Indignidad y desheredación: antecedentes, semejanzas y diferencias

Las instituciones de indignidad y desheredación han perdurado hasta tiempos contemporáneos (...) siempre con el mismo sustrato axiológico: sancionar civilmente el incumplimiento de valores éticos que han de regir en la unidad familiar en tanto seno donde la persona humana tiene sus primeros contactos con el mundo en el que habitamos.

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Por Vicente Brayan Villalobos Villalobos, bachiller de la facultad de derecho de la Universidad de San Martín de Porres e investigador independiente.

  1. Introducción

Tratar sobre el derecho de sucesiones en tiempos en que el hecho natural de la muerte se siente más presente que nunca, como una sombra que nos circunda hasta esperar el momento de su resolución fatídica, es una cuestión sumamente sensible por la conmoción y el desasosiego que provoca la pérdida de una vida. Sin embargo, el ministerio de la abogacía nos exige, a los hombres y mujeres de derecho, ecuanimidad, humanidad, probidad y, sobre todo, racionalidad para resolver asuntos humanos, quizás demasiado humanos. Es precisamente de aquí donde emerge la función social de este oficio histórico que es la abogacía, cuyo honorable ejercicio enaltece la profesión y con ello a sus operadores.

Así, nosotros los versados en “leyes” estamos llamados a atemperar los hechos sociales por medio de las categorías jurídicas que el derecho pone a nuestra disposición a efectos de ser empleados con suma racionalidad y lógica, pero sin soslayar la sensibilidad humana en tanto las conductas de la persona son el objeto de estudio y regulación por esta ciencia jurídica. Pues bien, será objeto de este breve artículo descriptivo la indignidad y desheredación, dos instituciones tratadas por el derecho de sucesiones, destinadas a propugnar por una sucesión, legal o testamentaria, que se ciña a los parámetros éticos que imperen en una sociedad y momento dados; valores que, aunque de sustrato axiológico, subyacen en las disposiciones normativas que configuran un determinado ordenamiento jurídico, constituyéndose en su ratio essendi al concretar las exigencias de los valores superiores necesarios para una convivencia pacífica en colectividad.

Se ha considerado útil para fines prácticos de la asesoría y defensa legal escribir algunas líneas sobre tres tópicos: los antecedentes normativos, las semejanzas y las diferencias de la indignidad y desheredación. De esta forma se espera dar ciertas luces al emprender un estudio sobre ambas figuras, poner de relieve la importancia de esclarecer los linderos funcionales y resaltar la utilidad tanto para los testadores como para los llamados a suceder, si lo que se desea es excluir de la concurrencia a la herencia a cierto sucesor por razones de graves inconductas e insolvencias morales que son incompatibles con la armonía y solidaridad que han de imperar en la unidad familiar, institución natural y célula básica de la sociedad.

  1. Antecedentes normativos

Los orígenes de las instituciones de indignidad y desheredación se remontan a la época antigua. El derecho de desheredar aparece en el famoso Código de Hammurabi, hace dos mil años antes de la era cristiana, cuando aún el testador tenía libertad absoluta para disponer de sus bienes, pues no existía la institución de la legítima y, por ende, no era posible hablar de desheredación como ahora lo comprendemos, al no imponer la ley al testador los llamados herederos forzosos. En esta época, durante la vigencia del régimen de la Ley de las XII Tablas, era suficiente para “desheredar” la no mención del heredero en el testamento. No obstante, posteriormente la justicia romana estableció la obligación del testador de dejar algún bien a sus herederos; deber moral que se convirtió en deber legal con la novela 115 de Justiniano, la cual estatuyó causales taxativas de la exheredatio.[1]

Por otro lado, la génesis de la indignidad tuvo lugar en el derecho romano como una acción de retención de herencia o legado adquirido por quien intencionalmente hubiere dado muerte al de cujus; aunque también existían otras causales tales como la falta de persecución judicial de los homicidas del de cujus; promesa secreta hecha al testador para transmitir herencia a incapaz; destrucción del testamento del padre por parte del hijo con el fin de heredar ab intestato, entre otras.[2] Así, a pesar de la evolución de ambas instituciones en los diferentes ordenamientos jurídicos del mundo, muchas de sus causales primigenias se mantienen hasta nuestros tiempos.

En el caso peruano, las causales de exclusión de la herencia fueron estipulados en todas las etapas codificadoras que nuestro derecho ha transitado. Así, el Código Civil de 1852, de espíritu conservador, reguló solo la desheredación en el título XVI, cuyos artículos 839 y 840 establecían las causales por las cuales el testador podía desheredar a sus descendientes y ascendientes, respectivamente, de las cuales algunas de ellas forman parte de las causales de indignidad del Código Civil de 1984. Técnica contraria se empleó en el Código Civil de 1936, en el cual sí hubo un deslinde entre las categorías de indignidad y desheredación. En efecto, el Título II (sección segunda del libro de derecho de sucesiones), comprendido por los artículos 665 al 670, estipulaba la “incapacidad para suceder por indignidad”; mientras que, en el Título V del mismo libro y sección, comprendido por los artículos 713 al 718, regulaba la institución de la “desheredación” como facultad exclusiva del testador.

El Código Civil de 1984, vigente a la fecha, regula las instituciones de indignidad y desheredación en el Título III de la sección primera y en el Título V de la sección segunda, respectivamente, del libro de derecho de sucesiones. El legislador civil, en esta ocasión, continua con el deslinde conceptual y causal desarrollado por el código antecesor, sin perjuicio de las conexidades que hay en la ratio de ambas instituciones, pero con diferencias a nivel operativo. Así, sobre las semejanzas y diferencias es a lo que nos abocaremos en seguida.

  1. Semejanzas

De lo dicho hasta aquí se desprende que el derecho sucesorio peruano estatuye dos formas de excluir de la herencia a quienes están llamados a suceder al causante: la indignidad, que opera a partir de la emisión de la sentencia que lo declare al sucesor como indigno para subrogarse en las situaciones jurídicas activas y pasivas de índole patrimonial del causante; y la desheredación, que es una facultad exclusiva del testador, quien es libre para ejercitarla a efectos de excluir de la herencia al heredero forzoso por considerar que no merece nada. Ambas instituciones se fundan en causales taxativas estipuladas en el Código Civil, en las cuales subyacen valores éticos que el sistema jurídico busca preservar en la institución natural de la familia. Así, cuando los deberes familiares, ciertamente axiológicos, son incumplidos por los herederos legales, forzosos, voluntarios o legatarios, el derecho reacciona imponiendo la sanción civil de exclusión de la herencia dejada por el causante, la cual opera de manera diferente según se trate de una u otra institución.

De lo anterior se desprende desde ya dos similitudes, las cuales consisten en: i) el efecto sancionador que sus consecuencias jurídicas infligen, pues la ley habilita al titular de la acción o facultad -de indignidad y desheredación, respectivamente- a destruir el derecho hereditario del causahabiente infractor; y, ii) el fondo ético-social que las sustentan, pues el sistema jurídico busca preservar y fomentar los valores que generan armonía entre los miembros de la familia y, en última instancia, forjan una sociedad pacífica. En efecto, si develamos el espíritu de las normas jurídicas que estipulan las causales de indignidad y desheredación, advertiremos que -como se viene afirmando- en ellas subyacen principios y valores cuyo cumplimiento resulta necesario si lo que se pretende es preservar la familia, en tanto célula básica de la sociedad y merecedora de protección especial del Estado, a través de una función tuitiva que orienta la ejecución de las atribuciones y competencias correspondientes a los organismos y órganos que los compone.

Aunado a las dos similitudes anotadas, Fernández Arce nos dice que estas son las semejanzas que comparten:

a) Ninguna opera de oficio, pues no se sustentan en el orden público; de aquí que la acción de indignidad, cuya titularidad recae sobre los llamados a suceder, y la facultad de desheredación (exclusiva del causante), sean derechos sustantivos, es decir, que pueden ser o no ejercitados: queda a la libertad de los titulares de los llamados a suceder y del testador, según corresponda.

b) Los efectos son personalísimos. Esto quiere decir que tanto la declaración judicial de indignidad como la desheredación no extienden sus efectos a los descendientes de quien ha sido excluido de la herencia, de modo que aquellos pasan a suceder en representación de este. La norma es justa en este sentido, pues los sucesores no tienen que verse afectados por la inmoralidad de quien es sancionado mediante la indignidad o desheredación, cuyas acciones son de su entera y exclusiva responsabilidad.

c) Cabe el perdón, por lo que siendo este el caso queda sin efecto la consecuencia jurídica de exclusión por indignidad y desheredación. Esta facultad de perdonar al causahabiente condice con la naturaleza potestativa de ambas instituciones y la autonomía de la voluntad que tienen las personas para ordenar y decidir cómo operarán sus intereses patrimoniales después de su muerte, así como la libertad que tienen los llamados a suceder para decidir si quien incurrió en alguno de los supuestos de indignidad aún merece suceder al causante. Esto último es así por cuanto la indignidad, a diferencia de las de desheredación, puede fundarse en hechos ocurridos con posterioridad a la apertura de la sucesión; diferencia esta que detallaremos en el siguiente apartado.

d) En ambos supuestos el excluido deberá restituir los bienes heredados a la masa y reintegrar los frutos, y en caso haya enajenado los bienes hereditarios, el derecho del adquirente se rige por el artículo 665 del Código Civil, sobre acción revocatoria, y nace la obligación de resarcir, regida por el artículo 666 del citado código. Asimismo, tanto el indigno como el desheredado no ostentan el derecho de usufructo legal de los bienes heredados a sus hijos mediante representación sucesoria. Nos explicamos. Si bien ambas sanciones son personalísimas, es decir, que sus consecuencias jurídicas no repercuten a los sucesores del indigno o desheredado, no obstante, sí se extiende al deber de reintegro patrimonial que pesa sobre estos, de manera que la norma, una vez aniquilado el derecho hereditario, obliga a restituir tanto el bien como sus frutos naturales, civiles y/o industriales; además, proscribe el uso y disfrute de los bienes heredados por los hijos del separado de la herencia por indignidad o desheredación, a fin de evitar que la sanción quede inejecutable en los hechos.

e) El causahabiente excluido puede oponerse judicialmente, sea contestando la demanda de indignidad interpuesta por los llamados a suceder, o ejerciendo la acción de contradicción o contestando la demanda de justificación de desheredación incoado por el testador para probar la causal que lo motiva a desheredarlo testamentariamente.[3] Como no puede ser de otra manera, el sistema garantiza el derecho de defensa y contradicción al sucesor sancionado, en estricto respeto a las garantías constitucionales procesales y derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso material y formal.

Ahora bien, no concordamos a plenitud con la primera y tercera similitud que el autor esboza. La razón de ello es que la causal primera del artículo 667 del Código Civil, sobre indignidad, tiene sustento en un grave ilícito penal: el homicidio doloso o su tentativa, cometidos contra el causante, sus ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente supérstite de la unión de hecho. Aunque bien es cierto que esta consideración no es propia de la doctrina, sino de la formulación que el legislador optó, no obstante, es de notar que estamos ante un supuesto que trascienden el ámbito privado de la familia, para causar conmoción social, por lo que no vemos óbice alguno para que el juez penal pueda declarar la indignidad de oficio.

Sucede que se trata, pues, de una causal que reviste graves inconductas que afecta sobremanera los valores de solidaridad, protección y cuidado, y, con mayor razón, un desprecio absoluto por la vida del causante y sus parientes. Por tanto, concordamos con la propuesta de Aguilar Llanos referida a la disgregación de este numeral en un artículo aparte que establezca la exclusión automática de la herencia por quienes cometan homicidio o su tentativa contra el causante y/o sus parientes cercanos, es decir, sin necesidad de declaración judicial o en todo caso de manera oficiosa por el juez penal, pues ello supone que la sociedad y el derecho positivo no queden impávidos ante estos ilícitos, ni dejen al arbitrio de los llamados a suceder para ejercer la acción de indignidad[4]. Corresponderá emprender una reforma al respecto, máxime si el último enunciado del inciso 1 del artículo 667 prescribe que “esta causal de indignidad no desaparece por indulto ni gracia presidencial”. Por tanto, la posibilidad del perdón sería un contrasentido.

Por último, precisaremos otra similitud que suele pasar desapercibida en la literatura jurídica, y es la referida a que tanto la indignidad como la desheredación no son aplicables a los incapaces menores de edad, ni a los mayores que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, conforme lo establece el artículo 748 del Código Civil. El legislador ha sido sabio al formular esta norma, pues con ello cumple el rol tuitivo que ha de cumplir el Estado en el ejercicio de sus atribuciones y competencias cuando incidan en la esfera jurídica de los integrantes del grupo familiar. Así, esta disposición normativa exige la capacidad para ser indigno o desheredado, lo que a su vez garantiza el disfrute de los derechos hereditarios de los incapaces pertenecientes, en gran parte, a la población vulnerable de la sociedad; además, reafirma la naturaleza sancionadora de la indignidad y desheredación, lo cual establece como presupuesto para operar, la plena capacidad de ejercicio de quien es sancionado y el discernimiento necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento de los deberes familiares.

  1. Diferencias

Pasemos ahora a las diferencias. De lo anterior se pueden notar algunas, que precisaremos con mayor detalle y añadiremos otras no señaladas. Para tal propósito nos apoyamos de la explicación brindada por Aguilar Llanos sobre ambas instituciones.[5]

a) La indignidad tiene un mayor campo de acción, ya que opera tanto en la sucesión legal como en la testamentaria; mientras que la desheredación solo opera en esta última. En efecto, los artículos 669 y 747 del Código Civil facultan al testador a desheredar “por indignidad a su heredero forzoso”, de lo que se colige que, además de motivar la desheredación en las causales taxativas establecidas en los artículos 744, 745 y 746 del Código Civil (esta última que a su vez se remite a las causales de divorcio estipuladas en los incisos 1 al 6 del artículo 333 del mismo código), puede fundarla en las causales descritas en el artículo 667 sobre la indignidad.

b) La indignidad puede fundarse en hechos anteriores o posteriores a la muerte del causante; en cambio, la desheredación, solo en hechos ocurridos con anterioridad al acto testamentario. De la lectura de las causales de indignidad se puede deducir que no hay impedimento material para que estas ocurran antes o después de abrirse la sucesión; por ejemplo, el asesinato cometido por un heredero contra su hermano, con quien debía concurrir a la masa hereditaria, en igualdad de derechos, dejada por su padre o madre. En contrapartida, si la desheredación es una facultad exclusiva del testador, corresponde solo a este la determinación de los motivos, los cuales, por ende, han de acaecer con anterioridad para efectos de ser valorados por él.

c) La indignidad solo es aplicada a todo tipo de sucesores, llámense herederos, forzosos, legales, voluntarios y legatarios; en cambio, la desheredación solo se entiende con los herederos forzosos. Los herederos forzosos son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes, el cónyuge y el conviviente supérstite de la unión de hecho. Los herederos voluntarios son aquellos instituidos testamentariamente a falta de herederos forzosos o existiendo estos fue el causante que dispuso lo que era de libre disposición. Los herederos legales son los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad; estos son los hermanos, primos, sobrinos y tíos, quienes heredan a falta de herederos forzosos y voluntarios, y por formar parte de un tronco común. Y los legatarios son quienes heredan a título particular (bien específico), a diferencia de los anteriores que lo hacen a título universal (totalidad de bienes). Así, el testador solo puede desheredar a sus herederos forzosos; la indignidad se entiende con todos los sucesores.

d) La indignidad requiere declaración judicial emitida en un proceso incoado por los llamados a suceder (herederos forzosos, voluntarios, legales y/o legatarios) dentro del término prescriptorio de un año computado desde que el presunto indigno entró en posesión de la herencia o del legado; mientras que la desheredación opera con la sola voluntad del testador, es decir, no requiere proceso judicial previo. La sentencia que declara la indignidad es retroactiva, esto es, que sus efectos surten desde que se abrió la sucesión, razón por la cual se habla de “exclusión de herencia” y no de “pérdida de herencia”, ya que por una suerte de ficción legal el indigno nunca tuvo nada. En contrapartida, la desheredación depende exclusivamente del testador; no obstante, tiene la potestad de ejercer en vida (valga la redundancia) acción para justificar la causal por la cual ha decidido desheredar a su heredero forzoso. Entendemos que la razón de esta potestad otorgada por la norma se sustenta en facilitar la probanza de los hechos que fundamentan la exclusión por desheredación; y es que, al ser esta institución de carácter personalísimo, es el testador quien está en mejor posición para probar el motivo de su decisión y así dejar sin posibilidad al sancionado para contradecirla, conforme la parte in fine del artículo 751 del Código Civil.

e) Diferencia entre las precisiones sobre el vínculo familiar entre las primeras causales de ambas instituciones. Mientras que la primera causal de indignidad no precisa que quien cometió delito contra el cónyuge (y por extensión contra el conviviente) del causante sea pariente de este último, la primera causal de desheredación del descendiente, consistente en maltratos de obra o injurias graves, precisa que la exclusión opera si estos actos se realizaron contra el cónyuge o conviviente del causante, quien a su vez deba ser ascendiente del ofensor.

f) Los efectos que produce la sentencia de indignidad son irreversibles; mientras que la desheredación puede ser revocado por el mismo testador. El carácter irreversible de la indignidad es la consecuencia de la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia, aunado a una presunción iuris et de iure de que el causante hubiera deseado la exclusión definitiva del sucesor que faltó gravemente los valores y deberes familiares. En cambio, la revocación de la desheredación responde a que, en apariencia, la causales que la motivan son menos lesivas o graves, lo cual no siempre es cierto, pero esa es la lógica que subyace en la norma. Así, conforme al artículo 753 del Código Civil, el testador puede revocar la desheredación instituyendo heredero al desheredado o por declaración expresa en el testamento o en escritura pública, por lo que, de haberse iniciado un proceso de justificación de desheredación, este queda sin efecto alguno. Así, el artículo 754 señala que, revocada la desheredación, no puede ser renovada sino por hechos posteriores.

Para cerrar este subtema, responderemos una interrogante referida a si el deber de devolución que la indignidad y desheredación exigen, perjudican al anticipo de legítima realizado por el causante. La respuesta es negativa en ambos casos; sin embargo, si bien hay similitud en cuanto a sus consecuencias, las razones de ello difieren. En efecto, tal como se ha señalado, los efectos de la declaración judicial de indignidad se retrotraen al momento en que se abrió la sucesión, motivo por el cual el indigno nunca fue heredero, en consecuencia, nada tiene que devolver pues desde que se realizó el acto de liberalidad (anticipo de legítima) el donatario adquirió la propiedad del bien anticipado sin necesidad de acto adicional.

Por otro lado, en cuanto a la desheredación, el artículo 749 del Código Civil es expreso al respecto, prescribiendo que sus efectos “se refieren a la legitima y no se extienden a las donaciones ni legados otorgados al heredero que el causante puede revocar”. Entonces, las razones por las que las donaciones no se devuelven son, por un lado, porque la ley así lo prescribe, y por otro, porque se presume que el causante no deseo ello, ya que de lo contrario hubiera revocado la donación conforme lo faculta el artículo 1637 del Código Civil, por la cual el donante está facultado de revocar la donación por las mismas causales de indignidad y de desheredación.

  1. Conclusiones

Como se ha visto, las instituciones de indignidad y desheredación entierran sus raíces en la época antigua, principalmente en el derecho romano, en donde se pasó de la libertad absoluta del testador para decidir el destino que debían seguir de sus bienes después de su muerte, al establecimiento de las causales primigenias de la exheredatio. Ambas figuras del derecho de sucesiones han perdurado hasta tiempos contemporáneos, con diferentes matices y desarrollos conceptuales y funcionales, pero siempre con el mismo sustrato axiológico: sancionar civilmente el incumplimiento de valores éticos que han de regir en la unidad familiar en tanto seno donde la persona humana tiene sus primeros contactos con el mundo en el que habitamos.

Es de lo anterior que pueden identificarse algunas semejanzas tales como el carácter sancionador, el efecto excluyente del trasgresor de dichos valores éticos o el carácter personalísimo de su ejercicio, aunque sobre esto último con cierta reserva de nuestra parte en cuanto a las causales de índole penal se refiere. De otro lado, las diferencias radican principalmente a nivel funcional, tales como la necesidad de declaración judicial solo para la indignidad, la posibilidad de revocar solo la desheredación o el amplio campo de acción de la indignidad al operar contra cualquier tipo de sucesores y la reducida eficacia de la desheredación al solo operar contra los herederos forzosos.

Por lo demás, con este breve artículo descriptivo se espera haber dilucidado algunos tópicos sobre estas instituciones jurídicas propias del derecho de sucesiones.


  1. Fuentes de información

AGUILAR LLANOS, Benjamín (2020). Relaciones familiares y herencia. Lima: Instituto Pacífico, primera edición.

FERNÁNDEZ ARCE, César (2019). Derecho de sucesiones. Lima: Fondo editorial de la PUCP (colección Lo Esencial del Derecho 14), primera edición.

LAFAURIE BORNACELLI, Andrés y LATORRE IGLESIAS, Edimer (2014). “La indignidad para suceder: análisis histórico, caracterización jurídica y perspectiva crítica desde el derecho comparado”. En: Revista digital Derecho a Pensar, v.1, n.1, julio-diciembre, Cesar: Universidad Popular del Cesar.

RAFAEL CAMPOS, Rober. (2019) La regulación jurídica de la desheredación en las uniones de hecho. Tesis para optar el grado de doctor en derecho constitucional. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego Escuela de Posgrado https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/6721/1/REP_ROBER.RAFAEL_LA.REGULACI%C3%93N.JURIDICA.2.pdf.

[1] RAFAEL CAMPOS, Rober. (2019) “La regulación jurídica de la desheredación en las uniones de hecho”. Tesis para optar el grado de doctor en derecho constitucional. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego Escuela de Posgrado https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/6721/1/REP_ROBER.RAFAEL_LA.REGULACI%C3%93N.JURIDICA.2.pdf.

[2] LAFAURIE BORNACELLI, Andrés y LATORRE IGLESIAS, Edimer (2014). “La indignidad para suceder: análisis histórico, caracterización jurídica y perspectiva crítica desde el derecho comparado”. En: Revista digital Derecho a Pensar, v.1, n.1, julio-diciembre, Cesar: Universidad Popular del Cesar, pp. 4-5.

[3] FERNÁNDEZ ARCE, César (2019). Derecho de sucesiones. Lima: Fondo editorial de la PUCP (colección Lo Esencial del Derecho 14), pp. 71-72.

[4] AGUILAR LLANOS, Benjamín (2020). Relaciones familiares y herencia. Lima: Instituto Pacífico, primera edición, pp. 380-382.

[5] Ibid., pp. 378-398.

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