Por Jenny Caldas, socia del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

Con fecha 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1500 (DL N°1500), que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID-19.

El DL N°1500 tiene por objeto establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales. El artículo 2º establece el ámbito de aplicación de la norma:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación

El presente Decreto Legislativo se aplica a las entidades públicas del Gobierno Nacional, titulares de proyectos de inversión pública, privada y público privada en infraestructura pública y servicios públicos (…)”. (el énfasis es nuestro).

Conforme al artículo 2º citado, el DL N°1500 se aplica, entre otros, a los inversionistas privados que tienen proyectos de inversión en infraestructura pública y de servicios públicos, dejando, aparentemente, fuera de sus disposiciones a los inversionistas que tienen proyectos distintos a los antes mencionados y que también requieren de medidas especiales en el ámbito ambiental para reactivar y optimizar sus proyectos.

Considerando lo anterior, a continuación, planteamos algunos aspectos regulados en el DL N°1500 que deben ser aplicados a todos los inversionistas privados sin distinción, pero que, por la confusa redacción de la norma, parecen haber quedado restringidos solo a los titulares de proyectos de inversión en infraestructura pública y de servicios públicos:

    • Sobre la ampliación del plazo de las certificaciones ambientales[1], no cabe duda que durante el período del Estado de Emergencia Nacional (EEN) y, aun con posterioridad a su levantamiento, muchas empresas que tenían planeado iniciar la construcción de proyectos (nuevos, modificaciones o ampliaciones) no podrán hacerlo debido a múltiples factores derivados del EEN. Como consecuencia, podrían perder la vigencia de sus certificaciones ambientales para tales proyectos. Para que eso no ocurra resulta de vital importancia que esta vigencia sea ampliada a efectos que los proyectos puedan ser ejecutados más adelante.

Por otra parte, la norma regula la ampliación del plazo de las certificaciones ambientales que venzan hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que consideramos es insuficiente. Dicha ampliación debería alcanzar, por lo menos, a las certificaciones que venzan incluso en julio del 2021, tomando en cuenta que la puesta en marcha de las actividades previas a un proyecto- tales como permisos, autorizaciones, obtención de créditos, entre otras acciones- suponen un largo proceso que se ha visto truncado.

    • Sobre los mecanismos de participación ciudadana, la utilización de medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación para llevar a cabo talleres u otros mecanismos de participación serán indispensables durante el período que dure la restricción para llevar a cabo movilizaciones y reuniones y; por lo tanto, es una medida que debe ser aplicable a todos los inversionistas privados, y no solo a aquellos que, conforme al artículo 2º del DL N°1500, sean titulares de proyectos de inversión pública, privada y público privada en infraestructura pública y servicios públicos. Ello considerando, además, que el derecho resguardado a través de mecanismos de participación ciudadana no se circunscribe a proyectos de infraestructura y servicios públicos, y que es sumamente importante que la población se mantenga informada respecto a los proyectos que, en general, se desarrollan en sus circunscripciones.
    • Respecto a la modificación de componentes, el titular de un proyecto de inversión que requiera implementar o modificar componentes (campamentos, comedores, oficinas administrativas, almacenes de insumos y alimentos, etc.) a consecuencia del EEN y las nuevas normas sanitarias puede hacerlo mediante una comunicación previa a la autoridad ambiental competente, sustentando la necesidad y comunicando las medidas de manejo ambiental y cierre o abandono de dichos componentes, sin perjuicio de incluirlo en el instrumento de gestión ambiental, cuando corresponda. Acá vemos nuevamente que, al hablar del titular del proyecto, se puede entender al amparo del artículo 2 que se trata solo de proyectos en infraestructura pública y de servicios públicos, cuando ello debería abarcar a todos los inversionistas de proyectos privados. Sin embargo los inversionistas, aparentemente excluidos del DL N°1500, pueden recurrir a las disposiciones de sus propios reglamentos ambientales sectoriales y a la Primera Disposición Complementaria Final del DS N°019-2009-MINAM, que regula la construcción de infraestructuras durante situaciones de catástrofe nacional.[2]

Por otra parte, el DL N°1500 contiene algunas otras disposiciones, no menos importantes, que también deberían aplicarse a todos los inversionistas y no solo a los que tienen proyectos de inversión en infraestructura pública y de servicios públicos.

    • Así, por ejemplo, mediante el artículo 7º se exonera a los administrados[3] de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental, los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo, así como de la realización de actividades necesarias para dicho fin; con ciertas excepciones vinculadas principalmente a situaciones de emergencia ambiental. Esta exoneración cesa cuando se reinicie la actividad[4].
    • En el artículo 8º se le otorga un plazo a OEFA para que regule el procedimiento y las reglas para el fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad del pago de las multas impuestas[5].

Si bien el DL N°1500 tiene disposiciones que son necesarias y muy útiles dada la situación de emergencia en la que nos encontramos, la redacción no ha sido la mejor y se ha generado la necesidad, en aras de la seguridad jurídica, de una aclaración respecto a que los titulares de todas las actividades (hidrocarburos, minería, industria, etc) pueden acogerse a sus disposiciones. Sin perjuicio de lo comentado anteriormente es preciso acotar que las autoridades involucradas en temas ambientales han interpretado que el DL N°1500 es aplicable a todas las actividades económicas sin distinción respecto al tipo de infraestructura o servicio, lo que resulta muy positivo y, de hecho, ya están aceptando a trámite diversas solicitudes derivadas del DL N°1500.

En este escenario sólo nos queda esperar una aclaración respecto al ámbito de aplicación del DL N°1500, a efectos de privilegiar la seguridad jurídica a favor de todos los actores involucrados, así como la posibilidad de lograr la reactivación económica que todos esperamos.


[1] Las certificaciones ambientales actualmente tienen un plazo de vigencia de 5 años, luego de lo cual caducan si es que no se inició la ejecución de las obras.

[2]  Primera.- Las acciones ejecutadas durante y después de un Estado de Emergencia declarado oficialmente por eventos catastróficos, siempre y cuando estén vinculados de manera directa con la mitigación y minimización de los efectos negativos de dicho evento, no requerirán cumplir con el trámite de evaluación ambiental. No obstante, la autoridad a cargo de la aprobación y/o ejecución de las obras será responsable de implementar las medidas de mitigación ambiental necesarias, e informar al MINAM sobre lo actuado.

[3] La norma usa el término “administrados”, que son los destinatarios de la actuación de la Administración Pública, por lo que podría decirse que es de aplicación general.

[4] OEFA ha emitido la Resolución de Consejo Directivo No 00008-2020-OEFA/CD que regula con mayor detalle las acciones de fiscalización y seguimiento que llevará a cabo OEFA durante el período de emergencia sanitaria. Dicha resolución, de acuerdo con sus considerandos, ha sido emitida conforme al DLEG 1500, sin embargo, su ámbito de aplicación abarca a todos los que estén bajo la competencia de OEFA.

[5]OEFA ha emitido la Resolución de Consejo Directivo No 00007-2020-OEFA/CD que aprobó el procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas por el OEFA en el marco de la Emergencia Nacional. Igualmente, esta norma, conforme a su redacción, abarca a todos los que estén bajo la competencia de OEFA.

Fuente de imagen: CTMA Consultores. 

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