EnfoqueDerecho.com

A propósito de la reciente declaración de vacancia del Presidente de la República, Enfoque Derecho presenta esta mesa redonda en la que se responden preguntas esenciales sobre el histórico acontecimiento. Contamos con la especial participación de:

  • Ana Lucía Puente Rugel. Abogada por la PUCP. Ex adjunta de docencia del curso Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional en pregrado de la Facultad de Derecho de la PUCP. Licenciada en Derecho con Segunda Especialidad en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro de la Asociación Perspectiva Constitucional.
  • Patricio Ato del Avellanal Carrera. Abogado por la PUCP, Adjunto de Docencia en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la PUCP, Coordinador de Perspectiva Constitucional, cursando la Maestría en Estudios de Género de la PUCP y Miembro del Consejo Directivo del Observatorio de Género Perú.

  1. ¿La decisión del TC sobre la demanda competencial afectaría la vacancia presidencial? ¿Se puede hablar de sustracción de la materia respecto a la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo?

Ana Lucía Puente: No. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la demanda competencial en curso no puede tener efectos retroactivos, por lo que es inviable que el TC decida reponer en el cargo al Presidente. Pero, debe dejarse en claro que el TC sí pudo prevenir la situación actual, declarando la procedencia de la medida cautelar interpuesta por el Poder Ejecutivo que buscaba “frenar” todo proceso de vacancia mientras el TC resolvía la sentencia que señalaba qué debe entenderse por incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial establecida en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución. Lamentablemente, no lo hizo.

Por otra parte, sí habría operado la sustracción de la materia, ya que el petitorio de la demanda competencial era garantizar las competencias que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo en la permanencia de un periodo de cinco años para los que fue elegido, evitando que esta sea empleada arbitrariamente como mecanismo de control político. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el TC podría pronunciarse sobre el fondo de la controversia, definiendo qué debe ser entendido como incapacidad moral permanente; aunque los alcances de esta decisión sean solo con la finalidad de dejar un precendente.

Patricio Ato: Los efectos de la sentencia del TC respecto a la demanda competencial podrían afectar la vacancia en la medida que el TC decida declarar nulos los actos que se hayan realizado en base a una interpretación de la incapacidad moral que diste de lo que indique el TC. Ello, debido a la pretensión planteada por el Gobierno y admitida por el TC, la cual tiene por objetivo: “(…) lograr que el Tribunal Constitucional, a partir de la precisión sobre los alcances constitucionales de la competencia del Congreso para declarar una vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, garantice el ejercicio de las competencias que la Constitución Política de 1993 le otorga al Poder Ejecutivo (…)” Pero, primero, el Congreso debería responder la demanda o cumplirse el plazo para que recién el TC pueda resolver el caso. Dado que el presidente Vizcarra ha decidido reconocer el procedimiento de vacancia, para cuando el TC decida resolver, creo que ya no habría mucho que tutelar.

El TC podría eventualmente declarar la sustracción de la materia tomando lo previamente indicado como una situación irreparable. En ese escenario, el TC puede optar entre lo que él mismo categoriza como régimen ordinario o extraordinario: en el primero, para el TC le resultaría innecesario un pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta que el estado de irreparabilidad se ha producido luego de la interposición de la demanda; y en el segundo, el TC emitiría un pronunciamiento sobre el fondo por la magnitud del agravio, pero solo podría aplicarse a los casos futuros.

  1. Los hechos que motivaron la vacancia fueron indicios y manifestaciones de candidatos a colaboradores eficaces ¿estas “pruebas” son las adecuadas para afirmar que existe una incapacidad moral permanente? ¿Se encuentra definida esta figura política?

Ana Lucía Puente: Como indiqué en la pregunta anterior, la vacancia por incapacidad moral permanente se encuentra establecida en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución; sin embargo, a lo largo del tiempo esta ha sido utilizada como “cajón de sastre” de todo lo que considera como “inmoral” el Congreso. Para responder a la pregunta, debe indicarse que el Presidente ocupa uno de los más altos cargos de elección popular en el Perú, por lo que su destitución es excepcional, en tanto las causales de destitución del mismo son muy limitadas y están taxativamente establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, no es posible destituir al Presidente de su cargo, salvo por motivos de traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir las elecciones. Empleando el principio de Unidad de la Constitución, la vacancia presidencial por incapacidad moral no puede ser empleada como un mecanismo de destitución adicional a lo establecido en el artículo 117 y menos aún, cuando las justificaciones para emplear dicha causal son de carácter moral (ni jurídico, ni político).

Dicho ello, debe indicarse que los indicios y manifestaciones de candidatos a colaboradores eficaces no pueden ser empleados como justificación de una vacancia, ya que el Congreso no tiene la competencia de investigar hechos ni sancionarlos. La investigación y juzgamiento es una atribución que le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. El Congreso no puede intervenir ni operar como “juzgador” ante la investigación en curso. Vizcarra, una vez culminado su mandato y no encontrándose bajo la “protección” de la inmunidad del cargo, hubiese tenido que responder ante la justicia, en caso se determinara la existencia de un delito.

Patricio Ato: Creo que hay que tener cuidado con la calificación de lo que se ha expuesto en el Congreso. Aquellas declaraciones, conversaciones de Whatsapp y fotos que puedan haberse ventilado se han tomado de una investigación, la cual no ha concluido y de lo que se sabe, aquello ofrecido aún debe ser evaluado para ver si el material es veraz y suficiente para que las personas que lo ofrecieron puedan ser consideradas como colaboradores eficaces. En ese sentido, creo que carece del peso suficiente como para que se haya producido la vacancia en base a lo presentado. Sobre todo, habiendo un proceso pendiente ante el TC, el cual tiene como objetivo definir lo que debe entenderse por incapacidad moral. 

Respecto a la vacancia por aquella causal, es una figura que se ha empleado en el Perú con una interpretación determinada, la cual ha suscitado estudios serios como el de Abraham García o el de Alberto Cruces, entre otros académicos. Luego, están las aproximaciones más atrevidas que afirman que se trata de un control ético o político del presidente. Estas posturas se han ido ventilando reiteradamente durante las crisis de este gobierno y lo prudente hubiera sido que el TC se manifieste oportunamente al respecto, cosa que se zanje la discusión, preservando la institucionalidad. Ello dependía del Congreso, pero este decidió dejar la prudencia de lado y hacerse de la presidencia del Gobierno solo con un criterio de mayoría de votos.

  1. ¿Considera que la vacancia de Martín Vizcarra es una muestra más del abuso de la figura de la incapacidad moral permanente? ¿Es necesario una reforma de dicha figura de control o con la debida interpretación del TC bastaría? 

Ana Lucía Puente: La figura de la incapacidad moral permanente ha sido mal-utilizada a lo largo del tiempo y, además, de manera arbitraria. Uno de los últimos ejemplos fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, a quien quisieron vacar por esta causal y terminó renunciando. La incapacidad moral permanente se ha asimilado a “mentir” o ser empleada cuando los actos del Presidente “no sean del agrado del Congreso”. Esto rompe totalmente con nuestro modelo constitucional, dado que son las y los Ministros de Estado quienes responden políticamente por las acciones del Presidente. Por eso existen figuras como la interpelación y la censura, que sí son mecanismos de control político, pero que están dirigidos a esto/as último/as. Lo ocurrido ayer en el Congreso, es un muestra del abuso y ruptura, no solo de la figura de la incapacidad moral, sino del orden constitucional.

Considero que sí es necesario una reforma de esta figura que, cabe recalcar, no es una figura de control político. Es una causal que debería ser objetiva y acreditada, que realmente se demuestre que el Presidente se encuentra incapacitado para el ejercicio del cargo. Ahora, cabe indicar que la Constitución de 1993 tiene un sinnúmero de inconsistencias que han arribado al TC, quien le dotó de una interpretación para salvar su inconstitucionalidad. En principio, la debida interpretación de esta causal bastaría, lo cual no quita que deba hacerse un serio planteamiento acerca de la reforma constitucional, sobre todo de su parte orgánica.

Patricio Ato: Nuestro sistema permite que lo sucedido sea constitucionalmente posible. Ello, visto desde un plano formal, a mi entender; sin embargo, el hecho de no zanjar la discusión ante el TC me parece una irresponsabilidad. Es cierto que el Congreso también tiene capacidad para interpretar la constitución. De hecho, en función de ella desarrolla leyes; sin embargo, todo lo que desarrolla se reviste de una presunción de constitucionalidad que puede cuestionarse judicialmente. De ahí, fueron 105 votos los que se sumaron para proceder con la vacancia, pero lo que se deja de lado es el índice de aprobación del Congreso, el cual para octubre tenía 59% de desaprobación (Datum) y, por el contrario, un 78% consideraba que el presidente debía continuar en el cargo (Ipsos) ¿Qué intereses representa ese grupo de Congresistas?

Una reforma constitucional es una de las vías para solucionar el problema que tenemos, pero no hay que olvidar que el TC cuenta con métodos interpretativos para dotar de contenido a una causal como la que venimos discutiendo. En ese sentido, la reforma constitucional sobre el particular no se hace indispensable.

  1. ¿Considera que fue adecuado vacar al Presidente de la República en el contexto actual? ¿Qué consecuencias traerá dicha decisión? 

Ana Lucía Puente: La decisión emitida el día de ayer nos deja en una profunda inestabilidad política y deja a un país altamente herido y golpeado por la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando. Ya desde una opinión personal, considero que el  hecho de que el Presidente del Congreso asuma el cargo de Presidente de la República es altamente peligroso, ya que tendría a su cargo las atribuciones presidenciales de indultar, conmutar penas, celebrar Tratados y todas aquellas que le correspondan al Presidente de la República; además de tener la responsabilidad de nombrar Ministros y Ministras de Estado para seguir afrontando la crisis en la que nos encontramos. Y si, el desempeño en el Congreso ha sido deficiente, ¿cómo podríamos tener la seguridad como ciudadanía de que se realizará un trabajo adecuado desde el Ejecutivo?

Patricio Ato: Creo que no se le debió vacar porque no se actuó con prudencia, siendo lo prudente responder la demanda y dejar que el Tribunal Constitucional resuelva. El inciso 2 del artículo 139 de la Constitución indica que ninguna autoridad puede cortar o interferir con procedimientos jurisdiccionales. Si lo que se admitió en el TC tiene como objetivo que se precise los alcances de declarar una vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, iniciar un nuevo procedimiento de vacancia por esa causal vulnera la constitución.

El hecho que el presidente del Congreso asuma la presidencia del Gobierno, en el contexto actual, tiene como amenaza una concentración del poder, dado que, con la salida de Vizcarra, se extingue el oficialismo. Me preocupa aquella convocatoria de “ancha base” para con el nuevo gabinete porque puede prestarse a reparticiones cuyas consecuencias no necesariamente sean en favor de la población, como el desmantelamiento de la SUNEDU, el gasto coordinado de partidas presupuestales con el Congreso, paralización de políticas públicas en implementación, entre otras medidas. La elección de los magistrados del TC continua. Ello en principio no está mal, pero ya se han detectado irregularidades en el procedimiento. Lo que genera temor es la fragilidad institucional que tenemos y la llegada que tiene un Congreso con baja legitimidad en un sistema que supuestamente es presidencialista. Finalmente, el nuevo Gobierno puede cambiar de opinión respecto al calendario electoral, haciendo caso omiso al mandato de inmediatez de las elecciones previsto en la Constitución.

  1. ¿Hay balance de poderes en la situación actual de nuestro país?

Ana Lucía Puente: La situación actual es bastante crítica y delicada. Sobre todo porque la decisión del Congreso no ha sido constitucional, se ha interpretado arbitrariamente una causal de vacancia sin esperar el pronunciamiento del más alto intérprete de la Constitución, que es el TC. La aprobación apresurada de una vacancia, con una paupérrima argumentación y dejando entrever los interes políticos detrás, la convierten – a mi juicio – en una situación en la que no está para nada garantizado el balance de poderes; lo cual hace peligrar la principal finalidad de la Carta Constitucional: rechazar el abuso de poder y evitar su concentración.

Todo sistema siempre puede estar sujeto a mejoras y cada vez más frecuentemente se escucha la propuesta de la formulación de una nueva constitución. Dado nuestro diseño constitucional actual, hemos llegado al presente resultado, que deja entrever una concentración del poder. Cuando ello sucede, la idea de tener balance alguno se pierde.

Patricio Ato: Todo sistema siempre puede estar sujeto a mejoras y cada vez más frecuentemente se escucha la propuesta de la formulación de una nueva constitución. Dado nuestro diseño constitucional actual, hemos llegado al presente resultado, que deja entrever una concentración del poder. Cuando ello sucede, la idea de tener balance alguno se pierde.


Fuente de imagen: BBC. 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here