1. Piden prisión para Nadie Heredia y Ollanta Humala.

En el marco de las investigaciones por actos de corrupción, esta semana, el fiscal Germán Juárez formuló la acusación formal contra Nadine Heredia y Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, solicitando 26 años para Heredia y 20 años para Humala.

El Ministerio Público acusa a la ex pareja presidencial de ocultar más de 3 millones de dólares provenientes de Odebrecht y aportes del gobierno venezolano de modo ilícito. La acusación de la fiscalía es de naturaleza indiciaria, la cual afirma que los implicados no podían desconocer que dicho dinero tenía procedencia ilícita. Las entregas monetarias a cargo de Odebrecht durante la campaña presidencial de Ollanta Humala en las elecciones del 2006 y 2011 fueron confirmadas por Jorge Barata tras el convenio de colaboración eficaz firmado en diciembre del 2016. Naturalmente, otro de los indicios relevantes fue la aparición de las agendas de la ex primera dama en el 2015, con anotaciones millonarias de ingresos que alcanzaban 3 600 000 dólares. Asimismo, acorde al peritaje realizado por la Fiscalía, se encontró un desbalance de 2 millones de soles en el patrimonio de Humala y Heredia.

Frente a esta acusación fiscal, corresponde al juez Concepción Carhuancho el análisis de la formalidad del mismo, la declaración de admisión y el establecimiento de la fecha para la primera audiencia de control (dentro del plazo de 20 días), donde se procederá con la evaluación de elementos de convicción, participación y medios probatorios en su conjunto.

Enlaces consultados:

 2. El Tribunal Constitucional incorpora dos criterios adicionales para acreditar la relación laboral.

A propósito de del recurso de amparo constitucional (N° 03895-2016-PA/TC) interpuesto ante el Tribunal Constitucional, este  órgano colegiado incorporó dos elementos fundamentales para la determinación del vínculo laboral y así lograr desacreditar la existencia ficta de un contrato de tercerización.

Estos dos elementos son la existencia de un carné de identificación y capacitaciones laborales. El carné tendrá que contar con el logotipo de la empresa usuaria de los servicios de la otra (la supuesta empresa terciaria). Mientras que las capacitaciones responden a la dirección y subordinación que ejercería la empresa principal sobre el trabajador. Cabe resaltar que en la sentencia antes mencionada se analiza el tiempo en que el demandante prestó los servicios para la empresa tercerizada. Asimismo, el colegiado resalta que “si bien celebró sucesivos contratos con empresas tercerizadoras de servicios, en los hechos realizó labores de naturaleza permanente y bajo entera subordinación del personal de la empresa demandada”.

Enlaces consultados:

3. Pedido de prisión preventiva para Susana Villarán.

La investigación que dirige el fiscal Carlos Puma Quispe sobre el caso Villarán ha devenido en la solicitud de prisión preventiva por 36 meses para Susana Villarán, ex gerentes municipales José Castro y Gabriel Prado, entre otros. La solicitud de la fiscalía se basa en la supuesta petición de dinero por parte de Villarán a Odebrecht y OAS para su campaña por la no revocatoria (2013) y su posterior reelección (2014). Esta solicitud será evaluada el 13 de mayo a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz.

Con respecto a Odebrecht, la fiscalía señala la entrega de 3 millones de dólares por parte de Odebrecht para la campaña en el periodo de fines del 2012 e inicios del 2013. El intermediario entre Villarán y Odebrecht sería José Miguel Castro, información que se encuentra respaldada por las declaraciones de Jorge Barata, Valdemir Garreta y otros dos colaboradores eficaces. Con respecto a OAS, los pagos a favor de Villarán se dieron a través de contratos ficticios entre Garreta y la empresa Ogilvy en Brasil. De acuerdo a los testimonios obtenidos por la Fiscalía, a OAS le habría correspondido el pago de 3 millones de dólares de los 8 millones totales que costó la campaña contra la revocatoria. Los pagos provenientes de ambas empresas se habrían empleado para el pago de actividades de publicidad y marketing político.

Según la fiscalía, la reciprocidad por parte de Villarán a las empresas “aportantes” fue la aprobación del proyecto de “Vías Nuevas de Lima” en el 2012, para lo cual se conformó un consorcio -integrado por dos empresas subsidiarias de Odebrecht-, al cual se adjudicó el mencionado proyecto. E contrato de concesió se se celebró sin previa opinión del MEF, lo cual es exigido por la ley. Asimismo, se afirmó que se habría observado lo establecido por Sistema Nacional de Inversión Pública y las regulaciones obligatorias de asociaciones público-privadas cuando se dio el contrato de la Línea Amarilla, la cual se encontraba a cargo de OAS.

Enlaces consultados:

4. Aprobación de la Ley de Cine.

Con 46 votos a favor, 27 votos en contra y 7 abstenciones, se aprobó el proyecto de Ley 3304/2018 denominado “Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual” peruano en primera votación en el pleno del Congreso. El objetivo legislativo es la promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual peruana tanto en territorio nacional como internacional.

Se plantea el enfoque en financiamiento y promoción de la actividad cinematográfica, especialmente, del cine en lengua indígena u originaria. Ello se lograría, de acuerdo al artículo 1 del proyecto de ley, con la creación de un Fondo para la Promoción de la industria del Cine y el Audiovisual, la aprobación de un Plan anual de promoción y con un monto, destinado a estas actividades, no menor del 30% del total de recursos recaudados por dicho fondo. Este último tendrá como fuentes los recursos asignados en la Ley General del Presupuesto del Sector Público, aportes de cualquier persona natural y/o jurídica de nacionalidad peruana o extranjera, aportes de cooperación internacional, donaciones o legado público y, finalmente, de recursos derivados de eventuales sanciones acorde ley.

Otro cambio central que se introduciría con la aprobación final de este proyecto de ley es el aumento del monto asignado anualmente a la promoción del cine y audiovisual a mínimo 6000 UIT que equivalen a 25 millones de soles. Asimismo, según la Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales, existe la estimación de crecimiento de hasta 244 millones de dólares de la industria del cine peruana para el año 2022, monto que asciende en poco más de 500 millones de soles al estándar peruano.

Enlaces consultados:

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here