Por Enfoque Derecho

  1. Pleno del Congreso aprueba inhabilitación política por 10 años contra Martin Vizcarra

Tras el arduo debate realizado en la sesión del Pleno del Congreso, se decidió, con 86 votos a favor, aprobar la Inhabilitación Política contra Martín Vizcarra por 10 años por el caso Vacunagate.

Asimismo, se acordó, con 82 votos a favor, la inhabilitación de la excanciller Elizabeth Astete. Por último, con 83 votos, también se decidió la inhabilitación por 8 años de la exministra de salud, Pilar Mazzetti.

Según el informe, Martín Vizcarra, quien es el candidato más votado al Congreso, habría cometido diversas infracciones constitucionales por haber recibido de manera irregular las vacunas de Sinopharm, en setiembre del 2020, cuando era presidente de la República.

Cabe señalar que ni el exmandatario, ni su abogado acudieron a la citación para ejercer su derecho a la defensa.

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  1. Comisión de Economía aprueba dictamen para que empresas privadas compren y apliquen vacunas contra la COVID-19

Este miércoles, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó, por unanimidad, un dictamen que autoriza a las empresas del sector privado la “adquisición, importación distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna” contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. También permite al sector privado la compra o importación de condensadores y compresores de oxígeno para el tratamiento.

La norma señala que “El sector privado puede adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar y aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 para destinar a los trabajadores, al núcleo familiar de estos y a un porcentaje no menor al 30% destinado para asistencia social dentro de la circunscripción territorial donde desenvuelve sus actividades económicas”.

Asimismo, se autoriza a los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que importen, almacenen, distribuyan y apliquen de vacunas contra el COVID-19 en todo el territorio nacional.

Cabe señalar que el proceso de vacunación a cargo de las empresas privadas y los gobiernos subnacionales debe hacerse de manera gratuita. De igual forma, deberá ser el Ministerio de Salud (Minsa) la entidad encargada de autorizar a las empresas del sector privado a adquirir y aplicar vacunas.

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  1. Congreso rechaza moción de censura contra el presidente Sagasti

Con 14 votos a favor, 65 votos en contra y 18 abstenciones, el pleno del Congreso de la República no admitió, este martes, a debate la moción de censura contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, presentada por el congresista Posemoscrowte Chagua del partido Unión por el Perú. Dicha moción se sustentaba en el presunto conocimiento de presidente Sagasti de la vacunación de la excanciller Elizabeth Astete.

Durante su sustentación ante el Pleno virtual, el congresista Posemoscrowte Chagua señaló que el mandatario Francisco Sagasti infringió el artículo 9 de la Constitución Política, de esta manera habría incumplido con el deber del Estado de brindar el acceso igualitario a la salud para todos los peruanos. Asimismo, insistió que mintió al país.

A su turno, la congresista Mónica Saavedra (AP) señaló que sacar en este momento al presidente Sagasti “sería generar más caos”. De igual manera, Lenin Bazán (FA) indicó que la moción “es una gran irresponsabilidad”.

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  1. Pleno de Congreso suspendió a Edgar Alarcón y aprobó acusación constitucional en su contra

El Pleno del Congreso de la República suspendió los derechos y deberes funcionales de Edgar Alarcón mientras dure el proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito. Momentos antes aprobó acusarlo constitucionalmente con 62 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones, por dicho delito, tras la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Las imputaciones hechas contra Alarcón por la Fiscalía de la Nación están referidas a un presunto enriquecimiento ilícito de su parte. En la denuncia, el Ministerio Público le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377.24 entre junio del 2016 y julio del 2017, en el que fue contralor. El documento también señala que este delito prevé una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años además de una inhabilitación política.

La Fiscal de la Nación también lo denunció por peculado doloso por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría durante el periodo en el que Alarcón dirigió la institución. Por esto, indica que con la denuncia constitucional corresponde «iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político» contra el investigado.

Fuentes:


Fuente: Andina, RPP, El Comercio, Gestión.

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