Por Guillermo Arribas, abogado y profesor por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en Derecho por Yale Law School, y asociado de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Hace poco más de 50 años, una madrugada del 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado irrumpía en palacio de gobierno para expulsar de la presidencia del Perú a un Fernando Belaunde Terry (en pijama). Con el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas vino la reforma agraria, y con ella probablemente el evento más importante de la historia moderna de nuestro país.

Este año se estrenó un documental sobre el golpe militar y la reforma agraria titulado “La Revolución y la Tierra”. Desde el punto de vista cinematográfico, es un gran trabajo. Cuentan la historia del Perú desde películas y documentales de la época. Lo vi en el Cine Planet del Ovalo Gutierrez, cuando terminó la gente aplaudió de pie.

La obra justifica las expropiaciones de la reforma agraria mostrando las desigualdades que se vivían en 1969. Es este punto el que quiero desarrollar. En contrario a lo que sugiere el documental, por regla general considero que no es una buena idea tener un Estado decidiendo a quien da y a quien quita la tierra (o cualquier otro recurso).

Hace unas semanas estuve en Cañete, fui en busca del Castillo Unanue. La historia de este lugar es más que interesante. Ubicado en medio de San Vicente de Cañete, fue construido por José Unanue de la Cuba, hijo de Don Hipólito Unanue y Pavón, el famoso prócer de la independencia, médico y fundador de la escuela de San Fernando de la Universidad de San Marcos. Hipólito Unanue había recibido la hacienda en herencia de un expupiló, Agustín Landaburo y Belzunce, tomando posesión en 1801.

La construcción tiene influencias neogóticas, inspiradas principalmente en castillos visitados por José Unanue de la Cuba en Inglaterra y Alemania. Iniciado a mediados de 1800s, se levanta sobre una huaca prehispánica. La construcción incluye tapices franceses en las paredes, muebles importados de Inglaterra y mármol italiano, entre otros. En 1971 el castillo, como el resto de la hacienda Unanue, es expropiada por el gobierno militar de sus entonces propietarios: el matrimonio de Juan Antonio Rivero Tremouille y Margarita Larraburre y Correa.

Hoy la hacienda es de propiedad de la Agrícola Cerro Blanco S.A, sociedad constituida en 1998 por los partícipes de la Cooperativa Cerro Blanco, la cual recibió en 1971 la propiedad de la hacienda Unanue del Gobierno militar. ¿Qué queda del Castillo? Polvo y muchos recuerdos.

En mi visita una señora me recibió en la entrada, “son 5 soles joven, para la cooperativa”. Luego de pagar y ser advertido que las columnas del frontis del castillo podían ceder, me ofreció una visita guiada. Apareció de pronto un niño de 12 años que, me decía, quería ser boxeador. El me repitió que tuviéramos cuidado con el frontis del castillo y enrumbamos el tour.

En efecto, la terraza central del segundo piso mostraba una inclinación en sus columnas. Más allá de la pintura corrida en la construcción, se veía la pared de adobe por partes, y el piso raído donde antes había un recubrimiento de mármol. Subiendo las escaleras nos encontrábamos con lo que quedaba de un reloj inglés de pie, y en uno de los cuartos un cementerio de muebles destruidos. Las paredes mostraban retazos del tapiz francés, raído en el tiempo. “La gente se ha robado todo, no cuidan” nos dijo nuestro guía boxeador, que al finalizar el tour nos extendió la mano y pidió una propina “a su voluntad”.

De salida la señora se despide, contándonos que sería ideal que el Ministerio de Cultura se hiciera cargo de la construcción. “No alcanza la plata joven”, me dice, antes de voltear al siguiente visitante para cobrar los 5 soles.

Como el Castillo Unanue tenemos muchos ejemplos en el Perú. Más allá de lo que diga el documental, mi paisano Velasco se equivocó en la receta. Las cooperativas no funcionaron, y lo que antes fueron tierras productivas (en Piura hay muchos ejemplos, como es el caso de las antiguas algodoneras en Mallares) es hoy desierto.

¿Por qué?, ¿Por qué luego de esta distribución vertical de derechos de propiedad al pueblo mi guía del Castillo Unanue es un niño de 11 años?

Las estructuras de propiedad colectiva impuestas desde arriba tienden al fracaso. Todos los “propietarios” quieren beneficiarse del bien pero, al haberlo recibido de un momento a otro, sin ningún acuerdo previo, existe una inclinación a la sobre explotación. Cada nuevo titular busca su beneficio individual, llevando a la decadencia al recurso.

Aplicando esta reflexión al Castillo Unanue, lo primero que ocurrió luego de la expropiación no fue una reorganización de los trabajadores de la cooperativa para vivir en armonía. De acuerdo a los testimonios recogidos, las personas depredaron lo que encontraron para beneficiar sus hogares individuales. ¿Balance? Al 2019 el castillo está al filo del colapso.

No se puede perder de vista que la distribución directa de derechos de propiedad por parte del Estado ha resultado, la mayor de las veces, un desastre. Casos como la Unión Soviética, Venezuela y Cuba, muestran que el principal resultado es un empobrecimiento generalizado, y un empoderamiento del gobernante.

La propiedad es una fuente de protección contra el Estado. Si el Estado decide cómo se distribuyen los recursos entre sus ciudadanos, en ese instante dejamos de depender de nuestro trabajo para depender del favor del gobernante. Por regla general, el Estado debe proteger la propiedad de los ciudadanos, no reasignarla como mejor le parezca.

Hoy que tenemos tantas discusiones a nivel regional sobre el horizonte económico de nuestros países, es más que nunca relevante pensar en “La Revolución y la Tierra”. Al final del día la pregunta es, ¿en quién prefiero confiar?, ¿en el funcionario estatal o en mi propia decisión? Al Castillo Unanue no le fue muy bien con la decisión del Taita Velasco.

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