Por Mg. Alexander Masías Benavides Román, abogado, licenciado en Educación con mención en Filosofía y CC.SS, docente de la Escuela de Educación Continua de la PNP

I.     Introducción

I.I. Realidad Problemática

El uso global de las tecnologías de la información y comunicación conocidas como (TIC) se presenta como un problema mundial, siendo objeto de estudio y de políticas públicas por parte de los Estados (Letelier, 2019). A ello se vincula algunas dificultades prácticas como la falta de capacitación de los usuarios, operadores de justicia, conexión defectuosa, equipos de cómputo obsoletos y una inadecuada comunicación (Pérez, 2020). Para los países más desarrollados del mundo es una preocupación que se incluya a las personas adultas mayores en las nuevas tecnologías para poner fin a la brecha digital que este colectivo sufre (Europa Press, 2020). Según el Informe de Perspectivas de la Población Mundial 2019 de la ONU se ha incrementado la esperanza de vida de las personas de 65 años a más, lo cual a nivel global supera la cantidad de niños menores de cinco años. Se estima que para el 2050, una de cada seis personas tendrá esa edad (16% de la población) (San Martin, 2020). Por esta razón se requiere que la administración pública adecúe sus prácticas de responsabilidad social con políticas nacionales que promuevan la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible, pero aún es incipiente (Rodríguez, 2020). El uso de las tecnologías de la información y comunicación en el contexto del sistema de justicia se vislumbra como un instrumento potencial para la promoción de la participación ciudadana que debe ser atendido (Rivas, 2019). En España por ejemplo, uno de los principales problemas de acceso a la justicia está relacionado con las personas y grupos más vulnerables, entre ellos, los adultos mayores (Delgado, 2020), por lo que una primera acción que se debe realizar para lograr el acceso a la justicia de este grupo etario es que tenga a su disposición los “medios” que le permitan ingresar al sistema de justicia, lo cual es limitado (Vallet et al., 2017).

Según informe del CEPAL 2019, el 33,3% de la población de la región, tiene acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales, ello debido a factores económicos y sociales, en especial por su edad y localización (Ramos, 2020). El surgimiento de la sociedad digital y el crecimiento de la población adulta mayor en Latinoamérica ha cambiado la forma de interacción demandando una mayor atención social, económica y cultural a este grupo etario, en especial en el uso de entornos digitales (Sunkel & Ullmann, 2019). La brecha digital originada se acentúa más e implica una exclusión social para la población más vulnerable como los adultos mayores que ven complicada realizar sus actividades básicas con el apoyo de tecnologías (Fuerte, 2020). En torno al acceso a la justicia, se reportó en México que durante la emergencia sanitaria se presentaron 223 mil casos y sólo el 20% fue tramitado en forma digital y que antes de la emergencia sólo lo hizo un 1%, siendo evidente que la brecha digital aún es un problema (Esquivel, 2020).

En nuestro país la brecha de desigualdad existente podría afectar en muchos casos los derechos vinculados como el acceso a la justicia o el acceso a una educación adecuada. La mencionada brecha digital ya ha sido tratada por el TC a partir de la protección de los derechos a la información y la igualdad, señalando que el internet es indispensable para la realización de derechos fundamentales (Cresci & Villanueva, 2020). A pesar de que el Perú viene realizando esfuerzos para que los ciudadanos puedan acceder a las TIC, estos esfuerzos no garantizan la inclusión digital por lo que se requiere del desarrollo de competencias digitales y de estrategias agresivas que permitan su participación en la economía y en la sociedad digital (Cadillo, 2020).

Es evidente que el uso y acceso a las tecnologías de las personas adultas mayores es un problema globalizado y que se complica aún más cuando a través de ella se pretende acceder a la justicia cuando no existe las estrategias y políticas públicas adecuadas para atender con responsabilidad social a este grupo etario en la adquisición de las competencias digitales necesarias o básicas; por lo es necesario preguntarnos ¿si la falta de competencias digitales pueden producir un impacto en el acceso a la justicia en entornos virtuales por parte de los adultos mayores? y ¿de qué manera las instituciones del Estado deberían actuar y comprometerse en el marco de la responsabilidad social pública que les compete para su atención?

II.  Argumentación

 Sobre las competencias digitales

Las competencias digitales son el conjunto de capacidades que se adquieren para el uso de los medios o dispositivos digitales, las redes sociales y aplicaciones que facilitan el acceso a la información, estas competencias son parte esencial en el abanico de capacidades para la alfabetización digital en el uso elemental de los dispositivos digitales y aplicaciones en línea (Unesco, 2018), conforman la articulación en la búsqueda y selección de la información, de crearla y modificarla. También permite la interacción con entornos virtuales para comunicarse y participar en comunidades y adaptarse en esta realidad de acuerdo a sus intereses y necesidades (Minedu, 2016). Además, estas competencias combinan elementos como habilidades, destrezas y capacidades en contextos determinados de acción.

Las competencias digitales implican el uso crítico de las tecnologías en el centro laboral, el tiempo libre y la comunicación (Comisión Europea, 2018), por ello que las habilidades adquiridas a través de dichas competencias facilitan el uso de los recursos tecnológicos para el acceso a la información en el espectro digital.

El aprendizaje en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) implican la generación de competencias digitales en los adultos mayores que les permitirá intercambiar, producir y almacenar información, participar en redes sociales del internet, aplicaciones digitales, hacer compras on-line y otros.

Del acceso a la justicia a personas adultas mayores

El Acceso a la Justicia constituye un principio esencial del estado de derecho. Si este principio no es reconocido al ciudadano no podrán ejercer con libertad sus derechos, de ser escuchados y de poder enfrentar la discriminación de algunos encargados de administrar justicia. El acceso a la justicia implica el derecho de igualdad para todos, incluidos a las personas o grupos vulnerables (ONU, 2020), el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores define el Acceso a la Justicia como el derecho a ser oído y con las debidas garantías procesales.

Precisa que los Estados Parte se comprometen asegurar que este grupo etario tenga un acceso efectivo a la justicia y en igualdad de condiciones (OEA, 2009). En el marco del Foro Internacional sobre Personas Mayores organizado por la CEPAL, se estableció que el Acceso a la Justicia es un derecho humano el cual cobra sentido instrumental para los demás derechos constitucionales cumpliendo una triple dimensión como: acceso propiamente dicho, sentencia fundada en derecho y sentencia cumplida y ejecutada (Chaves et al., 2014).

El Acceso a la Justicia, como derecho fundamental y reconocido por los organismos internacionales permite a los ciudadanos en general presentar sin ningún tipo de discriminación y ante los tribunales de justicia sus controversias, esperando que el Estado responda con responsabilidad social y a través de los órganos encargados de administrar justicia con la resolución del conflicto puesto en su conocimiento, y que dicho conflicto se concluya en un plazo razonable con las garantías que el debido proceso ofrece.

Evolución de las Competencias digitales

En 1996, Bill Gates, avizora las condiciones de interrelación entre los ordenadores y las telecomunicaciones ingresando a la era telemática creando un nuevo enfoque social y cultural de percepción sensorial de la realidad. Siendo necesario afrontar esta nueva realidad con competencias digitales que van aplicarse y transformar el quehacer cotidiano y el comportamiento global (Reis et al., 2019). En el 2001 Marc Prensky, introdujo la expresión nativo digital y para referirse a este grupo se etiquetó a diversas generaciones que la componen: los llamados millenials, la generación.NET, generación X, generación Google® y la Generación Z, predominando en aquellas generaciones la habilidad en el tratamiento y búsqueda de la información por medio de las TIC (Henriquez-Coronel et al., 2018).

El presente siglo XXI corresponde a la era de la digitalización de la información y entornos digitales que producen cambios en la sociedad y paradigmas cualitativos y cuantitativos que no se adaptan a ello. Estos cambios se relacionan con las competencias digitales modificando las interacciones humanas y la forma de percepción de la realidad en el ámbito económico, político, social y educativo (Lévano-Francia et al., 2019).

Evolución del Acceso a la Justicia y adultos mayores

Aristóteles afirmó que hay dos tipos de justicia, una llamada universal y otra particular, la primera referida a las virtudes y la segunda a la distribución de bienes. El filósofo precisó que la justicia universal está relacionada a las relaciones sociales y la particular a la violación de las normas que se generan en las actividades de distribución (Serrano, 2005).

La Tutela judicial efectiva comprende el acceso a la justicia y tiene su origen en el derecho alemán, referida a la satisfacción del derecho y la paz social. En el derecho europeo este principio se considera como el derecho de toda persona de ser atendido por un órgano jurisdiccional y con las garantías mínimas que ofrece el proceso (Cristina & Valera, 2007). Se considera persona adulto mayor aquellas de 60 o 65 años de edad. Históricamente las personas adultas mayores están consideradas como un grupo diferenciado dentro de la sociedad con rasgos propios y exigencias sociales específicas, que deben ser atendidas por el Estado (Stang, 2007).

III.   Conclusiones

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que todo ciudadano cuenta para obtener tutela judicial de la autoridad competente en el plazo y forma establecido en la normatividad vigente. Este derecho implica que el justiciable acceda a los tribunales presentando sus pretensiones necesarias para obtener con las garantías que el debido proceso ofrece una sentencia que satisfaga sus intereses.

Debido al avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el derecho de acceso a la justicia a través de entornos digitales afecta a las personas adultas mayores que carecen o no cuentan con las competencias digitales que le posibiliten dicho acceso, por lo que resulta indispensable que el Estado atienda con políticas públicas efectivas y con responsabilidad social a este grupo etario para garantizar ese derecho, implementando programas adecuados de capacitación para generar en este grupo las competencias básicas que les permita su libre acceso fácil y rápido al sistema de justicia, lo cual redundaría además a reducir la brecha digital existente garantizado su derecho fundamental a la igualdad y sin discriminación.


IV.    Referencias

Cadillo, J. (2020, September 9). Día Internacional de la Alfabetización. Diario El Comercio. https://elcomercio.pe/eldominical/columna/dia-internacional-de-la- alfabetizacion-los-avances-y-oportunidades-de-la-alfabetizacion-digital-en-el-peru- noticia/

Chaves, L., Lupita, C., & Cervantes, C. (n.d.). Acceso a la justicia y atención prioritaria para las personas adultas mayores.

Comisión Europea. (2018). Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones. http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515.

Cresci, G., & Villanueva, D. (2020). ¿Nuevas normalidades, viejas desigualdades? La Ley El Angulo Legal e La Noticia. https://laley.pe/art/9828/nuevas-normalidades-viejas- desigualdades

Cristina, M., & Valera, C. (2007). El debido proceso legal y la tutela jurisdiccional efectiva: más similitudes que diferencias. Foro Jurídico. file:///C:/Users/ProDesk/Downloads/18575-Texto del artículo-73616-1-10-20170526.pdf

Delgado, M. (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una Justicia para todos en tiempos de pandemia. Confilegal. https://confilegal.com/20200901-objetivos-de- desarrollo-sostenible-una-justicia-para-todos-en-tiempos-de-pandemia/

Esquivel, Y. (2020). La justicia digital es una realidad, resalta Esquivel. 24 Horas, Diario Sin Límites. https://www.24-horas.mx/2020/09/11/la-justicia-digital-es-una-realidad- resalta-esquivel/

Europa Press. (2020). El PSOE llama al Gobierno a poner fin a la brecha digital de las personas mayores. EpSocial.Es. https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-psoe-llama-gobierno-poner-fin- brecha-digital-personas-mayores-20200903121530.html

Fuerte, K. (2020). ¿Cómo afecta la brecha digital a los adultos mayores?

https://observatorio.tec.mx/edu-news/brecha-digital-adultos-mayores-exclusion-social

Henriquez-Coronel, P., Gisbert, M., & Fernández, I. (2018). La evaluación de la competencia digital de los estudiantes: una revisión al caso latinoamericano. La Evaluación de La Competencia Digital de Los Estudiantes: Una Revisión Al Caso Latinoamericano, 137, 93–112. https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i137.3511

Letelier Loyola, E. (2019). Acceso a la justicia y brecha digital en los adultos mayores.

Informe sintético sobre la cuestión en Chile. Https://Www.Unilim.Fr/Trahs, 5. https://doi.org/10.25965/trahs.1374

MINEDU. (2016). curriculo-nacional-2016-2. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf

OEA. (2009). OEA – Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo. http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

ONU. (2020). La ONU y el Acceso a la Justicia. https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematicareas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/

Pérez, C. (2020). Justicia digital en lo civil: durante y después del covid-19. Asunto Legales. https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/justicia-digital-en-lo-civil- durante-y-despues-del-covid-19-3010348

Lévano-Francia, L., Sanchez, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., & Herrera-Paico,

  1. (2019). Competencias digitales y educación Digital Competences and Education.

USIL, 7(2), 569–588. https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329

Ramos, M. (2020). Cepal propone una canasta básica tecnológica para disminuir brecha digital en México y países de América latina. M4rketing E Commerce Mx. https://marketing4ecommerce.mx

Reis, C., Pessoa, T., & Gallego-Arrufat, M. J. (2019). Alfabetización y competencia digital en Educación Superior: una revisión sistemática. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 17(1), 45. https://doi.org/10.4995/redu.2019.11274

Rivas, A. (2019). Tecnologías de la información y comunicación, la eficiencia y transparencia, de la corte superior de justicia de Ayacucho, 2019. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. https://doi.org/https://doi.org/10.24265/iggp.2019.v6n2.11

Rodríguez, A. (2020). La Responsabilidad Social y la Administración Pública. La RSE Global. https://diarioresponsable.com/opinion/29887-la-responsabilidad-social-y-la- administracion-publica

Serrano, E. (2005). La teoría aristotélica de la justicia. http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n22/n22a6.pdf

Stang, F. (2007). Perspectivas globales sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Sunkel, G., & Ullmann, H. (2019). Las personas mayores de América Latina en la era digital: superación de la brecha digital. Revista e La CEPAL No 127. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44580-personas-mayores-america-latina-la-era-digital-superacion-la-brecha-digital

UNESCO. (2018, March 15). Las competencias digitales son esenciales para el empleo y la inclusión social. https://es.unesco.org/news/competencias-digitales-son-esenciales- empleo-y-inclusion-social

Vallet, E., Duret, G., Ciancia, O., & Minaggia, M. (2017). Acceso a la justicia de las adultas mayores víctimas de violencia de género en Argentina. Trayectorias Humanas y Transcontinentales. https://doi.org/10.25965/trahs.173


Fuente de imagen: UDGTV.com

1 COMENTARIO

  1. Muy acertado el articulo Dr. Benavides, la tecnología ha significado un gran aporte para la humanidad, sin embargo, como bien dice usted, también ha comprometido grandes retos. De hecho que el acceso a la justicia de los adultos mayores y otros grupos vulnerables a través de los medios tecnológicos es uno de ellos, no solo por la importancia del derecho que subyace en ello, sino también porque solo en una sociedad donde todos tengamos igualdad de oportunidades estaremos alineando el avance y desarrollo con los derechos legítimos de todas las personas.

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