El diálogo comienza por saber perder: Una reflexión sobre la cuestión de confianza, el ajedrez y la reforma política

El autor escribe sobre la asertividad en las acciones del presidente Vizcarra como símil al desarrollo de un "ajedrez político".

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Por Óscar Lozada, estudiante de la facultad de Derecho PUCP y asociado extraordinario THEMIS.

 El cuerpo político de la sociedad tiene el derecho inalienable a autodeterminarse política y jurídicamente. No hay en puridad voluntad auténtica y legítima del pueblo si no es una expresión organizada y democrática del cuerpo político de la sociedad.                                                      

                                              Humberto Nogueira.

  1. Notas introductorias

El reputado prócer de la independencia y primer presidente estadounidense, George Washington, amaba el ajedrez. Gracias a la pasión que desata este tablero de juego, un memorable día, una partida de ajedrez llevó a los Estados Unidos a ganar una crucial batalla en 1776 que marcó el punto de inflexión para su independencia de Inglaterra[3].

George Washington lideraba un ataque naval sorpresa contra el ejército inglés. Esta estrategia consistía en cruzar el río Delaware durante la noche. Por desgracia, espías ingleses se percataron de la dirección de sus tropas y enviaron un mensaje de alerta al coronel alemán, Johann Rall, comandante de las fuerzas británicas en Trenton (Nueva Jersey). Sin embargo, Rall no quiso abrir esta carta en la que se encontraba contenida una alerta del próximo ataque de las fuerzas de Washington porque se encontraba enfrascado en una apasionante partida de ajedrez contra  un comerciante de Trenton, Abraham Hunt[4]. Es por este motivo que, para no ser interrumpido, introdujo el pedazo de papel en uno de los bolsillos de su camisa de combate sin ni siquiera llegar a leerlo[5].

Gracias a ello, George Washington,  lideró un exitoso ataque sorpresa: los regimientos británicos de Hesse, acampados en Trenton y sus alrededores, fueron atacados y derrotados por la infantería continental estadounidense que cruzó el Delaware.

A partir de este suceso, es interesante apreciar cómo la gran mayoría de presidentes que ha tenido Estados Unidos durante más de doscientos años han sido aficionados a este tablero de juego[6]. De hecho, Barack Obama es un jugador de ajedrez como se señala en su autobiografía.[7] Ello muestra la estrecha relación entre las estrategias subyacentes al ajedrez y al ejercicio de la política.

Nuestro actual presidente, Martín Vizcarra, durante su juventud, en la Gran Unidad Escolar Simón Bolívar, invertía muchas horas jugando al ajedrez. Su afán y estrategia lo llevó a convertirse en campeón regional juvenil[8] de Moquegua.

Pese al origen circunstancial de su investidura presidencial, sus diferentes decisiones políticas evidencian ser audaces y ecuánimes (a menos para enaltecer su imagen política, es muy discutible que las medidas que viene adoptado sean las más saludables para la institucionalidad de nuestro país). Una estratégica moción de cuestión de confianza, un súbito anuncio a referéndum en el 2018 que, ante el apoyo ciudadano depositado en las urnas, ha visto empoderada y fortalecida su imagen de representatividad frente al país. Ello sumado a su reciente mensaje a la nación  en donde propuso un adelanto de elecciones para el año 2020 que implica su renuncia a la investidura presidencial y la renovación de los miembros Congreso —trasladando una vital decisión a la ciudadanía para que sea ésta quien apruebe la referida medida mediante referéndum—.  Todas estas estrategias políticas muestran cada vez más que, el presidente de la República, es un político totalmente impredecible.

2. “Nos vamos todos”: Una movida maestra en fiestas patrias

La prerrogativa congresal que mayor repudio genera en la población es la inmunidad parlamentaria. Conocidos casos como del ex congresista Edwin Donayre (quien, gracias a su afuero, fue blindado de ir a la cárcel pese a que los condenados por la misma causa ya se encontraban purgando pena privativa de libertad por el delito de peculado),  fueron determinantes para que el Poder Ejecutivo proponga,  como una[9] de las reformas políticas, evitar que el Congreso actúe como juez y parte en casos que involucren el levantamiento de inmunidad parlamentaria de uno de sus miembros[10] y, en lugar de ello, sea la Corte Suprema, órgano imparcial y autónomo, el encargado de realizar dicha función.

Sin embargo, a pesar de que esta reforma fue planteada en el marco de una moción de confianza, el Congreso aprobó un proyecto de inmunidad parlamentaria que no recoge la propuesta original del Ejecutivo y, en lugar de ello, la mayoría parlamentaria votó a favor de que el pleno del Congreso continúe manteniendo la decisión si levanta o no la inmunidad parlamentaria de alguno de sus miembros.

Tal situación incitó (aún más) a la ciudadanía a pedir la disolución del congreso.  Este debate —la constitucionalidad del cierre del congreso y convocatoria a nuevas elecciones—había polarizado a la comunidad jurídica, ello porque se asumía que Vizcarra contaba sólo con 2 opciones: i) aceptar una reforma política contaminada (modificada en su esencia por el parlamento) y continuar con su mandato o ii) utilizar su facultad constitucional de disolver el Congreso de la República. Esto último solo podía ocurrir si el Ejecutivo interpretaba  que, al haber un cambio esencial en la reforma política, el Parlamento le había ulteriormente negado la confianza planteada anteriormente (ello porque el Congreso “aprobó” este proyecto por la palabra, mas no en los hechos).

Ambas opciones le hubieran generado serios inconvenientes para su mandato, por ejemplo, si el presidente hubiera tenido un impulso de disolver el Congreso, este último seguramente habría contraatacado pidiendo su vacancia o, talvez, se habría generado un rechazo por la comunidad internacional. Esto habría colocado en una situación adversa al Ejecutivo.

No obstante, el presidente concluyó el tradicional mensaje a la nación, proponiendo una reforma constitucional que tiene como objeto recortar el mandato presidencial y adelantar las elecciones generales y congresales para el 19 de abril del 2020 (elección de congresistas, representantes al Parlamento Andino y primera elección a la Presidencia de la República).

En virtud a este proyecto de reforma  —y en atención al referéndum del 2018 en donde se optó por el cambio de las reglas electorales y demás propuestas—  los actuales congresistas  que conforman el poder ejecutivo no podrán ser candidatos para los próximos comicios[11] y se deberá fiscalizar el financiamiento de sus partidos políticos, ello porque la propuesta de adelanto de elecciones precisa que podrán regir las normas electorales recientemente aprobadas siempre que estas no afecten el calendario electoral[12].

Como vemos, la virtud de Martín Vizcarra fue hallar en el ajedrez político una tercera alternativa de consenso: “Nos vamos todos”. Con esta movida maestra, en la que ha puesto su imagen en los ojos del mundo, logró obtener un 75% de aprobación de la ciudadanía (como respaldo a su propuesta) así como a un 77 % de electores que votarían a favor del adelanto de elecciones para el 19 de abril del 2020[13]. En efecto, es fácil suponer que esta decisión ha sido interpretada por la ciudadanía como una actitud de empatía y desprendimiento de su investidura política, lo cual se traduce en una reivindicación del poder hacia el pueblo —legítimo soberano— para que sea éste quien cristalice la  referida reforma mediante referéndum.

Especialistas[14] sostienen que la virtud del gobierno es la  de conducirse de manera impecable en el marco constitucional y legal. Por esta razón analistas políticos consideran que no importa qué pase luego, si las elecciones  se adelantan o si el Congreso contraataca y pide la vacancia, “Martín Vizcarra se irá a su casa como el político más popular del siglo”[15].

Sin embargo, diversos parlamentarios opositores al gobierno han mostrado su rechazo a esta medida. Entre ellos el vocero de la bancada de Fuerza Popular Carlos Tubino, quien afirma que “las condiciones en las cuales Vizcarra llamará a otras elecciones no responden a nuestro marco constitucional”[16]. Del mismo modo, periodistas como Federico Salazar[17] respaldan este argumento aduciendo que se estaría vulnerando los artículos 90 y 112 de la Constitución en donde se contempla que el mandato de congresistas y plancha presidencial es de 5 años.

Ante ello creemos necesario realizar un análisis de constitucionalidad del mencionado proyecto de reforma a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, asimismo, no menos importante, es analizar si resulta factible la interposición de una cuestión de confianza ante una eventual negativa del Congreso.

3. Sobre la reforma constitucional: Un ofrecimiento de tablas por parte del Ejecutivo

La reforma constitucional se encuentra regulada en el título VI de nuestra Carta Fundamental. Es en el artículo 206 en donde se estipula que “la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la república con aprobación del consejo de ministros (…)”.

Ahora bien, el citado texto constitucional no contempla expresamente algún tipo de restricción a materias que puedan ser sujetas a iniciativa de reforma constitucional. Por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta el desarrollo jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha tenido al respecto.

4. Los límites materiales para la reforma de la constitución

En  muchos países[18] se contemplan límites ideológicos y valorativos expresamente consagrados en disposiciones constitucionales que  no pueden ser materia de reforma constitucional. A esto se le denomina límites materiales explícitos (llamados también cláusulas pétreas), que “expresan principios tan fundamentales que cambiarlos significa cambiar al Estado” [19] mismo.

Un claro ejemplo de ello es la propiedad. El artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, recogió que el “derecho a la propiedad es un derecho inviolable y sagrado”. Esto a su vez fue recogido en diversos ordenamientos jurídicos como el de Panamá (artículo 119 de su constitución)[20].

De igual manera es el régimen republicano de gobierno. Constituciones europeas como: Alemania (artículo 79,3); Italia, de 1947 (artículo 139); Francia, de 1958 (artículo 89); Grecia, de 1986 (artículo 110.1)[21]; recogen el cambio de su régimen republicano de gobierno como un límite expreso a la reforma constitucional.

Sin embargo, el hecho de que un país no contemple expresamente un límite material a la reforma constitucional — como es el caso de nuestro país[22]—, ello no es obstáculo para la existencia de límites materiales implícitos. Ello porque hay principios inviolables e inmanentes que constituyen cimientos de la estructura política en la que se erige un determinado Estado (un contenido fundamental de la Constitución[23]).  En efecto, el poder de reforma, otorgada al Poder Legislativo, al ser un poder constituido (su existencia deriva de un poder constituyente), tiene límites materiales, pues “la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad” (Corte Constitucional de Colombia C-551 de 2003).

En ese sentido, un gran límite para ejercitar el poder de reforma constitucional es la exigencia de “no sustituir al poder constituyente originario, alterando la idea de derecho, la fórmula política o principios supremos establecidos constitucionalmente”. (Corte Constitucional Italiana 1146, 1988[24]).

Un ejemplo de ello podría ser un cambio radical del régimen económico de un país. El artículo 58° de nuestra Constitución adopta el modelo de una economía social de mercado, lo cual implica que la iniciativa privada es libre. Por ello, el Estado debe mantenerse al margen de la oferta económica pero actuando en las áreas de promoción del empleo, salud y brindando los servicios públicos. Imaginemos que el Legislativo cambia este régimen y se elimina la iniciativa privada para que en lugar de ello, el Estado maneje la oferta económica del país. Ello claramente vulneraría un elemento estructural esencial de la identidad de nuestra Carta Constitucional vigente. Por consiguiente, un cambio repentino del régimen económico de un país hundiría en el desconcierto a la ciudadanía y abriría paso a políticas perversas.

Del mismo modo es el carácter democrático de un Estado. El poder de reforma establecido en una Constitución no puede reformar ni desdibujar el sistema democrático, ello porque “cambiar la fundamentación misma del sistema equivale a poco menos que a un golpe de Estado”[25].

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico nacional, el Tribunal constitucional (sentencia N° 014-2012-AI/TC F. 76) dispuso que el procedimiento de reforma constitucional tiene los siguientes límites materiales: i) nuestra fórmula de gobierno republicano, ii) a la persona y su dignidad como fin supremo de la sociedad del estado (en el supuesto que una reforma tenga incidencia en la parte dogmática de la constitución y recorte derechos fundamentales)  y iii) El modelo económico de un país.

Consideramos a partir de este análisis que una reforma constitucional tiene 3 grandes límites: i) un cambio total que destruya las bases esenciales o principios supremos del orden constitucional y ii) el cambio parcial sin observancia del procedimiento y competencias establecidas por la Constitución, ya que ellos constituyen una condición necesaria para la validez de toda la actuación. iii) el cambio parcial que desconozca o elimine principios político-jurídicos supremos establecidos por el constituyente.

Por principios jurídicos supremos nos referimos a la eliminación o desconocimiento de la dignidad humana, sus derechos fundamentales y derechos humanos; el régimen jurídico político de Estado y gobierno (la república democrática). En ese sentido, el poder de reforma constitucional no puede sustituir al poder constituyente originario, alterando la idea de derecho, la fórmula política o principios supremos establecidos constitucionalmente[26].

Ahora bien, teniendo estos límites como marco de análisis, la cuestión jurídica sometida a debate (la propuesta de reforma constitucional planteada por Martín Vizcarra), no tiene ninguna incidencia trascendente en los términos antes mencionados; es más, lo que se propone es publicar disposiciones transitorias especiales a la Constitución con la finalidad de cristalizar el adelanto  de  elecciones presidenciales y congresales para el 19 de abril del 2020. De hecho, la única modificación al texto constitucional que se plantea (de manera permanente) es cerrar la posibilidad de que los presidentes no necesariamente electos —como Vizcarra— postulen a la presidencia en los comicios inmediatos. En otras palabras, lo que se está haciendo es cerrar definitivamente la posibilidad de su reelección inmediata.

Por consiguiente, la reducción del período presidencial y  parlamentario, no afecta el contenido fundamental de la Constitución.

5. ¿Una vulneración de los artículos 90 y 112 de la Constitución? En respuesta a Federico Salazar

El periodista Federico Salazar se ha manifestado en contra de la propuesta de reforma constitucional argumentando que, según la Constitución, el mandato de congresistas y plancha presidencial es de 5 años y, por lo tanto, la propuesta que plantea recortar dicho periodo reviste carácter inconstitucional[27].

Lo que plantea el referido periodista es una típica interpretación gramatical (si bien todo intérprete debe partir del sentido literal del texto, la labor interpretativa no debe agotarse en esta porque de una disposición normativa se puede extraer múltiples significados y normas jurídicas[28]), es decir realiza una lectura de un precepto normativo totalmente aislada del cuerpo constitucional en su conjunto (prescindiendo de una interpretación sistemática). En ese sentido, no resulta correcto desconocer que existen otras reglas constitucionales (como el artículo 206, estudiado en el presente apartado) que faculta al ejecutivo a tener una iniciativa —y no la última palabra—de reforma constitucional para que esta propuesta sea discutida en el hemiciclo (Poder Legislativo) y sea este poder del Estado quien apruebe la viabilidad de la referida reforma.

Por consiguiente, realizar interpretaciones al estilo Federico Salazar (concibiendo que las disposiciones constitucionales se aplican bajo el  criterio de todo o nada) nos llevaría al absurdo de afirmar que si el presidente ejerce la facultad de disolver el Congreso (por una causal que la propia Constitución contempla en su artículo 134) entonces esa decisión resultaría “inconstitucional” porque según el artículo 90 de la Constitución el parlamento es elegido por un período de 5 años. Ello, como se puede apreciar, resulta insostenible. Existen otras disposiciones constitucionales (como el artículo 134 de la Constitución que habilita la disolución congresal) que requieren ser interpretadas como un todo armónico y sistemático.

Habiendo esclarecido ello, resulta necesario explicar el procedimiento constitucional a seguir para esta reforma constitucional y su votación en el congreso.

6. Procedimiento para la reforma constitucional en el parlamento

Según el artículo 206 de nuestra carta política, “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros”.

El número legal de miembros del parlamento es 130, por consiguiente, para que el proyecto de reforma resulte aprobado — y se pase a una posterior votación vía referéndum — se necesitan 66 votos congresales (la mitad más uno del número legal de congresistas).

Asimismo, la citada disposición constitucional contempla un segundo mecanismo (opcional) de reforma constitucional prescindiendo de referéndum, siempre y cuando el parlamento apruebe el proyecto de reforma con una votación superior a dos tercios (87 votos) del número legal de congresistas en dos legislaturas consecutivas. Esto, naturalmente, es un escenario improbable dada  la exigencia de una alta cantidad de consenso y votos favorables.

La propuesta del Ejecutivo, entonces, se decanta por el mecanismo regular, esto es, que el proyecto de reforma sea aprobado por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros (67 votos) y luego pase a una posterior votación vía referéndum por la ciudadanía.

Hasta el momento seis bancadas del congreso se han mostrado de acuerdo para que el proyecto de reforma sea aprobado vía referéndum: Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Cambio, Acción Popular, Unidos por la República y la Bancada Liberal. Sin embargo, el número de miembros del total de dichas bancadas ascienden a  44 votos[29] (aún se requieren más votos para alcanzar los 67).

7. ¿Resulta jurídicamente posible plantear una eventual cuestión de confianza?

Actualmente se mantiene perenne el debate en torno si el presidente se encontraría facultado a presentar una eventual moción de confianza en caso de no alcanzarse —en el poder Legislativo—la votación requerida  (67 votos).  Especialistas[30] defienden que el gobierno tendría la posibilidad de jugar su última pieza (esto es, plantear una nueva  cuestión de confianza) ello porque en un reciente pronunciamiento  el  Tribunal Constitucional  (expediente N° 0006-2018-AI/TC Fs. 71-72) sostuvo que el planteamiento de una moción de confianza tiene un marco amplio de posibilidades en busca del  respaldo político del Congreso, para llevar a cabo las políticas que la gestión del Ejecutivo requiera. En otras palabras, la cuestión de confianza “puede plantearse sobre lo que se quiera”[31]. Y con este mecanismo constitucional el presidente estaría habilitado para disolver el parlamento (siempre y cuando se rechace una eventual moción de confianza).

No obstante, bien se podría afirmar que esta interpretación, adoptada por el Tribunal Constitucional, llega a ser muy cuestionable dado que, una utilización acrítica de la moción de confianza, podría vulnerar el principio de equilibrio de poderes del Estado (daría una puerta abierta a que el Ejecutivo imponga al Congreso aprobar cualquier propuesta que desee ante una amenaza de disolución), quebrantando de esta manera el principio de independencia de los mismos. Por esta razón consideramos necesario que el supremo intérprete de la Constitución debe desarrollar con mayor rigurosidad esta institución con la finalidad de evitar que la cuestión de confianza pueda ser interpretada al margen de los principios y valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico.

8. Reflexiones finales

Las moralejas que podemos obtener fruto del juego con un tablero de ajedrez son profundas y fecundas. Muchas veces, los jugadores experimentan situaciones límite, en las que deben sacrificar piezas importantes para conseguir una posición ganadora, no obstante, cuando ello no funciona, el ajedrez dota de una última salida: ofrecer tablas, es en este escenario en que ambos contendientes deben dimitir y aceptar su incapacidad de seguir disputando una contienda y dar paso al  inicio de un nuevo juego.

El diálogo es una cualidad que debe primar en toda democracia, sin embargo, cuando hay una ruptura de este elemento básico de racionalidad humana y sucumbe ante una confrontación irresoluta y paralizante, quizá este sea el caso en el que el diálogo comience por saber perder.

El Ejecutivo aceptó ya su incapacidad de seguir en esta confrontación tan dañina para nuestra democracia,  ¿el Congreso estará dispuesto a hacerlo?

[1] Asistente de docencia PUCP (Filosofía del derecho y Revisión e impugnación judicial) y miembro extraordinario de Themis.

[2] A Celeste, con amor.

[3] World and chess, Hall of fame.  Power in Check: Chess and the American Presidency. Publicado el en Octubre 18, 2012. https://worldchesshof.org/exhibit/power-check-chess-and-american-presidency.

[4]  Ibídem.

[5] Ajedrez de ataque. Una batalla que se decidió por una partida de ajedrez. Curiosidades – Bloque 17. Ajedrez de ataque. Todos los derechos reservados, 2004 – 2018. Disponible en: http://www.ajedrezdeataque.com/10%20Miscelanea/Curiosidades/17_%20Bloque.htm.

[6] Son aproximadamente 29 de los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos. U.S. Presidents and Chess. Publicado el 29 de marzo de, 2017, Consultado en https://www.chess.com/article/view/us-presidents-and-chess.

[7] U.S. Presidents and Chess. Publicado el 29 de marzo de, 2017, Consultado en https://www.chess.com/article/view/us-presidents-and-chess. Asimismo, Federico Marín Bellón, Jugar con Cabeza. en ABC blogs  publicado el 15 septiembre de 2011 en  https://abcblogs.abc.es/jugar-con-cabeza/ajedrez/cuantos-presidentes-juegan-al-ajedrez.html. Consultado el 05/08/2019.

[8] Jorge Turpo Arias,  2018.  Martín Vizcarra: el presidente educado, una crónica de Jorge Turpo. Consultado en: Extracto de la crónica DOS SEÑORES EDUCADOS publicada en noviembre de 2015 en la revista Etiqueta Negra. https://www.edugestores.pe/martin-vizcarra-el-presidente-educado-una-cronica-de-jorge-turpo/.

[9] Fueron un total de 6 reformas políticas planteadas por el ejecutivo. Para más información véase En Diario  Gestión: https://gestion.pe/peru/politica/son-seis-proyectos-reforma-politica-debera-aprobar-congreso-269113-noticia/

[10] Véase en https://gestion.pe/peru/politica/ejecutivo-insiste-corte-suprema-levante-inmunidad-congresistas-269112-noticia/.

[11] Landa, César. Elecciones Generales 2020,  portal Enfoque Derecho. Publicada el 2 agosto de 2019 en https://www.enfoquederecho.com/2019/08/02/elecciones-generales-2020/.

[12] Para más detalle véase en https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-los-detalles-del-proyecto-con-el-que-el-gobierno-busca-adelantar-las-elecciones-al-2020-noticia-1212050.

[13] Ipsos Apoyo- El comercio, encuesta ciudadana publicada el 05/08/19 en: https://elcomercio.pe/politica/comercio-ipsos-75-aprueba-pedido-adelantar-elecciones-2020-77-votaria-favor-ecpm-noticia-661951

[14] Esta posición es compartida por los constitucionalistas: Elena Alvites, Samuel Abad y Oscar Urviola. Para mayor información véase. Miró Quesada, Josefina.  “Cuatro preguntas y respuestas sobre la reforma constitucional de adelanto de elecciones”. Publicada el 29.07.2019 en Elcomercio.pe, https://elcomercio.pe/politica/4-preguntas-respuestas-reforma-constitucional-adelanto-elecciones-noticia-ecpm-659842.

[15] Ibídem.

[16] Carlos Tubino, en Enfoque Derecho 2018. ¿Nos vamos todos? Reforma constitucional para adelantar las elecciones. Publicado el 29 julio, 2019. Consultado en: https://www.enfoquederecho.com/2019/07/29/nos-vamos-todos-reforma-constitucional-para-adelantar-las-elecciones/

[17] Federico SALAZAR, Contra las mayorías, «Aprovecharse del rechazo popular al Congreso es demasiado parecido a intervenir con la fuerza». https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mayorias-federico-salazar-noticia-664028, publicado el 11.08.2019.

[18] Caso,  por ejemplo, del artículo 89 de la Constitución de Francia de 1958, el artículo 139 de la Constitución Italiana de 1947, Alemania (artículo 79,3); Italia, de 1947 (artículo 139); Francia, de 1958 (artículo 89); Grecia, de 1986 (artículo 110.1); Turquía, de 1982 (artículo 4o.);o el artículo 119 de la constitución de Panamá.

[19] BOREA, Alberto. Manual de la Constitución. Manual de la Constitución: Para qué sirve y cómo defenderte. Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional. Lima 2017. p. 1167.

[20] Ibídem.

[21] Humberto NOGUEIRA. 2017. Poder constituyente, reforma de la constitución  y control jurisdiccional de constitucionalidad. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. P.11.

[22] Fundamento 33 de la sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Del Perú

del 3 de junio del 2005, sentencia N° 050-2004-AI/TC 051-2004-AI/TC; 004-2005-PI/TC 007 -2005-PI/TC; 009-2005-PI/TC.

[23] Ídem. f. 5.

[24] Humberto NOGUEIRA. 2017. Poder constituyente, reforma de la constitución  y control jurisdiccional de constitucionalidad. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. P.11.

[25] Francisco Rubio Llorente. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1989, p. 64.

[26] Humberto NOGUEIRA. 2017. Poder constituyente, reforma de la constitución  y control jurisdiccional de constitucionalidad. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. P.11.

[27] Federico SALAZAR, Contra las mayorías, «Aprovecharse del rechazo popular al Congreso es demasiado parecido a intervenir con la fuerza». https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mayorias-federico-salazar-noticia-664028, publicado el 11.08.2019.

[28] GUASTINI, Ricardo. 2019. Lecciones de Teoría del derecho y del Estado. Zela grupo editorial SRL, Lima p. 207.

[29] PALACIOS, ROSA María,  RMP: “No hay votos para ir a un referéndum y tampoco para vacar al presidente” Sin guion. Publicado el 2 ago. 2019 en https://larepublica.pe/tag/sin-guion/.

[30] ABAD YUPANQUI, Samuel. En  https://elcomercio.pe/politica/opiniones-divididas-pedido-ejecutivo-cuestion-confianza-martin-vizcarra-congreso-ecpm-noticia-640910publicado el 04.06.2019.

[31] Debate Constitucional – 1993. Comisión de Constitución y Reglamento, Lima, t. II, p. 912.

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