en simultáneo con la modificación de las normas sobre los programas de clemencia[16]. En efecto, una empresa que cuente con un programa de compliance eficaz tiene más probabilidades de aplicar tempranamente al programa de clemencia y ser exonerada de sanción[17], pues le permite identificar red flags o recibir denuncias anónimas de colaboradores o terceros sobre riesgos o conductas ilegales que no podría descubrir sin estas herramientas. Ciertamente, siempre se estará en mejor posición que una empresa que espera a que se presente la investigación del INDECOPI para recién realizar una investigación interna sobre lo sucedido.

El éxito del programa de compliance no se mide, pues, por la ausencia de inconductas, sino por tener mecanismos eficaces para lograr detectar, remediar y mejorar a tiempo, antes que la conducta se convierta en “institucionalizada” y la empresa se percate recién en ese momento de la existencia de este problema estructural y se encuentre de improviso con denuncias y reportajes alusivos a sus infracciones.

A fin de ayudar a los agentes económicos en esta tarea, las distintas agencias de competencia en el mundo han publicado lineamientos de compliance antitrust. En nuestra región, resaltan las guías de la Fiscalía Nacional Económica de Chile[18] y del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil[19]. En nuestro país, el INDECOPI ha anunciado[20] que desarrollará una guía de compliance de libre competencia con el propósito de impulsar su implementación en las empresas y  generar consciencia de la importancia de manejar los riesgos de incurrir en violaciones a la normativa.


[1] “Because any significant scandal or wrongdoing associated with the business can be and often is characterized as a “compliance failure”, the compliance function effectively assumes general responsibility for business conduct consistent with social norms.” GRIFFITH, Sean J.; Corporate Governance in an era of Compliance (2016); William & Mary Law Review, Vol. 57, N° 6; p. 2082- 2083.

[2] “Companies may not have separate compliance systems for each area. Instead there tends to be one compliance programme which concerns a multitude of areas (bribery, tax, corruption, health and safety, etc.) and not just competition”. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Promoting Compliance with Competition Law (2012); DAF/COMP (2011)20; p. 352.

[3] “Ideally, your antitrust compliance programme need not (and indeed arguably should not) be developed in isolation. From the start, therefore, it is important that you give some thought to how you might link your antitrust compliance programme to your company’s other programmes (for example, the anti-bribery and corruption programme) and into your company’s controls and governance systems. […] the reality is that a holistic approach is important and has many potential benefits.” (Énfasis del autor). International Chamber of Commerce (ICC); The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013); p. 7.

[4] Como se sabe, en ese país las prácticas colusorias se sancionan penalmente.

[5] Por ejemplo, el profesor Todd Haugh ha concluido la siguiente: “The “dramatic sentencing” of those executives caused businesses around the country to institute antitrust compliance programs. Regulators hastened the adoption of these programs by suggesting that “closely supervised and honestly carried out” compliance regimes would go a “long way toward” proving that violations were inadvertent. Thus, the “modern era” of corporate compliance was born.”  HAUGH, Todd; The Criminalization of Compliance (2017); 92 Notre Dame Law Review N° 1215; p. 1226. De igual modo, Michele DeStefano señaló: “In the 1960s, the government prosecuted a group of heavy electric equipment companies for antitrust violations. [One company] argued that the strength of its compliance program should be considered as part of its criminal defense. In response, other companies bulwarked their compliance departments as a defensive measure.” DeSTEFANO, Michele; Creating a Culture of Compliance: Why Departmentalization May Not Be the Answer (2013); Hastings Business Law Journal, Vol. 10; p. 88.

[6] “Todo Programa debe siempre ser hecho a la medida de cada empresa, en atención a diversos factores y, especialmente, a:

  • El tamaño del agente económico
  • Características y peculiaridades de éste
  • Mercado en el que participa
  • Grado de influencia que ejerce dentro del mercado en que participa (Poder de mercado).” (Énfasis del autor).

Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE); Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia (2012); Santiago; p. 6.

[7] Véase: Baker McKenzie; “5 Elementos Esenciales de Compliance Corporativo: Un Modelo Global” (2018).

[8]The OFT suggests a risk-based, four-step approach to achieve an effective culture of compliance with competition law. Risk-based’ means that the approach is tailored to the specific risks faced by the business.”  Office of Fair Trading (OFT); How your business can achieve compliance with competition law (2011); p. 8.

[9]To give a couple of simple examples, it may not be relevant to raise awareness of the dangers of bid-rigging within businesses that do not operate in a procurement/tender context; similarly, it may not be an efficient use of resources to train employees about the risks of abuse of dominance/market power if the company operates in very highly fragmented markets where players all have low market shares.” International Chamber of Commerce (ICC); (ICC); The ICC Antitrust Compliance Toolkit (2013); p. 16.

[10] HAUGH, Todd; The Criminalization of Compliance (2017); 92 Notre Dame Law Review N° 1215. Al respecto, el autor ha señalado: “In 2001, the Harvard Business Review published a profile on [the company]‘s antitrust compliance program. The article described how the company’s aggressive approach to compliance, which had become an “integral element in [its] business strategy”, allowed it to avoid the type of litigation and regulatory intervention that was miring [its] rival (…) at the time. According to the authors [the company]‘s compliance efforts provided a ‘valuable model for any enterprise that may come under regulators’ scrutiny. (…) [The company´s General Counsel] suggested that [its] approach to compliance was “the world’s best.” (…) that hardly seems the case. Since the early 2000s [that company] has been embroiled in one of the largest and longest-running antitrust sagas in history.” (p. 1215-1216).

Agrega el autor que, en uno de los casos judiciales, se develó cómo es que los ejecutivos de la empresa buscaron encubrir su conducta anticompetitiva: “In one email, after discussing the need to ‘kick’ competitors (…) [a company] executive warned against using such “strong language” because it might “come under antitrust scrutiny”. In other emails, executives implored colleagues to be careful about what they wrote because [t]his is a very serious issue” and to “[please] delete after reading.” Esto llevó a las autoridades a considerar que el programa había contribuído a la conducta ilegal: “Whatever the intention (…) the actual effect of the program was to school [the company] executives in cover up, rather than compliance.”  (p. 2017).

[11] “Senior management commitment is the essential ingredient for an effective compliance culture. Indeed the board and senior management are ultimately accountable for ensuring a business’s commitment to compliance. They need to demonstrate this commitment through their actions clearly and unambiguously. (…) It should be demonstrated at all levels of the management chain. If there is an ambiguity in management’s commitment to compliance (…) then staff may feel that infringing competition law is ‘worth the risk’, for example in order to achieve extra sales to meet an internal target.” Office of Fair Trading (OFT); How your business can achieve compliance with competition law (2011); p. 11.

[12] Ciertamente, no enfocarse solo en la sanción, sino promover programas de compliance es una buena práctica, Así lo reconoce la OCDE al señalar: “Most competition authorities focus on punishment, without proactively encouraging compliance programmes. However, it is vital that competition authorities understand that compliance programmes can be a useful tool for them. (…) So what can competition authorities do? They can positively encourage companies to invest resources that are appropriate for the size of the organisation and the risks faced by it (accepting that there is no ‘one size fits all’), help companies improve their ethical standards, and ensure greater compliance in practice. The ultimate policy goal is to reduce and hopefully eliminate illegal cartel behaviour.” Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Promoting Compliance with Competition Law (2012); DAF/COMP(2011)20; p. 357.

[13] Nos referimos al procedimiento administrativo sancionador, iniciado de oficio por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en contra de las empresas Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Botica Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruanas S.A.C., Eckerd Perú S.A.C., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C. por la comisión de presuntas prácticas colusorias horizontales consistentes en la fijación concertada de precios de venta al público en el mercado de productos farmacéuticos y afines, a nivel nacional, entre enero de 2008 y marzo de 2009 (Expediente 008-2010/CLC).

[14] Resolución N° 078-2016/CLC-INDECOPI, de fecha 12 de octubre de 2016, recaída bajo Expediente 008-2010/CLC, p. 289.

[15] En efecto, la resolución preveía que cada empresa sancionada designe a un especialista en materia de libre competencia, quien facilitará el cumplimiento de la medida correctiva impuesta y actuará como un supervisor o “monitor” de su comportamiento en el mercado, siendo además la persona de contacto entre la empresa y el INDECOPI.

[16] Mediante Decreto Legislativo N° 1205, publicado en el Diario Oficial en septiembre de 2015.

[17] An effective compliance programme will not only prevent the infringement in the first place, saving the undertaking from fines, civil damage redress and reputation loss. Even if the programme fails to prevent the infringement, it still would bring substantial benefits in the leniency race: the undertaking would be more likely to discover infringements on its own (and faster than other cartel members) and would therefore be much more likely to qualify as an immunity candidate. The same holds true even in cases where the competition authority has already become aware of the violation, as the undertaking will likely be in a better position to present evidence swiftly and thoroughly, which in turn will raise its reduction bonus within leniency programmes.” Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE); Promoting Compliance with Competition Law (2012); DAF/COMP(2011)20; p. 14.

[18] Documento titulado “Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia” (2012), disponible en: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/06/Programas-de-Cumplimiento.pdf

[19] Documento titulado “Guidelines for Competition Compliance Programs” (2016), disponible en: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-version.pdf

[20] Declaración de Jesús Espinoza, Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI, efectuada durante el evento “Compliance, más allá de la prevención de delitos”, llevado a cabo el 4 de diciembre de 2018, organizado por el Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú (Amcham-Perú).

Fuente de la imagen: adaspain.com

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