Por Sergio J. Chang, asociado de García Sayán Abogados

Ya todos sabemos que las compañías tienen que implementar un sistema de prevención de delitos (sin importar el tamaño y la actividad que realicen), y a estas alturas, con la crisis de COVID encima, no solo es una obligación, sino que puede ser una herramienta importante para el control interno del personal en épocas de teletrabajo y de búsquedas de oportunidad de negocio para mantener la empresa.

Las compañías transnacionales que deciden realizar operaciones en el Perú no son una excepción a la regla, y precisamente su trabajo transfronterizo -generalmente- les exige estar al día en las obligaciones de su rubro y la regulación en materia de prevención de delitos (o compliance) y, por lo tanto, cuentan con un programa de cumplimiento corporativo. Esto, a la hora de entrar al mercado peruano, es una herramienta importante para los asesores externos y el equipo que se encarga de asesorarlos en el inicio de sus actividades en el país; pero también se puede convertir en una limitación, en la homologación de su programa de cumplimiento con la normativa local.

Por ello es importante que los funcionarios y equipos locales de la empresa transnacional, acostumbrados a operar con programas de cumplimiento global, y que probablemente vienen utilizándolos por años (recordemos que los sistemas de compliance vienen desde la década de los setentas en el mundo) exijan que dicho programa se ajuste a la norma local, a fin de protegerlos a ellos y proteger su puesto de trabajo del acto ilícito de algún colaborador.

En el Perú, el marco legal está establecido por la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa (penal) de la persona jurídica. Esta norma y sus complementarias requieren que una compañía (personas jurídicas) tenga un programa de prevención de delitos efectivo, y para ello establece una serie de requisitos que se deben cumplir. Estos requisitos han creado un arquetipo de programa que, eventualmente sirva para aislar la responsabilidad al sujeto que cometió el ilícito, evitando que esta escale a la compañía (afectando a la matriz o al grupo) y a su alta dirección, en el cual no encajan necesariamente los programas globales de cumplimiento que algunas empresas transnacionales manejan.

Dicho lo anterior, es importante que quienes asuman cargos de dirección o representación de las subsidiarias o sucursales locales, consideren también someter a revisión y no suponga que sus programas de cumplimiento son suficientes para protegerlos de algún actuar ilícito de sus colaboradores. Para ello, es importante que se elabore un mapa de trabajo, el cual debe contener los siguientes elementos mínimos:

1. Revisión a fondo de los programas que se quieren aplicar o adecuar al Perú. Es importante siempre recalcar que el diagnóstico es en base a los documentos proporcionados por la compañía y sus funcionarios.

2. Considerar la barrera del idioma. Se debe contemplar que algunos, si no es la mayoría de los documentos puede venir en el idioma de la matriz o en el mejor de los casos en inglés, por lo que se debe tener gente en el equipo que tenga la capacidad de revisar y analizar estos documentos. Así, es necesario que todo el programa de cumplimiento tenga una versión en castellano.

3. Algunos aspectos que se debe revisar son:

    • Si el programa de cumplimiento contiene los elementos requeridos por la legislación peruana: i) un encargado de prevención designado, ii) perfil de riesgos que incluya los riesgos locales, así como las políticas y procedimientos que permitan la prevención de delitos, iii) canal de denuncias, iv) difusión y capacitación periódica a los colaboradores, y v) evaluación y monitoreo continuo.
    • Que todas las políticas, procedimientos y formatos estén en castellano.
    • Que se formalice la aprobación y vigencia para el Perú.
    • Que se mencione específicamente los delitos tipificados en nuestras normas: cohecho, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción entre privados[1].
    • Que las formalizaciones de nombramiento del Encargado de Prevención y la adecuación del programa o sistema de prevención de delitos requeridas sean hechas por el organismo correspondiente de la persona jurídica.

Cuando se termine la evaluación del programa de cumplimiento, y se presente el informe de diagnóstico a la matriz o a la oficina regional, se verá hasta qué punto la alta dirección de la corporación a la que pertenece la compañía está comprometida con la prevención de delitos y malas prácticas, lo cual se materializará al realizar las modificaciones/adecuaciones recomendadas para que el programa de cumplimiento califique como eficiente en nuestro país. Y es en ese momento cuando la tarea de los funcionarios locales debe hacer entender a los funcionarios corporativos la importancia de adecuarse al marco legal local, debiendo considerar las consecuencias que una mala importación de un programa de cumplimento corporativo podrían generar.

Precisamente, el principal riesgo de minimizar la adecuación a la normativa local de un programa de cumplimiento corporativo global o regional, es que dicho programa no resulte suficiente para prevenir actos de corrupción de malos elementos o para eximir de responsabilidad a los altos funcionarios y a la compañía, y ello termine afectando no solo la operación en el Perú, sino afectando la reputación de toda la corporación.

Algunos expertos consideran que debería ser un agravante el hecho que la matriz o corporación tengan un programa de cumplimiento acorde a los altos estándares internacionales e impecable, y que, sin embargo, la subsidiaria o sucursal local aplique dicho programa de manera deficiente y sin realizar su ajuste previo al marco legal peruano.


[1] Tener en cuenta que la normativa extranjera aplicable a la matriz podría exigir que dentro del alcance de los programas de cumplimiento se contemplen más o menos delitos de aquellos que exige la normativa peruana.

Fuente de la imagen: Dribbble 

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