Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y responsable del área de Litigio Constitucional del IDL, y Maritza Quispe Mamani, abogada del área de Pueblos Indígenas y Litigo Constitucional del IDL

Muchos son los problemas que actualmente aquejan a la población de Espinar. Mientras se discute un plan de reparaciones como consecuencia de la emisión de la Resolución Ministerial No 174-2020-PCM, que conforma el grupo de trabajo para evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala, Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Collana de la provincia de Espinar. Todo ello en momentos en que los afectados y afectadas por metales tóxicos, se preparan para exigir el cumplimiento de la sentencia emitida por el juez de Espinar y ratificada por la Sala Mixta de Canchis, donde se ordenó la atención integral de salud entre otros mandatos.

En ese entender, ¿tienen derecho las comunidades campesinas de Espinar, afectados por metales tóxicos, metaloides y otras sustancias a una reparación integral? La regla general es que, aquel que causa un daño a otro, afectando sus bienes, lesionando su integridad física, o vulnerando derechos fundamentales, está obligado a reparar las consecuencias de tal afectación. El problema es que, para llegar a esta reparación las víctimas tienen que seguir un largo proceso.

Nuestras normas procesales permiten exigir tal reparación a través de varios instrumentos jurídicos, como la indemnización civil a través de un proceso civil o siendo parte civil en un proceso penal. Lo cierto es que, si bien existen estos tipos de reparaciones desde el derecho civil o penal, estas solo persiguen una reparación individual.

En el caso de violaciones a los derechos humanos de colectivos (comunidades campesinas o nativas) que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, como consecuencia de actividades extractivas o la inacción del Estado, las víctimas de estos hechos pueden exigir el cumplimiento de una reparación integral, por un lado, y por el otro, el Estado adquiere la obligación de reparar a quienes fueron víctimas de violaciones a sus derechos. Si bien, este tipo de reparaciones también conlleva un largo proceso de lucha para su reconocimiento, empero; está puede exigirse a través de procesos de tutela urgente que garantice no solo el reconocimiento de este derecho en un caso concreto, sino su restitución.

De acuerdo con los instrumentos de protección internacional de los derechos humanos, la reparación integral es un derecho de las víctimas por haber sufrido graves violaciones a sus derechos humanos. Está definición es coherente con el artículo 63.1 de la CADH, el mismo que establece que “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

En ese sentido, las comunidades campesinas de Espinar, afectadas por metales tóxicos, metaloides y otras sustancias, tienen el derecho a ser reparadas, y esta reparación debe ser integral. Hay esfuerzos de reparación parciales, sin embargo, valorando cada uno de ellos, no debemos de perder la perspectiva y es que las comunidades campesinas de Espinar tienen derecho a una reparación de manera íntegra, como lo exige la jurisprudencia de la Corte IDH, teniendo en cuenta además que este tipo de reparación debe contribuir a garantizar la supervivencia física y cultural de las comunidades campesinas de Espinar, de acuerdo con su plan de vida y cosmovisión de las mismas.

  1. Contenido convencional del derecho a la reparación

Según señala el derecho Internacional[1], el derecho humano a la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos comprende fundamentalmente 4 contenidos de los cuales se desprende 4 obligaciones[2].

i. Derecho a la restitución, entendiéndolo como el conjunto de medidas orientadas a la restauración de la situación previa de quien haya sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales.

ii. Derecho a la indemnización, entendiéndolo como la medida económica reparadora de carácter pecuniario.

iii. Derecho a las medidas de satisfacción, entendiendo esto como el conjunto de medidas de carácter no pecuniario destinadas a aliviar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, en ciertos casos.

iv. Derecho a las garantías de no repetición, por la que el Estado deberá brindar condiciones mínimas y reales que impidan en el mayor grado la ocurrencia de nuevas violaciones a los derechos fundamentales.

  1. La reparación integral de las comunidades campesinas afectadas por metales tóxicos, metaloides y otras sustancias en Espinar

En el caso de las comunidades campesinas de Espinar la reparación integral de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados implica lo siguiente:

i. La restitución de las comunidades campesinas de Espinar

Las principales medidas de restitución en el caso de las comunidades campesinas serían las siguientes:

a. Atención sanitaria. Esto implica en primer lugar la restitución del derecho a la salud de las comunidades afectadas en su salud. Esto en parte se cumple con la atención sanitaria de las comunidades campesinas ordenada por la sentencia de la Sala Mixta de Canchis, en el proceso de cumplimiento impulsado por los afectados y afectadas contra el MINSA y Diresa Loreto.

b. Los ríos y manantes deben ser descontaminados, la población de Espinar solo cuenta con agua para consumo humano 2 horas al día, a esto se suma que el poder judicial a determinado que el agua que consume está población contiene metales pesados. En ese entender, existe una obligación de los responsables de reparar este daño a través de la descontaminación de las fuentes de agua o dotación de agua potable para la población de Espinar afectados con metales tóxicos.

c. Restitución de tierras ilegalmente transferidas. Asimismo, los territorios de las comunidades campesinas, que fueron ilegalmente transferidos a particulares deben ser restituidos a las comunidades. Al respecto

ii. Derecho a la indemnización

Todos aquellos daños que no puede ser restituidos al estado anterior a la violación, es decir, cuando no sea posible volver al Estado anterior, deben ser indemnizados. Si bien, la mejor forma de reponer un daño es el restablecimiento de las cosas al estado anterior al evento dañoso, sin embargo, no siempre esto es posible. Es preciso tomar en consideración que, en muchos casos de violaciones a derechos humanos, no es posible la restitutio in integrum, por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, según la jurisprudencia internacional, mediante una justa indemnización pecuniaria[3]. Esto implica:

a. Indemnizar por los familiares fallecidos por metales pesados. Muchas personas han fallecido. En aquellos casos donde sea posible establecer la causalidad con la actividad contaminante y con el responsable, deberá ser indemnizado. Pero en casos donde se haya perdido una vida humana, la indemnización debe ser pecuniaria.

b. Indemnizar por los daños a la salud y por toda afectación no reversible. Acá también siempre que se establezca la relación causal, deberá de indemnizarte a las víctimas, de acuerdo con el impacto o la discapacidad que este ha generado.

c. Indemnizar por el ganado y por animales muertos. En igual sentido habría que probar esa relación de causalidad.

d. Indemnizar por los lugares y costumbres afectados y perdidos. En el marco de los daños sociales, culturales y espirituales deberán indemnizar la pérdida de sitios sagrados e históricos.

e. Indemnización por afectación de la subsistencia. Siempre que se pruebe que se ha afectado el acceso de las comunidades campesinas al acceso de los recursos naturales que garantizan su subsistencia, deberán indemnizarse. Esta indemnización será para aquellas comunidades que están en riesgo de desaparición.

Antes de las actividades extractivas, Espinar era una provincia fundamentalmente ganadera, después de las denuncias de contaminación y la presencia de metales pesados en las personas y animales, los habitantes de esta provincia ya no pueden vender sus productos (carne y leche). Es decir, la población de afuera ya no le compran sus productos.

  1. Medidas de Satisfacción

Se trata de medida de reparación moral, de restitución de la dignidad de las comunidades campesinas de Espinar. El Estado debe pedir perdón a las comunidades campesinas de Espinar por no haberlas protegido, por no haber intervenido ante los indicios de contaminación; por haberlas abandonado. Por haber negado que había un grave problema de contaminación. Se trata en definitiva de una reparación moral a las comunidades afectadas y a los familiares de los fallecidos. El Estado falló en su rol de garante de derechos y debe reconocerlo y pedir perdón.

  1. Garantías de no repetición

Se tratan de medidas que aseguren y que garanticen que estos actos no vuelvan a cometerse estas graves violación

a. Identificar y neutralizar las causas de la contaminación en Espinar. Esto es clave pues mientras no se ataque la causa la contaminación seguirá, y cualquier esfuerzo de atención sanitaria será estéril.

b. Dotar de agua potable a todas las comunidades campesinas de Espinar. La contaminación ha sido por ingesta de agua contaminada con metales pesados. Por eso resulta necesario que las comunidades cuenten con fuentes de agua seguras y confiables.

c. Diseño e implementación de una planta de tratamiento de agua potable. En coherencia con lo anterior esta planta es clave para asegurar que las comunidades no tomen aguas contaminadas.

d. Monitoreo ambiental de la actividad extractiva de las empresas mineras de Yauri y fiscalización de la empresa minera de la gestión de las aguas residuales altamente tóxicas. Buena parte de la causa de esta contaminación es porque el Estado no cumplió con fiscalizar la actividad minera en Espinar. Esto es clave para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

e. Revisión de los estándares y de los protocolos de intervención en caso de grave afectación del ambiente por actividad minera. Es importante revisar los estándares de calidad ambiental y los máximos límites permisibles de metales pesados de metales pesados en el cuerpo humano.

f. Mejoramiento de los servicios de salud de Espinar. Un buen servicio de salud en Espinar puede ser fundamental para la determinación temprana de la presencia de metales pesados en las personas en Espinar.

 5. A manera de conclusión: ¿Quién es el responsable?

Es imperativo que se identifique cuál es la causa de la contaminación en Espinar y quien es el responsable de esta. Las comunidades dicen que es la empresa minera que opera los proyectos de Tintaya y Antapaccay, y la empresa y Estado dicen que es un proceso de mineralización natural. En principio el responsable deberá asumir la reparación. Pero mientras esto ocurra el Estado en su condición de garante de los derechos humanos, debe asumir la reparación, debiendo luego exigir su devolución a la empresa minera responsable. Es decir, mientras no se encuentre al responsable el Estado asume y luego exige devolución. El derecho a la reparación integral es un derecho convencional que debe ser cumplido por el Estado, de lo contrario esto puede ser exigido a través de los procesos constitucionales.



REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

[1] Ver por ejemplo los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.

[2] Juan Carlos Ruiz Molleda y Álvaro Másquez Salvador, aproximación al contenido del derecho a la reparación de las violaciones de los derechos humanos. Disponible en: https://www.idl.org.pe/una-aproximacion-al-contenido-constitucional-del-derecho-a-la-reparacion-de-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos1/.

[3] Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de julio de 2004. Serie C Nº 110, párr.189

Fuente de la imagen: IDL

 

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