Arbitraje y protección de la inversión extranjera: la práctica arbitral como mecanismo de atracción de inversión extranjera en países con régimen económico de planificación central.

Los autores desarrollan la relevancia del arbitraje de inversión como garantía a un nivel adecuado de protección al inversionista extranjero y del arbitraje para el desarrollo de la actividad económica en cualquier país.

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Alex Pinedo-Mindreau Pastor, abogado por la Universidad de Lima con Diploma en Arbitraje Comercial por la Universidad Austral de Argentina y estudiante del Master en Derecho Empresarial de la Universidad de Barcelona, y Jorge Ruiz Wadsworth, abogado y egresado con grado de excelencia académica por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con estudios en Finanzas Corporativas y Microfinanzas por la Facultad de Administración y Finanzas de la UPC. Ambos autores se desempeñan como Secretarios Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

  1. Necesidad de atraer inversión extranjera.

El incremento del tráfico económico internacional durante las últimas décadas, ha puesto en evidencia los innegables beneficios generados por la inversión extranjera a favor de los países receptores de la inversión. A través de la recepción de capital extranjero, el mercado interno del país anfitrión de la inversión podrá contar con mayores recursos disponibles para el desarrollo de actividad económica[1]; e incluso, si dicha recepción de capital viene acompañada de oportunas condiciones fiscales, laborales y regulatorias, la inversión extranjera constituirá un vehículo para transferir mejoras en los niveles de tecnología, producción, capacidad técnica, y crecimiento económico[2].

La inversión extranjera puede ser canalizada al país anfitrión de manera indirecta o directa, dependiendo del horizonte temporal de la inversión[3]. Las inversiones de cartera (adquirir acciones o bonos) constituyen un claro ejemplo de inversión indirecta; pues el inversionista no se encuentra comprometido a mantener la inversión a largo plazo y podrá “liquidar” el instrumento de cartera cuando estime conveniente[4].

En contraste, un inversionista podrá adquirir acciones de una empresa que opera en otro país o incluso constituir una sociedad o establecer una filial en el extranjero. En estos ejemplos, el inversionista se encuentra motivado por mantener una relación prolongada respecto a su inversión; ello considerando que, una vez realizada la inversión, no podrá finalizarla con igual rapidez y sencillez en comparación a las inversiones de cartera[5].

Lo desarrollado en el párrafo precedente, constituye un claro escenario de inversión directa; en la cual el inversionista se encuentra inmerso en una relación prolongada en el tiempo respecto al país que alberga su inversión. En este contexto, el inversionista se encuentra expuesto a una serie de riesgos inherentes a la naturaleza de su inversión, entre los cuales resalta la racional preocupación de tener que ventilar algún posible conflicto ante el fuero judicial del país anfitrión de la inversión.

Considerando lo expuesto, una de las principales variables a considerar por el inversionista corresponderá al sistema de solución de controversias que salvaguardará sus intereses, el cual deberá proyectar imparcialidad y garantizar la oportuna ejecución de las decisiones adoptadas. La práctica arbitral ha permitido suplir está justificada necesidad de los inversionistas que realizan operaciones en países extranjeros; sea a través del arbitraje de inversión que vincula al inversionista frente al Estado receptor de la inversión (a través de los Bilateral Investment Treaties o los capítulos específicos de los Tratados de Libre Comercio), o a través de arbitrajes desarrollados conforme a la legislación del país receptor de la inversión.

Teniendo en cuenta la importancia que adquiere la atracción de capital extranjero, incluso países caracterizados por presentar economías con alto grado de intervención Estatal; han recurrido al arbitraje para implementar un sistema de solución de controversias que permita dotar al inversionista de mayores garantías para realizar actividad económica.

A través del presente artículo, se realizará un breve recuento de algunos países que siendo conocidos por presentar altos grados de intervención sobre la economía; han implementado al arbitraje como un sistema de solución de controversias respecto a las inversiones extranjeras. En este sentido, se tratarán los casos especiales como los de Cuba, Corea del Norte y China; y adicionalmente se desarrollará como antecedente histórico el sistema de solución de controversias de la COMECON.

  1. Convenio de Moscú de 1972 firmado por los países del “Consejo de Ayuda Mutua Económica – Council for Mutual Economic Assistance” Comecon

Como parte de su de política exterior, la ya extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) tuvo como uno de sus objetivos, instaurar su “visión” económica sobre la mayor cantidad de países posibles y, como parte de ello, en 1949 se creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica – COMECON, como un mecanismo de integración socialista internacional[6].

En este contexto, a través de la “LVIII Sesión de Comité Ejecutivo de los países del COMECON”, en 1972 se firmó en Moscú la “Convención sobre la decisión por vía de arbitraje. de los litigios civiles derivados de las relaciones de cooperación económica y científicotecnológicas”[7]. Dicho instrumento fue complementado a su vez por “las reglas uniformes de procedimiento aprobadas en la LXVI Sesión del Comité Ejecutivo del COMECON de febrero de 1974” que tiene como ámbito de aplicación los arbitrajes sometidos a las cortes de arbitraje de las Cámaras de Comercio de los países del COMECON.

Como consecuencia de los instrumentos internacionales detallados de manera precedente, las Cortes de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de los países integrantes del COMECON conocerían aquellas controversias que pudieran originarse de las acciones de cooperación económica inherentes al rol del COMECON[8] y sus países miembros.

En atención a lo señalado, resulta de sumo interés plantearnos la siguiente interrogante: ¿cómo una de las máximas expresiones de cooperación socialista de dicha época; decidió recurrir a la institución jurídica del arbitraje para estructurar su sistema de solución de controversias?

Como respuesta, consideramos que la situación antes mencionada ha sido generada en virtud de las siguientes características inherentes al arbitraje internacional: i) el órgano colegiado que resolverá la controversia no pertenece a la estructura estatal de ninguno de los países participes en la controversia, ii) la concurrencia de los países como partes -en principio- con igualdad de condiciones para el ejercicio de su defensa y iii) la posible mayor flexibilidad para establecer el marco sustantivo y procesal que regirá el caso; constituyen ventajas manifiestas que propician un mejor ambiente para la resolución de controversias en este contexto internacional, ello frente al tradicional mecanismo de solución de controversias jurisdiccional.

Además, dichas ventajas manifiestas del arbitraje internacional frente al tradicional sistema jurisdiccional -para este contexto-, se desprenden de una lógica tan elemental que su adopción trasciende la inclinación económica de las partes; quienes se ven impulsadas a escoger el mecanismo más idóneo para salvaguardar sus derechos en futuras controversias

  1. Arbitraje e inversión en Corea del Norte.

Las múltiples décadas de marcada tendencia aislacionista por parte de Corea del Norte respecto a los espacios de dialogo internacional, fueron interrumpidos en el año 2018 por la Cumbre de Singapur, esta reunió a los máximos representantes de dos sistemas económico-políticos opuestos, es decir, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de Corea del Norte, Kim Jong-un.

A pesar que uno de los principales objetivos de la Cumbre no fue alcanzado, esto es avanzar hacia la desnuclearización de Corea del Norte[9]; lo cierto es que la sola reunión de los líderes de ambos países constituye un notorio precedente histórico respecto a una futura (y muy lejana) apertura comercial de Corea del Norte.

Teniendo en cuenta lo manifestado, y ante una eventual -y hasta ahora muy lejana- concurrencia de actividad económica extranjera en Corea del Norte, resulta interesante considerar que dicho país ya cuenta con un marco legal de solución de controversias en materia de inversión extranjera; en efecto, nos referimos a la “Ley de arbitraje económico externo de la República Popular Democrática de Corea” (“External Economic Arbitration Act of the Democratic People’s Republic of Korea”), la cual fue expedida en 1999 y revisada hasta en dos oportunidades (2008 y 2014).

Este marco normativo en materia arbitral se encuentra conformada por siete capítulos, estructurados a partir de los ejes temáticos esenciales que suelen integrar este tipo de legislaciones. En este sentido, los siete capítulos se encuentran distribuidos de la siguiente manera[10]: i) Fundamentals, ii) Arbitration Agreement, iii) Arbitral Tribunal, iv) Arbitral Proceedings, v) Award, vi) Effect of and setting aside awards y vii) Enforcement of Awards.

A continuación, desarrollaremos los aspectos más relevantes de dichos capítulos, los cuales consideramos transmiten la esencia del sistema norcoreano de resolución de disputas en materia de inversión extranjera.

El primer artículo de la ley antes mencionada, desarrolla su finalidad pudiendo resaltar como elementos centrales las siguientes referencias[11] : “contribuirá al correcto examen y resolución de disputas económicas externas” y “protección de los derechos e intereses de las partes en controversia”. Tal como se puede apreciar, el artículo 1 construye la finalidad de este cuerpo normativo en base a los derechos e intereses de las partes; trascendiendo de esta manera la imagen extremadamente nacionalista o “pro Estado” que países con este tipo de régimen económico podrían proyectar sobre los mecanismos de resolución de controversias que tienen a disposición de los inversionistas extranjeros.

Como ámbito de aplicación subjetivo, la ley comprende a las empresas de capital extranjero, los extranjeros (entendemos personas naturales extranjeras) y a las disputas que puedan suscitarse entre estos e instituciones, asociaciones o empresas (entendemos a estos participes como locales o nacionales), asimismo, la propia ley permite extender su ámbito de aplicación subjetivo a las disputas entre empresas de capital extranjero que operen en Corea del Norte.

Respecto al convenio arbitral, la norma establece que este debe constar por escrito, sea como una cláusula del Contrato que sustenta la relación comercial; o en un acuerdo separado.[12] Además, se establece la posibilidad de que se reconozca un acuerdo de arbitraje, cuando la parte demandada concurre al arbitraje sin oponerse[13].

En relación a la conformación del Tribunal Arbitral, se reconoce a las partes la facultad de acordar el número de árbitros y el procedimiento aplicable a su designación[14]. Si las partes no lo hubieran acordado, el Comité, establecerá el número de árbitros (uno o tres); asimismo, siguiendo la práctica internacional habitual, para Tribunales conformados por tres árbitros, cada parte designará a un árbitro y estos últimos designarán al Presidente (y en ausencia de acuerdo de los co-árbitros el Presidente será designado por el Comité)[15].Asimismo, las partes también tienen la facultad de determinar -de mutuo acuerdo- la ley aplicable a la controversia; y en ausencia de acuerdo, será el Tribunal Arbitral el que aplicará la Ley más relevante en atención al contenido del Contrato. También, los árbitros tienen la facultad de expedir medidas cautelares o suspender el proceso; resultando además sumamente interesante y relevante para la viabilidad de este sistema de solución de controversias, que se permita a un “extranjero calificado” participar como árbitro.

Adicionalmente, la ley establece la posibilidad de solicitar la anulación del Laudo ante los Tribunales, dentro de los dos meses posteriores a su recepción. Se consideran como motivos que justifican la anulación del laudo, la falta vinculación de una de las partes respecto al convenio arbitral, que la controversia no se encuentre dentro de los alcances del convenio o, que la tramitación del arbitraje no se ajustó a las disposiciones pactadas por las partes.

De acuerdo a lo desarrollado precedentemente, a pesar las características particulares que pueda presentar Corea del Norte en materia política y económica; este país implementó un sistema de solución de controversias en materia de inversión extranjera basado en el arbitraje, esta situación reafirma que incluso aquellos países de menor apertura comercial, reconocen en el arbitraje un mecanismo efectivo e indispensable para que pueda concurrir capital extranjero.

  1. Caso Cubano, Inversiones y la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional

Además de contar con una buena posición geográfica, al estar situada a 150 kilómetros de Estados Unidos de América y contar con un PIB per cápita de 8,821.82 USD (2018), la inversión extranjera en esta nación, está permitida y se encuentra regulada por su Ley Nº 118 de 2014. Este cuerpo normativo revisó y adecuó la Ley Nº 77 de 1995, con la finalidad de ofrecer mayores incentivos y asegurar que la atracción del capital extranjero contribuya eficazmente al desarrollo económica sostenible del país caribeño.

La inversión extranjera puede manifestarse como inversión directa o indirecta[16]. La primera forma está referida a que el inversionista extranjero puede participar como accionista en una empresa mixta, de capital totalmente extranjero o con aportaciones en contratos de asociación económica internacional, participando de forma efectiva en el control del negocio. La inversión indirecta se manifiesta a través de las inversiones en acciones o en otros títulos valores públicos o privados.

Como hemos explicado, es posible invertir en este país según tres modalidades: empresa mixta, contrato de asociación económica internacional y empresa de capital totalmente extranjero. Es necesario precisar que, como contratos de asociación económica internacional clasifican los contratos a riesgo para la exploración de recursos naturales no renovables, para la construcción, la producción agrícola, la administración hotelera, producto o de servicios y los contratos para la prestación de servicios profesionales. Además, para cualquiera de las modalidades, es posible contrapar personal cubano o extranjero con residencia en el país.

Ahora bien, en el caso de existir litigios relacionados a la inversión extranjera en este país, la Ley º 118/2014 plantea dos formas para poder solucionar las controversias, a través un proceso civil ante la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular que corresponda o mediante un arbitraje conforme a la ley cubana.

Respecto a la vía arbitral, la República de Cuba no cuenta con una ley de arbitraje como tal, no obstante, regula este medio de solución de controversias a través de cuerpos normativos particulares como su Decreto Ley N.º 250 del año 2007 y la Resolución N.º 8/2018 emitida por la Cámara de Comercio de este país. El primero de estos cuerpos normativos, regula el funcionamiento de la Corte Cubana de Arbitraje y el segundo, las reglas aplicables a un proceso arbitral seguido ante esta institución arbitral.

Por otra parte, es necesario mencionar que, a diferencia de la tendencia internacional, la Corte Cubana de Arbitraje no ha sido creada a iniciativa privada, esta se encuentra adscrita a la Cámara de Comercio de Cuba y fue creada por esta nación a través de su Ley Nº 1148 del año 1965. También, es importante recalcar que, teniendo en cuenta las disposiciones normativas emitidas por Cuba, únicamente el arbitraje institucional se encuentra regulado en este país.

Sin embargo, lo manifestado en el párrafo precedente no quiere decir que un arbitraje ad hoc no pueda darse en Cuba, esto es posible y tendría las mismas garantías que se le reconocen a un arbitraje institucional ante la Corte Cubana de Arbitraje, todo esto en virtud de la Convención de Ginebra sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1961, la cual ha sido firmada y ratificada por esta nación del Caribe. Es más, en los distintos tratados bilaterales de inversión suscritos por el Estado Cubano, se prevé la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan acudir a un arbitraje ad hoc.

De la revisión del Decreto Ley Nº 250 y la Resolución Nº 8/2018 de la Cámara de Comercio de Cuba, podemos observar distintas particularidades que hacen especial el caso cubano, por ejemplo, la Corte Cubana de Arbitraje solamente conoce los litigios contractuales o extracontractuales, de carácter internacional, surgidos en el ámbito de los negocios y que le sean sometidos voluntariamente por las partes[17], tal es el caso de la inversión extranjera, con ello, se deja de lado a las controversias derivadas de cualquier asunto doméstico.

Por otra parte, respecto de los árbitros, en un arbitraje administrado por la Corte Cubana de Arbitraje, las partes deben elegirlos entre los profesionales que integran la nómina de esta institución, quienes han sido nombrados previamente por el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba.

Sobre las reglas aplicables, en el ámbito internacional existe la tendencia de que priman las reglas derivadas del acuerdo de las voluntades de las partes, sin embargo, caso distinto es el orden de prelación aplicable a un arbitraje cubano; un tribunal arbitral de la Corte Cubana de Arbitraje, en el conocimiento y solución de las controversias que le son sometidas, deberá aplicar las reglas de procedimiento aprobadas por la Cámara de Comercio de Cuba, esto es, la Resolución N.º 8/2018 y, en lo pertinente, supletoriamente podrá aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Cubana de la Jurisdicción Ordinaria.

En ese sentido, podemos considera que, a pesar del bloqueo económico y financiero que ha sufrido Cuba durante muchos años, podemos concluir que ello no ha sido óbice para avanzar y desarrollarse en el arbitraje comercial internacional, tampoco, el contar un sistema político distinto, ha causado que su normativa arbitral no sea uniforme con otras disposiciones internacionales, como lo es la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

  1. República Popular de China: Ideología marxista-leninista con enfoque pragmático de apertura comercial y protección de las inversiones.

La República Popular de China presenta características muy especiales, cuyo análisis apresurado podría generar cuestionamientos errados respecto a su idoneidad para atraer y albergar inversión extranjera.

Así por ejemplo, podemos observar que China, se encuentra regida bajo un sistema socialista, que es sostenidoa por cuatro elementos que conforman el aparato estatal de poder: i) el Partido Comunista Chino, ii) la Asamblea Popular Nacional, iii) el Ejército Popular Chino y iv) la estructura central (niveles de organización de gobierno).[18]

No obstante, a pesar que incluso las denominaciones de los principales actores del sistema estatal Chino (Partido Comunista Chino, Asamblea Popular Nacional y el Ejército Popular) podrían resultar sugestivos para un inversionista, en la práctica, este país ha demostrado una visión pragmática en materia económica, con el objetivo de mantener tasas de crecimiento cercanas al 7% anual[19]. Prueba de ello, para el año 2017 y 2018, China se encontraba en el segundo lugar a nivel mundial como país anfitrión de inversión extranjera directa[20].

El éxito de China para atraer y retener inversión extranjera directa, no es fruto del azar; por el contrario, responde a un proceso de reformas realizadas durante tres décadas con el objetivo de ofrecer a los inversionistas un marco jurídico favorable y un escenario económico que propicie el desarrollo de actividad empresarial.

Uno de los principales antecedentes que marcaron el inicio de la apertura de China a la inversión extranjera, corresponde a la creación de las zonas económicas especiales en 1979 y con posterioridad en el año 2001, se consolidaría la apertura comercial de China al mundo con su incorporación a la Organización Mundial de Comercio[21].

En materia de arbitraje de inversión, China es uno de los países con mayor cantidad de instrumentos internacionales suscritos en materia de protección a las inversiones, siendo un claro ejemplo, los Tratados Bilaterales de Inversión[22], los cuales incorporan mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el país anfitrión de la inversión, o entre los países que suscriben el Tratado.

Por ejemplo, para el caso concreto de China y Perú, en atención al Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre estos países, se desarrolló el Caso CIADI No. ARB/07/6 que tuvo como demandante al señor Tza Yap Shum y como demandado a la República del Perú; en el cual el Tribunal Arbitral ordenó a la República del Perú al pago de USD $ 786,306.24 dólares por concepto de compensación por aplicación de una medida equivalente a la expropiación[23].

Siguiendo la misma lógica, un inversionista que realice operaciones en China, podrá recurrir al sistema de resolución de controversias establecido en el Tratado Bilateral de Inversión de su país de origen (inversión protegida); es decir, recurrir a un arbitraje de inversión.

En adición a lo expuesto, China también cuenta con legislación doméstica que regula el arbitraje, la cual se encuentra contenida en la “Arbitration Law of the People’s Republic of China”. Dicha Ley constituye un elemento de suma importancia para el desarrollo de la actividad económica en China, pues representa una alternativa de solución cuando la naturaleza de la controversia requiera ser atendida a través de la típica estructura de un arbitraje comercial y no de inversión.

El artículo 2° de la Ley de Arbitraje China establece que, podrán someterse a arbitraje controversias contractuales entre ciudadanos, personas jurídicas u otro tipo de organizaciones y controversias en materia de propiedad intelectual. Asimismo, el artículo 3° de la mencionada ley establece cuales son las materias no arbitrables, las cuales están relacionadas a matrimonio, adopción, herencia y aquellas materias que son de competencia de órganos administrativos. Es decir, los conflictos derivados de dichas materias deberán someterse al fuero ordinario -jurisdiccional o administrativo- de China.

El Convenio Arbitral es abordado en los artículos 16° al 20° de la Ley de arbitraje, y adicionalmente, el Tribunal Popular Supremo ha realizado interpretaciones vinculantes sobre ciertos aspectos prácticos del Convenio Arbitral (Interpretation No. 7 [2006] of the Supreme People’s Court[24]). Así, por ejemplo, la Ley de Arbitraje establece lo siguiente respecto al convenio arbitral: “(…) shall include the arbitration clauses stipulated in the contracts or other written agreements for arbitration reached before or after a dispute occurs (…)”; y sobre la referencia de la Ley de Arbitraje a “other written agreements for arbitration”, razón por la cual, el Tribunal Popular Supremo indicó que el Convenio (acuerdo) podrá materializarse en forma de Contratos, Cartas o mensajes de datos (por ejemplo, telegrafío y fax).

También, el Tribunal Popular Supremo ha señalado que existen ciertas situaciones sobrevinientes a la celebración del convenio arbitral que pueden modificar la participación de las partes que inicialmente celebraron el Convenio (incorporando a una nueva parte o excluyendo alguna de las partes signatarias). Por ejemplo, escenarios en los cuales una de las partes del Convenio haya participado de un proceso de fusión o división, o fallezca una de las partes del convenio; o se transfieran o cedan de manera total o parcial los créditos o deudas originadas de la relación sustantiva que es respaldada por el convenio arbitral, el cual será vinculante para el nuevo sucesor de derechos y obligaciones derivadas del Contrato.

Por otra parte, respecto a los tipos de arbitraje, salvo excepciones concretas, el arbitraje ad hoc no es reconocido por la legislación China. La Ley de Arbitraje de China exige como uno de los requisitos del convenio arbitral, que las partes especifiquen la institución arbitral que administrará el arbitraje[25].

La situación descrita en el párrafo precedente resulta paradójica, considerando que China al ser un país parte de la Convención de Nueva York de 1958, se encuentra obligado a reconocer y ejecutar laudos arbitrales extranjeros provenientes de Tribunales Institucionales o Tribunales Ad hoc; incluso en virtud de dicha Convención, China (Continental) deberá reconocer y ejecutar laudos expedidos por Tribunales Ad Hoc de Hong Kong y Macao[26].

Otro aspecto particular sobre la Ley de Arbitraje China gira en torno a los alcances del Principio Kompetenz-Kompetenz, el cual se reconoce de manera limitada. El artículo 20° de la Ley, señala que las partes podrán solicitar al órgano colegiado de la Institución arbitral, o al órgano jurisdiccional Chino, pronunciarse sobre la competencia del Tribunal Arbitral; en caso que una parte recurra al órgano colegiado de la Institución arbitral y la otra parte recurra al órgano jurisdiccional, será este último el que decidirá la competencia del Tribunal Arbitral[27].

Sobre la conformación del Tribunal Arbitral, este puede ser integrado por uno o tres árbitros, quienes deberán cumplir – como mínimo- uno de los siguientes requisitos para poder desempeñar tal función: i) haber desarrollado trabajo relacionado a arbitraje durante al menos ocho años, ii) haber trabajado como abogado por al menos ocho años, iii) haberse desempeñado como juez por al menos ocho años, iv) haber estado involucrado en investigación legal, educación legal, poseer un título profesional senior y vi) haber adquirido conocimientos en derecho vinculados a los campos profesionales de economía y comercio, poseer un título profesional senior o equivalente.

Asimismo, al igual que otras legislaciones, los árbitros también se encuentran sujetos al deber de imparcialidad. La Ley de Arbitraje de China, señala que el árbitro deberá retirarse o las partes podrán solicitar que sea retirado, de verificarse alguna de las siguientes causales: i) el árbitro es parte del caso o es un pariente cercano de una parte del caso, ii) el árbitro tiene interés personal en el caso, iii) el árbitro tiene alguna relación con una parte que pueda afectar su imparcialidad y iv) el árbitro se ha reunido con una parte en privado o ha aceptado un regalo de las partes.

Por último, la legislación arbitral china reconoce la posibilidad de solicitar la anulación del laudo, que es resuelta por el Tribunal Popular. La solicitud de anulación debe fundamentarse alguna de las siguientes causales: i) no existe acuerdo de arbitraje, ii) los asuntos decididos en el laudo exceden el alcance del acuerdo de arbitraje o transcienden la autoridad arbitral, iii) la formación del Tribunal o la tramitación del arbitraje no se ajustaron a las disposiciones pertinentes, iv) las pruebas que sustentan el laudo fueron falsificadas, vii) una de las partes retuvo información sobre la imparcialidad de los árbitros o viii) los árbitros aceptaron sobornos, realizaron malas prácticas con la finalidad de obtener beneficios personales.

  1. Conclusiones: Universalidad del arbitraje como mecanismo de solución de controversias a nivel internacional.

Tal como se ha explicado de manera amplia en el presente artículo, el arbitraje de inversión presenta características indispensables para garantizar un nivel adecuado de protección al inversionista extranjero; condiciones que incluso países de menor apertura comercial, económica e incluso política, reconocen. Nos referimos entonces a las siguientes características: i) el órgano colegiado que resolverá la controversia no pertenece a la estructura estatal de ninguno de los países participes en la controversia, ii) la concurrencia de los países como partes -en principio- con igualdad de condiciones para el ejercicio de su defensa, y iii) la posible mayor flexibilidad para establecer el marco sustantivo y procesal que regirá el caso.

Adicionalmente, también podemos demostrar y resaltar la importancia que adquiere el arbitraje para el desarrollo de la actividad económica en cualquier país, cuenten con un modelo de mayor apertura comercial o con un régimen económico de planificación central. Para cualquier estado soberano, independientemente del régimen económico que han elegido aplicar, el arbitraje se ha convertido en una pieza fundamental que integra sus políticas dirigidas a aumentar la apertura económica y de esta forma, atraer el capital extranjero con la finalidad de contribuir de manera sólida, al desarrollo económico y comercial sostenible.


BIBLIOGRAFÍA:

  1. La inversión extranjera en los países en desarrollo. Padma Mallampally y Karl P.: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/1999/03/pdf/mallampa.pdf
  2. Vuelta a lo esencial. ¿Qué es la inversión directa?. Tadeusz Galeza y James Chan: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/basics.pdf
  3. Problemas de la integración en el COMECON. STEFAN GLEJDURA.https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2495118.pdf
  4. Las Fuentes del Arbitraje Privado Internacional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdova. Eduardo Gallino. http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/07/RNCba-64-1992-02-Doctrina.pdf
  5. Ley de Arbitraje Norcoreana: https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/North-Korea-Arbitration-Law.pdf
  6. An Introductio to North Korea’s External Economic Arbitration Act. Wonsik Yoon y Rieu Kim: https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/articles/589-an-introduction-to-north-korea-s-external-economic-arbitration-act
  7. Ley Nº 118/2014 de le República de Cuba.
  8. Ley N.º 250 de la República de Cuba.
  9. Algunas comparaciones entre el arbitraje en Cuba y el arbitraje en Perú. Alex Pinedo-Mindreau Pastor: https://ciarglobal.com/algunas-comparaciones-entre-el-arbitraje-en-cuba-y-el-arbitraje-en-peru/
  10. Informe económico y comercial. Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín. Actualizado al 2018.
  11. El proceso de apertura de la economía China a la inversión extranjera. Ana león, Universidad Del Salvador. https://www.redalyc.org/pdf/866/86623418009.pdf
  12. Investor-State Arbitration in China: A Comparative Perspective. Leon Trakman, Qiao Liu and Lei Chen. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578298
  13. Bejing Arbitration Comission. https://www.bjac.org.cn/english/page/ckzl/htf3.html
  14. Ley de Arbitraje de la República Popular de China.

[1] Cfr.La inversión extranjera en los países en desarrollo. Padma Mallampally y Karl P. Sauvant. En Finanzas & Desarrollo / Marzo de 1999: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/1999/03/pdf/mallampa.pdf

[2] Cfr.La inversión extranjera en los países en desarrollo. Padma Mallampally y Karl P. Sauvant. En Finanzas & Desarrollo / Marzo de 1999: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/1999/03/pdf/mallampa.pdf

[3] Cfr.Vuelta a lo escencial. ¿Qué es la inversión directa?.Tadeusz Galeza y James Chan. En: Finanzas & Desarrollo septiembre de 2015: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/basics.pdf

[4] Cfr.Vuelta a lo escencial. ¿Qué es la inversión directa?.Tadeusz Galeza y James Chan. En: Finanzas & Desarrollo septiembre de 2015: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/basics.pdf

[5] Cfr.Vuelta a lo escencial. ¿Qué es la inversión directa?.Tadeusz Galeza y James Chan. En: Finanzas & Desarrollo septiembre de 2015: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/basics.pdf

[6] Cfr. Problemas de la integración en el COMECON. STEFAN GLEJDURA.https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2495118.pdf

[7] Cfr. Las Fuentes del Arbitraje Privado Internacional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdova. EDUARDOGALLINO.http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/07/RNCba-64-1992-02-Doctrina.pdf

[8] Cfr. Las Fuentes del Arbitraje Privado Internacional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdova. EDUARDOGALLINO.http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/07/RNCba-64-1992-02-Doctrina.pdf

[9] Ello, considerando las posteriores declaraciones del líder norcoreano sobre la continuidad del programa de “desarrollo de armas estratégicas”

[10] Se puede acceder al contenido de la referida Ley, a través de: https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/North-Korea-Arbitration-Law.pdf

[11] El artículo 1 de la Ley señala expresamente: The Law of the Democratic People’s Republic of Korea on External Economic Arbitration shall contribute to correct examination and settlement of external economic disputes and protection of the rights and interests of the parties to a dispute through establishment of a strict system and

order in the settlement of external economic disputes.

[12] Centro Internacional de Arbitraje de Singapure. https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/articles/589-an-introduction-to-north-korea-s-external-economic-arbitration-act

[13] Centro Internacional de Arbitraje de Singapure. https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/articles/589-an-introduction-to-north-korea-s-external-economic-arbitration-act

[14] Centro Internacional de Arbitraje de Singapure. https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/articles/589-an-introduction-to-north-korea-s-external-economic-arbitration-act

[15] Centro Internacional de Arbitraje de Singapure. https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/articles/589-an-introduction-to-north-korea-s-external-economic-arbitration-act

[16] Artículo 12 de la Ley Nº 118/2014 de le República de Cuba.

[17] Artículo 9º del Decreto Ley N.º 250 de la República de Cuba.

[18] Cfr. China. Informe económico y comercial. Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín. Actualizado al 2018.

[19] Cfr. China. Informe económico y comercial. Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín. Actualizado al 2018.

[20] Cfr. UNCTAD. https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-slides-third-consecutive-year

[21] Cfr. EL PROCESO DE APERTURA DE LA ECONOMÍA CHINA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. Ana León, Universidad del Salvador. https://www.redalyc.org/pdf/866/86623418009.pdf

[22] Cfr.INVESTOR-STATE ARBITRATION IN CHINA: A COMPARATIVE PERSPECTIVE.Leon Trakman, Qiao Liu and Lei Chen. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578298

[23] Véase el recuento de las actuaciones realizadas sobre el caso CIADI No. ARB/07/6 en el recurso de anulación interpuesto por la República del Perú.

[24] Cfr. Bejing Arbitration Comission. https://www.bjac.org.cn/english/page/ckzl/htf3.html

[25] Cfr. Art. 16°: (…) An arbitration agreement shall contain the following particulars: (3) a designated arbitration commission.

[26] Cfr. https://law.asia/limited-application-of-ad-hoc-arbitration-in-china/

[27] Cfr. Art. 20° Arbitration Law of the People’s Republic of China

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