“El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente” – Lord Acton.

El pasado miércoles 29 de mayo, mediante un mensaje a la nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que, en los próximos días siguientes, presentaría –junto al premier, Salvador Del Solar– una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, “respecto a las políticas de Estado del fortalecimiento institucional y de la lucha contra la corrupción, que se manifiestan en la aprobación, sin vulnerar su esencia, de cinco proyectos de ley”.

Así, al día siguiente, jueves 30 de mayo, Salvador del Solar se apersonó al Congreso para entregar el Oficio No. 125-2019-PCM/DM, mediante el cual se plantea la cuestión de confianza. Ante ello, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que se ha convocado a sesión del Pleno el próximo martes 04 de junio para la revisión de la referida medida.

Según lo anunciado por el presidente Vizcarra en su mensaje a la nación, y según el documento entregado por el premier al Congreso, los proyectos de ley en cuestión consisten, principalmente, en: (i) cambios en la inmunidad parlamentaria, a fin de evitar que su utilización no se convierta en impunidad; (ii) prohibición para que puedan presentarse como candidatos las personas que hayan sido condenadas por delitos cuyas penas sean superior a 04 años de pena privativa de libertad; (iii) posibilidad para que cualquier ciudadano pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas, a través de elecciones primarias internas; (iv) eliminar el voto preferencial  y garantizar la participación política de las mujeres, con paridad y alternancia; y, (v) prohibir el uso de dinero ilícito en las campañas electorales.

No obstante, se dieron a conocer diversas posturas que cuestionan la constitucionalidad de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Así, principalmente, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha cuestionado el actuar del Gobierno, enfatizando que “no se debe forzar las cosas”. En tal sentido, conforme ha señalado Blume, el Poder Ejecutivo –y, concretamente, haciendo referencia al presidente Vizcarra– no está habilitado constitucionalmente para imponer al Congreso la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional; puesto que, si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional, lo hará en ejercicio de su capacidad de poder constituyente y constituido.

Frente a estos cuestionamientos y la relevancia jurídico-política de la cuestión de confianza es necesario analizar la constitucionalidad de la misma. En primer lugar, la prerrogativa de presentar una cuestión de confianza por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros se justifica en el artículo 133° de la Constitución. Supuesto que se ha cumplido con el envío del documento oficial por parte de Salvador Del Solar al Congreso.

En segundo lugar, la cuestión de confianza planteada no representa una imposición al Congreso por la propia naturaleza de la prerrogativa. Esta medida no pretende imponer una reforma, sino reabrir un debate en torno a los proyectos presentados; asimismo, por tratarse de reformas de la Constitución Política, deben cumplir el procedimiento establecido que no se está buscando transgredir.

Artículo 206º

“Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”.

Del mismo modo, se cuestiona la imposibilidad de que la medida del Ejecutivo verse sobre  reformas constitucionales y, por ende, esta medida sería una imposición inconstitucional al Congreso. No obstante, es necesario recordar la sentencia del Tribunal Constitucional (0006–2018-PI/TC), en la cual se señala que, acorde al debate de la Comisión de Constitución y Reglamento en 1993, la cuestión de confianza puede plantearse sobre cualquier tema (iniciativa, ley o norma de rango constitucional). Esto debido a que, como señala el órgano colegiado, la norma que regula la cuestión de confianza ha sido establecida de manera abierta y con la finalidad constitucional de balance de poderes, ya que Brinda al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para materializar políticas de gobierno, en este caso, serían las reformas políticas encargadas al Ejecutivo tras el referéndum realizado el 9 de diciembre de 2018.

En tercer lugar, la prerrogativa de cuestión de confianza es propia del principio de balance de poderes reconocido en el artículo 43° de nuestra Carta Magna. Un Estado Constitucional de Derecho no puede concebir la idea de entregar el poder de modo absoluto y sin posibilidad de contrapeso por parte de los otros poderes con el ejercicio de sus respectivas funciones señaladas por la propia Constitución. Ahora bien, es elemental analizar si el contexto actual amerita el ejercicio de una prerrogativa como esta, lo cual conlleva a señalar las últimas decisiones del Congreso, las cuales estarían perjudicando diversos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos y contrariando al interés general. Alguna de estas decisiones se vinculan con el archivamiento del informe sobre el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; el archivamiento y no debate oportuno de las reformas políticas presentadas; no posibilitar la investigación de César Hinostroza por el presunto delito de organización criminal, entre otros.

La cuestión de confianza, naturalmente, debe tener un fundamento legal, el cual en respuesta a una lectura sistemática de la Constitución implica que, acorde al artículo 1° de la Carta Magna, todas las acciones del Estado tengan como fin la dignidad de la persona. Asimismo, la actuación del Gobierno y de todos sus poderes deben respetar los mandatos constitucionales plenamente, con las consecuencias políticas y jurídicas que estas implican. En este caso, el rechazo de la  cuestión de confianza facultará, acorde al artículo 134° de la Constitución, al Presidente de la República disolver el Congreso, para luego convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Esto sin perjuicio de respetar la continuidad de la comisión Permanente del Congreso.

Evidentemente, la continuidad de la Comisión Permanente tampoco significa la mejor opción para el país dentro del marco contextual en el cual se han tomado decisiones en contra de la separación de poderes y demás bienes jurídicos. No obstante, el planteamiento de cuestión de confianza posibilita de algún modo replantear la situación política actual y búsqueda de un adecuado balance de poderes donde prerrogativas y poderes absolutos no deben existir.

En ese sentido, con el análisis previamente realizado, somos de la consideración que la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo no infringe mandatos constitucionales, ni los fines perseguidos por esta. Podemos afirmar que la medida se ajusta a lo dispuesto en la Carta Magna, (i) al ser presentada por quien se encuentra autorizado para ello; (ii) no se trata de una imposición al Legislativo, en tanto que la propia naturaleza de la medida no es idónea para tal “fin”;  y, finalmente, (iii) se ha planteado dentro de los márgenes permitidos por el principio de balance de poderes.

Finalmente, y en la misma línea, no debe perderse de vista el contexto en que se ha planteado la cuestión de confianza, puesto que no es ajeno al conocimiento público los actos irregulares (algunos de ellos probados y otros aún investigados) en que ha incurrido el Congreso, muchos de ellos buscando generar un estado de impunidad para ciertos exfuncionarios públicos –por ejemplo, el archivamiento de las acusaciones contra el ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry–. En tal sentido, resulta válido utilizar un mecanismo –como la cuestión de confianza–para hacer frente a estas irregularidades, siempre que se ejerza dentro de los márgenes establecidos en la Constitución.

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