El derecho a la protesta y sus consecuencias en la salud mental, a raíz de los últimos acontecimientos en Colombia por el proyecto de reforma tributaria

"Existe una profunda desconfianza y descontento de la ciudadanía con su clase política, que parece estar de espaldas a la población al tomar medidas carentes de todo consenso".

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Por Omar Alejos, bachiller en derecho por la PUCP y asociado extraordinario de la Asociación Civil Themis; y, Antonia Lerner, bachillera en psicología por la PUCP.

  • Introducción: Ola de protestas en Latinoamérica.

En los últimos años hemos evidenciado una creciente ola de protestas en la región. A fines del año 2019, inició un estallido social en Chile con multitudinarias manifestaciones. El detonante fue el alza de pasajes del metro de Santiago, pero las protestas fueron mucho más allá, con reivindicaciones en torno al rol subsidiario del Estado, la desigualdad económica y el alto costo de vida en Chile. La magnitud de la protesta fue tal, que el presidente chileno se comprometió a iniciar un proceso para la redacción de una nueva constitución que encauzara todos los reclamos ciudadanos[1].

De manera similar, entre octubre y noviembre del mismo año, Bolivia atravesó una ola de protestas por la nueva reelección del entonces presidente Morales. En medio de acusaciones de fraude, por un lado, y de golpe de estado, por otro, la protesta ciudadana logró la renuncia del entonces presidente y la convocatoria a nuevas elecciones. En Ecuador, por su parte, las protestas se produjeron tras el anuncio de medidas económicas por parte del gobierno del ex presidente Lenín Moreno, como el retiro del subsidio al precio de la gasolina[2].

Más recientemente, en noviembre de 2020, tuvieron lugar masivas manifestaciones en Perú, a raíz de la vacancia del ex presidente Vizcarra y la asunción al poder de Manuel Merino, acto que fue considerado legal, pero exento de toda legitimidad. Las protestas, que se desarrollaron en todo el territorio nacional, acabaron con la renuncia de Merino y la elección de una nueva Mesa Directiva por parte del Congreso de la República[3].

Si bien se trata de escenarios distintos y con causas diferentes, encontramos ciertos puntos en común: existe una profunda desconfianza y descontento de la ciudadanía con su clase política, que parece estar de espaldas a la población al tomar medidas carentes de todo consenso; las manifestaciones han tenido detonantes concretos, pero finalmente han abarcado demandas mucho más amplias y estructurales; la respuesta de las fuerzas policiales ha sido sumamente violenta, con un actuar límite con los derechos humanos de los manifestantes.

Lo anteriormente descrito ha tenido importantes repercusiones en diversos ámbitos, más allá del tema político o económico. Sin embargo, muchos de ellos aún no han sido visibilizados. Es el caso de la salud mental y las consecuencias que produce en ésta los contextos de protesta y movilización. Este artículo busca desarrollar brevemente cuáles son dichas consecuencias y generar una reflexión sobre el tema, tomando como punto de partida el caso de las recientes protestas en Colombia.

  • Protestas en Colombia por la reforma tributaria

El 28 de abril del año en curso, iniciaron las protestas en Colombia bajo el nombre de “paro nacional”. El detonante fue el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno del presidente Iván Duque. Si bien varios expertos consideraron la propuesta de “necesaria”, se cuestiona el perjuicio que acarrearía para la clase media colombiana, el poco consenso generado por el proyecto, y el contexto de grave crisis sanitaria en el cual se plantea[4].

Las movilizaciones llevan cinco días en todo el país, y continúan al día de hoy, a pesar del retiro del proyecto de reforma y la renuncia del Ministro de Hacienda, autor de la misma. Las protestas ahora van más allá del detonante inicial, con reclamos por un mejor manejo de la pandemia, una reforma policial y una mejor implementación del proceso de paz[5]. Al día de hoy, el saldo ha sido de 17 muertos y 846 heridos[6], sumado a numerosas denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos contra los agentes del orden del Estado, así como el reporte de al menos 445 detenciones arbitrarias, entre otras violaciones a los derechos humanos[7].

  • El derecho a la protesta en el ordenamiento jurídico peruano y colombiano

Antes de analizar la afectación en la salud mental que origina estos escenarios de convulsión social, detengámonos brevemente en la regulación del derecho a la protesta en el ordenamiento jurídico peruano y colombiano.

El artículo 2, inciso 12 de la Constitución Política peruana consagra el derecho a la libertad de reunión como un derecho fundamental, el mismo que ha sido definido como la facultad para congregarse pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, “con el propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes”[8]. A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 21, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en su artículo 15, reconocen el derecho de reunión en términos semejantes[9].

Recientemente, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que, pese a no encontrarse expresamente reconocido en la Constitución, “resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental”, para luego señalar que este derecho “asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, […] sobre la base de aspiraciones legítimas […] y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental”[10].

En efecto, la democracia puede atravesar momentos de crisis donde “adquiere mayor relevancia el reconocimiento y garantía de la protesta con fines legítimos y en el marco de la legalidad imperante”, por cuanto la protesta, ejercida conforme a la Constitución, constituye “una genuina expresión de la soberanía popular (artículo 45 de la Constitución peruana)”[11].

Por su parte, la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la protesta social en su artículo 37, el cual establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia, “la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades”[12]. Y este derecho, forma parte también de las manifestaciones del derecho a la libertad de expresión, “establecido no sólo en la Constitución [colombiana], sino además en varios tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”[13].

Así, tanto el ordenamiento jurídico peruano como colombiano consagran y reconocen el derecho a la protesta, considerado como una manifestación legítima del sentir ciudadano para la reivindicación de sus derechos.

  • El derecho a la protesta y sus consecuencias en la salud mental

A pesar del reconocimiento del derecho a la protesta tanto por el ordenamiento jurídico peruano como colombiano, en ambos casos se ha visto una represión violenta por parte de las fuerzas del orden. Los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, son las que generalmente dan cuenta del accionar de la policía y las eventuales violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. Sin embargo, el foco de estas investigaciones suele estar en el ámbito de la salud física, como es el caso de la integridad física o la libertad ambulatoria. Sin restarle importancia a dichas investigaciones, que resultan claves en la clarificación de los hechos y la búsqueda de justicia, en el presente artículo buscamos poner sobre la mesa los potenciales efectos de las protestas, y su represión violenta, en la salud mental de los y las ciudadanas.

Es relevante precisar que la participación en una acción colectiva o protesta no implica necesariamente un efecto negativo en la salud mental. Las acciones colectivas pueden generar una mayor cohesión social que, a su vez, contribuye al fortalecimiento de los vínculos sociales y reduce el impacto de situaciones de estrés[14]. En ese sentido, la protesta puede generar una sensación vinculada al bienestar, así como la identificación y expresión de valores relacionados a los derechos humanos y la justicia social[15].

Por el contrario, los efectos perjudiciales se originan en el desarrollo violento de una manifestación[16]. Cuando la calle, un escenario cotidiano en el cual pasamos nuestros días, se convierte en un campo de conflicto y guerra, podemos esperar diversos impactos negativos en la salud mental. Haber visto de primera mano las agresiones y violaciones a los derechos humanos, haber sido herido en una protesta, haber sido detenido injustificadamente, o, incluso, ver estas escenas a través de las redes sociales o escucharlas por testimonios de personas cercanas a nosotros, puede tener un impacto considerable en nuestra salud mental y bienestar.

Diversos autores han estudiado el efecto de las protestas en este ámbito, y concluyen que los efectos pueden ser comparables con desastres naturales, ataques terroristas o conflictos armados[17]. Cuando la protesta es violentamente reprimida (a través del uso de gas lacrimógeno, al ser testigo de un acto violento o al tener heridas de diversa gravedad por armas no letales), esta exposición frente a actos violentos puede generar altos niveles de ansiedad, derivando incluso en episodios depresivos y estrés postraumático[18].

Cuando uno participa de una protesta, especialmente una que es violentamente reprimida, puede encontrarse en una situación que excede nuestra capacidad de tolerar estímulos estresores. Los estímulos estresores son, básicamente, situaciones o condiciones que generan estrés. Cada persona tiene un nivel diferente de estresores que puede tolerar y, cuando se reta o supera esta capacidad, se generan procesos reactivos extra para sobrellevar la situación, originando un eventual impacto negativo en la salud mental[19].

Así, la represión violenta de la protesta se convierte también en un tema de salud mental pública[20], especialmente si consideramos la prevalencia del uso de la fuerza por los agentes del orden durante las recientes manifestaciones en Latinoamérica. Los y las profesionales de la salud deben estar vigilantes a las consecuencias de estos eventos en la salud mental, así como buscar llevar el tema a la agenda pública, a fin de otorgarle la importancia que merece y seguir explorando los efectos a corto, mediano y largo plazo.

  • Reflexión

Debemos reflexionar sobre la confianza que le otorgan los ciudadanos a sus instituciones, pieza clave de una democracia. Estas últimas deberían ofrecer una variedad de canales e instrumentos para que los ciudadanos participen en los procesos políticos, siendo el voto una pieza elemental de la democracia representativa, pero contemplando mecanismos que vayan mucho más allá[21]. Cuando las instituciones son sólidas, es más probable que los ciudadanos participen de manera institucional en los procesos políticos; cuando son débiles, se opta por la protesta y otras formas no convencionales de participación.

Los escenarios en los que se encuentra Latinoamérica actualmente son demostración de la debilidad de sus instituciones. Existe un sentimiento de ruptura del contrato social, donde el reclamo ciudadano demanda de un Estado que garantice el pleno disfrute de derechos, con sociedades más justas y menos desiguales.

La represión violenta de la protesta supone, sin duda alguna, una amenaza al sistema democrático y a nuestra libertad, pero también pone en riesgo nuestra salud mental, ocasionando situaciones de estrés y ansiedad que merecen mayor atención por parte de la misma sociedad.

En ese contexto, ponemos en agenda el tema de la salud mental para evidenciar que el vivir en estados de constante crisis, afecta no solo el ámbito político, económico o social, sino también personal, reafirmando, una vez más, que lo personal es político. Queda pendiente reflexionar cómo se vuelve a recuperar el contrato social y la legitimidad tanto de las instituciones democráticas como de la nación.


Fuentes de imagen: cnnespanol.cnn.com

Bibliografía:

[1] «¡Nueva Constitución!»: El grito que se apodera de las protestas en Chile. En: https://www.france24.com/es/20191105-nueva-constitucion-protestas-chile-pinera

[2] Ola de protestas en América Latina: ¿puede la amenaza de una nueva “década perdida” explicar lo que ocurre en las calles?. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50563723

[3] Renuncia Manuel Merino: la ola de protestas en Perú que dejó dos muertos y 100 heridos y culminó con la dimisión del presidente. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54948270

[4] Duque trata de impulsar una nueva reforma tributaria en Colombia. En: https://elpais.com/internacional/2021-05-03/duque-trata-de-impulsar-una-nueva-reforma-tributaria-en-colombia.html

[5] 3 cosas que piden las protestas en Colombia más allá de la reforma tributaria que retiró Duque. En:  https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/reforma-tributaria-en-colombia-3-cosas-que-piden-las-protestas-en-colombia-mas-alla-de-la-reforma-fiscal-que-retiro-ivan-duque-noticia/

[6] 17 muertos y 846 heridos, el saldo de los cinco días de protestas en Colombia. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/17-muertos-y-846-heridos-el-saldo-de-los-cinco-dias-de-protestas-en-colombia/202111/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&

[7] La CIDH pide al Estado investigar presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-cidh-pide-al-estado-investigar-presuntas-violaciones-de-los-derechos-humanos-durante-las-protestas/202146/

[8] Tribunal Constitucional de Perú (2005). Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 4677-2004-PA/TC, fundamento 14.

[9] Saldaña, J. y J. Portocarrero (2017). La violencia de las leyes: el uso de la fuerza y la criminalización de protestas socioambientales en el Perú. Revista Derecho PUCP. N° 79, p. 315.

[10] Tribunal Constitucional de Perú (2020). Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 0009-2018-PI/TC, fundamento 74.

[11] Ídem. Fundamento 72.

[12] Corte Constitucional de Colombia (2012). Sentencia C-742/12, fundamento 4.2.

[13] Corte Constitucional de Colombia (2018). Sentencia C-009/18, fundamento 36.

[14] Kawachi, I. y Berkman, L.F. (2001) Social ties and mental health. Journal of Urban Health 78, 458-467.

[15] Montague, A. C., & Eiroa-Orosa, F. J. (2017). Exploring the Role of Engagement on Well-Being and

Personal Development: A Review of Adolescent and Mental Health Activism. En Brown, N.J.L, Lomas, T., y Eiroa-Orosa, F.J. (Eds.), The Routledge International Handbook of Critical Positive Psychology (pp. 437–446). Routledge.

[16] Ni, M.Y., Li, T.K., Pang, H., Chan, B.H., Yuan, B.Y., Kawachi, I., Schooling, C.M., y Leung, G.M. (2016) Direct Participation in and Indirect Exposure to the Occupy Central Movement and Depressive Symptoms: A Longitudinal Study of Hong Kong Adults. Am J Epidemiol, 184(9), 636-643. doi: 10.1093/aje/kww103.

[17] Ni, M. Y; Kim, Y., McDowell, I., Wong, S., Qiu, H., Wong, I., Galea, S., y Leung, G. (2020). Mental health during and after protests, riots and revolutions: A systematic review. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 54(3), 232-243.

[18] Idem.

[19] Hammen C (2005) Stress and depression. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 293–319.

[20] Çelebi, E., Adam-Troian, J., y Mahfud, Y. (2020). Positive Links Between Exposure to Police Violence, PTSD, and Depression Symptoms Among Yellow Vests Protesters in France. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260520935863

[21] Machado, F., Scartascini, C., y Tommasi, M. (2011). Political Institutions and Street Protests in Latin America. Journal of Conflict Resolution, 55(3), 340–365. doi: https://doi.org/10.1177/0022002711400864

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