La utopía del Derecho

El autor reflexiona acerca del funcionamiento del sistema de justicia peruano, su situación actual y las necesidades de mejora a tener en cuenta en el futuro.

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Por Gonzalo Puertas Villavicencio, abogado por la Universidad de Lima y asociado del CMS Grau.

Históricamente, se ha tenido una idea negativa de la práctica del Derecho y del sistema legal de justicia. Esto no solo ha sido investigado y desarrollado en libros enteros (p.e. ver Richard Kagan, 1991) sino que, sobre todo, se ve reflejado en el descontento generalizado de la ciudadanía.

Una buena parte de este enfado se debe a la complicidad de jueces y abogados en distintos niveles de estafa y prácticas delictivas, en la negociación de intereses públicos para beneficios ilegales y hasta en la comercialización de decisiones gubernamentales y judiciales que los ciudadanos hemos tomado conocimiento, bien por experiencia propia, secreto a voces o los medios de comunicación.

Otra parte de esta desaprobación radicaría en una común sensación de manipulación de nuestras leyes por abogados y jueces. Específicamente, la impresión que causa el uso de mecanismos o figuras jurídicas como el debido proceso y la presunción de inocencia cuando, en vez de acompañar la lucha contra la criminalidad, pareciera entorpecerla y hasta neutralizarla.

Así pues, las decisiones judiciales como “no constituye delito”, “prisión suspendida” o “absuelto por falta de pruebas”, dictadas a favor de quienes son considerados evidentemente culpables, resultan ilógicas y descaradamente injustas para la opinión pública, así como ofensivas al sentido común y a la dignidad del ciudadano correcto. Más aún, se cuestiona si el debido proceso y la presunción de inocencia debieran permanecer o acaso ser eliminadas o aplicadas únicamente bajo algunos supuestos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la creación de estas figuras jurídicas significó en su momento un logro histórico de la humanidad en un contexto donde los pueblos estaban sometidos al poder abusivo de las monarquías medievales que encarcelaban, torturaban y asesinaban a sus opositores física y jurídicamente indefensos, a la vez que empobrecían su economía aplicándoles excesivos tributos para financiar las aspiraciones personales, políticas y territoriales de la corona.

Más aún, la creación del debido proceso no solo buscó balancear el excesivo poder monárquico garantizando a un grupo la presunción de su inocencia, la posibilidad de defenderse y de ofrecer pruebas, así como a obtener una decisión fundamentada y, en general, a tener un juicio justo, sino que rompió la figura omnipotente del rey como juez y parte, constituyéndose en un importante antecedente de la separación de poderes que se tuvo por necesaria en los sistemas políticos posteriores hasta la actualidad.

A pesar de estos esfuerzos, el debido proceso estuvo muy limitado durante las monarquías medievales (beneficiaba únicamente a la nobleza); no logró enteramente su propósito durante las posteriores monarquías absolutistas (p.e. abusos durante reinado de Luis XIV); y, aunque está consolidada actualmente, dicha figura es todavía manifiesta y terriblemente transgredida (p.e. por el régimen chavista en Venezuela).

En este sentido, eliminar el debido proceso significaría un imperdonable retroceso en el sistema legal de justicia y el retorno a una época del inmoderado ejercicio del poder. De igual manera, permitir ejercerlo únicamente a cierto tipo de presuntos criminales sería inconstitucional y atentaría contra una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos (que también significaron avances en la historia universal) y, en general, contra el consenso jurídico mundial de que la ley debe aplicarse a todos por igual.

Por tanto, pareciera que la solución no estaría en el perfeccionamiento de la legislación, sino en manos de los que aplican e interpretan el Derecho: los jueces, fiscales y abogados. Sin embargo, este escenario sería utópico porque el fiscal y la defensa lucharán, naturalmente, por encima de lo necesario para tener un margen a favor en sus respectivas estrategias legales. Si se busca obtener 100, probablemente se pedirá 120 para poder contrarrestar los 80 que buscará obtener la contraparte y viceversa.

Al respecto, el sistema legal ha sido diseñado con mecanismos jurídicos para balancear la naturaleza competitiva de un eventual fiscal abusivo y de una potencial defensa elusiva, aunque le es imposible eliminarla. Pero, ¿podemos evitar que un fiscal busque obtener una cuestionada prisión preventiva o una excesiva pena privativa de la libertad? ¿Podemos evitar que la defensa de un manifiesto narcotraficante o un evidente pedófilo luche por su inmerecida libertad o retrase su urgente encarcelamiento? Por supuesto, muchas veces será posible; lamentablemente, otras veces, no.

Al parecer, la democracia y el sistema legal de justicia, como todo sistema, son inevitablemente imperfectos y llevan a que esas imperfecciones sean indefectiblemente asumidas por la sociedad al igual que la sociedad asume indefectiblemente los accidentes o fallas del inevitablemente imperfecto sistema de tránsito vehicular o del sistema informático, porque la sociedad observa un balance positivo entre las ventajas y desventajas de cada uno.

Entonces, si es una utopía el sistema legal de justicia donde todas y cada una de las partes pidan y obtengan siempre lo que justamente les corresponde, ¿qué solución queda? En el corto plazo, debiéramos actuar con la misma rigurosidad de nuestras críticas de tal forma que la criminalidad que nos ofende no encuentre espacios para seguir desarrollándose en la doble moral de sus acusadores. A largo plazo, desarrollar una sólida y coherente conciencia de grupo que garantice la primacía de los intereses generales de mayor valor.


(*) El presente artículo es una reflexión personal del autor a la fecha de su publicación.

Fuente de la imagen: Iusnaturalismo.

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