Por Beatriz Franciskovic Ingunza, profesora de la Universidad Científica del Sur.

Desde el 9 de enero del año 2016 entró en vigencia la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal. Esta ley modificó el artículo 36 del Código Penal estableciendo como una nueva causal de inhabilitación la incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales, así como incorporó el apartado A al artículo 206 del Código Penal estableciendo como delito el abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

Al margen de comentar el contenido de la presente sentencia [1] y de la importancia de la prueba en estos delitos, de manera general, se precisará algunas observaciones del presente tipo penal: i) el delito se encuentra tipificado dentro del título V denominado delitos contra el patrimonio específicamente dentro del capítulo IX daños, sin duda, a pesar que la Ley 30407 señale que los animales vertebrados domésticos y silvestres son seres sensibles, siguen siendo considerados como bienes muebles; ii) Por otro lado, el delito se aplica para todos los animales vertebrados domésticos (vaca, gallina, pavo, pollo, etc.)  y silvestres, es decir, como ciudadanos comprometidos con el país, deberíamos denunciar a todas las avícolas o camales de lima. Todo esto es el resultado de una legislación carente de asesores especialistas en veterinaria, zootecnia y etc., salvo, haya sido intención del legislador que todos los peruanos nos convirtiéramos en veganos.

Dejando de lado dichas apreciaciones y centrándonos en la presente sentencia, se debe señalar que su importancia radica en que constituye el primer precedente para Lima. Según la información brindada por el Doctor Médico Veterinario Jhon Islachin H[2] (véase cuadro que se adjunta): en el año 2016 no se expidió sentencia alguna por este delito, en el 2017 solo dos sentencias en Ayacucho y Tumbes, en el año 2018 seis sentencias en Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Moquegua y Pasco y en el 2019 solo nueve en: Anchas, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Ica, La Libertad, dos en Lambayeque. Otro dato resaltante de la presente sentencia es la relevancia que han tenido los medios probatorios aportados para que este tipo de denuncias procedan eficazmente[3].

Se debe tener en cuenta que ante un evento de crueldad contra un perro o un gato se debe tener certeza de los hechos. Al denunciar, uno debe tener los datos de identificación del presunto autor, su dirección o ubicación exacta, contar con pruebas testimoniales – en muchas oportunidades estás se desvanecen en el tiempo por miedo a las represalias con sus propias mascotas-, y sobre todo aportar pruebas documentales emitidas por un veterinario que deje constancia de lo acontecido.

La prueba, es sin duda de vital importancia para que toda denuncia penal proceda. Con la actividad probatoria, con los medios de prueba ofrecidos, se pretende convencer al Juez de la veracidad de lo alegado por las partes en el proceso, así como que pueda fundamentar sus decisiones. Los sujetos procesales deben contribuir con el aporte de las pruebas, no basta con afirmar un hecho, sino que ese hecho debe ser acreditado con un medio de prueba sea testigos, documentos, audio o video.

Los medios de prueba son los que permiten al juzgador tener contacto con la realidad del caso concreto, por lo tanto, si no llega a conocer con exactitud los hechos que lo constituyen no podrá aplicar correctamente el derecho, existiendo peligro de que emita decisiones injustas. (Bustamante Alarcon, 2015, pág. 80)

Según Devis Echandia se entiende por medios de prueba, los elementos o instrumentos (testimonios, documentos, etc.) utilizados por las partes y el juez, que suministran esas razones o esos motivos (es decir, para obtener la prueba) (Devis Echandia , 1993, pág. 29).

El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en la audiencia de juicio oral de proceso inmediato, en acto público, resolvió condenar a Manuel Paitan Escobar como autor delito contra el patrimonio –abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres en agravio del Eladio Serapio Sánchez Sotelo, imponiéndole un año de pena privativa de libertad, la misma que de conformidad con el artículo 57º y 58º del Código Penal se suspende en forma condicional estableciéndose como periodo de prueba el mismo término de condena y estableciéndole determinadas reglas de conducta, entre ellas las de cumplir con el pago íntegro de la reparación civil dentro del periodo que dure la sentencia, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 59º del Código Penal en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta antes referidas e  inhabilitación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36° incisos 13 de carácter temporal, mientras dure la presente condena.

Los hechos que dieron lugar a la presente decisión fueron los siguientes:

El señor Eladio Serapio Sánchez Sotelo interpuso denuncia contra Manuel Paitán Escobar señalando que el día 16 de marzo del año 2019 le habría causado la muerte de su mascota de nombre peluchín.

Afirma que ese día, cuando salió con su esposa a una reunión familiar, su mascota se escapó de la casa ingresando al domicilio del acusado. Que el acusado lo habría golpeado salvajemente para luego arrojarlo a la calle todo ensangrentado y que como consecuencia de dichos golpes se habría producido la muerte de su mascota.

La representante del Ministerio Público señaló que en el juicio oral se logró comprobar la responsabilidad del acusado, que se contó con la participación de los testigos como con la oralización de los informes médicos veterinarios los cuales indicaron las razones por las cuales habría sufrido el daño la mascota.

Medios probatorios que se tuvieron en cuenta

Se actuaron la declaración de testigos. Una de las testigos señaló que la perrita del acusado estaba en celo, por eso cuando entró el perro del agraviado a la casa del acusado, este quiso juntarse con la perrita por lo que el acusado se levantó del sofá, agarro de las patitas a la mascota y lo golpeó contra el suelo varias veces, reventándole la cabeza, posteriormente abrió la puerta y lo botó. La otra testigo se ratificó en lo expuesto.

También obran en autos la denuncia policial en la que la Fiscalía acredita que el agraviado sindicó al acusado como el responsable de la muerte de sus mascotas. La copia certificada del informe médico veterinario forense Nº 190319 cuya conclusión arroja: traumatismo severo encéfalo craneano, fractura severa de la articulación atlanto occipital, mecanismo de muerte shock encefálico por lesión del impacto, causa de muerte traumatismo inmediato encéfalo craneano severo, forma de muerte no accidental; con este documento se puede determinar que la muerte de la mascota del agraviado fue ocasionada por un agente externo quien habría producido el traumatismo encéfalo craneano y consecuentemente el deceso la mascota.

La copia certificada del registro de ingreso médico de la veterinaria Aristocat, con el presente documento se acredita el estado de salud en el que ingresó la mascota para ser atendido con signos compatibles descerebración espasticidad general informando sobre el pronóstico desfavorable decidiendo los propietarios realizarle la eutanasia.

Copia certificada de la autorización de eutanasia. La Fiscalía refiere que con el presente documento se acredita el estado de salud en el que ingresó la mascota para ser atendido con signos compatibles descerebración espasticidad general informando sobre el pronóstico desfavorable.  Copia certificada de antecedentes penales.

Según la sentencia: las pruebas incorporadas al juicio permiten atribuir responsabilidad penal al acusado Manuel Paitán Escobar, pues conforme a las declaraciones testimoniales recibidas y los medios probatorios documentales oralizados en el desarrollo del juicio oral, lograron desvirtuar la presunción de inocencia con que inició el acusado en mención.

Referencias

Bustamante Alarcon, R. (2015). El Derecho a probar o derecho a la prueba como elemento esencial de un proceso justo. (Segunda ed.). Lima: Ara Editores.

Devis Echandia , H. (1993). Teoría general de la pruena judicial (Cuarta ed., Vol. 1). Caracas : Biblioteca Jurídica .


[1] Sentencia. Resolución 07. Los Olivos, once de marzo del dos mil veinte. 1° Juzgado Penal Unipersonal Transitorio. Expediente: 07494-2019-1-0903-JR-PE-01. Juez: (NCPP) Sierra Jerónimo Nidia Rusbeldina. Especialista: (NCPP) Morales Yauri Mario Rolando. Ministerio Público: 2 FPPC Los Olivos 3er Despacho., imputado: Paitán Escobar, Manuel. Delito: Daño Agravado. Agraviado: Sánchez Sotelo, Eladio Serapio

[2] Véase el cuadro adjunto+

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