Un apunte sobre el derecho de reunión para colectivos populares durante estados de emergencia

"La aplicación mecánica y sin evaluación de los estados de emergencia es peligroso, el abismo que genera entre norma y realidad es confuso para quienes tienen que verse de ambos lados"

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Por Renzo Quijano Quispe, egresado de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro extraordinario de GEOSE.

Al amparo del artículo 137° de la Constitución Política y debido a la pandemia mundial por COVID-19, hace más de 100 días el gobierno decretó un estado de emergencia nacional que ordenó la suspensión del ejercicio de una serie de derechos fundamentales tales como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, entre otros.

Si bien hay coincidencia entre el sustento material y la medida adoptada, ciertas particularidades de la realidad social limeña pueden cuestionar la suspensión de al menos uno de los referidos derechos, específicamente del derecho de reunión en grupos sociales con necesidades económicas apremiantes.

¿Cuál es el problema con ellos? La imposibilidad de reunión impide que este grupo de personas puedan satisfacer parcial o totalmente ciertas necesidades básicas urgentes tales como salud, alimentación e incluso educación.

La consecuencia prevista por nuestro ordenamiento ante el desacato de la restricción del derecho a reunión conlleva al uso de la fuerza policial para disuadir al colectivo, naturalmente para el grupo de personas constituye un factor más a evaluar entre otros factores como el hambre y la enfermedad.

Para efectos de caracterizar mejor este derecho y entender la problemática, Carlos Mesías[1] indica que el derecho a reunión es un derecho colectivo que agrupa las siguientes características:

    1. Agrupación concertada de personas en torno a un interés común.
    2. Persecución de un fin lícito.
    3. Transitoriedad y temporalidad.
    4. Derecho instrumental para intercambiar ideas u opiniones, o para la defensa de diversos intereses.

Al respecto, podemos advertir que este derecho es neutral para cualquier tipo de colectivo humano, no sólo contribuye al desarrollo de las relaciones sociales inherentes a éste, toda vez que promueve interacción personal y genera liderazgos, sino que también se constituye como plataforma para articular ideas y esfuerzos.

Ciertamente existen colectivos cuyas reuniones pueden suspenderse dado que no implica una afectación grave a la vida o salud de sus miembros, e incluso existen colectivos con acceso a tecnologías que superan los obstáculos propios de no reunirse; sin embargo ¿Qué sucede con aquellos colectivos que no? ¿Cuál es la salida que pueden adoptar para cumplir objetivos urgentes como garantizar alimentación diaria?

En este punto, el cuestionamiento se refleja en la experiencia del colectivo Unión y Fuerza Lomas de Primavera que reúne a vecinos del Asentamiento Humano Primavera ubicado en las Lomas de Carabayllo.

Este colectivo se constituyó a inicios del estado de emergencia, cuando existía incertidumbre sobre las propuestas sociales a dictaminar por el gobierno para  cubrir los estragos económicos que generaría la pandemia contra la población, especialmente contra aquellos con necesidad económica apremiante.

Llegado el momento de establecer certezas, los vecinos y otras organizaciones aledañas coincidieron en que la ayuda sería insuficiente, razón por la que optaron por organizarse entorno a sus necesidades más elementales: comida y salud.

Compañeras del colectivo Unión y Fuerza Lomas Primavera preparando una olla común

No obstante, al momento de iniciar sus actividades, el estado de emergencia se mostraba como uno de los tantos impedimentos que ahora debían afrontar, aunado al miedo del contagio de COVID-19 y la incertidumbre sobre el apoyo.

Como era de esperarse, la realidad se impuso a la norma, sobrepasándola con creces y marcando su propia pauta de desarrollo, lo cual implicó establecer sus propios protocolos de salud, sus propios criterios de distribución y apoyo, entre otros.

Ciertamente las autoridades también optaron por el camino dispuesto por el colectivo, coordinando con ellos la distribución de canastas, la entrega de víveres, en otras palabras, aplicando en los hechos una política social de alguna forma eficiente.

De este modo, es válido preguntar ¿Cuál es el fin de restringir indiscriminadamente el derecho a reunión? ¿Tiene algún sentido en una realidad profundamente desigual como la limeña?

El Tribunal Constitucional conecta el derecho de reunión con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el de huelga, libertad religiosa, entre otros; conforme se advierte del Expediente N° 06204-2006-PHC:

«(…) buenos ejemplos del ejercicio del derecho de reunión son el encuentro de los miembros sindicalizados para protestar por un hacer o no hacer de su empleador o empleadores, las marchas de los colectivos a quienes une el sentimiento de repudio frente a una medida adoptada por un poder público, las procesiones organizadas por los miembros de un determinado credo, los mítines coordinados de agrupaciones políticas, etc.»

Dicho de otro modo, la reunión constituiría una suerte de derecho puente con el que otros derechos fundamentales pueden ser ejercidos, e incluso adquiere un valor por sí mismo cuando el fin de la reunión constituye la solución necesaria y urgente para satisfacer necesidades básica.

Compañera de Unión y Fuerza Lomas Primavera mostrando los distintivos de su colectivo

La aplicación mecánica y sin evaluación de los estados de emergencia es peligroso, el abismo que genera entre norma y realidad es confuso para quienes tienen que verse de ambos lados; por un lado la población que necesita organizarse para superar sus necesidades, y de otro las autoridades que reciben un mandato absurdo de represión.

Esta peligrosidad se expresa como una clara afectación al principio de igualdad y no discriminación, el cual constituye un mandato dirigido a tratar por igual a los casos iguales y, de haber causa objetiva, tratar de forma especial a los casos especiales[2].

En este caso concreto, nos encontramos ante una población que claramente no necesitaba de restricciones en cuanto al derecho a reunión, sino de mayor participación del Estado en sus reuniones, articular mediante estas el apoyo.

Las necesidades apremiantes no podían conducirse por un mejor camino que la propia solidaridad de los vecinos, ninguna canasta ninguna donación hubiese sido suficiente sin la postergación del sentido de individuo por un sentido de colectivo.

Habría que recorrer Lima de inicio a fin para poder entender la real magnitud de abismo generado por las medidas legales adoptadas por el gobierno, las secuelas que ha originado en las organizaciones sociales, y las lecciones que podrían recogerse para otros futuros distópicos.


[1] MESÍAS RAMÍREZ, Carlos. Los derechos fundamentales, dogmática y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Gaceta Jurídica S.A., año 2018, pp. 255-257.

[2] NEVES MUJICA, Javier. Introducción al derecho laboral. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad de la Católica, segunda edición, año 2007. P. 109.

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