Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas.

El TC acaba de expedir una grave sentencia que desconoce y borra de un plumazo, todo lo que se había conseguido en materia de acceso a la justicia de la población rural, pues establece que las rondas campesinas no pueden administrar justicia, sino solo las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Nos referimos a la STC 04417-2016-HC, también denominada sentencia 468-2020.

En el fundamento 22 de la sentencia señala:

“Así las cosas, este Colegiado considera que la actuación de la Ronda Campesina del caserío Las Malvinas fue arbitraria en el caso de autos, pues, conforme a los fundamentos supra, la Constitución reconoce como únicos titulares de la jurisdicción comunal a las Comunidades Campesinas y Nativas, no a las rondas campesinas”.

A continuación, declara nula la decisión de una ronda campesina que había sancionado a una persona, que se había quedado con maquinaria que era para toda la comunidad.

    1. El artículo 149 de la Constitución desconocía a las rondas campesinas autónomas

Como es de conocimiento público, el artículo 149 de la Constitución no fue claro porque solo reconocía facultad de administración de justicia a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, y no a las rondas campesinas.

El constituyente no diferenciaba entre las rondas campesinas autónomas, que existen en Cajamarca y San Martín, por ejemplo, donde no hay mucha comunidad campesina, y los comités de rondas campesinas, que existen dentro de la estructura de las comunidades campesinas en el sur andino, por ejemplo. Al parecer, solo conocía a las rondas que son parte de las comunidades campesinas, pero no a las rondas campesinas autónomas.

    1. La criminalización de las rondas campesinas

Ante la falta de presencia del Estado, de la policía y del sistema de justicia en las zonas rurales en nuestro país, las rondas campesinas autónomas comenzaron a administrar justicia en sus territorios, y enfrentaron con éxito a los abigeos, devolviendo paz en el campo, y de pasada haciéndole el trabajo gratis al Estado. No obstante, las autoridades del Estado, cual perros del hortelano, comenzaron a abrirles proceso penal a los líderes de las rondas campesinas, sobre todo cuando comenzaron a fiscalizarlas, por la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, secuestro y extorsión a las personas, que precisamente, se estaban organizando para permitir acceso a la justicia de la población rural.

En efecto, en una investigación realizada por Renato Levaggi de IDL se encontró que líderes fundamentalmente de las rondas campesinas venían siendo criminalizados por ejercer el artículo 149 de la Constitución. Según una investigación realizada en IDL había 1,825 líderes comunales desde el año 1994 hasta el año 2006 procesados.

    1. Corte Suprema incorpora a las rondas campesinas en el artículo 149 de la Constitución para evitar criminalización de líderes ronderos

Ante esta realidad la Corte Suprema liderada por el juez supremo César San Martín Castro, con buen criterio, a través de un acuerdo plenario, reconoció que las rondas campesinas autónomas, también podían ejercer justicia comunal, y que no cometían delito de usurpación, secuestro coacción. La finalidad era clara, cortar todos los procesos penales contra los líderes de las rondas, que resolvían conflictos ante el vacío del Estado.

La Corte Suprema entendió que lo que estaba detrás de este problema era el acceso a la justicia de la población rural. Y entendió que, si el Estado no era capaz de llegar a esas localidades, debía dejar que las rondas resuelvan conflictos, toda vez que le hacían el trabajo gratis, y no incurrían en linchamientos y ajusticiamientos.

    1. TC emite una sentencia superficial y sin mayor motivación desconoce todo el debate sobre las rondas campesinas y su facultad de administrar justicia

Todo eso acaba de desconocer el TC con su reciente sentencia. Sin investigar y sin mucho conocimiento de todo el proceso que ha habido, sin mayor motivación desconoce todo el desarrollo de la justicia comunal y la fundamentación constitucional que hay detrás de la justicia comunal. Desconocen los diferentes trabajos sobre las rondas campesinas. Sin duda una de las personas que más ha trabajado el tema es Raquel Yrigoyen. Así también ver por ejemplo los trabajos de la Defensoría del Pueblo, los trabajos de Fernando Bazan o ver por ejemplo: Hans Jurgen Brandt y Rocío Franco. El tratamiento de conflictos: un estudio de actas en 133 comunidades indígenas y campesinas en Ecuador y Perú.

Además, puede ver el libro de Jaime Vintimilla Saldaña, Milena Almeida Mariño, Remigia Saldaña Abad. Derecho Indígena, Conflicto y Justicia Comunitaria en comunidades Kichwas del Ecuador; así como el libro Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria. Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú donde los compiladores son Hans-Jürgen Brandt y Rocío Franco Valdivia; también puede revisar el libro de Franco Valdivia y Rocío González Luna, María Alejandra. Las mujeres en la Justicia comunitaria: Víctimas, sujetos y actores. ; Brandt, Hans-Jürgen (Editor). Cambios en la justicia comunitaria y factores de influencia;  La Rosa Calle, Javier y Levaggi Tapia, Renato. Hacia una ley de coordinación para la justicia. Debates en torno a una propuesta de desarrollo del artículo 149 de la Constitución y los trabajos de la Corte de Cajamarca.

    1. TC desconoce el trabajo del Poder Judicial en favor de la justicia comunal

EL TC, salvo el magistrado Eloy Espinoza, ignoran lo trabajo por el Poder Judicial y por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Comunal. Esta sentencia desconoce el acuerdo plenario de la Corte Suprema, los protocolos de actuación, los acuerdo plenario regionales de Cusco y de Ucayali.

    1. La consecuencia práctica es el regreso de la criminalización de las rondas campesinas

La consecuencia práctica es que regresaran los procesos penales contra los líderes las rondas campesinas, acusándolos de la comisión de delito se usurpación de funciones, secuestro, coacción, etc. Es decir, el Estado le niega el derecho de acceso a la justicia de la población rural. No se da cuenta que, al cerrar el paso al trabajo de las rondas, que son un mecanismo de resolución de conflictos democrático y respetuoso de derechos humanos, abre la puerta a salidas autoritarias y violatoria de derechos como son los linchamiento y ajusticiamientos. Es una pena que el TC pierde una oportunidad para promover el acceso a la justicia de la población rural.

    1. No es una sentencia vinculante

Ciertamente esta sentencia no constituye doctrina jurisprudencial de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, pues como lo ha señalado el TC, se necesita no un fallo, sino que este haya sido reiterado por lo menos dos veces. Es decir, no estamos ante un fallo que genere precedente vinculante o doctrina jurisprudencial.

    1. Notable el voto singular de Eloy Espinoza

Finalmente, mi reconocimiento al voto singular del magistrado Eloy Espinoza y Maria Elena Ledesma. En el caso de Espinoza, aun, cuando discrepamos de algunos aspectos estamos de acuerdo en el fondo, consideramos que se trata de un esfuerzo serio por aproximarse al tema de la justicia comunal, y no como hace la sentencia en mayoría, que tiene una argumentación superficial y simplista, y no es capaz de entender todo lo que hay detrás. Es evidente que la Constitución y los derechos fundamentales vinculan a la justicia comunal. La Justicia comunal es autónoma respecto del Poder Judicial.

No obstante, las decisiones de la Justicia Comunal no deben ser revisadas por la Justicia Estatal, pues como lo dice el propio artículo 149, entre ambas hay una relación de “coordinación” no de subordinación. Y solo lo coordinan los iguales.

Los procesos constitucionales serían la herramienta para controlar que la justicia comunal no viole los derechos fundamentales, tal como ocurre en Colombia. Ahora cuando la Constitución, dice que las autoridades de las comunidades “pueden” administrar justicia , está reconociéndose que la primera opción para asumir competencia la tiene las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, en consonancia con lo que dice el artículo 118 del Código Procesal Constitucional.

De acuerdo con Eloy que acá no se necesitan reglas rígidas sino principios. La realidad es muy rica. La competencia material de la justicia comunal surge, cuando se afectan bienes jurídicos de relevancia para la comunidad. Finalmente, no basta con decir, que el limite son los derechos fundamentales. Si aplica todas las garantías del debido proceso se vacía de contenido la justicia comunal. Hace falta hacer una ponderación en cada caso.

  1. ¿Proceso de debilitamiento de la justicia comunal?

Si uno mira las sentencias de la justicia comunal, uno siente que estamos en un proceso de debilitamiento de la justicia comunal. Primero se le dice que no puede ver temas penales la justicia comunal en el caso Villar. Luego, en una reciente sentencia, el TC le exige las mismas garantías de la justicia ordinaria, es decir le exige a una comunidad que realice una adecuada imputación de los cargos, declarando nula la decisión de ronda porque no hubo una adecuada imputación, en la notificación.

Fuente de la imagen: Radio Onda Azul 

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