Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El pasado 4 de abril, el nuevo Presidente del Consejo de Ministros Salvador Del Solar ha recibido el voto de confianza de una mayoría parlamentaria (46 a favor, 27 en contra y 21 abstenciones), necesario para que el Gobierno del Presidente de la República Vizcarra continúe con su programa de gobierno hasta el 2021; luego de que ex Premier Villanueva perdiera progresivamente la confianza no solo de la oposición parlamentaria, sino de la ciudadanía. Ello, debido a que el impulso presidencial por las reformas constitucionales contra la corrupción política y judicial, que logró más del 85% de los votos en el referéndum constitucional del pasado 9 de diciembre, quedó agotado ante el ocio legislativo de la oposición parlamentaria, así como, por la falta de capitalización por parte del Gobierno de dicho caudal electoral.
Es cierto que la coyuntura política y económica post referéndum se ha focalizado en la reactivación económica, los avances y retrocesos en la judicialización de la corrupción, los conflictos mineros-ambientales, las demandas de la población (insatisfechas por la reconstrucción de las zonas afectadas por el último “Fenómeno del Niño”), los escándalos parlamentarios, la vuelta a prisión de Fujimori; así como la frustrada fuga de Alan García, los escándalos de Toledo, y, las nuevas evidencia en las investigaciones en los casos de Humala y Kuzsynski.
Sin embargo, el Gabinete Del Solar, al solicitar el voto de confianza ha priorizado cinco ejes de gestión gubernamental: la lucha administrativa contra la corrupción; el fortalecimiento de la institucionalidad; el crecimiento económico; el desarrollo social y bienestar, y la descentralización. Por eso, se ha señalado con razón que no ha buscado confrontar a la oposición parlamentaria, sino consensuar; eludiendo asumir el liderazgo político de las reformas parlamentarias y judicial, aprobada por el pueblo. Pudiendo haber puesto más allá de las políticas generales, medidas concretas de la reforma judicial y la reforma política pendiente como parte del voto de confianza que solicitó al Congreso.
Lo cual pone en evidencia que el presidente Vizcarra, al estar bajando su popularidad en la opinión pública, ha trazado una línea de repliegue estratégica en su relación con el Congreso. Ello, al dejar la oportunidad de plantear un voto de confianza constructiva con las tareas pendientes de la lucha contra la corrupción política y judicial avaladas por el pueblo.
Es cierto que no son las únicas políticas gubernamentales urgentes y necesarias; pero, es la que le ha permito al Presidente y al Gobierno liderar los destinos del país durante el segundo semestre del 2018. Seguro que la eficiencia gubernamental es necesaria para garantizar el crecimiento económico y su redistribución; pero, enmarcada en una finalidad de regeneración de la política y la justicia, que el pueblo demanda y a su vez educa a las nuevas generaciones.
Por cuanto, dichos asuntos públicos son de interés legítimo de todos los ciudadanos y no de la mayoría de los partidos y parlamentarios del Congreso. Quienes, por el contrario, blindan a altos funcionarios corruptos, promueven que congresistas no sean investigados o incumplan sus condenas judiciales, se incrementan sueldos y pagos de forma fraudulenta, y se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía, entre otras. Por eso, ante la crisis de la representación política, el Parlamente ha perdido su lugar como sede de la resolución de los problemas de la sociedad y del Estado.
Frente a ese vacío de poder, es el sistema judicial el que lo empieza a llenar residualmente el orden público constitucional, no solo en sede del Tribunal Constitucional, sino también en el Poder Judicial. Poniendo en evidencia que el Estado de Derecho basado en la ley cede paso al Estado de Derecho basado en la justicia.
Pero nunca el quehacer judicial podrá reemplazar al quehacer de la política; aun cuando le sirva de acicate y en otros casos de fuente de conflicto; como quedó planteado en la histórica polémica entre Carl Schmitt y Hans Kelsen; quien pretendiendo judicializar la política, para racionalizarla y ponerle límites, a juicio de Schmitt, solo lograría politizar a la justicia, porque cuando un juez actúa en temas políticos, “la política no tiene nada que ganar y la justicia puede perderlo todo”. Ello, debido a que la política opera bajo reglas de oportunidad, y la justicia bajo reglas de derecho pre-establecidas.
En cualquier caso, la justicia podrá suplir los vacíos de la política si cuenta con la fuerza normativa de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son los parámetros para evaluar los alcances y los límites de las reformas políticas y judiciales pendientes de implementación, ya sea de responsabilidad del Congreso y/o del Ejecutivo. Solo así, la justicia peruana podrá hacer mérito al mandato constitucional, según el cual “la potestad de administrar justicia emana del pueblo”.
Santiago de Compostela, 5 de abril de 2019.
