Dictan 18 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán

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En horas de la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Ello, después de presidir la audiencia de prisión preventiva contra Villarán y otros funcionarios municipales como José Castro y Gabriel Prado, entre otros. La solicitud de la fiscalía, presentada el viernes pasado, fue de 36 meses de prisión preventiva basada en la supuesta recepción de aportes de dinero ilegales por parte de Villarán a Odebrecht y OAS para su campaña por la revocatoria (2013) y su posterior reelección (2014). Actualmente, Susana Villarán viene siendo investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación ilícita.

La fiscalía señala la recepción de alrededor de 10 millones de dólares. Con respecto a Odebrecht, 3 millones de dólares para la campaña por el no a la revocatoria . El intermediario entre Villarán y Odebrecht sería José Miguel Castro, información obtenida de las declaraciones de Jorge Barata, Valdemir Garreta y otros dos colaboradores eficaces. Con respecto a OAS, los pagos de 3 millones de dólares  a favor de Villarán se dieron a través de contratos ficticios entre Garreta y la empresa Ogilvy en Brasil. Acorde a los testimonios obtenidos por la Fiscalía, a OAS le habría correspondido el pago de 3 millones de dólares de los 8 millones totales que costó la campaña contra la revocatoria. Los pagos provenientes de ambas empresas se habrían empleado para el pago de actividades de publicidad y marketing político.

Según la fiscalía, la reciprocidad por parte de Villarán a las empresas “aportantes” fue la aprobación del proyecto de “Vías Nuevas de Lima”, en el 2012, para lo cual se conformó un consorcio en donde dos empresas subsidiarias de Odebrecht, consorcio al cual se adjudicó el mencionado proyecto. Contrato de concesión que se celebró sin previa opinión del MEF, como lo señala la ley. Asimismo, se afirma la no observación del Sistema Nacional de Inversión Pública y las regulaciones obligatorias de asociaciones público-privadas cuando se dio el contrato de la Línea Amarilla, la cual se encontraba a cargo de OAS.


Fuente de la imagen: La República

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