Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas

La demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra el proceso de vacancia de Martín Vizcarra, argumenta básicamente desde la parte orgánica de la Constitución, que esto está afectando el principio de separación de poderes fundamentalmente.

Sin embargo, creemos que es posible también argumentar que este proceso «también» viola el debido proceso de Martín Vizcarra. En concreto, sostenemos que el proceso de vacancia por presunta «permanente incapacidad moral», resulta incompatible con el principio de legalidad, y más en concreto con el sub principio de taxatividad (o también llamado de tipicidad o lex certa) y con el principio de ley previa (o también llamado lex praevia), toda vez que hasta la fecha se desconoce qué debe entenderse de forma clara y precisa por “permanente incapacidad moral permanente”, tal como lo reconoce el artículo 113.2 de la Constitución Política.

  1. La violación de los sub principios de taxatividad y ley previa, contenido del principio procesal de legalidad

El fundamento constitucional de este argumento está en el artículo 2.24.d de la Constitución, cuando precisa que «Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley».

El principio de legalidad es una manifestación de la garantía del debido proceso y de la tutela procesal efectiva. Esta última tiene cobertura constitucional en el artículo 139.3 de la Constitución. Para el TC, el principio de legalidad penal garantiza: a) la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia); b) la prohibición de la analogía (lex stricta); c) la prohibición de cláusulas legales indeterminadas (lex certa); y d) la prohibición de aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta). (STC No 00012-2006-AI/TC, f.j. 17-22). En este caso, se afecta dos garantías, la garantía de ley previa y la garantía de ley cierta o principio de taxatividad o también llamado principio de tipicidad.

En ese sentido, se viola ambas garantías porque hasta ahora no se sabe que significa «permanente incapacidad moral». La indeterminación y ambigüedad de este concepto es evidente, y esto riñe con el principio de taxatividad. Asimismo, al no haberse establecido en ley que significa incapacidad moral con anterioridad a los audios de Vizcarra, se viola el principio de ley previa, pues no está previamente establecido cuál es la conducta infractora.

  1. ¿Se aplica el debido proceso en los procesos parlamentarios?

En el caso Tribunal Constitucional vs Perú, la Corte IDH ha establecido como regla que cada vez que se ejerce «materialmente» poderes sancionatorios que inciden en los derechos fundamentales, se debe aplicar un contenido mínimo del debido proceso.

“El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención”. (Corte IDH, sentencia del caso magistrados del Tribunal Constitucional vs Perú, párrafo 68) (Resaltado nuestro)

  1. ¿Qué ha dicho el TC sobre la aplicación de un contenido esencial del debido proceso en sede parlamentaria?

El TC ha establecido en su jurisprudencia de manera consistente, que las garantías del debido proceso se aplican no solo en los procesos judiciales, sino también otros procesos donde materialmente haya ejercicio del poder punitivo sancionador. En tal sentido, un contenido mínimo del debido proceso se aplican entre otros a los procesos administrativos y a los procesos parlamentarios. El TC precisa que las garantías del debido proceso “son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros)”. (STC Nº 0023-2005-PI/TC, f.j. 43).

  1. ¿Se puede revisar la afectación del debido proceso en un proceso competencia?

De acuerdo con la doble dimensión de los procesos constitucionales, estos tienen por objetivo defender la supremacía normativa de la Constitución y los derechos fundamentales. Es decir, en un proceso competencial, si bien lo central es el análisis del respeto al reparto de competencias realizado por la Constitución, también se puede analizar la afectación de derechos fundamentales, como lo ha dicho el TC en su jurisprudencia.

El propio TC ha reconocido en referencia a procesos de control abstracto, que “[…]aún cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía [“Por un lado, la Constitución, que actúa como parámetro (…); y, por otro, la ley o las normas con rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control”], tal como ha afirmado este Colegiado, también tiene una dimensión subjetiva, en la medida que son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, según establece el Artículo II del  Título Preliminar del CPConst”. (STC N00020-2005-AI y 00021-2005-AI, acumulados, f.j. 16). En consecuencia “es deber del juez constitucional tener presente que el proceso orientado por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución (proceso de inconstitucionalidad, en este caso proceso de acción popular), siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los derechos fundamentales de las personas”. (STC N00020-2005-AI y 00021-2005-AI, acumulados, f.j. 16).

  1. Análisis del caso

En el presente caso, la aplicación de la causal de “permanente incapacidad moral” invocada por el Congreso para iniciar el proceso de vacancia, y en el que presuntamente estaría incurso el Presidente Martín Vizcarra, requieren de parte del Congreso de un desarrollo normativo previo, que permita delimitar el ámbito de actuación de la intervención del Congreso, debido al grado de indeterminación e imprecisión de dicho supuesto de vacancia.

Consecuentemente, la vacancia por la genérica e imprecisa, “permanente incapacidad moral” sustentada en el artículo 113.2 de la Constitución, es inconstitucional por vulnerar los principios de taxatividad y de ley previa, consagrado en el artículo 2.24.d de la Constitución, conforme a los criterios desarrollados en los fundamentos precedentes. En tal sentido, queda clara la violación de los principios de taxatividad y de ley previa, lo cual ocasiona que el proceso de vacancia en el Congreso tenga un vicio de nulidad.


Fuente Imagen: Andina.pe

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