¿Qué tan diferente es la Constitución de 1993 de la Constitución de 1979?: Comparaciones del régimen económico en ambas constituciones (Parte I: Principios Generales)

Nosotros creemos que -como es usual- la verdad no está en los extremos, y que cada lado tiene puntos interesantes que pueden sustentarse con evidencia.

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Por Luis Miguel Garrido, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Nos hemos acostumbrado a que en cada elección aparezcan dos extremos muy marcados. Por un lado, están aquellos que no quieren cambio alguno al capítulo económico en la Constitución Política de 1993 (en adelante, la “Constitución del 93). Para ellos es innegable que el régimen económico establecido en dicha constitución (llamado coloquialmente “el modelo”) es uno de los más importantes -sino el más importante- aspecto que ha permitido el importante crecimiento económico peruano de las últimas décadas[1]. Por el otro lado, las voces disidentes indican que “el modelo” requiere cambios que permitan modernizar el Estado y velar por los intereses nacionales[2]. Nosotros creemos que -como es usual- la verdad no está en los extremos, y que cada lado tiene puntos interesantes que pueden sustentarse con evidencia.

Sin perjuicio de lo anterior, y con ánimos de tratar de dar un aporte al debate, presentamos una breve reseña comparativa de los aspectos más resaltantes del «modelo” implantado en la Constitución del 93 con respecto a la Constitución Política de 1979 (en adelante, la “Constitución del 79”). Creemos que esta aproximación histórica es útil, por cuanto -tal como lo señalan incluso los constituyentes 93- la Constitución del 79 fue la base de la Constitución actualmente vigente. De este modo, desde una comparativa histórica, podremos observar si los cambios propuestos por las voces disidentes tratan de traer un avance o un retroceso a que no se sustentan con la realidad. También podremos ver si “el modelo” efectivamente fue establecido en la Constitución del 93, cuáles son sus componentes, y que tan diferentes es al establecido en la Constitución del 79.

Principios Generales 

Economía Social de Mercado 

Parece difícil de creer, pero el modelo económico en ambas constituciones alega ser el de una “economía social de mercado” y también en ambas se indican que la iniciativa privada es libre[3]. Sin embargo, como la historia peruana ya nos tiene acostumbrados, el diablo está en los detalles. Veamos.

Conceptualmente una “economía social de mercado” es un modelo socioeconómico que trata de ser una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo. Se trata de conjugar dentro de una economía de libre mercado capitalista aspectos de regulación de libre competencia, baja inflación y bienestar social[4]. La primera defensa constitucional a este modelo la podemos encontrar en los debates de la Constitución del 79 por parte del constituyente Ernesto Alayza Grundy (del Partido Popular Cristiano):

Una economía del mercado es una economía en la cual hay juego libre de competencia, es una economía en la cual nadie tiene el dominio, ni el lado de la oferta ni el lado de la demanda (…) En una economía de mercado, éste tiene carácter social y no simplemente liberal (…) que corresponde al Estado una actitud de permanente vigilancia del mercado con el objeto de asegurar su normal funcionamiento; normal funcionamiento que significa el control de los actos de práctica restrictiva por acuerdos sobre precios, de dirección del mercado, de estrangulamiento de las pequeñas empresas, y una serie de otras fórmulas mediante las cuales las empresas grandes realmente tratan de dominar a las pequeñas”[5] (el resaltado es nuestro)

Este tipo de sistema económico se encuentra basado en los trabajos de Franz Böhm y Walter Eucken y son parte de la escuela económica conocida como el ordoliberalismo. Este modelo goza del crédito de haber permitido la reconstrucción de Alemania post Segunda Guerra Mundial[6]. Böhm y Eucken buscaban superar tanto al liberalismo del laissez-faire, al evitar prácticas monopólicas que pudieran transformar el poder económico en poder político, como a una economía de planificación estatal que subordine los intereses de la población al poder político de turno. Una especie de navegación entre Escila y Caribdis.

Pese a ser la “economía social de mercado” la propuesta presentada por la Comisión de Constitución a la Asamblea Constituyente de la Constitución del 79[7] (aun cuando se la llamaba “economía de mercado” en el artículo 101 del primer proyecto[8]), esta no terminó de consolidarse de forma orgánica en todo el texto. Al contrario, debido al rol finalmente otorgado al Estado, la Constitución del 79 contenía un régimen de economía planificada por parte del Poder Ejecutivo. Esta planificación habría sido una de las principales razones del fracaso de dicha constitución.

Respecto a la Constitución del 93, el constituyente Victor Joy Way (de Nueva Mayoría – Cambio 90) trato de indicar que el problema de la Constitución del 79 era su falta de organicidad, por lo cual señalaba que era necesario que la Constitución del 93 implante una verdadera economía de mercado:

El nuevo enfoque que proponemos parte de que la Constitución debe garantizar el funcionamiento correcto de las fuerzas del mercado, lo cual implica tanto la instauración de la libre competencia en los mercados existentes como la creación y desarrollo de mercados modernos allí donde aún no existan. Éste es un imperativo económico, por cierto, indispensable para elevar la eficiencia y competitividad de la economía peruana y asegurar su crecimiento sostenido de largo plazo.”[9] (el resaltado es nuestro)

Sin embargo, consideramos que ello tampoco fue cumplido a cabalidad, por cuanto la Constitución del 93 -por influencia del “Consenso de Washington”[10] enfatizó el respeto a las libertades económicas y baja inflación, pero mantuvo debilidades estructurales con relación a la instauración de la libre competencia (los monopolios no fueron prohibidos, sino el abuso de posición de dominio, la captura del regulador es un problema frecuente, el control de fusiones ha sido recientemente regulado) y de seguridad social. Si bien estos aspectos no necesitaban del marco constitucional para ser implantados, el incorrecto desarrollo de estos ha llevado a que existan problemas económicos por conversión de poder económico en poder político (uno de los problemas del liberalismo del laissez-faire que puede llegar a generar el “socialismo para los ricos”[11]). En ese sentido, podríamos decir que el régimen económico de la Constitución del 93 es de una “economía social de mercado” incompleta, lo cual la acerca bastante a una economía liberal de laissez-faire[12] bajo las directrices principales del “Consenso de Washington[13]”.

Rol del Estado en la Economía

Por un lado, el artículo 101 de la Constitución del 79 -de forma muy lata- indica que el Estado tiene un rol estimulante y reglamentario (lo cual puede ser entendido como un rol de fomento o de direccionamiento) del ejercicio de la iniciativa privada a efectos de que esta sea armonizada con el “interés social” (que no es otro sino el interés de los políticos de turno). A su vez, el artículo 58 de la Constitución del 93[14] es más estricto y muestra una lista de las áreas de actuar del Estado (promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura). Sin embargo, la diferencia más notoria no está en estos artículos, sino en otros. Así, el artículo 59 de la Constitución del 93 señala:

“Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.” (el resaltado es nuestro)

y en el artículo 110 de la Constitución del 79:

“Artículo 110.- El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores.” (el resaltado es nuestro) 

De esta forma, la Constitución del 93 establece el rol del Estado como de promotor de creación de riqueza (es decir, acumulación de capital) y protector de las libertades económicas básicas. El rol de planificación de las actividades productivas se circunscribe a la promoción de las pequeñas empresas. Se aleja lo más posible del rol establecido en la Constitución del 79 por características tanto ideológicas como estructurales. Sobre las ideológicas, la Constitución del 79 establece que la fuente de riqueza no es la acumulación de capital, sino el trabajo, y sobre las estructurales, se indica que el rol del Estado es la promoción del trabajo a través del desarrollo de la producción y de la productividad, así como la distribución equitativa de ingresos.

A nuestro entender, la diferencia ideológica se refiere al rol del Estado en la economía y consideramos que, parte de la diferencia ideológica sobre cómo se genera el valor. A nuestro entender, la Constitución del 79 parte de la tesis del valor-trabajo, por la cual la fuente principal del valor se encuentra en el trabajo que es necesario realizar para obtener una mercancía determinada. Esta tesis, si bien es conocida como una de las tesis fundamentales del marxismo, se fundamente en los trabajos de los economistas clásicos Adam Smith y de David Ricardo[15] (por esta razón El Capital de Karl Marx empieza por su “Crítica a la Economía Política” refiriéndose a la crítica a Smith y Ricardo). Por otro lado, la Constitución del 93 parece abrazar la teoría del valor subjetivo de raíces en la escuela Austriaca de Economía[16]. Teniendo ambas corrientes ideológicas en cuenta, es fácil ver que, de un lado, la Constitución del 79 busca promover, desarrollar y proteger el trabajo, dado que ante más trabajo mayor riqueza, y del otro lado, la Constitución del 93 busca proteger las bases institucionales para que sea posible acumular riqueza y transferirla, dado que ante más circulación de bienes mayor riqueza. Luego, es necesario ver cuáles son los instrumentos que permiten uno y otro rol del Estado.

Siguiendo la receta del “Consenso de Washington”, la Constitución del 93 incorpora los siguientes instrumentos:

(i) La subsidiariedad del Estado a fin de que el Poder Ejecutivo necesite una ley autoritativa para crear empresas públicas (artículo 60). Este principio tiene su germen en la “Doctrina Social de la Iglesia”[17] y se refiere a una forma de actuar en estructuras jerárquicas a fin de que la autoridad que se encuentre más próxima del problema sea la que actúe primero. Nosotros consideramos que este es un candado político más que económico. Es decir, se ha restringido la capacidad del Poder Ejecutivo para la creación de empresas públicas, mas no se ha prohibido.

(ii) La promoción de libre competencia prohibiendo el abuso de posición de dominio, mas no los monopolios, salvo en el caso de medios de comunicación (artículo 61). Este tal vez sea el dispositivo menos desarrollado, por cuanto requería un Poder Judicial competente, especializado, no político y alejado de la corrupción. No teniendo nuestro Poder Judicial tales características, se optó por crear una agencia especial para ello, el INDECOPI. Este es uno de los principales problemas estructurales, ya que la agencia que vela por el correcto funcionamiento del mercado se encuentra orgánicamente dentro del Poder Ejecutivo. Le falta independencia económica y jurídica. Además, los monopolios no se encuentran prohibidos, por lo cual el rol de INDECOPI requiere aún más recursos que otras agencias, ya que debe probar no que el monopolio existe, sino que existe y que ha habido abuso de este.

(iii) Prohibición de que el Estado modifique los términos contractuales una vez establecidos (artículo 62). Este es otro límite el poder estatal. Es decir, salvo algunas excepciones, el Estado debe respetar la autonomía de la voluntad de las partes.

(iv) Igualdad de condiciones de inversiones entre extranjeros y nacionales, salvo este tratamiento no sea reciproco y sometimiento de estos a la jurisdicción nacional renunciando a la reclamación diplomática (artículo 63). La contrapartida a otorgar igualdad de condiciones entre la inversión nacional y privada es hacia ambos lados. Así, si un nacional no puede acceder a esta, tampoco podría un extranjero. Se incorpora de esta manera la “Doctrina Calvo”[18] en la Constitución del 93. También se incorpora el arbitraje.

(v) Libertad de tenencia y disposición de moneda (artículo 64). De esta forma se eliminan los controles de tipo de cambio y se consagra la libre circulación de capitales.

(vi) Defensa de los derechos de los consumidores (artículo 65). Ello, a fin de combatir la asimetría informativa, que es una de las fallas de mercado más importantes.

Por su lado, la Constitución del 79 no tuvo una estructura tan orgánica, por cuanto no había una fuerza política que tuviese una mayoría que le permitiera imponer una agenda. Ello significó que existieran varios artículos en los cuales las negociaciones son evidentes[19]. Sin perjuicio de ello, podemos determinar los siguientes aspectos:

(i) Planificación estatal de la economía de obligatorio cumplimiento (artículo 111). Este es el instrumento más problemático y controvertido, por lo que lo analizaremos de forma independiente luego de exponer los demás instrumentos.

(ii) Actividad empresarial sin límite alguno (artículo 113). Queda claro que, en la visión de la Constitución del 79, las empresas públicas eran los motores más importantes de la economía. Así, no había economía de mercado, ya que el Estado podía intervenir directamente el cualquier mercado si así lo determinaba.

(iii) Reserva para el Estado o para nacionales de determinadas actividades productivas o servicios (artículo 114). Se seguía con el rol nacional y estatal en la producción de bienes y servicios. No había ningún límite.

(iv) La ley podía limitar el comercio exterior (artículo 117). De esta forma se podía controlar la entrada y salida de divisas o establecer controles a tipos de cambio.

Finalmente, respecto a la planificación estatal establecida en el artículo 111, esta no puede ser entendida sin el trasfondo de las discusiones de los constituyentes. Veamos primero la redacción de dicho artículo:

“Artículo 111.- El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio.” (el resaltado es nuestro)

Lo curioso es la incorporación de la palabra “concertada” lo cual parece referirse a un tipo de acuerdo, pero ¿entre quiénes? El artículo no hace mención cuáles son las partes que deben concertar la planificación. En un primer momento podría pensarse que se refiere a la concertación de presupuesto establecido en el Capítulo IV, ya que es el momento en el cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben concertar como se manejará el dinero. Sin embargo, esa no fue la razón del artículo 111, por más que en la práctica fue ejecutado en la ley de presupuesto.

Para ello, debemos ver los artículos 98 y 155 del primer proyecto presentado a la Asamblea Constituyente:

“Artículo 98°.- El Estado formula la política económica y social y la expresa en planes de desarrollo, que regulan la actividad del sector público y orientan en forma concentrada o en forma indicativa la actividad de los demás sectores.”[20] (el resaltado es nuestro)

“Artículo 155°.- El Congreso Económico Nacional emite obligatoriamente dictamen consultivo sobre los planes de desarrollo y los de inversión pública, antes de su aprobación o modificación, así como su ejecución y evaluación y sobre los demás asuntos determinados por la ley. Propone iniciativas al Poder Ejecutivo en las materias que son de su competencia.

La ley señala las normas que rigen la organización y el funcionamiento del Congreso Económico Nacional y la publicidad de sus informes.” (el resaltado es nuestro)

Para los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento era claro que la planificación económica (1) no podía ser realizada únicamente por el Poder Ejecutivo, (2) no debía ser aprobada por el Parlamento, ya que se vinculaba a temas económicos, siendo las discusiones del Parlamento de naturaleza política, por lo que correspondía sea coordinada con una entidad distinta al Parlamento que era el Congreso Económico Nacional, y (3) la planificación debía tener carácter indicativo a fin de no vulnerar el libre mercado.

Con relación al punto (2), el Congreso Económico Nacional es una de las tesis apristas de más larga data y que nunca ha podido ser implementada, siendo la Constitución del 79 la vez en la que estuvo más cerca de ello. Esta forma parte de lo que Víctor Raúl Haya de la Torre llamó el “Programa Mínimo”:

“Décimo segunda.- El congreso económico. Necesitamos instituir una asamblea de carácter económico en la cual estén representados todos los que intervienen, en alguna forma, en la producción de la riqueza: el capital y trabajo, nacionales y extranjeros, puesto que forman parte de nuestra economía; comercio e industria; transporte, agricultura, etcétera. El obrero y el campesino, el empleado frente al empresario y al propietario para discutir juntos nuestra realidad. Para investigar qué somos, que tenemos, qué necesitamos, y qué podemos tener —no con un concepto arbitrario y empírico, sino sobre la realidad elocuente e indiscutible de las cifras— entonces comenzar la reorganización del Estado, sabiendo a dónde vamos, y sabiendo cuál ha de ser el respaldo económico de nuestras promesas políticas.”[21] (el resaltado es nuestro)

Pese a ser una tesis aprista, y no acorde exactamente al libre mercado (aunque de haber sido una planificación indicativa, consideramos que sí habría una inspiración ordoliberal), fue defendida por el propio Ernesto Alayza Grundy:

“La segunda institución básica, es la planificación democrática: La idea de planificación democrática está vinculada a la  noción fundamental de la gerencia del bien común por el Estado, mediante planes que hacen un ordenamiento de fines y de metas, señalan procedimientos y establecen las prioridades y los objetivos por alcanzar: pero como se está planificando para una sociedad libre, en el sentido de ser una economía que corresponda a una sociedad democrática, la planificación debe respetar este orden político-social con sus correspondientes autonomías y libertades institucionales, empresariales y personales.”[22] (el resaltado es nuestro)

Sin embargo, debido a la composición de la Asamblea Constituyente, la discusión del régimen económico fue postergada hasta casi el final. Además, existió marcada resistencia por parte de los partidos de izquierda por el hecho de que el Congreso Económico Nacional fuese una tesis aprista. Así, lo indicaba Luis Alberto Delgado Béjar (del Partido Comunista Peruano): 

Nosotros creemos que la inclusión del Congreso Económico Nacional en la nueva Constitución, ha tenido por finalidad principal recoger un viejo postulado del Partido Aprista, y que justamente tal como está en el proyecto, no es sin embargo una versión fiel de ese postulado aprista, porque ha sido producto de la conciliación lograda por el Partido Popular Cristiano. De tal manera que, lo que prácticamente se ha hecho, es dejar que uno de los postulados del Partido Aprista figure como uno de los de nuestra Constitución.”[23] (el resaltado es nuestro)

Las discusiones sobre el régimen económico fueron dejadas casi al final de la Asamblea Constituyente y fueron terminadas de forma apresurada por cuanto que se terminaba el plazo de la constituyente (con lo que corría el riesgo de no regresar al cause democrático por presiones del Gobierno Militar) y la salud del Presidente, Haya de la Torre, se deterioró tan rápido que termino firmando la Constitución del 79 en su lecho de muerte[24].

Esos hechos, al parecer obligaron a los constituyentes a acordar rápidamente una fórmula que permita terminar el debate de forma rápida. Este debate no se encuentra en los diarios respectivos, por lo que solo podemos especular. Así, Andrés Townsend Ezcurra (del Partido Aprista Peruano) cristaliza el artículo 111 de la Constitución del 79 con una economía planificada de cumplimiento obligatorio y sin la incorporación del Congreso Económico Nacional:

“La Cédula Constituyente Aprista, señor Presidente, ha considerado útil que la expresión constitucional quedara perfectamente clara. La forma es concertación y una vez que la concertación ha sido adoptada en los sectores de la producción, resulta de cumplimiento obligatorio. Esa es la aclaración o complemento que deseamos agregar al texto original.”[25] 

Conclusiones de la Parte I: Principios Generales 

    • Si bien el modelo de la Constitución del 93 y la Constitución del 79 alegan ser de “economía social de mercado”, la verdad la primera es una “economía social de mercado” incompleta, por faltar aspectos de libre competencia y la segunda es una “economía planificada”.
    • El rol del Estado en la economía en la Constitución del 93 es de un árbitro que vela por el correcto funcionamiento del libre mercado, mientras en la Constitución del 79 el Estado planifica y ejecuta la economía del país.
    • Muchos constituyentes de la Constitución del 79 tenían claro los problemas de una economía planificada, razón por la cual originalmente los planes de desarrollo eran indicativos y eran coordinados con el Congreso Económico Nacional. Sin embargo, debido a la coyuntura este esquema fue desecho en favor de una economía planificada sin Congreso Económico Nacional alguno. 

[1] https://www.ipe.org.pe/portal/la-constitucion-de-la-economia-peruana/ Última visita 10 de mayo de 2021.

[2] https://pedrofrancke.com/2020/12/10/es-hora-de-cambiar-la-constitucion/ Última visita 10 de mayo de 2021.

[3] Artículo 58 de la Constitución del 93 y artículo 115 de la Constitución del 79.

[4] Wrobel, Ralph M., The social market economy as a model for sustainable growth in developing and emerging countries, Economic and Environmental Studies (E&ES), Opole University, Faculty of Economics, Opole, (12) (2012): p. 47-63

[5] Diario de los Debates de la Asamblea Constituyente del 1978, Lima, t. IV, p. 252.

[6] Dullien, Sebastian; Guérot, Ulrike. The Long Shadow of Ordoliberalism: Germany’s Approach to the Euro Crisis (PDF). London: European Council on Foreign Relations (2012).

[7] Diario de los Debates de la Asamblea Constituyente del 1978, Lima, t. V, p. 310.

[8] “Artículo 101°- La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarla con el interés social.”

[9] Diario de los Debates de la Comisión de Constitución y Reglamento – 1993, Lima, t. III, p. 1805.

[10] Williamson, John: «What Washington Means by Policy Reform», en: Williamson, John (ed.): Latin American Readjustment: How Much has Happened, Washington: Peterson Institute for International Economics (1989).

[11] Friedman, Thomas L. (26 de enero de 2021). «Made in the U.S.A.: Socialism for the Rich. Capitalism for the Rest»The New York Times. Recuperado el 27 de enero de 2021 de https://www.nytimes.com/2021/01/26/opinion/us-capitalism-socialism.html

[12] Gaspard, Toufick. A Political Economy of Lebanon 1948–2002: The Limits of Laissez-faire. Boston: Brill, (2004).

[13] Pese a que las directrices de las reformas llamadas neoliberales son conocidas como el “Consenso de Washington”, abunda la literatura en la cual se indica que, si bien fueron cristalizadas en el ámbito de los organismos de banca multilateral asentados en Washington en los 80s, estos fueron el resultado de propuestas de intelectuales y economistas latinoamericanos. Especial atención se da a los trabajos de Hernando de Soto y su Instituto de Libertad y Democracia (John Williamson, “Democracy and the ‘Washington Consensus” World Development 21, no. 8 (1993): p. 1329–36, 1329 y Pee, Robert, The Reagan Administration, the Cold War, and the Transition to Democracy Promotion. Palgrave Macmillan. (2018): p. 168–187).

[14] “Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

[15] Beggs, Mike. «Zombie Marx and Modern Economics, or How I Learned to Stop Worrying and Forget the Transformation Problem». En: Journal of Australian Political Economy (70). (2012): p. 11–24.

[16] Stigler, George J. “The Development of Utility Theory”. En: Journal of Political Economy (58). (1950): p. 307-327.

[17] Juan, Jorge de. La subsidiariedad como principio del orden social. Última visita el 23 de mayo de 2021. https://www.academia.edu/29182896/La_subsidiariedad_como_principio_del_orden_social

[18] García Mora, Manuel R. “The Calvo Clause in Latin America Constitutions and International Law”. En: Marquette Law Review (33) (1950).

[19] García Belaunde, Domingo, “La Constitución Peruana de 1993: Sobreviviendo pese a todo pronóstico”. En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (18) (2014). P. 225.

[20] Diario de los Debates de la Asamblea Constituyente del 1978, Lima, t. V, p. 310.

[21] Haya de la Torre, Víctor Raúl, Treinta años de aprismo; prólogo de Javier Valle-Riestra. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú (2010), p. 58.

[22] Diario de los Debates de la Asamblea Constituyente del 1978, Lima, t. VI, p. 387.

[23] Diario de los Debates de la Asamblea Constituyente del 1978, Lima, t. VII, p. 138.

[24] https://larepublica.pe/domingo/2019/08/11/el-nacimientode-una-constituciOn/ Última visita el 23 de mayo de 2021.

[25] Diario de los Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978 – 1979, Lima, t. VIII, p. 429.

Fuente de imagen: Grupo Verona

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