César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la PUCP.

En días pasados, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política ha presentado ocho iniciativas de reforma legislativa y cuatro proyectos de reforma constitucional, en base a que, el 9 de diciembre del 2018, el pueblo decidió mayoritariamente (85%) reformar la Constitución para no reelegir a los congresistas, fortalecer el control del financiamiento de los partidos políticos, crear una Junta Nacional de Justicia y rechazó la bicameralidad por una artimaña del Congreso que anulaba la cuestión de confianza. La Comisión se ha concentrado en hacer propuestas para mejorar el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral.

El informe parte de un diagnóstico basado en cuatro problemas: un sistema político proclive a la corrupción, falto de legitimidad, con problemas de gobernabilidad y sin rendición de cuentas; un sistema de partidos nacionales y movimientos regionales poco representativos y débiles, y;   un sistema electoral con limitaciones a la participación ciudadana.

Las propuestas de reforma política más importantes buscan atender los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la gobernabilidad democrática: se requiere restablecer el bicameralismo, con un Senado revisor de la función legislativa y de nombramiento de altas autoridades, básicamente; asegurar la no reelección presidencial inmediata; eliminación de la vacancia presidencial por incapacidad moral; eliminar la cuestión de confianza que otorga el Congreso a un nuevo Consejo de Ministros; elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por un período de siete años.

Limitar la inmunidad parlamentaria: para ello, la Corte Suprema de Justicia sería la entidad competente de levantarla directamente en los procesos penales; impedimento de postular a los candidatos con condenas de primera instancia mayores a los cuatro años. No obstante, platean la reelección de los congresistas por un periodo.

2. Partidos políticos más fuertes: se postula reducir los requisitos legales de adherentes, promoviendo la inscripción de nuevos partidos, y evitar los llamados “partidos de alquiler”, y la elección interna de los candidatos de los partidos, organizada por la ONPE. Para mejorar la representación, las elecciones a la Cámara de Diputados y Senadores se realizaría con un criterio de paridad de género, por circunscripciones pequeñas, y habría renovación de la mitad de los diputados a mitad del período. Se eliminaría el voto preferencial y habrían elecciones parlamentarias conjuntamente con la segunda vuelta presidencial.

3. Sistema electoral que asegure la participación: se requiere permitir el sufragio de presos y enfermos, prohibir la divulgación de las encuestas solo hasta 24 horas antes de las elecciones, eliminar la “ley seca”, implementar el voto postal para los extranjeros y eliminar la multa por no votar desde el extranjero.

Las propuestas están en manos del Poder Ejecutivo, el cual debe estudiarlas y remitirlas al Congreso. Para tal propósito, se ha anunciado que sería deseable ponerlas a consulta ciudadana para que las propuestas de reformas constitucional y legal lleguen consensuadas al Congreso. Ello parecería sensato debido a que la mayoría parlamentaria y sus grupos adláteres son opuestos a las iniciativas del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción política y judicial, como se demostró con las cuatro propuestas de reforma constitucional que el Presidente remitió al Congreso a mediados del 2018 y que, no obstante el ocio legislativo y la renuencia de este, el pueblo finalmente aprobó tres ellas en el referéndum constitucional del pasado 9 de diciembre.

Ante ese escenario realista, el Poder Ejecutivo cuenta con un instrumento constitucional para ejercer su potestad gubernamental, en base a la voluntad popular expresada en las urnas: que el gabinete Del Solar plantee en el pedido de voto de confianza al Congreso, previsto para el 4 de abril, la aprobación de las políticas validadas por el pueblo mediante referéndum constitucional; así como las medidas legislativas elaboradas por las comisiones en materia de reforma judicial y de reforma política, que se estimen urgentes y necesarias.

Esta posición constitucional llevaría a la mayoría del Congreso a otorgar o no el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial, considerando que denegar la confianza sería el segundo rechazo del Congreso al Gabinete, activándose la potestad del Presidente de la República para disolver el Congreso, por haberle negado la confianza a dos gabinetes ministeriales, conforme al artículo 134 de la Constitución. Cabe señalar que esta potestad del Poder Ejecutivo ha sido validada por el Tribunal Constitucional en su sentencia Nº 0006-2018-AI/TC.

Por lo tanto, le corresponde al Poder Ejecutivo tomar la decisión de honrar el mandato constitucional, según el cual, el poder del Estado emana del pueblo y se ejerce a través de sus autoridades electas, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Fuente de la imagen: publimetro.pe

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