Por Alejandra Aquije, estudiante de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro de Khuska en Themis

Para mi hermano Fabián. Gracias por hacerme ver la vida desde una perspectiva distinta.

Todos los espacios sociales deberán ser plenamente inclusivos para que todos sus miembros puedan participar. Es así que, la educación – en todos sus niveles, el trabajo, la formulación de políticas públicas, la deliberación política y los diferentes bienes y servicios deben plantearse para todas las personas sin generar exclusiones

Elizabeth Salmón en Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 2015.

Históricamente, se ha entendido que las personas en situación de discapacidad tenían un rango limitado de ejercicio de sus derechos fundamentales en comparación al resto de la sociedad. En consecuencia, las vulneraciones a su dignidad y autonomía han sido variadas y constantes, dejando de lado la inherencia de sus derechos en su calidad de seres humanos.

A pesar de los avances que han existido en diversos ámbitos en los últimos años, aún queda mucho trabajo en la lucha por una sociedad equitativa. Una tarea pendiente para el Perú es continuar adecuándose a los mandatos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (en adelante, CDPD) y erradicar la perspectiva de la discapacidad desde la filosofía del modelo clínico, pues esta se termina concretando y reafirmando en el enfoque de las políticas estatales y legislativas, así como en el ámbito social y cultural.

Siguiendo esto es que el presente artículo busca visibilizar y difundir diferencias claras entre el marco filosófico y sociológico del modelo clínico y el modelo social de la discapacidad, realizando un análisis posterior a los mandatos de la CDPD de las Naciones Unidas del año 2006.

Modelo Clínico o rehabilitador de la discapacidad

El modelo Clínico preconcibe a las personas en situación de discapacidad como lo diferente o lo anormal. Esta perspectiva únicamente se enfoca en las deficiencias del individuo con el objetivo de curarlo y adecuarlo a lo normal, a pesar de que esto ocasione la invisibilización de la discapacidad que justamente lo diferenciaba. De esta forma, las terapias de rehabilitación físicas, intelectuales o cognitivas y sensoriales pasan a ser la herramienta principal para conseguirlo (Palacios 2015: 12).

Siguiendo lo señalado por Agustina Palacios, el Modelo Clínico concibe que las personas en situación de discapacidad necesitan atención médica brindada por profesionales y de forma personalizada, por lo que lo caracterizan la búsqueda de una cura, así como la separación de los/as demás miembros de la sociedad. (2015: 12). En consecuencia, bajo estos presupuestos es que la creación de espacios de segregación encuentra justificación en la necesidad de una atención especializada en las diversas deficiencias de cada persona.

Evidentemente el Modelo Clínico resulta un avance frente a previos modelos (como el eugenésico o de marginación los cuales negaban, incluso, su estatus de persona). Sin embargo, lo cuestionable es que se centra en quienes no son considerados/as normales y así, omite tomar en cuenta la influencia del contexto en el que se desarrollan las personas en situación de discapacidad y cómo es que mediante su interacción es la misma sociedad la que los/as limita y discapacita. Es decir, el problema pasaría a encontrarse, efectivamente, en la sociedad y no en el individuo que ve limitado el ejercicio de sus derechos.

Modelo social o inclusivo de la discapacidad
La filosofía del Modelo Social o Inclusivo significó un cambio radical, pues, a diferencia del modelo anterior, señala que el problema no se debe enfocar en lo individual, sino en la sociedad y en las barreras que esta misma genera al aplicar un estándar homogéneo de normalidad que excluye a quienes percibe como diferentes. En este sentido, el espacio de desarrollo social de la persona es responsable de discapacitar al negarle cualquier posibilidad de la existencia de igualdad de oportunidades frente a los/as demás.

Asimismo, el modelo apunta a que la discapacidad se construye socialmente y oprime al individuo diferente al desconocerlo como igual. Es así que la autonomía de las personas pasa a ser fundamental para garantizar que estas puedan dirigir y tomar sus propias decisiones sobre su vida en sociedad (Palacios 2015: 14-15). El origen del problema radica, entonces, en la ineficiencia social para responder a las necesidades de las personas en situación de discapacidad y en la invisibilización -y desvalorización- del aporte a la comunidad que pueden brindar desde su perspectiva.

De esta forma, el modelo social identifica dos términos especialmente relevantes. Siguiendo lo señalado por Agustina Palacios, la deficiencia es la “característica de la persona consistente en un órgano, una función o un mecanismo del cuerpo o de la mente que no funciona, o que no funciona de igual manera que en la mayoría de las personas”. Por el contrario, para la autora, el concepto de discapacidad consiste en “los factores sociales que restringen, limitan o impiden a las personas con diversidad funcional, vivir una vida en sociedad” (2008:123).

Es decir, en tanto el modelo social introduce a las “barreras sociales” como desencadenantes de la discapacidad en la sociedad, esta sería el fruto de la interacción con las deficiencias, generando la discapacidad en las personas como consecuencia.

Del mismo modo, Rafael de Asís señala que el modelo social puede describirse de manera general en los cuatro siguientes postulados:

a) “El enfoque correcto para abordar la discapacidad desde un punto de vista normativo es el de los derechos humanos.
b) La discapacidad es, principalmente, una situación en la que se encuentran o pueden encontrarse las personas y no un rango individual que las caracterice.
c) La discapacidad tiene, en la mayoría de los casos, un origen social por lo que las medidas destinadas a satisfacer los derechos de las personas con discapacidad deben tener como principal destinataria a la sociedad en general.
d) La política normativa en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad debe moverse en el plano de la igualdad y la no discriminación y, dentro de este, en el ámbito de la generalización de los derechos” (2013:16-17).

Modelo social a la Luz de la CDPD

El 01 de noviembre de 2007, el Congreso de la República del Perú aprobó la Convención Sobre Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Posteriormente, el 31 de diciembre del mismo año, el Estado peruano ratificó la misma. Finalmente, siguiendo lo estipulado en el artículo 45 de la CDPD, esta entró en vigor para el Perú el 03 de mayo de 2008. Por tanto, de acuerdo con el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución Política, la CDPD al versar sobre Derechos Humanos es de rango constitucional en nuestro ordenamiento.

La CDPD significa un gran paso en la lucha por los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad, sobre todo, porque esta ampara un enfoque desde el modelo social, el cual se encuentra de forma transversal en cada artículo del instrumento de derecho internacional. En el inciso e del preámbulo de la CDPD, podemos leer: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (2006).

De igual manera, el objetivo de la CDPD no era plasmar nuevos derechos humanos en favor de las personas en situación de discapacidad, sino reconocer de manera efectiva los ya existentes inherentes a su persona, tal y como señala el artículo 1 de la CDPD:

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (2006).

Si bien, no hay un amparo o creación de derechos nuevos, lo valioso radica en el reconocimiento internacional de ejercer en autonomía sus derechos fundamentales. Por tanto, la importancia de la CDPD radica en el cambio de paradigma, pues el modelo social se encuentra de forma integral: en la definición de personas con discapacidad y en su marco protector, en su objeto, en los principios que ampara (como el de no discriminación y dignidad inherente a la persona) y en las directrices a los estados parte para el desarrollo de políticas públicas (debiendo identificar la clase de apoyos que se requerirán para garantizar el ejercicio de los derechos en cada contexto).

En conclusión, es necesario señalar que en el Perú por muchos años ha predominado la filosofía del modelo clínico o rehabilitador. Lamentablemente, esto contribuyó a invisibilizar a las personas en situación de discapacidad al reforzar el enfoque paternalista en el que se impide que dirijan sus propias decisiones y, de igual manera, se les separa del resto de las personas evitando así una convivencia en conjunto que pudiera promover día a día la inclusión. Una clara manifestación de esto se encontraba en nuestro Código Civil, en los artículos referidos a la curatela y a la incapacidad. Esto hasta el año 2018 en que, siguiendo las disposiciones de la CDPD, fueron derogados mediante Decreto Legislativo Nº 1384, el cual “reconoció y reguló la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones” (Bergaglio 2018).

Si bien debemos celebrar los avances que se han dado en el Perú, no debemos ignorar que las barreras de infraestructura adecuada, de avances tecnológicos, legislativas, sociales y culturales son muy grandes aún (Salmón 2015:5). Es deber de cada uno/as de nosotros/as contribuir en el desarrollo de una sociedad inclusiva que rechace la segregación y exigir acciones concretas al estado para garantizarlo.

Como señalamos, la CDPD al día de hoy goza de rango constitucional y como bien menciona Costanza Borea, cualquiera de nosotros/as podría presentar acciones legales ante una vulneración en un caso concreto; sin embargo, la autora concluye que “la realidad no es siempre tan clara. El modelo médico predomina en nuestra sociedad. Las personas con discapacidad encuentran barreras de acceso a todo nivel, público y privado, haciendo impracticable el ejercicio de su capacidad jurídica” (2015:174).

La distancia entre lo normativo y la realidad debe reconocerse. Por ese motivo, aunque quede claro qué instrumento prevalece, tal y como señala el artículo 4 inciso 1 a) de la CDPD, es necesario “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos” (2006). Garantizar, contribuir en el desarrollo y fiscalizar que así sea, es tarea pendiente de todos/as los/as peruanos/as.


 

Bibliografía:

PALACIOS, Agustina
2015 “Una introducción al modelo social de discapacidad y su reflejo en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. En SALMÓN, Elizabeth y RENATA BERGAGLIO (editoras). Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 9-33.
Fecha de consulta: 02 de abril de 2019
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/03/Libro-Discapacidad-PDF-VERSI%C3%93N-COMPLETA-FIN
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SALMÓN, Elizabeth y Renata Bergaglio (editoras)
2015 Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú
Fecha de consulta: 02 de abril de 2019
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ALVAREZ, Natalia y José Antonio SEOANE.
2010 “El proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad. Una revisión de los modelos de representación a la luz de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad”. Derecho Privado y Constitución. Madrid, pp. 11- 66.
Fecha de consulta: 02 de abril de 2019
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3359884.pdf

PALACIOS, Agustina.
2008 “El modelo social de discapacidad”. Madrid: CERMI.

DE ASÍS, Rafael
2013 Sobre discapacidad y derechos. Madrid: DYKINSON.

BOREA, Costanza
2015 “Discapacidad y Derechos Humanos”. THĒMIS Revista de Derecho-67. Lima, 2015, pp. 167-175.
Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/14465/15077

VIVAS, Inmaculada
2010 La dignidad de las personas con discapacidad: logros y retos jurídicos. Madrid: Grupo Difusión

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
2006
Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

BERGAGLIO, Renata
2018 “Adiós a la incapacidad civil de las personas con discapacidad mental”. Lima: 2018.
Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019
https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/adios-a-la-incapacidad-civil-de-las-personas-con-discapacidad-mental/

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