Por Roy Irribarren Calderón, Director de Enfoque Dereho, miembro del Consejo Directivo de THEMIS y estudiante de la facultad de Derecho de la PUCP.

Este último viernes, el presidente Martín Vizcarra, mediante un mensaje a la nación, volvió a plantear la cuestión de confianza; en esta oportunidad la figura se usaría para el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional. Con ello serían 5 veces que desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se usa la figura de la cuestión de confianza; de estas, solo una ha sido rechazado por el Congreso. La actual cuestión de confianza será debatida hoy en el Pleno, por lo cual ya se recibió al premier Salvador.

Así como para el Ejecutivo, la preocupación de tener una elección transparente y legitima del nuevo Tribunal Constitucional se ha extendido por todo el país. El actual enfrentamiento de Poderes en el Perú se desató con el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones. Luego de esta negativa, todo se paralizó esperando el «contragolpe» del jefe de Estado, ya que su mayor proyecto para acabar con la corrupción había sido burlada, y con ello el Legislativo le decía que no podría sacarlos del Congreso.

La opción del presidente Vizcarra

Frente a este problema, el Ejecutivo jugó su mejor carta respecto a las opciones que tenía para contestar las constantes negativas del Parlamento; presentar una cuestión de confianza con referencia a cambiar las reglas para elegir a un nuevo TC era más conveniente que seguir incidiendo en adelantar elecciones, ya que la preocupación mayor ya no estaba en tener nuevos representantes de gobierno sino en no dejar que el ente máximo para la interpretación de la Constitución no sea «tomado».

Optar por mecanismos que de algún modo ayuden a proteger y resguardar la elección transparente de tribunalistas es optar por mantener la democracia en uno de los poderes del Estado. Como sabemos, el TC es el máximo intérprete de la Constitución; dejar a esta institución a manos de un Congreso que pretende tomar las riendas de su estructura es empoderar a ciertos sectores de ese parlamento. Los actuales postulantes «apadrinados» por congresistas fujimoristas, en su mayoría, no serían el mejor referente de candidatos para una institución con una alta responsabilidad como lo es el TC.

Llevar a los «amiguitos» a ser parte del TC puede traernos severos problemas políticos y de poder en un futuro no tan lejano. Si comenzamos a pensar que serán los fujimoristas los que tengan el control de este ente se nos vienen a la menta un sinnúmero de posibilidades que el Congreso puede accionar a favor de su entorno. Un ejemplo claro de eso sería liberar a la lidereza de Fuerza Popular, destruir cualquier pedido de cuestión de confianza a futuro, favorecer a diversos investigados mediante habeas corpus y acciones de amparo, entre otros supuestos más que posiblemente no podamos imaginar hasta encontrarnos en dicha realidad.

Con todo ello, se llevó a cabo definir el objeto de la actual cuestión de confianza. La intención del presidente Vizcarra y el premier Salvador sería pedir que el Congreso suspenda las actuales designaciones de nuevos magistrados y que se inicien un nuevo proceso mediante un concurso de méritos (vía regular de nombrar a los miembros del TC). De este modo, podríamos adelantar que el Ejecutivo estaría actuando bajo la legalidad y respetando las competencias del Congreso, ya que hasta ahora, se sabe que no pretende quitarle estas facultades a los congresistas, sino estaría incidiendo en pedirle mayor responsabilidad y consciencia para conformar un ente tan importante como es el TC.

Respuesta del Congreso

Muchos especialistas se estuvieron cuestionando cómo el Congreso abordará este nuevo pedido de confianza. La particularidad de esta ejecución es debido a que el día de hoy también se tenía previsto realizar las votaciones y anunciar quienes serían los nuevos magistrados que entrarían a reemplazo de los actuales tribunalistas que vencieron su mandato. Si no fuese por este escenario, no habría tanta incertidumbre de saber cual sería el futuro del país, ya que lo más probable es que se hubiese dado el mismo escenario que tuvieron anteriores pedidos de confianza; el Congreso acepta la medida y al final lo dejaba en manos de ellos mismos ver como procedían mejor con el objeto del pedido.

Ahora, también es cierto que la agenda del Congreso depende de ellos mismos; es decir, sería válido que el Parlamento decida agendar primero la votación de los candidatos al TC y proceder luego a discutir el pedido de confianza. Con lo cual se procedería a aceptar el pedido del Ejecutivo y aplicarse a futuras elecciones del TC. Con este escenario, el Congreso le estaría «sacando la vuelta» al Presidente sin salirse del marco de lo legal. Sin embargo, también, el Congreso estaría burlándose  en la política del Gobierno central como en la democracia, aunque esto ya no sea algo nuevo.

Por otro lado, también se cae en la incertidumbre de poner en relevancia el debate acerca del objeto del pedido de cuestión de confianza y más aún cuando este versa sobre lo que se pretende evitar; es decir, la medida interpuesta por el Ejecutivo pretende parar unas elecciones poco transparentes a toda vista (incluso a ojos de entes internacionales) y resguardar la estructura de una institución fundamental para el país. En ese sentido; elegir primero llevar acabo un proceso para luego recién cuestionarlo sería una burla, tanto a la democracia, como a las políticas del Gobierno.

Es por ello, que si bien el Congreso decide el orden de llevar acabo su agenda, debe elegir primero debatir la cuestión de confianza para luego proceder con cancelar o continuar con la elección de magistrados. Hacerlo a la inversa sería tener una cuestión de confianza prácticamente innecesaria.

Posible escenario a Futuro

Frente a este nuevo problema de saber si la nueva cuestión de confianza del gabinete Salvador del Solar será un tema primordial en el debate de hoy en el Pleno; el Ejecutivo pudo notar que el Congreso aún sigue teniendo al Gobierno en «jaque». Razón por la cual, el día de ayer, el presidente Martín Vizcarra declaró en el noticiero Cuarto Poder, que no tocar el tema de la cuestión de confianza antes de elegir al nuevo TC sería tomado por él como una negativa a su cuestión de confianza, lo cual lo facultaría a tomar otras medidas constitucionales.

Cabe resaltar que durante este Gobierno ya ocurrió un rechazo a un pedido de cuestión de confianza, por lo cual, el Perú se estaría encontrando en un segundo rechazo a una cuestión de confianza. Esto faculta constitucionalmente al Presidente a disolver el Congreso:

«Artículo 134 de la Constitución Política del Perú.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.»

En el caso de que Martín Vizcarra use la facultad que le proporciona el artículo antes mencionado, él podrá emitir un decreto de disolución del congreso así como contener en el mismo decreto una convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Estas elecciones tendrían que realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la disolución. Cabe resaltar, que la Comisión Permanente mantendría sus funciones hasta que nuevos congresistas pueden instalarse; con ello daríamos por culminado la disolución.

Actualizaciones finales

Durante la redacción de este artículo, el Congreso de la República decidió tomar como primer punto la elección de los nuevos miembros del TC y pasar para la tarde la discusión de la cuestión de confianza que versa sobre este mismo objeto. Con ello, ahora nos queda preguntarnos si el Ejecutivo fue finalmente derrotado por el Congreso, ya que su cuestión de confianza no tendría efectos prácticos, al menos no para lo que pretendía versar.

Del mismo modo, cabe preguntarnos y analizar más a fondo si el jefe de Estado Vizcarra tomará como un rechazo a su cuestión de confianza el pasar a elegir primero a los tribunalistas. Entonces, también cabe preguntarse si el Presidente cumplirá lo que ha dejado entrever el día de ayer en su entrevista; es decir proceder a una disolución del Congreso y comenzar el protocolo del artículo 134° de la Constitución.

Asimismo, recaemos en otra encrucijada respecto a la medida que el Presidente pueda tomar, ya que disolver el Congreso con una «suposición de rechazo a la cuestión de confianza» no es es concretamente un rechazo a su petición; a ello se le suma que lo más probable es que el Congreso tenga un TC a su favor, por lo cual, a Martín Vizcarra le esperaría una fuerte carga al disolver el Congreso, ya que estaría a vista de los otros poderes del Estado, atentando contra la institución del país.

¿Habrá una segunda respuesta del Ejecutivo o solo nos espera asumir que nos encontramos en un país ingobernable?

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