Por César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, profesor de Derecho Constitucional en la PUCP y blogger en Observatorio Constitucional.

La democracia constitucional en el Perú en los últimos veinte años se ha caracterizado por la alternancia del poder presidencial, basada en la voluntad popular manifestada en las urnas de forma libre y espontánea de los ciudadanos, mediante un sistema electoral que expresa exacta y de forma oportuna la votación electoral. 

Por ello, resulta inédito que ante los resultados de la elección presidencial entre Pedro Castillo (51.198%) y Keiko Fujimori (49.802%) brindados por la ONPE al 100% de actas procesadas el pasado 10 de junio, se haya presentado un desborde de impugnaciones y nulidades que dilata la proclamación oficial del ganador como  Presidente Constitucional de la República, en un año del Bicentenario de la Independencia del Perú.

Las actas impugnadas mayoritariamente han sido presentadas por Fuerza Popular; quien ha pedido la nulidad de 802 actas -250 mil votos- por supuestas irregularidades ocasionadas en las mesas de sufragios, que están siendo resueltas en los Jurados Electorales Especiales; las mismas que de ser rechazadas cabe plantear la nulidad de dichas decisiones ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En la segunda vuelta de la elección presidencial del 2016 entre Pedro Pablo Kucynski y Keiko Fujimori los resultados fueron igual de estrechos 50.124% y 49.876%; pero, en esa oportunidad la candidata aceptó los resultados sin mayores impugnaciones, al día siguiente del conteo final de los votos de la ONPE; aunque, solo se impugnara de 29 mesas de sufragio, y; cuando perdió contra Ollanta Humala el 2011 solo se impugnó dos mesas de sufragio.

Las 802 impugnaciones del conteo de los votos presentadas por Fuerza Popular se han realizado básicamente en las zonas del sur andino, donde Castillo ha vencido abrumadoramente, bajo argumentos de indicios de un presunto “fraude en mesa”. Así, las impugnaciones se refieren a la presunta falsificación de firmas de miembros de mesa (125,750 votos); falsificación de resultados en mesa (33,000); miembros de mesa con los dos mismos apellidos (16,250); invalidación por sumas erradas (11,250), e; invalidación datos errados o faltantes (14,250). Todo lo cual suma 200,500 votos. 

Sin embargo, el artículo 363 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones dispone que los Jurados Electorales Especiales declaran la nulidad de mesas cuando “haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”, situaciones que no se corresponderían con las impugnaciones; por cuanto, por ejemplo, la falsificación de los resultados en mesa, demandaría cotejar con los votos emitidos, los mismos que por ley se destruyen una vez contabilizados en el acta electoral. En el caso del cotejo de firmas diferentes entre la firma del acta y la registrada en el RENIEC, según jurisprudencia del JNE no altera el resultado, sino que daría lugar a una denuncia ante el Ministerio Público.

La Constitución reconoce el derecho ciudadano a que se respete el debido proceso y le garantiza la tutela jurisdiccional; pero, también proscribe el abuso del derecho. Por eso, los jurados electorales especiales han empezado a rechazar impugnaciones que se han formulado de forma temeraria sin pruebas. Esto, sin perjuicio que proceda la anulación de algunas actas, incluso de llegar ante el Jurado Nacional de Elecciones; pero, esto no debe dar lugar a cuestionar la labor neutral e independiente de los entes electorales en el conteo de los votos y en el recojo en las actas electorales. Lo contrario se asemeja a la consigna de fraude electoral con que Trump quiso teñir las últimas elecciones en los Estado Unidos, llegando a judicializar y dilatar los resultados electorales de su derrota.

El informe de los observadores internacionales de la OEA ha expresado que observó un proceso electoral positivo, en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta. Asimismo, la misión no ha detectado graves irregularidades; así como, los resultados del conteo rápido afuera de urnas “exit poll” de Ipsos al cierre de la votación de la segunda vuelta dio a Castillo 50.2% y a Fujimori 49.8%. Estas consideraciones neutrales y objetivas en procesos electorales anteriores han contribuido a sincerar y pacificar las legítimas expectativas de los contendores, a resultas de los resultados oficiales.

Por eso, las actuales denuncias de un supuesto fraude electoral constituyen un rechazo a un cierre ordenado y pacífico del resultado electoral, al punto que la concentraciones callejeras en medio de la pandemia del Covid-19 ante el local del JNE –de ambos bandos-, el acoso callejero frente al domicilio del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del director del diario La República de las huestes de la candidata, se presenta como un escenario para suscitar dudas sobre la incertidumbre del voto emitido, reconfortar a su electorado y deslegitimar al ganador. 

Por todo ello, en pleno año del Bicentenario de la Independencia que demanda estabilidad y cambios para remontar la pandemia, asegurar la educación escolar, recuperar la inversión y el empleo productivo, un sistema tributario progresivo para aliviar la pobreza, entre otras urgencias, no se debe generar un ambiente de ruptura institucional de la alternancia pacífica del poder presidencial conquistado hace veinte años. De allí que le corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones constituirse en última instancia en guardián de las elecciones y garante de la democracia.

Lima, 11 de junio de 2021. 

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