Por EnfoqueDerecho.com

La semana pasada, se dio a conocer que Perú ostenta un nuevo récord mundial. Lamentablemente, este reconocimiento no es ninguna razón para enorgullecerse. Y es que el 26 de agosto, luego de que las autoridades belgas rectificaran su cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus, Perú se convirtió en el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo[1]. Conforme a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población nacional rodea los 32.6 millones de habitantes, de los cuales se ha registrado la muerte de 28,000 personas por COVID-19; es decir, la tasa de mortalidad en nuestro país es de 85.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Frente a estas cifras alarmantes, en un contexto en que distintos países se encuentran en la incesante búsqueda de una vacuna que sea efectiva contra el COVID-19, surge la necesidad de plantearnos las siguientes preguntas: ¿el Estado podría declarar obligatoria la vacunación contra el COVID-19? ¿Esta medida vulneraría algún derecho constitucional? ¿Alguien podría negarse a su aplicación? A continuación, en el presente editorial, responderemos estas dudas.

En primer lugar, debemos partir de la definición del concepto vacuna para poder comprender su importancia en la inmunización de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos[2]. De esa manera, puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. En ese sentido, cuando se administra una vacuna, de manera más frecuente a través de inyecciones, esta “engaña” al organismo y concretamente al sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse[3]. Así, podemos afirmar que la vacunación es el método más eficiente para prevenir enfermedades, por su alto grado de eficacia, bajo coste y simplicidad de aplicación.

Ahora bien, para que una vacuna pueda ser considerada apta para ser aplicada a la población, los estudios de investigación deben seguir y superar las fases que a continuación desarrollaremos brevemente.

En primer lugar, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)[4], existe la fase preclínica, en la cual se realizan ciertos resultados experimentales en animales para verificar la eficacia de la vacuna y su capacidad para provocar una respuesta inmunológica. En segundo lugar, se procede con la Fase I, la cual puede incluir estudios de dosis y vías de administración en un pequeño número de humanos. En tercer lugar, una vez que la vacuna ha sido considerada segura en la Fase I, en la Fase II se realizan ensayos acerca de la seguridad, capacidad inmunógena, dosis propuestas y método de administración de la vacuna. Posteriormente, la Fase III tiene como objetivo evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna experimental en un número mayor de voluntarios, por lo general es es el paso anterior a la aprobación de una vacuna. Por último, en la Fase IV se llevan a cabo los estudios posteriores sobre la efectividad de la vacuna, una vez que esta ha sido aprobada en uno o varios países.

Asimismo, según la OMS[5], la vacuna disponible debe ser segura, eficaz y efectiva. Por un lado, la seguridad de la vacuna hace referencia a los ensayos analíticos acerca de las reacciones adversas que puede ocasionar la administración de la vacuna. Para que una vacuna sea considerada segura, se deben corroborar los riesgos y beneficios de la misma. Por otra parte, su eficacia se refiere a la verificación de que los datos obtenidos en los estudios controlados, al momento de la vacunación, logren prevenir la enfermedad en las poblaciones objetivo. Por último, la efectividad de la vacuna se manifiesta en la implementación programática de la vacuna; es decir, busca monitorear el efecto real y general de la vacuna.

En la actualidad, con respecto a la vacuna contra el COVID-19, en el Perú, existen algunos laboratorios que ya cuentan con la aprobación del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación de los Ensayos Clínicos, para poder realizar ensayos clínicos de la mencionada vacuna. Así, por ejemplo, la compañía farmacéutica china Sinopharm y la empresa estadounidense Johnson & Johnson cuentan con la autorización para realizar pruebas en Fase III; mientras tanto, el laboratorio alemán CureVac, en Fase II[6].

A continuación, realizaremos un análisis de los derechos fundamentales involucrados en la posible implementación de una vacuna obligatoria contra el COVID-19 en nuestro país.

La fundamentación principal de esta medida es la protección de la salud pública. Este es un derecho reconocido en los artículos 7° y 9° de nuestra Carta Magna. Este derecho exige que el Estado no solo garantice una protección individual de la salud, sino también de la comunidad en general, a través de políticas nacionales de salud y otras medidas necesarias. En este sentido, lo que se busca garantizar es el “derecho a conservar un estado de bienestar físico y mental, de modo tal que la persona pueda realizar las actividades de su vida cotidiana sin dificultad y con autonomía” (Landa, 2017, p. 161).

Asimismo, dentro de la Ley General de Salud podemos encontrar un mayor desarrollo de la protección de este derecho, ya que esta norma declara a la salud pública como una responsabilidad primaria del Estado.[7] Sin embargo, a pesar de la gran importancia que toma la salud pública en un contexto de pandemia o crisis sanitaria como la que estamos viviendo actualmente, con la regulación de una vacuna obligatoria también se afectarían derechos fundamentales. Enfoque Derecho se comunicó con Francisco Eguiguren, especialista en Derecho Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien manifestó lo siguiente:

“Por regla general tenemos que entender que el someter a una persona a una vacuna o a un tratamiento médico involucra derechos que la propia persona tiene que consentir, como la libertad y la integridad personal. Nótese que la integridad personal es un derecho que no se suspende durante el Estado de Emergencia. Asimismo, la Ley General de Salud, que contempla supuestos de intervención a ciertos derechos en la emergencia sanitaria, tampoco menciona directamente la integridad personal. Por otro lado, la libertad personal sí se puede ver afectada durante un Estado de Emergencia, pero normalmente entendemos que es la libertad personal en su ámbito de una detención o privación de la libertad».

Del mismo modo también puede darse una vulneración de los derechos a la libertad de conciencia y religión, contemplados en el artículo 2°, inciso 3° de la Constitución. Por un lado, el derecho a la libertad de conciencia es el “derecho de toda persona de formarse libremente la propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo”[8]. Por otro lado, la libertad religiosa como “el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión”[9]. En este sentido, la vacuna obligatoria afectaría la libertad de personas que consideren que el uso de dicha vacuna va en contra de su ideología o religión. Esto se manifiesta principalmente en las agrupaciones antivacunas.

Por lo tanto, podemos apreciar que una medida como la vacunación obligatoria va a contraponer la salud pública contra el derecho a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión. Por este motivo, resulta necesario realizar un test de proporcionalidad para garantizar la constitucionalidad de esta posible medida.

En primer lugar, debemos identificar si es que la limitación a los derechos de integridad física, libertad de conciencia y religión se encuentra amparada por una norma constitucional. En el presente caso, debemos tener en cuenta que estamos tratando un posible mecanismo de protección de la salud pública que el Gobierno podría adoptar cuando se tenga acceso a una vacuna contra el COVID-19, por lo que aún no hay una norma que toque expresamente el tema. No obstante, la Ley general de salud sí autoriza a que se pueda establecer una vacunación obligatoria como medida de seguridad ante situaciones de emergencia. Por lo cual, la finalidad de la medida sí sería legítima.

En segundo lugar, se debe realizar un examen de idoneidad. En este paso del test lo que se busca determinar es si es que la medida en cuestión es la más idónea para lograr el fin que se desea garantizar. En este caso, podemos afirmar que “la vacunación, por su contrastado alto grado de eficacia, bajo coste y simplicidad de aplicación, ha sido y es, sin duda, uno de los medios más adecuados para prevenir enfermedades y mejorar el nivel de la salud colectiva” (Beltrán, 2012, p.10). En este sentido, una vacuna contra el COVID-19 que sea efectiva y haya cumplido con los protocolos necesarios sí sería idónea.

En tercer lugar, debemos realizar un examen de necesidad. En este punto lo que se busca es verificar si existe otra alternativa menos lesiva que la vacunación obligatoria. Al respecto, el profesor Eguiguren manifestó en una entrevista que sostuvo con Enfoque Derecho que, para analizar esta medida, es importante tener en cuenta que estamos ante una enfermedad contagiosa. En este sentido, si bien se puede pensar que la vacunación obligatoria es una medida radical, otras medidas menos restringidas pueden no ser satisfactorias para el alto grado de contagio de esta enfermedad. En cambio, con la vacunación obligatoria se garantiza la inmunización de la población, por lo que se corta definitivamente la propagación de la enfermedad. Por ello, consideramos que la medida sí resulta necesaria.

Por último, se debe realizar un examen de proporcionalidad en el sentido estricto. En este punto debemos determinar si los beneficios a la salud pública son mayores que la afectación de los derechos de integridad física y libertad de conciencia y religión. En este punto coincidimos con los comentarios del profesor Eguiguren cuando menciona lo siguiente:

“En el caso de una persona que padece de una enfermedad contagiosa, o en una epidemia, estamos hablando de enfermedades contagiosas donde no solo se protege la salud individual, sino que puede ser un factor de riesgo para la colectividad”.

Efectivamente, en una situación como la actual debe primar la salud pública, esto debido a que el nivel de contagio es demasiado alto y solo con la vacunación obligatoria se garantiza la salud de la población en general. Por ello, consideramos que la protección que se logra al derecho a la salud de la población es mucho mayor que la lesión que se hace a la integridad y libertad de conciencia y religiosa de las personas. Por lo tanto, la medida también sería proporcional.

En consecuencia, al haber aprobado el test de proporcionalidad, se puede verificar que la posible regulación de una vacunación obligatoria se justifica al garantizar la protección de la salud pública.

A pesar de lo mencionado anteriormente, existe un sector de la población que se rehúsa a recibir la administración de cualquier tipo de vacuna, incluyendo aquella contra el COVID-19. Así, por ejemplo, en Chile, un estudio realizado en 2019 demuestra que existe una tendencia de los padres a rechazar la vacunación de sus hijos en un régimen jurídico que establece la obligatoriedad de determinadas vacunas[10]. Algunas de las razones que fundamentan la negativa de los padres se relacionan con la poca información entregada por parte de profesionales de la salud y el desconocimiento de estos sobre sus riesgos y beneficios. Pese a que los movimientos antivacunas son minoritarios en nuestro país, cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer el estado peruano frente a la negativa de ciertos grupos sociales?

Al respecto, Francisco Eguiguren realizó los siguientes comentarios:

“Algunas personas pueden tener temor por la premura con que se han tratado estas investigaciones. Incluso pueden alegar que no se sabe bien o no se ha estudiado cuáles son los efectos colaterales actualmente. Puede que la vacuna nos proteja de la enfermedad, pero a la vez causarnos otras consecuencias. Yo diría que hay que pensar en la fórmula A y en la fórmula B.

Asimismo, creo que la gran mayoría, ante esta situación, va a preferir la vacuna. Pero claro, van a preferir vacunas que han pasado procesos de verificación de entidades científicas médicas de prestigio. Para quien no quiera, tratándose de enfermedades biológicas y transmisibles, yo creo que podrían imponerse algunas limitaciones como puede ser limitar el libre tránsito de esta persona para no exponer a terceros. Esta medida debería establecerse, por lo menos, mientras no exista un nivel suficiente de control, ya sea de la enfermedad o de las personas vacunadas. Mientras no se avance en la campaña de inmunización de la vacuna, esta persona que no quiera vacunarse podría estar válidamente sometida a restricciones de su libre tránsito para proteger la salud de los demás.”

En conclusión, en un contexto en que las cifras de fallecidos por COVID-19 se incrementa con el paso de las horas, es importante reconocer la relevancia de la vacunación, como instrumento para prevenir enfermedades. En ese sentido, tras haber realizado un test de proporcionalidad acerca de los derechos involucrados en la posibilidad de una vacunación obligatoria, consideramos que sí resulta posible y justificable la implementación de dicha medida, en aras de promover y garantizar la protección de la salud pública.

Bibliografía:

BELTRÁN, Juan Luis

2012    “Vacunas obligatorias y recomendadas: régimen legal y derechos afectados”. Derecho y Salud. Valencia, volumen 22, número 1, pp. 9-30. Consulta: 28 de agosto de 2020.

http://www.ajs.es/sites/default/files/2020-06/vol22n1_01_Estudio.pdf

LANDA, César

2017    “Tema 22. Derecho a la Salud”. Los derechos fundamentales. Lima: Fondo editorial de la PUCP, pp.160-165.


[1] https://gestion.pe/peru/peru-pasa-a-ser-el-pais-con-la-mayor-mortalidad-del-mundo-por-la-covid-19-noticia/?ref=gesr

[2] https://www.who.int/topics/vaccines/es/

[3] https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/importancia-vacunas/index.html

[4] https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-fases-desarrollo-vacuna

[5] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136849/9789243506890_spa.pdf?sequence=1

[6] https://elcomercio.pe/lima/sucesos/vacuna-covid-19-autorizan-al-laboratorio-aleman-curevac-a-realizar-ensayos-clinicos-de-fase-2-en-peru-covid-19-coronavirus-peru-nndc-noticia/

[7] Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud

[8] STC Nº 00895-2001-AA/TC

[9] Ibidem.

[10] https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/1002/0

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here