1. Crisis y protestas en Ecuador

Ecuador se encuentra en una situación muy delicada de tensión esta semana desde que el presidente Lenin Moreno anunció nuevas medidas económicas que buscan un ajuste económico drástico. Sin embargo, estas medidas afectan a los sectores más vulnerables de la economía al establecer, entre ellas, la reducción de los salarios de los contratos temporales en el sector público, la liberalización del precio de gasolina y la eliminación de los subsidios al combustible. Mientras que se está intentando liberar aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales se gastan en las medidas sobre combustible, el impacto negativo en la economía de estos sectores de la población ha causado que se manifiesten, liderados por las comunidades indígenas, toda la semana en una serie de conflictos violentos entre los protestantes y las fuerzas de seguridad, resultando en heridos y fallecidos. La creciente tensión llego a un pico con la decisión de Moreno de trasladar sus funciones a Guayaquil, en vez de Quito. Por la gran incertidumbre y respuesta negativa que obtuvo, declaró que se quedaría en Quito. Dada la paralización de Quito y el persistente conflicto violento, se aplico un toque de queda y se llego a militarizar la ciudad. Asimismo, algunos medios de comunicación han declarado que su transmisión ha sido interrumpida.

Luego de numerosos días de conflicto, el grupo protestante ha establecido que esta abierto a negociar y dialogar abiertamente con el presidente sobre el decreto 883 que impone las medidas de ajuste económico para llegar a una revisión o derogación de este. Según las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal que parece van a funcionar como mediadores, este domingo se dará la primera reunión entre las partes.

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2. Se definen las normas aplicables para las elecciones 2020, incluyendo el derecho a voto de los peruanos en el extranjero

El jueves 9 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto de Urgencia, amparado por el artículo 135 de la Constitución, atribuyéndole total facultad al Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales de emitir los reglamentos, normas o disposiciones necesarias para el desarrollo y ajuste de las elecciones del 26 de enero del 2020. Estas normas deben ser las urgentes y necesarias para garantizar un funcionamiento correcto y democrático de las elecciones convocadas dado el contexto excepcional actual.

Tras una reunión entre la JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se estableció la normativa que se aplicará en las siguientes elecciones. La controversia no era solo sobre los reducidos plazos que se tenían que delimitar, sino sobre la omisión parcial del artículo 21 en la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones en la Ley 30996 por el previo Congreso, error que excluía, por omisión, el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Sin embargo, tras esta reunión se aclaró que dado el principio de intangibilidad de las normas electorales según el artículo 4 de la LOE, no son aplicables las normas electorales que se emiten en el periodo de un año previo a las elecciones. Ergo, dicha disposición problemática sobre los extranjeros no seria materia de controversia en las elecciones de enero 2020.

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3. Juez estadounidense ordena la libertad bajo fianza de Alejandro Toledo, salvo que se le cambie régimen carcelario hasta el 22 de octubre

Desde el 16 de julio, el expresidente Alejandro Toledo se encuentra detenido en Santa Rita, California para ser procesado. Sin embargo, la controversia surge dado que hubo una solicitud de protección especial hecha por Toledo por su condición de ex jefe de Estado desde el 2001 al 2006. La protección especial se debería haber aplicado por el centro de Santa Rita, pero esta no tiene un régimen de dicha naturaleza salvo aislamiento. Por ello, el expresidente ha estado en aislamiento por este periodo, no cumpliendo con el régimen mandado. Ante ello, el juez estadounidense Vince Chhabria, el pasado 9 de octubre, dicto que hay un plazo hasta el 22 de octubre para que se ejerza el régimen mandado de protección especial y que, de lo contrario, tendrá que ser liberado bajo fianza. El cambio de régimen penitenciario ha de ser previo a dicha fecha y será evaluado, tras oír nuevamente a las partes, si es que se cumplen con los requisitos carcelarios adecuados del presente caso o si es que el expresidente será efectivamente liberado.

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4. Pedro Olaechea presenta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y la PCM responde presentado una demanda de usurpación de funciones contra Pedro Olaechea

Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Mediante dicha medida, se pretende anular la disolución del Congreso y, por consiguiente, dejar sin efecto las elecciones del 26 de enero del 2020. Se deberá establecer si es que era procedente el actuar por el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Salvador Heresi, en cuanto a las cuestiones de confianza presentadas sobre los proyectos de reforma política y la modificación del mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional del 4 de junio y 30 de septiembre. A raíz de las declaraciones, parece apuntarse que el Poder Ejecutivo carece de la competencia sobre temas atribuidos constitucional y exclusivamente al Congreso, como las previamente mencionadas. Este actuar, según la demanda, menoscaba las atribuciones de cada órgano y atenta contra la separación de poderes.

Sin embargo, la demanda presentada generó una respuesta por el Poder Ejecutivo dado que Pedro Olaechea firmo la demanda como presidente del Congreso, refiriéndose al cargo que ejercía en el Congreso ya disuelto por el presidente Vizcarra. Ante la firma de Olaechea, el sábado, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Cosavalente, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en el que presenta una denuncia contra Pedro Olaechea por el presunto delito de usurpación de funciones, expresando que el ahora es el presidente de la comisión Permanente, mas no Presidente del Congreso ya que este fue previamente disuelto. Este delito, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, implica una represión mediante pena privativa de libertad no menos de cuatro ni mayor a siete años, así como la inhabilitación de uno a dos años.

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