Por César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP

Si definimos el orden público constitucional como aquel sistema de gobierno basado en el respeto de los derechos fundamentales y el control de los excesos de los poderes públicos y privados, podríamos afirmar que el Perú cierra el presente año con un nivel de desarrollo desigual de su democracia constitucional.

Por un lado, la democracia se renovó el 26 de enero con las elecciones políticas para elegir nuevos 130 congresistas con mandato revocado el 30 de setiembre de 2019, por el entonces Presidente de la República, Martín Vizcarra, al haber disuelto el Congreso –por vez primera en la historia constitucional- debido al rechazo por segunda vez a la confianza política solicitada para el gabinete ministerial por el ex Presidente del Consejo de Ministros, Del Solar. Medida que fue materia de un conflicto de competencia entre el Congreso y el Ejecutivo, que el Tribunal Constitucional resolvió a favor de este último.

La reconstitución democrática del Congreso permitió el desplazamiento de los partidos de la oposición parlamentaria que se erigió el 2016 con una mayoría más que suficiente para interpelar y censurar a ministros, incluido al entonces Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala el 2017, así como, iniciar el proceso parlamentario sumario de vacancia presidencial contra el Presidente Kuczynski a finales del 2017 y comienzos del 2018, sin garantías del debido proceso; lo que llevó a su renuncia y que sea reemplazado por su vicepresidente Vizcarra.

Pero, por otro lado, la paz política basada en el control de los excesos del Congreso lograda con la disolución constitucional del Congreso y la elección de nuevos congresistas resultó ser una victoria pírrica; por cuanto la nueva mayoría parlamentaria se fue forjando en una alianza entre fuerzas políticas distantes de los principios constitucionales liberales, dado los valores populistas del uso de la fuerza, la manipulación de los recursos públicos en favor de determinados grupos económicos emergentes o informales, a las cuales se añadió una organización religiosa milenarista, y, fuerzas políticas autoritarias y al borde del sistema constitucional.

Así, la mayoría parlamentaria se instaló en medio del inicio de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo, debido a la pandemia del Covid-19, sin mayor capacidad de organización y liderazgo dado su falta de experiencia parlamentaria. Esto, debido, en parte, a la prohibición constitucional de la no reelección inmediata de los congresistas revocados, hasta que iniciaron su labor legislativa  con cuestionables leyes, como la de protección policial, prohibición del cobro de los peajes –declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC)-, eliminación de la obligatoriedad de las elecciones internas en los partidos, disposición del retiro de 4 UIT de los  fondos privados de pensiones, la devolución del 100% de los fondos de la ONP, y, el ascenso y nombramientos automáticos de personal del servicio médico –declarada también inconstitucional-, entre otras.

Mientras, el intento de la mayoría parlamentaria de postergar las elecciones políticas generales –presidencial y congresal- del 11 de abril del 2021, prorrogando así el mandato de los congresistas so pretexto de los efectos de la pandemia, fue desestimado contundentemente por el entonces Presidente Vizcarra convocándolas oficialmente de forma inmediata. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones dio inicio al proceso electoral, precisando que conforme con el artículo 90-A de la Constitución los actuales congresistas no pueden ser reelectos, al igual que los que fueron electos el 2016.

Este hecho significó el tránsito de una oposición discrepante a una oposición anti-sistémica; por cuanto, el Congreso aprobó en primera votación una reforma constitucional para: por un lado, ampliar la  irresponsabilidad de los congresistas frente a cualquier actividad que realicen incluso fuera del recinto parlamentario, a efectos de no ser sujetos del levantamiento de la inmunidad parlamentaria para ser procesados y/o condenados, y; por otro lado, ampliaron las causales de acusación contra el Presidente de la República durante su período de gobierno, por hechos incluso anteriores a su mandato, eliminaron la inmunidad parlamentaria y el ante juicio político para  los ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo en caso de denuncias; proyecto que ante el rechazo total de la opinión pública no recibió la segunda votación para convertirse  en nueva norma constitucional.

Sin embargo, en medio de la crisis no solo sanitaria, sino económica y social como producto de la pandemia, la oposición parlamentaria, con el apoyo de los medios de comunicación aliados, reactivó la cuestión de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, a partir de la difusión de noticias sobre la contratación privilegiada en el Estado de un personaje de la farándula; la misma que llegó a ser súbitamente aceptada en el Congreso  en base a que el Presidente habría incurrido en dicha incapacidad. Motivo por el cual, el Poder Ejecutivo planteó contra el Congreso una demanda competencial con medida cautelar, pero esta última fue desestimada por el TC; no obstante, en el Congreso al momento de ser votada la vacancia la oposición no obtuvo los 87 votos requeridos.

De modo que, la oposición parlamentaria presentó un nuevo pedido de vacancia presidencial ante la difusión mediática de las declaraciones de investigados por el Ministerio Público, quienes habrían pagado coimas a Vizcarra, cuando fue Presidente del Gobierno Regional entre el 2011 y el 2014.  En este caso, la oposición parlamentaria el 9 de noviembre consiguió los votos más que necesarios (105) para la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

Pero, la vacancia presidencial tuvo una histórica respuesta ciudadana en las calles, no tanto en defensa de Vizcarra, como en contra del uso arbitrario del poder de la mayoría del Congreso, al consumar un golpe de Estado encubierto. Más aún, si en reemplazo de Vizcarra, el Presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la Presidencia de la República, formando un gabinete ultra conservador, que dispuso la represión policial de las masivas movilizaciones juveniles que produjo dos jóvenes muertos y decenas de heridos. Lo cual devino en la renuncia progresivamente de sus ministros, al punto que el mismo Merino, al sexto día de su mandato, declaró en abandono el cargo presidencial.

Este sainete político, pocas visto en la historia del Perú, finalmente se resolvió en un pacto entre la mayoritaria y la minoría parlamentaria, para elegir el 16 de noviembre de entre uno de estos últimos al nuevo Presidente del Congreso, Fernando Sagasti, quien de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, le corresponde asumir la Presidencia de la Republica hasta el 28 de julio del 2021, si es que el Congreso no pretende socavar su gobierno. Situación que no ha quedado conjurada desde que una mayoría del Tribunal Constitucional desestimó la demanda competencial para establecer límites al uso arbitrario del Congreso para declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. 

De  modo que, se puede concluir, como balance del año, que el principal déficit del sistema constitucional y democrático nacional se encuentra tanto en sus líderes como en la debilidad de las instituciones. Lo cual demanda una renovación generacional y una nueva institucionalidad constitucional, sobre la base de consensos sociales, económicos y políticos; que permita en el Año del Bicentenario renovar la promesa de la vida peruana y reconstruir un Perú de todas las sangres; para afrontar los urgentes desafíos del presente y el futuro.

Lima, 30 de diciembre de 2020.

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