Por David Sánchez Velásquez, Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Barcelona Shool of Management de la Universidad Pompeu Fabra (España) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú

 

 

 

 

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Recientemente, diversos medios de comunicación peruanos han informado sobre la presentación del proyecto de ley No 7028, elaborado por el congresista Hipólito Chaiña[1], que pretende la expulsión de los migrantes irregulares, así como el establecimiento de requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú. Este proyecto de ley es la preocupante respuesta de nuestra clase política a la creciente ola xenofóbica que inunda, por estos tiempos, a la opinión pública peruana. Frases como las plasmadas en las imágenes que acompañan este texto en la parte superior van ganando terreno, por desgracia, en el sentir de muchos peruanos.

Un estudio del INEI del 2018 arrojaba resultados realmente alarmantes sobre la discriminación padecida por la población venezolana en el Perú. El 35,6% de los venezolanos residentes en nuestro país mencionó haber sufrido alguna experiencia discriminatoria. De ese porcentaje, el 64,9% fue víctima de un acto xenofóbico en la calle o en lugares públicos, el 48,1% de ellos en el centro de trabajo y el 25,6% en el transporte público (2019:125-127). Por su parte, las cifras de la Segunda Encuesta Regional Migrantes y Refugiados Venezolanos, realizada por Equilibrium en el 2020, son aún más abrumadoras. El 72% de la población venezolana afincada en el Perú afirmó haber sido víctima de algún episodio de discriminación por su nacionalidad. Es decir, en un corto periodo de años, los datos de victimización por actos xenofóbicos se duplicaron en suelo peruano. La encuesta revela que el transporte (61%), los lugares públicos (50%) y los centros de trabajo (42%) continúan siendo los espacios donde, con mayor frecuencia, se producen los hechos discriminatorios (2020:158-159).

El incremento de los actos xenofóbicos contra los migrantes venezolanos es, pues, consecuencia del continuo y permanente énfasis que los medios de comunicación hacen, mediante titulares, noticias y reportajes, sobre la aparente relación entre el incremento de las actividades delictivas con la ola migratoria venezolana. Como bien señala Cécile Blouin, la asociación de la inmigración con el aumento de la tasa de criminalidad “puede observarse [en la] manera [en que] la nacionalidad o la condición migratoria son visibilizados sobremanera […] cuando, por ejemplo, ocurre un asalto en el país” (2018:9). Promueven y exacerban, así, discursos que incentivan la discriminación y el maltrato hacia la población venezolana (Berganza y Solórzano, 2019:85). No obstante, en una investigación titulada “Una mirada a la migración venezolana y seguridad ciudadana en el Perú”, Equilibrium da cuenta que “la relación entre los peruanos que se encuentran en prisión respecto al total de peruanos en el país asciende a 0,29%, mientras que el ratio de venezolanos recluidos en cárceles peruanas respecto al total de población venezolana en el Perú es 0,05%; es decir, la tasa venezolana fue alrededor del 17% de la peruana” (2020:23-24). Dado que la población carcelaria no es el mejor indicador para determinar los índices de criminalidad en un país, Equilibrium analizó, además, la cantidad de hurtos, robos, lesiones, homicidios y delitos sexuales perpetrados en los 50 distritos de Lima Metropolitana entre 2017-2018. Los resultados del análisis cuantitativo indican que la migración venezolana no tiene efectos significativos en la comisión de dichos delitos (2020:27-28).

Sin embargo, el alcance del sensacionalismo de la prensa peruana está esparciendo un conjunto de prejuicios y estereotipos alrededor de la figura de los venezolanos. En una encuesta del IOP, el 11,6% y el 44% de los entrevistados respondían estar muy acuerdo y de acuerdo, respectivamente, en calificar a los venezolanos como delincuentes. El 45% de los peruanos encuestados percibe a los venezolanos como poco confiables y deshonestos. El 50,9% desconfía de ellos y el 37,5% les tiene miedo. No es casual, entonces, que el 53,7% exija la aplicación de medidas migratorias extremas para frenar la migración venezolana e incluso el 24,2% esté a favor de la prohibición de la entrada de venezolanos en el Perú (IOP, 2019).

En esa misma línea, en el imaginario de muchos peruanos se ha creado la siguiente falsa dicotomía: el migrante peruano es bueno, mientras que el emigrante venezolano es malo. Afirman que el peruano migró con sus papeles en regla y con el único propósito de trabajar. Por el contrario, el emigrante venezolano es, en su mayoría, indocumentado y, por lo tanto, se dedica a delinquir. En primer lugar, debemos señalar que en todo proceso migratorio encontraremos, por seguir usando la misma terminología, personas buenas y malas. Así es la diversidad y complejidad humana. La migración peruana, obviamente, no ha estado exenta de esta regla. Desafortunadamente, los migrantes peruanos también han cometido delitos en el extranjero. Basta revisar los principales diarios de Argentina y Chile, donde se concentra el mayor número de nuestros compatriotas (ver las imágenes adjuntas). Ahora bien, el objetivo del artículo no es recordar las actividades delictivas de unos y otros, sino evitar caer en las generalizaciones. Por un grupo pequeño de delincuentes no se puede demonizar a toda la población migrante de una determinada nacionalidad. Tanto los delincuentes peruanos como los extranjeros deben ser sancionados, conforme a nuestra legislación, por las autoridades competentes.

Fuente: La Nación, de Chile                              Fuente: Clarín, de Argentina

En segundo lugar, se asocia, erróneamente, la ausencia de documentación migratoria con la criminalidad. Debemos precisar que el Estado peruano exige a todo migrante venezolano el contar con pasaporte y visa humanitaria. Solo el conseguir el pasaporte supone una odisea para miles de venezolanos (CIUP, 2019). He ahí la razón de que muchos migrantes venezolanos ingresen a nuestro territorio sin los documentos requeridos y no puedan, posteriormente, regularizar su situación migratoria. Valga la ocasión para tener presente que, según los Resultados de la Primera Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 2012, el 19,5% de nuestros compatriotas se encontraba en una situación migratoria irregular, es decir, carecían de visado o residencia en el país donde vivían y trabajaban. Si nos aplicaran la misma ley que nuestro Congreso pretende aprobar, alrededor de 600 mil migrantes peruanos en situación irregular también deberían expulsados y retornados a estas tierras.

Resulta paradójico que el Perú, caracterizado por ser un país emisor de migrantes durante las dos últimas décadas del siglo XX, se muestre tan hostil y carente de empatía con la diáspora venezolana. Recordemos que poco más de 3 millones de peruanos reside en el extranjero, es decir, el 10% de nuestra población es migrante. Ello haría pensar a más de uno que “debería existir una buena aceptación de los migrantes, pues gran parte de la sociedad tiene algún familiar que se encuentra residiendo fuera del país”. Sin embargo, todo hace indicar que “el haber emigrado no ha hecho a la población [peruana] más capaz de reconocer la diversidad y de acoger al extranjero” (Berganza y Solórzano, 2019:83).

La grave crisis humanitaria en Venezuela convierte al fenómeno migratorio de sus ciudadanos en uno de supervivencia y, por ende, el cierre de fronteras, el establecimiento de requisitos para su ingreso al país y la expulsión de los indocumentados no podrán detenerlo. Dichas medidas, por el contrario, están generando la aparición de mafias de tráfico de migrantes, que exigen el pago de ciertas cantidades de dinero para cruzar la frontera por trochas que evaden el control de las fuerzas del orden. En definitiva, el endurecimiento de las medidas migratorias pone en serio riesgo la vida de los migrantes y dificulta el trabajo de las autoridades migratorias que desconocen cuántos y quiénes son los migrantes que ingresan a nuestro territorio. Por lo tanto, la única herramienta a tener en consideración para atender a la ola de migrantes venezolanos es la flexibilización migratoria. De esa manera, el proceso migratorio se tornaría ordenado, capaz de identificar y regularizar a los migrantes en el país, dándoles la posibilidad de trabajar formalmente e integrarse a la sociedad peruana.

Es indispensable, además, que nuestras autoridades públicas, las organizaciones internacionales de cooperación y los medios de comunicación empiecen una intensa campaña de difusión y concientización de la ciudadanía sobre las difíciles circunstancias del proceso migratorio venezolano: huyen de su tierra para evitar que el hambre, la carestía y la pobreza los suma en la desesperanza y la muerte; cruzan fronteras internacionales en travesías sumamente peligrosas y traumáticas, en muchas ocasiones, con niños y adultos mayores a cuestas, y sin los medios económicos necesarios para subsistir en el país de destino. Los peruanos somos un pueblo de personas generosas y solidarias. La lamentable falta de empatía demostrada con los migrantes venezolanos es posible de explicarse, en parte, por el desconocimiento de los pesares a los que están sometidos en su país de origen, en los países que atraviesan durante su viaje y también en el país de destino. Tomando contacto con sus historias, ese espíritu de ayuda que nos caracteriza saldrá a relucir.

Fuente: @OIMPerú

Debe, igualmente, fortalecer los canales de atención, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, para denunciar actos xenofóbicos, así como su rápido y ágil procesamiento judicial.  La xenofobia se está convirtiendo en una práctica recurrente en las interacciones sociales en el Perú y, por ende, debe detenerse su expansión, efectivizando las sanciones penales que corresponden.

En suma, trabajemos para que el Perú se erija como una sociedad acogedora e inclusiva, en donde todos sus ciudadanos, sin importar su nacionalidad, logren cumplir sus sueños e ilusiones.


Bibliografía

1. Berganza Setién, Isabel y Ximena Solórzano Salleres (2019). Límites y retos del Estado. Procesos de integración de la comunidad venezolana en el Perú, Lima, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lutheran World Relief y Asociación ENCUENTROS-Servicio Jesuita para la Solidaridad.

2. Blouin, Cécile (2018). “¿Nuevos fenómenos, antiguos discursos? Percepciones hacia los migrantes en el Perú”, en Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Boletín No 156, Resultados parciales de la Encuesta Mundial de Valores 2018. Creencias y actitudes hacia la inmigración en el Perú, p. 9-10, disponible en http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/133523

3. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019). Propuesta de políticas públicas 2. Hacia fronteras humanas. Los impactos adversos de las visas humanitarias, disponible en https://ciup.up.edu.pe/media/1583/ciup-ppp-no2.pdf

4. Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (2020). Una mirada a la migración venezolana y seguridad ciudadana en Perú, disponible en https://equilibriumcende.com/migracion-seguridad-peru/

5. Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (2020). 2da Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos, disponible en https://equilibriumcende.com/segunda-encuesta-regional-2020/

6. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019). Condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú. Resultados de la Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país ENPOVE 2018. Lima.

[1] El congresista Chaiña falleció víctima del COVID-19 el lunes 22 de febrero de 2021, luego de presentado el proyecto de ley y escrito el presente artículo.

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