Un nuevo conflicto social ha estallado en el país: el conflicto en Las Bambas. En estas últimas semanas, se produjo el bloqueo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa (corredor minero), el cual atraviesa el fundo Yavi Yavi, por parte de comuneros de dicha localidad, impidiendo que la empresa minera MMG Las Bambas transporte el material minero hacia el puerto de Matarani (Arequipa), donde se embarca el mineral. Este hecho ha generado significativas pérdidas al Estado y a la empresa minera, la misma que ha ofrecido pagar S/ 6 millones a la comunidad para dar solución al conflicto y desbloquear la carretera; sin embargo, la comunidad mantiene una posición renuente al diálogo y exige el pago de S/ 40 millones. Siendo ello así, resulta válido cuestionarse, ¿quién debe asumir los costos de este conflicto?.

A efectos de realizar un correcto análisis de la controversia, objeto del presente Editorial, conviene realizar a priori un breve recuento de los principales hechos. En el año 2004, el Estado otorgó a la empresa suiza Xstrata Cooper una licencia de exploración minera en Las Bambas, proceso que concluyó en el año 2008. Posteriormente, en el año 2010, se suscribió el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en US$ 5 850 millones; y, en el 2011, el Estado aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Estando a ello, Xtrata Cooper quedaba habilitada para iniciar los trabajos orientados a la construcción de la infraestructura que permitiría ejecutar el proyecto minero. Hasta este punto, es importante destacar que la relación sostenida entre los principales actores -Gobierno, comunidad campesina y la empresa Xtrata Cooper- era pacífica.

Posteriormente, entre los años 2012 y 2014, la empresa minera Glencore Xtrata[1] negoció con la comunidad de Fuerabamba para ser trasladada a la Nueva Fuerabamba -espacio ubicado a 2 kilómetros del asentamiento minero- puesto que ello era necesario para realizar la excavación de la mina a tajo abierto. Para lo cual, las familias fueron debidamente indemnizadas y la comunidad recibió el fundo Yavi Yavi.

En el año 2014, Glencore Xtrata transfirió el proyecto minero a las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %), las que en su conjunto integran el consorcio MMG Las Bambas. Cabe señalar que uno de los principales cambios que se produjo con la transferencia de la titularidad del proyecto minero a MMG, fue que ya no se construiría el mineroducto contemplado inicialmente por Xtrata Cooper, al considerarse que su construcción no era rentable para explotar esta mina.

Luego de ello, los conflictos empezaron a surgir. Así, en febrero del 2015, un grupo de aproximadamente 400 comuneros retuvo por 5 horas a 100 trabajadores de la empresa MMG Las Bambas. En setiembre de ese mismo año, el comité central de lucha de las provincias de Cotabambas y Grau convocó a un paro indefinido contra el proyecto Las Bambas, protesta que dejó como resultado 3 muertos y 23 heridos. Años después, en agosto de 2018, comuneros de Fuerabamba bloquearon un tramo del corredor minero que conduce a la mina Las Bambas, en la zona de Yavi Yavi.

En enero del presente año, se producen enfrentamientos entre la policía y los comuneros de Fuerabamba, que dejaron, hasta el momento, como resultado 11 agentes heridos y un campamento temporal de policías quemado. Casi un mes después, los comuneros de Fuerabamba bloquearon el tránsito de vehículos de la minera MMG en un tramo del corredor minero que atraviesa el fundo Yavi Yavi. Este bloqueo continúa hasta el presente.

Siendo estos los principales acontecimientos, uno de los reclamos efectuados por la comunidad campesina consiste en recibir una indemnización por parte de la empresa minera por usar una carretera de tierra que atraviesa el fundo Yavi Yavi -propiedad de la comunidad-, que desde el 2018 fue declarado por el Gobierno como vía nacional. Por ese tramo, pasaban cada día unos 250 camiones de gran tonelaje transportando el material. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa minera señalan que este camino ya existía desde el año 2008, hecho que era conocido por la comunidad al momento de asumir la titularidad del fundo Yavi Yavi.

En el presente caso, el Estado ha realizado una expropiación sobre el predio de la comunidad, ello dado que se trata de un fundo privado como se ha explicado anteriormente. Para comprender a cabalidad lo anterior, es necesario explicar qué es la expropiación y porqué en este caso ha causado tanta controversia. En primer lugar, el Estado, mediante el artículo 70° de la Constitución, protege y garantiza el derecho a la propiedad al definirlo como inviolable. No obstante, este debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro los límites de la ley; ante lo cual señala que existen ciertas causales por las que se puede privar a alguien de su propiedad: por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Asimismo, dicho procedimiento expropiatorio está regulado por la Ley Nº 27117 (Ley General de Expropiaciones).

La mencionada ley regula todos los aspectos de la expropiación. Si bien en el presente caso dichos supuestos estarían cumpliendo con lo configurado en la ley, el Estado no cumplió correctamente su parte, razón por la cual se ha generado el conflicto. Para iniciar, la ejecución de la expropiación debe ser autorizada mediante la norma legal correspondiente, la cual no se realizó en ningún momento. Asimismo, una parte importante de la expropiación es la indemnización justipreciada, la cual “comprende el valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se expropia y la compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar en caso de acreditarse fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transferencia”. En dicho sentido, el Estado debió haber calculado el precio de la indemnización en base a la afectación por el uso de la carretera. No obstante, no lo hizo y simplemente declaró dicha como carretera nacional, cuestión inconstitucional que ha afectado la relación con la comunidad.

En cuanto al rol que cumple la empresa en la presente controversia respecto a la expropiación, esta actuó de buena fe y con confianza legítima. Si bien la empresa no negoció previamente con la comunidad, lo cual ha desembocado en el conflicto directo, dicha falta de negociación se dio porque ellos actuaron confiando en la seguridad que, en teoría, brindaba el Estado al proveerles de la concesión para la extracción y todos los procedimientos correctamente hechos.

En cuanto al proceso de expropiación, podemos concluir que principalmente la controversia gira en torno a la negligencia del Estado al no realizar un proceso correcto de expropiación lo cual ha generado este triple conflicto entre la comunidad, el Estado y la empresa. Los efectos negativos que este problema va a generar, a pesar que ya se están empezando a sentir por los millones de pérdidas semanales, tendrán mayor intensidad a partir del próximo año principalmente. Dado que es el proyecto minero más grande que tiene el Perú, los efectos en la economía del Perú serán muy fuertes, incluso se ha estimado que el PBI podría reducirse entre el 1% y hasta 2%, según estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR).

Estando a lo señalado en párrafos precedentes, no queda duda que los actores principales del conflicto son el Estado, la comunidad de Fuerabamaba y la empresa minera MMG Las Bambas. Según hemos explicado, cada uno de estos actores mantiene fuertes intereses en este conflicto, ello a causa de graves afectaciones que han sufrido.

La experiencia manda que ante un conflicto social, la mejor forma de dar solución a la controversia es el diálogo. El Gobierno ha optado por tal opción, mientras que la posición de la comunidad sigue siendo incierta -y aún más si se tiene en cuenta la abismal diferencia en el monto de indemnización solicitado y el ofrecido por la empresa minera-. En este punto, se pone de manifiesto la siguiente interrogante: ¿por qué la empresa minera debe asumir los costos de la negligencia del Estado?.

Bien hemos señalado que este conflicto no se hubiera producido si el Estado, previamente, hubiera efectuado negociaciones con la empresa minera o si hubiera expropiado formalmente la porción de terreno del fundo Yavi Yavi afectado como vía nacional. Asimismo, debe tenerse presente que la conducta del Estado al declarar como vía nacional la referida carretera, otorgaba plena seguridad y confianza a MMG Las Bambas para continuar ejecutando el proyecto minero (entre cuyos actos queda comprendido el traslado del mineral extraído), sin preocuparse por el estallido de un conflicto social, que finalmente terminó ocurriendo. Siendo ello así, consideramos que por se conveniente para sus intereses y derechos, en principio debe ser la empresa minera quien deba asumir los costos de este conflicto (pago exigido por los pobladores y demás gastos y pérdidas que deban afrontar), a pesar que la causa de la controversia es el actuar negligente del Estado. Injusto, definitivamente.

Según hemos explicado, lo que ha ocurrido en este caso es una expropiación por parte del Estado de la porción de terreno que ocupa la carretera declarada vía nacional, la misma que es utilizada por la empresa MMG Las Bambas para transportar el material minero. Ante ello, la comunidad campesina podría solicitar tutela de sus intereses demandando judicialmente al Estado, solicitando que se declare que el Estado ha expropiado esta porción de terreno ahora afectado como vía nacional; y que, como consecuencia de ello, se ordene el pago a favor de la comunidad de un justiprecio.

Finalmente, y según lo señalado, es evidente la negligencia estatal en la prevención y control de conflictos sociales que puedan ocasionarse por el desarrollo de proyectos de inversión -específicamente respecto al proyecto minero ejecutado en Las Bambas-. Las pérdidas ocasionadas por ese conflicto son significantes y cuantiosas, esta no solo se restringe a pérdidas patrimoniales de la empresa MMG Las Bambas, sino en afectación de derechos a la propiedad, salud e integridad de los comuneros.

Como bien hemos expresado, la experiencia demuestra que el mejor camino para solucionar los conflictos sociales es el diálogo, a partir de la cooperación de los actores involucrados en el conflicto. Sin embargo, los comuneros de Fuerabamba han mantenido una postura renuente al diálogo, impidiendo así la solución del conflicto, hecho que genera significativas pérdidas por cada día transcurrido.


[1] En el año 2013, Xtrata Cooper se fusionó con la empresa australiana Glencore. Resultado de ello, surgió la empresa Glencore Xtrata.

Fuentes consultadas:

http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/2011/02/15/ley-n-27117-ley-general-de-expropiaciones/

https://www.servindi.org/actualidad/56131

https://www.rcrperu.com/afectacion-economica-de-conflicto-en-las-bambas-se-sentira-a-partir-del-proximo-ano/

Fuente de la imagen: El Comercio

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here