Por Aaron Aleman, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y  abogado penalista del Estudio Jurídico Arbizu & Gamarra; y Gino Delzo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y  juez del Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao.

“La democracia es la posibilidad de participar equitativa y proactivamente en la toma de decisiones, formarnos para la ciudadanía y la transformación, denunciado cuando corresponda, pero ejerciendo nuestro rol de corresponsables en la construcción de una sociedad más justa”Francisco Martínez

 

El día jueves 15 de abril de 2021, a través de los medios de prensa, se dio a conocer un nuevo y grave caso de flagelo hacia los derechos electorales y, principalmente, la legitimidad de las presente elecciones presidenciales.

Jorge Paredes Terry, Coordinador Nacional del “Pacto Social”, denunció públicamente al partido político Avanza País y, en específico, al ex candidato presidencial Hernando De Soto, señalando que este último se encuentra negociando con los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta (léase Keiko Fujimori y Pedro Castillo), a fin de poder otorgar los votos de sus partidarios, militantes y simpatizantes, a cambio de recibir durante el mandato de su gobierno el Premierato y cinco ministerios de su elección.

Lo antes enunciado nos ubica en una escena en la que a partir de la compraventa de los votos del electorado se resquebraja los principios y valores básicos de nuestra democracia representativa, puesto que, por un lado, se condiciona al electorado de un determinado partido político a seleccionar una opción que pudiera no condecirse y tampoco ser favorables a sus intereses y convicciones reales y genuinos; y, de otro lado, se pierde la visión de  la búsqueda del bien común y, en especial medida, la justicia social, la eficacia gubernamental e inclusión política.

En otros términos, a través de este acto antidemocrático se estaría perdiendo de vista que el pacto social democrático consiste, precisamente, en convertir como eje principal al sistema electoral – y principalmente, el libre derecho al sufragio activo y pasivo – y a las instituciones y/u organizaciones representativas – en este caso, el denominado “Pacto Social” -, puesto que, a falta de ello, sucumben las garantías mínimas de una auténtica democracia y se da paso a un régimen totalitario.

Ahora bien, lo antes expuesto no solo comprende en sí misma una grave falta hacia los mandatos  establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales en lo que respecta a la neutralidad que deben mantener los partidos políticos y candidatos a puertas de un proceso electoral; sino que, adicionalmente, tiene mérito suficiente para la apertura de una investigación penal en contra de los militantes del partido político Avanza País, entre los cuales destaca su máximo representante Hernando De Soto.

En efecto, la presunta conducta desplegada por estos últimos se adecua a lo dispuesto y regulado en el artículo 356º del Código Penal Vigente, debido a que en el presente caso a partir de la solicitud efectuada por el partido político Avanza país hacia los dos candidatos presidenciales a segunda vuelta se tiene que la misma se efectúa en base a la preexistencia de presuntos acuerdos basados en dádivas, promesas o ventajas a favor de la militancia, partidarios y simpatizantes de Avanza País a fin de que voten a favor del candidato presidencial que aceptase sus requisitos de conseguir un Premierato y cinco ministerios.

En consecuencia, esta clara inducción del voto a un determinado y único sentido hacia los militantes o partidarios de este partido político a cambio de dádivas, promesas o ventajas, ya sea dentro del propio partido o cualquier otra, reúne todos los presupuestos configurativos del tipo penal antes mencionado y, en tal sentido, amerita ser sancionado a título de autor bajo los límites de la pena establecidos en el tipo penal, los cuales son no menor a un año ni menor a cuatro años de pena privativa de la libertad.

Sobre el particular, es menester destacar que con la sola promesa, dádiva o ventaja efectuada presuntamente por el máximo representante de Avanza país, Hernando de Soto, se logra consumar el delito y, en ese sentido, no es necesario que dicho acuerdo subrepticio se concrete a través de la concurrencia de quienes votaran en segunda vuelta, pues además de que ello sería prohibitivo e imposible de determinar en la realidad – téngase en cuenta que el voto se ejerce de manera anónima y privada -, el sentido del injusto penal recae en resguardar y salvaguardar el libre y consciente derecho al sufragio.

Este lamentable episodio protagonizado por Hernando de Soto, significa un duro golpe para nuestra democracia, pues no solo se vislumbra la precariedad de nuestra cultura democrática – entiéndase como modo de vida y no únicamente como régimen político -, sino también una absoluta manipulación en el sentido del electorado nacional, convirtiendo así las presentes elecciones en un retroceso de las luchas y avances contra las dictaduras, pues convierte en ficticia el debate público respecto a la mejor opción para representar a nuestro gobierno, en aras de garantizar una correcta dirección y consolidación en nuestra surgente economía, políticas sociales, lucha a favor de los derechos humanos, entre otros.

Así pues, anticipamos un mal preludio en las presentes elecciones, toda vez que no predominará una elección responsable a la hora de emitir el voto para seleccionar al futuro mandatario presidencial, sino que más bien serán los acuerdos que se realicen “bajo la mesa” entre los distintos representantes de los diversos partidos políticos – en especial, los que cuenten con un número significativo de militantes o simpatizantes -, tal como así lo denunció el día de ayer Jorge Paredes Terry, Coordinador Nacional del “Pacto Social”, respecto al caso de Hernando De Soto.

Por último, y a modo de reflexión, debemos a exhortar a nuestros lectores y al público en general a poder, en primer lugar, denunciar abiertamente estos delitos electorales, a efectos de que se investiguen y se sancionen a los responsables, sin algún tipo de distinción por nombre o apellido, y, en segundo lugar, involucrarnos activamente en el debate político y público, porque solo así se podrá afrontar un proceso democrático que aborde proyectos nacidos y estructurados desde las aspiraciones y experiencias de todos, los cuales no solo deben agotarse en una representación electoral, sino en la efectivización de todo el resto de nuestros derechos fundamentales y humanos.

De no ser así, estaríamos condenados a permanecer en un país en el cual no se conciba como una verdadera democracia, pero no en virtud de la falta de los presupuestos materiales para su existencia, sino – y esto es lo grave – a la falta del aprovechamiento y uso de los mecanismos existentes para garantizar el pleno goce de nuestros derechos.

En síntesis, lo que necesita nuestro país en pleno Bicentenario es un cambio de paradigma en nuestra propia concepción de la política y de los derechos fundamentales, pues para que una democracia pueda funcionar se requiere indispensablemente que la ciudadanía sea instruida, crítica, reflexiva y organizada. No olvidemos que todos cumplimos un rol trascendental, el cual es ser los guardianes de la democracia.


Referencia Bibliográfica

*Un especial agradecimiento a Norma Rodríguez por su apoyo, aliento e inspiración para realizar el presente artículo, sino hubiera propiciado su determinación y motivación no hubiera sido posible su realización. Un fortísimo abrazo y espero disfrutes leerlo.

-Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. Barcelona, España.

-Dagnino, E., Rivera, A. O., & Panfichi, A. (2006). La disputa por la construcción democrática en América Latina. (Vol. 3). CIESAS

-Martínez, F. (s.f.). Democracia: Un vehículo para los derechos humanos


Fuente de imagen: Share America.

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