La defensa putativa en el ordenamiento jurídico

Por tanto, lo ajustado a Derecho es asumir la culpabilidad como presupuesto del delito, y evaluar el injusto de cara a la persona vinculada al ilícito.

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Por Paul Iriarte, miembro actual del Instituto de Defensa de los derechos fundamentales «Eugenio Raúl Zaffaroni»

Sumario: 1. Introducción, 2. Defensa putativa en el ordenamiento jurídico, 3. Operatividad procesal, 4. Conclusión, 5. Referencias

  1. Introducción

La regla sigue incólume, la acción típica se erige en condición necesaria para afirmar delito. En su defecto, la omisión como excepción sobre una acción esperada prevista en el artículo 13 del Código Penal. Ambos supuestos, exigen juicios hipotéticos, tanto de causación y evitación, que exigen percutar actos de investigación.

Ciertamente, ello se desprende desde el bloque Convencional y Constitucional, dado que, no hay delito sin conducta, como también adscribir la realización de acciones por excelencia a los seres humanos – dato óntico – previsto en el artículo l de la Declaración Universal de los DD.HH.

Artículo 1. Obligación de respetar los Derechos

  • Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esta sujeta a jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
  • Para los efectos, de esta Convención, persona es todo ser humano.

Ciertamente, la categoría de persona no se doto a todos los seres humanos en la historia. Sin embargo, ahora afirmar ello seria un despropósito, dado que, lo que caracteriza a la persona es la acción, por ende, se proscribe toda forma de derecho de autor, que ciertos rasgos sean constitutivos de delito, etc.

Por tanto, se exige que la acción vaya aparejada con la necesaria cognición y voluntariedad, asimismo, que esta sea exteriorizada en el mundo fenoménico, caso contrario, no es factible afirmar delito, de acuerdo al caso concreto; si esa falta del elemento es determinante para la comprensión o la realización del ilícito penalmente relevante. En efecto, se exige exteriorización de la voluntariedad, caso contrario, no es factible inferirlo, puesto que, se exige modificar la realidad con dicha acción, y que, esta sea relevante penalmente.

En consecuencia, la cognición y voluntariedad trasvasa al injusto y la culpabilidad; sosteniendo a esta como presupuesto del delito, dado que, relegar su análisis como tercer estrato supondría un despropósito, dado que, por regla general, la culpabilidad se analiza sobre una persona determinada. Por consiguiente, se analice su injusto y si este es culpable; lo contrario daría lugar a afirmar injusto, empero, sin saber si la persona es culpable, con mayor razón, relegando su análisis para el plenario del juicio oral, no siendo materia de lo preliminar o preparatorio, de cara a las fases del proceso penal –.

  1. Defensa putativa en el ordenamiento jurídico

Como primera premisa, asumir la culpabilidad como presupuesto del delito, implica tener un dolo transversal; seguido por la cognición y la voluntad que trasvasa el injusto y la culpabilidad. En esa medida, de no concurrir ambos elementos o estar suprimido uno de ellos, no es factible afirmar delito.

En esa medida, se erige el error sobre los elementos del tipo o hechos constitutivos; y error sobre los elementos de una causa de justificación. Así pues, se tiene la legítima defensa putativa; que consiste en el error sobre los elementos objetivos de una causa de justificación.

En efecto, el error sobre los componentes objetivos de la legítima defensa en el que se halla quien ejercita una defensa, generalmente reconocida como la legítima defensa putativa, se reconduce actualmente bajo el concepto del error. La legítima defensa se configura cuando una persona cree, con cierto fundamento, que va a ser objeto de una agresión, por lo tanto, despliega una defensa violenta contra el presunto atacante, que finalmente no lo es. Al igual que en una legítima defensa real en lo putativo también puede configurarse un exceso en el despliegue de la acción defensiva ante un ataque solo imaginario (Lopez, 2016, pág. 119).

Para Muñoz Conde es la defensa que se utiliza para repeler una agresión imaginada, no real y objetivamente inexistente. Al igual que en una legítima defensa real, en la putativa también puede configurarse un exceso en el despliegue de la acción defensiva ante un ataque solo imaginario (Putativ Notwehrexzess) (Freyre, Teoría del delito, 2009, pág. 448).

En efecto, si es imaginada o ficticia por quien se defiende estaremos ante un caso de legítima defensa putativa, en donde faltaran los elementos objetivos de la justificación y solo existen los subjetivos, que en realidad esto es un tema de error (Sánchez, 2014, pág. 622).

Art. 14.- Error de tipo. Error de prohibición

El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley.

Ciertamente, desde un punto de vista valorativo, el error sobre un elemento objetivo, presunta agresión, se diferencia de otros errores sobre elementos fácticos de la tipicidad (Freyre, Teoría del delito, 2009, pág. 448).

Por esa razón, la doctrina suele tratar, estos supuestos, con el nombre de “error sobre los presupuestos fácticos y objetivos de las causas de justificación” o “error sobre el tipo permisivo” (Sánchez, 2014, pág. 622).

En esa medida, el hecho de utilizar una acción defensiva ante una agresión solo imaginaria no puede tener efectos justificantes; pues la justificación reposa sobre una base objetiva real, mas no imaginaria, ante tal contexto, el presunto defensor (putativo) es declarado exento de responsabilidad criminal producto del razonable y fundado error en el cual incurre (Lopez, 2016, pág. 119).

En este supuesto, la agresión ilegítima existe en la mente de quien cree defenderse; en esta hipótesis acontece una divergencia entre la realidad y la percepción subjetiva, error que solo puede llevar a tener efectos disculpantes. Pues el fundamento axiológico de la legítima defensa descansa sobre una real “agresión ilegítima” pero como bien anota Luzón Peña, ante un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, el tercero podrá hacer uso del Estado de necesidad. En consecuencia, la legítima defensa putativa detenta una base meramente subjetiva, que adolece de una base objetiva real, lo cual conduce a descartar su naturaleza justificante, genera responsabilidad civil y admite la participación punible de terceros intervinientes (Freyre, Teoría del delito, 2009, pág. 449).

Por tanto, hay que advertir que tratar el error sobre un elemento esencial de una causa de justificación (por ejemplo, la agresión ilegítima), ni conduce de forma automática a la impunidad (error invencible), ni nos lleva siempre a apreciar un injusto imprudente (error vencible) (Sánchez, 2014, pág. 622).

En consecuencia, la naturaleza de esta figura jurídica, es la exclusión de la responsabilidad por el error fundado en el cual incurre el sujeto, caso contrario, es factible su atenuación frente a la consecuencia jurídica a asignar.

Por tanto, despliega efectos disculpantes, siempre y cuando sea racional y fundada. Los elementos de “racional y fundada” para que puedan tener valor probatorio, deben ser estimados objetivamente, tomando como referencia a la situación en concreto, no en base a una representación meramente subjetiva. Lo razonable es lo que hubiera hecho una persona normal incursa en las mismas circunstancias concomitantes (Freyre, Teoría del delito, 2009, pág. 449).

En consecuencia, el error es la falta de representación sobre unos hechos determinados, por consiguiente, las causas que determinan el error si bien son relevantes para áreas ajenas al Derecho; empero, el juzgador valora si dicho error es determinante en la cognición y voluntariedad frente a la realización y comprensión del delito.

En ese sentido, una de las variables que deberá ser apreciada y estimada por el juzgador al momento de valorar los presupuestos objetivos de la legítima defensa putativa es el contexto actual de la sociedad, sucumbida por una oleada violentista producto de la criminalidad, que en su ilícito accionar no duda en poner en peligro bienes jurídicos relevantes como la vida, la integridad corporal o la libertad, generando una especie de psicosis colectiva que en determinadas situaciones pueden hacer reaccionar violentamente a cualquier ciudadano (Lopez, 2016, pág. 120).

Así, en determinadas situaciones – pueden hacer reaccionar violentamente al ciudadano mas apacible, en circunstancias donde la agresión no es real, pero fundadamente llevaron al error, y en otros casos la agresión solo se encontraba en la mente del supuesto agredido. Son todas estas variables que deberán ser apreciadas  estimadas por el juzgador al momento de valorar el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación o si estamos frente a una defensa putativa que solo puede llevar a la exclusión de pena como causa disculpante (Freyre, Teoría del delito, 2009, pág. 449).

  1. Operatividad procesal

Por tanto, de concurrir la figura de la legítima defensa putativa, permitirá, qué duda cabe, delimitar los hechos controvertidos. En consecuencia, generar actos de investigación de parte, a efectos de comprobar la falta de representación de los elementos objetivos de la legítima defensa.

En cambio, la parte persecutora realizara lo pertinente, frente a su hipótesis, por ejemplo, probar que no concurre el error en la representación sobre un elemento objetivo de la causa de justificación, por tanto, es factible referir una legítima defensa imperfecta, o que no concurre la legítima defensa, ello de acuerdo a los actos de investigación recabados y los que obran en el expediente.

  1. Conclusión

Por tanto, lo ajustado a Derecho es asumir la culpabilidad como presupuesto del delito, y evaluar el injusto de cara a la persona vinculada al ilícito. En esa medida, evaluar si se tiene la cognición y voluntariedad necesaria en la realización y comprensión del ilícito, caso contrario, se estaría asumiendo presunciones iure et de iure, y no, iuris tantum.

5.   Referencias

Freyre, A. R. (2007). Derecho Penal Parte General Teoría del delito y de la pena y sus consecuencias jurídicas. Lima: Rodhas.

Lopez, J. P. (2016). Las 15 eximentes de responsabilidad penal exhaustivo analisis doctrinario y jurisprudencial. LIMA: GACETA JURIDICA.

Sánchez, J. R. (2014). Manual de Derecho Penal Parte General. Lima: Pacifico Editores.


Fuente de imagen: Las Ciencias Penales

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