Entrevista realizada a César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP.

En la presente entrevista, Valeria Aguado, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, conversó con César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, sobre el rol del Congreso electo en el contexto del Estado de Emergencia a causa del COVID-19; su función básica y algunos comentarios en torno a sus principales proyectos.

1.- ¿Cuál es la principal diferencia entre rol del Congreso durante un Estado de Emergencia y el rol que desempeña en un estado de normalidad constitucional?

Nuestro modelo constitucional es el de un régimen presidencial atenuado, lo cual significa que se establece sobre la base de un principio de separación de poderes, pero también sobre el control y el balance de los mismos. A efectos de poder garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos e instituciones de normalidad (pese a las situaciones de anormalidad, que como el caso de la pandemia del COVID-19), el Estado, en el marco del artículo 137°, que regula los Estados de Excepción, para suspender derechos ciudadanos, debe dar cuenta al Congreso. Al respecto, el Congreso tiene la función de llevar a cabo una de sus tareas fundamentales: fiscalizar; es decir, se habilita que el Congreso, en esta tarea de control parlamentario, pueda examinar los criterios de conformidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad, entre otros.

Sin embargo, el Congreso no viene ejerciendo esa atribución que la Constitución le confiere, debido a que, durante el gobierno de Fujimori, la mayoría parlamentaria aprobó el reglamento parlamentario que todavía sigue rigiendo, recortando la atribución del Congreso de controlar los Estados de Emergencia que eran militares (era un gobierno autoritario sostenido por las bayonetas que eran las Fuerzas Armadas, de modo tal de que, esa es la situación de un Estado de Emergencia donde el Parlamento debe solucionar de manera específica y no lo viene haciendo).

En segundo lugar, en un Estado de Emergencia, no se rompe el principio de separación de poderes, pues está el Poder Judicial, el Poder Legislativo y demás organismos; sin embargo, dada las disposiciones de inmovilidad social derivadas del Estado de Emergencia, claramente hay excepciones para la producción y la cadena de servicios necesarios para que funcione mínimamente el Estado en la lucha contra la pandemia. Así, cada institución que no tenga que ver con la labor productiva, privada o pública, no está impedida de seguir haciendo funciones de legislación, de representación y de control como decía ODE en el ámbito judicial o de tutela judicial efectiva a los ciudadanos.

Sin embargo, la reacción inicial de este Congreso (electo el 26 de enero del 2020) no ha tenido claridad sobre cómo iniciar su tarea de legislación, control y representación. De modo tal que, cuando se declara el Estado de Emergencia el 15 de marzo, el 16 recién se estaban instalando y sin protocolos de seguridad (lo cual generó que hasta 10 congresistas se contagiaran del COVID-19). Posteriormente, han tratado de hacer una implementación de un Parlamento virtual, lo cual no se pudo concretar debido al formalismo tradicional con que está dirigido ese Parlamento (el reglamento del Congreso no permite tener reuniones virtuales). Así, han pasado 2 meses de transición para que recién el Congreso pudiera ir instalando algunas comisiones, algunas funciones y aprobando algunas leyes de manera totalmente desacertadas. Por ejemplo, la primera ley que aprueba este parlamento de protección policial, para que los policías, en su tarea de resguardo, no pudieran ser procesados por los jueces con virtud de racionalidad o proporcionalidad, cuando hicieran uso irrazonable de la fuerza. También, en esa misma línea, en una suerte de competencia populista con las tareas del Ejecutivo, se optó por solventar la seguridad alimentaria de las personas más pobres y trabajadores que han suspendido su vínculo laboral o aprobando leyes para poder retirar el 25% de los fondos de pensiones, entre otras medidas, que no necesariamente contribuyen a la solución del Estado de Emergencia, en el marco de este Estado de Derecho.

2.- Sabemos que el Congreso ha iniciado funciones hace poco, pero, a raíz de la pandemia, no han podido continuar con dichas funciones. ¿Cree que esto podría generar superposición de poder? Si fuera el caso, ¿cómo se protegería y evitaría que se vulnere las facultades de los poderes del Estado?

El modelo constitucional es un régimen presidencial atenuado que significa que quién dirige la política general del estado es el Ejecutivo con el Presidente, el gabinete y todos los organismos que están bajo él. De modo tal que la labor de un poder de control, como es el Poder Legislativo no está excluido, pero lo que sí debe desarrollar el Parlamento es saber cuál es su posición, cuál es su rol, cuál es su función en relación al Gobierno. Así, su rol no solamente es de oposición, su rol es una propositiva de dar leyes ciertamente, de llevar a cabo tareas de control pero no de obstaculización en esta situación de emergencia. De esa manera, deberán vigilar la labor de los ministros, dando proyectos que son competitivos a las medidas del Ejecutivo. Esto debido a que, en estas situaciones de emergencia, las potestades de regulación en emergencia están previstas en los Decretos de Urgencia económicos y financieros que es lo que está ayudando a solventar a mucha población con bonos o con ayudas o financiamientos, una actividad productiva o el derecho a la alimentación.

En ese sentido, considero que el Congreso debe ir actuando, de manera rápida, sobre una agenda. De ese modo, la agenda que emanó para la disolución del Congreso y la elección de este nuevo Congreso, es la reforma contra la corrupción, la reforma política electoral, para sanear estos males que han estado inoculados en los partidos políticos; esa es la tarea fundamental, la tarea ejecutiva, la tarea de urgencia. La tarea de salvar a la población frente al COVID-19 es materia del Ejecutivo fundamentalmente, frente a la cual debe colaborar el Parlamento. No obstante, su tarea básica es hacer las reformas políticas estructurales y electorales necesarias para devolver al Estado de Derecho las instituciones necesarias para atender estas circunstancias o cualquier otra que se avecine.

3.- Una bancada del Congreso ha sacado un Proyecto de Ley que busca el cambio a la Constitución de 1979. ¿Es eso factible?

Las iniciativas legislativas la tienen los congresistas a través de sus grupos políticos, de modo tal que no hay censura, no hay prohibición de ideas, hay el derecho a la libertad de expresión porque estamos en un Estado de Emergencia que no la limita. En ese sentido, los partidos pueden proponer cambiar la Constitución, porque es un cambio jurídico, mediante un procedimiento constitucionalizado.

Habría que conocer en detalle el proyecto. En Chile, por ejemplo, también se habla de una Asamblea Constituyente, un plebiscito, en el artículo 232° de la Constitución dice que cabe una reforma total de la constitución mediante referéndum. Así, en 2001, se dio precisamente una Ley del Congreso para iniciar esa reforma total con referéndum popular. En esa línea, se estableció una comisión que presidió el ex presidente Paniagua, del cual participé como asesor, de modo tal que se verifique que las iniciativas sean libres y hay que ver sus parámetros, sus objetivos, en tanto se incorporan en el marco que la Constitución permite a través de la reforma constitucional total o parcial. En ese momento, el Congreso se convierte en un poder constituido constituyente; es decir, tiene potestades ordinarias pero también extraordinarias para reformar la Constitución de manera parcial o total, es un tema que no es inconstitucional, en tanto que se respeten los marcos previstos en esta norma suprema.

  1. ¿Considera que debió darse la aprobación de la Ley que formaliza el servicio de taxis colectivos en este contexto de Emergencia Sanitaria?

Yo creo que, en este contexto de Emergencia Sanitaria, y no habiendo un liderazgo claro en el Congreso, sino una alianza con cuotas, pareciera más una búsqueda por ocupar un rol ante la coyuntura. Más que pensar en el país, a mediano y largo plazo, está dando leyes coyunturales como el retiro del 25 % de la AFP, la Ley de Protección Policial y ahora esta ley de los taxis colectivos que la verdad que, dada la trascendencia de la crisis y el rol del parlamento, pareciera una norma un poco intrascendente para resolver el problema y cumplir su rol. 

En todo caso, creo que su agenda parlamentaria no está estructurada de acuerdo a los mandatos que la Constitución establece y la necesidad que los parlamentarios deben recoger sobre cuál ha sido la demanda de los ciudadanos por la cual ellos han sido electos. La gente ha estado en un 90% de acuerdo que se cierre ese Parlamento corrupto y, en ese sentido, ellos han sido elegidos en rechazo a ese parlamento que precisamente corrompió a la justicia y a la misma política.

Entonces, por ejemplo, la agenda debe ir encaminada a eliminar la inmunidad parlamentaria, reforzar los mecanismos legales pendientes que hay en el financiamiento de los partidos políticos, que no entre dinero sucio, que se produzca en los partidos una democracia interna para elegir a los candidatos o candidatas, sin cúpulas que controlen la reasignación. Es decir, considero que todas las reformas electorales y políticas son los temas de una agenda que corresponde a un Parlamento que quiera trascender al año y medio que le va tocar estar y a la coyuntura, que si bien la coyuntura es muy trascendente, la ciudadanía espera que el Parlamento resuelva la crisis de los últimos años.

Fuente de imagen: Enfoque Derecho

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