1. Presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso de la República

El pasado 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra, invocando el artículo 134 de la Constitución del Perú, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones para el 26 de enero del 2020. Ello luego de que, ese mismo día, el Congreso decidiera no debatir la cuestión de confianza presentada por el ex premier Salvador del Solar, antes de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y procediera con la elección de dos candidatos, de los cuales solo Gonzalo Ortiz de Zevallos consiguió los votos necesarios. De manera que, de acuerdo al Ejecutivo, el que se haya procedido a votar por dos candidatos al TC constituiría la segunda negativa del Congreso frente al Gobierno actual.

El artículo 134 de la Constitución faculta al Presidente de la República a disolver el Congreso luego de que este Parlamento haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros. Ante la ausencia de una norma que regule la negación o aprobación de la cuestión de confianza, el escenario político y jurídico se encuentra dividido en dos posiciones: quienes consideran que la negación se dio de manera fáctica luego de que el Congreso procediera con la elección de magistrados para el TC, por tanto, que la disolución del primero es constitucional; así como quienes afirman que tal disolución es inconstitucional, ya que el Congreso, de manera posterior a la referida elección y al anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre la ya mencionada  disolución, otorgó  formalmente la confianza al Gabinete del ex premier Salvador del Solar.

Por el momento, queda todavía esperar un pronunciamiento por parte del TC sobre la constitucionalidad de la medida adoptada por el presidente Martín Vizcarra. Asimismo, también queda por resolver la interrogante de qué magistrados son los que se pronuncien, puesto que cabe recordar que si bien Gonzalo Ortiz de Zevallos fue elegido antes de que el Congreso fuera disuelto, este aún no ha juramentado como magistrado del TC.

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2. Odebrecht: Jorge Barata identifica “codinomes”

El 01 de octubre del presente año, Jorge Barata, exdirectivo de la constructora Odebrecht en el Perú, confirmó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en Curitiba, Brasil, la identidad de los “codinomes” que figuraban en pagos de planillas secretas del Departamento de Operaciones Estructuradas (o Caja 2), fondo dedicado al pago de sobornos. Estas planillas, entregadas al Equipo Especial Lava Jato, contenían el registro de pagos ilícitos a destinatarios cuyas identidades se encontraban ocultas bajo seudónimos que los ex ejecutivos de la constructora denominaron “codinomes”. De manera que, de acuerdo a varios diarios, esta lista de “codinomes” contiene una larga lista de políticos y funcionarios peruanos.

Estas nuevas declaraciones de Jorge Barata, sujeto a la delación premiada en Brasil (figura similar a la colaboración eficaz en el Perú), se dan en el contexto del polémico acuerdo de colaboración eficaz entre el Equipo Especial y la Procuraduría del caso Lava Jato, firmado el 15 de febrero de 2019, en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo. El referido acuerdo permite que el Equipo Especial del caso Lava Jato reciba información clave respecto a casos como la Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde tramo Callao.

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3. Estado de excepción en Ecuador y fin del paro

El reciente viernes por la tarde, los representantes de los transportistas anunciaron el fin del paro nacional que paralizó a Ecuador por 48 horas, ello luego de que el pasado 3 de octubre, el gobierno ecuatoriano decretó a Ecuador en estado de excepción. Según la Constitución de Ecuador, el Presidente puede decretar el estado de excepción en el caso de agresión o conflicto interno. Con el estado de excepción, el derecho de reunión y el de libertad de tránsito quedan limitados; la policía y las Fuerzas Armadas se despliegan en todo el país; se establecen zonas de seguridad y, entre otros, se permite censurar a la prensa.

Esta medida se tomó a causa de las protestas contra el alza del precio del diésel y gasolina extra, resultado de una de las medidas del paquete de ajustes económicos anunciado por Lenin Moreno, Presidente de Ecuador, el martes 1 de octubre: la eliminación del subsidio estatal. De acuerdo al Gobierno, la eliminación del referido subsidio haría posible el ahorro de 1.400 millones de dólares al año. De manera que con esta medida, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1,85 a US$2,30 y el galón de diésel pasó de US$1,08 a US$2,27.

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4. Prórroga del Brexit

En los últimos días, se difundió en los medios que el Gobierno británico pediría a la Unión Europea (UE) una prórroga del plazo de salida, previsto para el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo. En ello fueron difundidos una serie de documentos oficiales presentados este viernes 04 de octubre en los que se evalúa si el primer ministro Boris Johnson, podría ser multado o  tomado preso en caso de forzar un “Brexit duro” (Brexit sin acuerdo). De manera que se estaría tratando de presionar al primer ministro a aceptar los términos de la ley aprobada por el Parlamento, que obliga al Ejecutivo a requerir una prórroga de las negociaciones con Bruselas en caso de que no se haya pactado un plan de retirada hasta el 19 de octubre. Mientras tanto, la UE ha rechazado dialogar con el Reino Unido sobre el Brexit, abriendo así mayores posibilidades de una ruptura sin acuerdo.

Cabe mencionar que uno de los puntos problemáticos de un Brexit duro es la eventual frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Al respecto, es necesario recordar que recién desde 1998, mediante el acuerdo de paz de Viernes Santo, firmado en Belfast, las tres décadas de sangriento conflicto en la región encontró un final y se hizo posible que los ciudadanos de uno y otro lado pudieran cruzar la frontera sin tener que pasar por ningún control; así como, en consecuencia, la venta de bienes y servicios comenzó a realizarse con pocas restricciones, en tanto pertenecen, al menos hasta antes del Brexit, al mercado común europeo y a la unión aduanera. Si bien con el Brexit la República de Irlanda e Irlanda del Norte quedarían bajo dos regímenes distintos, sin un acuerdo que regule las relaciones posteriores a la ruptura, los productos que transiten de un lado a otro serían inspeccionados en las fronteras.

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