Por José Luis Pérez Triviño, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de la revista Fair Play – Filosofía, Ética y Derecho del Deporte.

La reciente noticia de unos futbolistas menores de edad que fueron traídos desde Sudámerica para, supuestamente, jugar en equipos españoles, pero que, sin embargo, en realidad permanecían retenidos y dedicados a la esclavitud sexual, no es el único ejemplo que cuestiona las políticas de integridad y ética en el deporte que postulan tanto los organismos públicos del deporte y las federaciones. Aunque también es cierto que el fracaso se puede extender a otros países.

Un breve repaso de los últimos escándalos da fe de ello: el presidente de la Federación de Fútbol de Afganistán ha sido acusado de abusos sobre varias jugadoras; atletas olímpicas han denunciado a la Federación de Gimnasia británica por abusos; una veintena de entrenadores de patinaje en Francia están bajo sospecha por agresiones sexuales; Human Right Watch ha denunciado también que maltratos físicos y verbales a deportistas menores es una práctica generalizada en Japón, etc. Aunque, probablemente, el escándalo que ha provocado más repercusión mediática ha sido el documental de Netflix, “Athlete A”, sobre los casos de abusos en la gimnasia norteamericana por parte del médico Larry Nasar. Lo más grave de este caso es que los abusos fueran escondidos por los dirigentes federativos en un claro ejemplo de código de silencio propio de organizaciones mafiosas, como así lo reconoció el Comité Olímpico de Estados Unidos.

Varias organizaciones deportivas internacionales han reaccionado estableciendo medidas preventivas y sancionatorias. Así el Comité Olímpico Internacional (COI) y FIFA han redactado cajas de herramientas para proteger a los deportistas frente a acosos y abusos, y a los menores futbolistas, respectivamente. Ambas constituyen una estrategia seria de lucha contra estas lacras, estableciendo medidas educativas, preventivas y sancionatorias. Pero, ¿qué han hecho las federaciones y los organismos públicos encargados de velar por el deporte? La mayoría de las federaciones se han limitado a copiar documentos previos del COI en los que apenas se establecen mecanismos procesales y unas pocas medidas preventivas claramente insuficientes.

La lucha contra estas amenazas no es fácil porque los propios deportistas, y en especial si son menores, tienen dificultades psicológicas para denunciar públicamente los abusos, en particular, si son sexuales. Es más, en ocasiones, ni siquiera son conscientes de que están siendo objeto de abusos.

Que no haya denuncias no puede ser tomado como señal de su ausencia. Probablemente, sea indicio de lo contrario. De ahí la necesidad de facilitar la voz de los deportistas a través los canales de denuncia o la implantación de la figura del “Defensor del deportista”. Pero el diagnóstico del problema también debe atender a la estructura del deporte  -jerárquica y cerrada- que favorece el oscurantismo, el silencio cómplice y el miedo a perder “clientela” si se hacen públicos esos casos. Romper esas inercias es la tarea que deben asumir sin concesiones todos los agentes del deporte, y en particular, los poderes públicos si quieren que las instalaciones deportivas sean espacios seguros para nuestros hijos.


Fuente de la imagen: T13 de la serie“Athlete A” de Netflix.

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