Por Marcela Paliza, egresada por la PUCP y miembro de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo

Diversos organismos internacionales como la ONU[1] y la CIDH[2] se han pronunciado respecto al impacto diferenciado de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres, especialmente en relación al ámbito económico y al riesgo de experimentar mayores índices de violencia. Las recomendaciones que han emitido respecto al primero están ligadas a la adopción de políticas orientadas a mitigar la feminización de la pobreza.

¿Qué entendemos por ‘feminización de la pobreza’? De acuerdo con Sylvia Chant, este concepto hace referencia a “la proporción cada vez mayor de la pobreza que soportan las mujeres”[3]. Su aplicación como una herramienta para analizar e identificar las características de género en el fenómeno de la pobreza es útil para poder construir respuestas que modifiquen los factores determinantes que la ocasionan. Ahora bien, no se debe olvidar que, además del género, se deberá considerar otras características como la etnia, el ámbito rural/urbano, la condición de discapacidad, entre otros.

¿Cuál es la situación económica de las mujeres en nuestro país? El Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando sus gastos, al 2019, son menores a S/352 mensuales y, en caso de pobreza extrema, cuando son inferiores a S/187. Indica, además, que el 51.4% y 52.2% de la población pobre y pobre extrema, respectivamente, era mujer[4]. En ambos grupos, la característica común es la falta de educación primaria y/o secundaria.

De la misma manera, 29.2% de mujeres de 14 años a más no recibe ingresos propios, duplicando en proporción a la cantidad de hombres en la misma situación[5]. En el área rural, donde la pobreza alcanza al 42.1% de la población, el 41.2% de mujeres no percibe ingresos[6]. Sumado a ello, en relación con las que pertenecen a la población económicamente activa, se ha evidenciado que el 75% trabaja en la informalidad y el 52.4% gana menos que una remuneración mínima vital[7]. Ambas realidades se explican por la participación que tiene este grupo de mujeres en actividades consideradas de baja productividad como las de servicio o comercio, especialmente familiar o ambulatorio. A su vez, la diferencia de ingresos se encuentra mejor graficada en la brecha salarial por motivos de género que, al 2019, ascendía a 28.6%[8].

¿Qué determina esta diferencia en el ingreso de las mujeres? Tres factores interconectados que forman parte de la construcción de la sociedad actual: la división sexual del trabajo, el uso del tiempo y la discriminación. La primera hace referencia a la asignación de actividades, responsabilidades, roles y espacios en razón al género. Esta división arbitraria, que sirve de sostén al sistema patriarcal, coloca a las mujeres en el hogar (ámbito privado) y les asigna trabajos reproductivos (dar a luz/cuidar de la familia), cuya manifestación más evidente es lo que hoy conocemos como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TNDR).

El uso del tiempo hace referencia a la cantidad de horas que dedican hombres y mujeres al trabajo productivo (económico/político/público) y no reproductivo. La única encuesta nacional de uso de tiempo que se realizó en nuestro país data del año 2010. En ella, se evidenció que las mujeres trabajan, en total, 9 horas y 15 minutos semanales más que los hombres, principalmente porque desde los 12 años dedican, por lo menos, la mitad de su tiempo al TDNR[9]. Ahora bien, este exceso de tiempo destinado a las labores de cuidado implica que tengan menor disponibilidad de este recurso para otras actividades como el trabajo remunerado, educación, e incluso el ocio.

En el Documento de Trabajo Nº004-2019-ADM/DP, elaborado por la Defensoría del Pueblo, se señaló que:

los costos asociados a la brecha de uso de tiempo se expresan en el aumento de la carga total del trabajo femenino. En este contexto, las mujeres pueden optar por reducir su participación en el mercado de trabajo. Además, respecto de las mujeres dedicadas exclusivamente al TDNR, la falta de ingresos monetarios limita su acceso a mecanismos de protección social (pensiones y salud), lo que genera un riesgo de vulnerabilidad futura. Esto produce, también, en el largo plazo una pérdida del talento o capacidades para el trabajo remunerado[10].

Tanto la división sexual del trabajo y la inequitativa distribución de tiempo son consecuencia, y a su vez causa generadora, de estereotipos discriminatorios que limitan el acceso a las mujeres a educación y empleos. La creencia de que la principal labor de las mujeres es ser madres y cuidar el hogar[11], influye en las expectativas que las familias tienen respecto a ellas, en las valoraciones que hace un empleador antes de contratarlas y en las propias decisiones que ellas toman.

La decisión de acceder a un trabajo parcial informal tiene que ver, entre otras razones, con la flexibilidad de poder adecuar esos horarios a sus actividades de cuidados y las barreras de acceso que encuentran en el mercado laboral formal, en el que ser madre es condicionante. Un factor relevante es que el 60% de la brecha salarial se explica por razones discriminatorias[12], que en gran medida giran en torno al TDNR. Esto también se refleja en la poca valoración económica que se da a los trabajos remunerados de cuidados donde predominan las mujeres como el trabajo del hogar, la asistencia social, la enfermería y la limpieza.

¿Qué hacer durante y tras la pandemia ocasionada por el COVID-19? Una de las consecuencias más graves ha sido en el ámbito económico. El PBI nacional se reducirá hasta en 12% según el Banco Mundial, miles de negocios han cerrado y, en esa línea, se han perdido puestos de empleo. A la incertidumbre en este ámbito se le suma la persistencia de un sistema que excluye a las mujeres en base a razones discriminatorias. En ese sentido, si bien existe una preocupación por el incremento de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, se debe hacer un análisis de género que pueda identificar la mayor situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres.

El reto principal de la reactivación económica es incluir a las mujeres en todos los ámbitos, no sólo para evitar la feminización de la pobreza, sino también para seguir trabajando en el cierre de brechas que impiden su desarrollo integral. Esto implica, entre otros, contar con la participación de mujeres en espacios de decisión, que sean diversas y que puedan traducir sus experiencias en acciones estatales que incorporen el enfoque de género. Y, también, garantizar el acceso a los subsidios personales o empresariales que se brinden.

Asimismo, es necesario que “la nueva convivencia” implique políticas de cuidado. Esto es, en primer lugar, reconocer el aporte económico del TDNR como sostén del sistema actual, que se deberá traducir en el acceso al seguro social y pensionario de mujeres y hombres que asumen esta carga como labor principal. En segundo lugar, fomentar la corresponsabilidad en el hogar, en la comunidad y el mercado. Si entendemos el cuidado como un elemento central del sostenimiento de la vida, entonces las labores ligadas a este, debe asumirse como una tarea de todos y todas. Finalmente, resulta fundamental revalorar los empleos relacionados al cuidado que existen en la actualidad, otorgando mayores derechos y beneficios sociales.


[1] ONU Mujeres. COVID-19 en América Latina y el Caribe: Cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis. Consulta: 18 de junio del 2020  https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/UNW-spanish-briefing-coronavirusv1117032020.pdf.

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020. Consulta:  18 de julio del 2020 del 2020 http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf.

[3] CHANT, Sylvia. Nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género. Santiago de Chile: CEPAL, noviembre de 2003. Consulta 18 de julio https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/UMD47.pdf

[4]Instituto Nacional de Estadística e Informática. Resultados de la pobreza monetaria 2018. Consulta 18 de julio https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/exposicion_pobreza2019.pdf

[5] INEI. Perú: Brechas de género 2019. Avances de la igualdad entre hombres y mujeres. Lima: Instituto nacional de estadística, diciembre 2019, pp. 34

[6][6] Idem

[7] Ibídem, pp. 90

[8] Ibídem, pp.94

[9]Ibídem, pp.37 y 39. Además debemos señalar que si se le otorgaría un valor económico al TDNR que hacen las mujeres, se este equivaldría alrededor de 20% del PBI. Radio programas del Perú. INEI: trabajo doméstico no remunerado representa el 20 % del PBI. Consulta 18 de julio https://rpp.pe/lima/actualidad/inei-trabajo-domestico-no-remunerado-representa-el-20-del-pbi-noticia-973834.

[10] Defensoría del Pueblo. Documento de Trabajo Nº004-2019-ADM/DP “El impacto económico del trabajo no remunerado en la vida de las mujeres”. Lima: Defensoría del Pueblo, 2019, pp.43.

[11] En la última presentación de la ENARES 2019, organizado el 9 de julio del presente año, se señaló que el 52.7% de la población cree que las mujeres primero deben ser madres y esposas y luego cumplir sus sueños.

[12] Defensoría del Pueblo. Documento de Trabajo Nº005-2019-ADM/DP “El impacto económico de la brecha de ingresos en la economía de las mujeres y del estado”. Lima: Defensoría del Pueblo, 2019, pp.57.

Fuente de imagen: EL Correo de Andalucía

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