Por  Jonatan Marcés Everness, abogado por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional.

El año 2014, el Tribunal Constitucional creó vía precedente las sentencias interlocutorias denegatorias.[1] Más allá de que estas resoluciones son cuestionables por su nombre (no son ni sentencias ni son resoluciones interlocutorias), la forma en las que se crearon (el uso del precedente es incorrecto), su contenido (son una figura de dudosa legitimidad constitucional y convencional) y su utilidad (no es claro que hayan contribuido sustancialmente a optimizar la labor del Tribunal Constitucional), lo cierto es que desde su creación la mayor producción del Tribunal Constitucional se concentra en estas resoluciones.[2] Esto gatilló un cambio en el recientemente aprobado Nuevo Código Procesal Constitucional sobre el que el Tribunal Constitucional ha publicado un acuerdo hace unos días.

En la mayoría de los procesos constitucionales (amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento) uno primero debe pasar por el Poder Judicial antes de llegar al Tribunal Constitucional. En este sentido, recién cuando el demandante “pierde” en segundo grado (la sala superior) es que se le abre el camino para ir el Tribunal Constitucional. Para efectivamente llegar, debe interponer un recurso de agravio constitucional (RAC) contra la resolución emitida por la sala superior. Esta sala evalúa el RAC y lo puede conceder o rechazar. En caso lo conceda, remite el expediente al Tribunal Constitucional para que este conozca el caso.

Antes de las sentencias interlocutorias denegatorias, lo regular era que luego de recibido el expediente el Tribunal Constitucional convoque una audiencia y luego de esta audiencia resuelva el caso. El problema es que el Tribunal Constitucional creyó que perdía tiempo con expedientes que no valían la pena y que generaban carga procesal. Por ello, decidió que, antes de convocar a audiencia, era conveniente reevaluar el RAC (que ya evaluó el Poder Judicial) con unas causales adicionales.[3] Así, en caso el RAC no pase esta nueva evaluación interna con las nuevas causales,[4] el Tribunal Constitucional declararía improcedente el RAC y así se ahorraría convocar a audiencia. Para instrumentalizar esta improcedencia del RAC creó las sentencias interlocutorias denegatorias.

A muchas personas -me incluyo- no les gustó esto. A pesar de que las razones por las que discrepamos de la figura son variopintas, lo cierto es que el Congreso de la República aparentemente abordó la materia en el Nuevo Código Procesal Constitucional aprobado el mes pasado en su artículo 24:

Artículo 24. Recurso de agravio constitucional

(…)

En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la falta de convocatorias de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional.

La intención de los artífices del Nuevo Código Procesal Constitucional era obligar al Tribunal Constitucional a convocar a audiencia en todos los casos que llegaran a su sede. Puesto de otra forma, la intención era prohibir las sentencias interlocutorias denegatorias creadas por el Tribunal Constitucional.

Más allá de la intención de los artífices, es bien sabido que la intención del legislador no es determinante para interpretar las disposiciones normativas. En este sentido, inclusive si la voluntad unánime del Congreso de la República fuera que un artículo se interprete de una forma, es posible (y muchas veces deseable) interpretarla de otra. En cualquier caso, el margen de interpretación depende de cada disposición normativa y no se puede perder de vista que toda interpretación debe ser constitucional y convencional.

Ahora bien, a través de un acuerdo aprobado por mayoría (5 a 2) hace unos días y contenido en la Resolución Administrativa 154-2021-P/TC, el Pleno del Tribunal Constitucional interpretó el artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional y estableció algunas reglas de aplicación.[5] No entraré en el detalle de las reglas, pero sí señalaré lo más importante.

El artículo 24 establece que la vista de la causa es obligatoria. Ahora bien, coloquialmente, vista de la causa se usa de forma intercambiable con audiencia. Es más, en varios artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional, estos términos se usan de forma intercambiable (y en otros parece que no). También, en el mismo Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional estos términos se usan de forma intercambiable en varios artículos. Por si fuera poco, en varias resoluciones los magistrados que ahora conforman el Pleno los usan de forma intercambiable.

A pesar de lo anterior, en este acuerdo el Pleno del Tribunal Constitucional ha interpretado que, a efectos del artículo 24, vista de la causa no quiere decir audiencia. En este sentido, según el acuerdo, la (primera) vista de la causa consistirá en un análisis de procedencia de la demanda (ya no del RAC) que efectuarán internamente. En caso consideren que la demanda es improcedente, publicarán un auto resolviendo la improcedencia de la demanda sin convocar a audiencia. En caso consideren que la demanda es procedente, recién entonces convocarán a audiencia.

Para quienes estamos familiarizados con los excesos de este Tribunal Constitucional, las interpretaciones creativas son una raya más al tigre. Más allá de esta creatividad, esta interpretación me genera la preocupación de que el Tribunal Constitucional contrabandee los criterios que creó para reevaluar el RAC y los reproduzca en el análisis de la procedencia de la demanda. Esto podría sería más grave que las sentencias interlocutorias denegatorias mismas.

Tal como he señalado, en las sentencias interlocutorias denegatorias el Tribunal Constitucional declaraba improcedente el RAC. Nótese que ahora el análisis de procedencia no se hará respecto al RAC, sino respecto a la demanda. En este sentido, el Tribunal Constitucional reevaluará las demandas sobre los presupuestos procesales generales, las causales de improcedencia establecidas en el Nuevo Código Procesal Constitucional y los criterios de procedencia adicionales que ha establecido en años pasados para procesos específicos. Por lo menos así debería ser.

En caso decida contrabandear las causales de las sentencias interlocutorias denegatorias para analizar la procedencia de las demandas, el Tribunal Constitucional estaría estableciendo, para un caso, que todas las demandas deben revestir de una especial trascendencia constitucional desde que son presentadas al primer grado en el Poder Judicial. Puesto de otra forma, ya no solo cerraría las puertas del Tribunal Constitucional a miles de ciudadanos, como lo hizo con las sentencias interlocutorias denegatorias, sino que estaría cerrando las puertas del Poder Judicial a aún más ciudadanos.

Lo expuesto en los párrafos anteriores no debería ocurrir. Lamentablemente, el mundo del deber ser no coincide con el mundo de la realidad. Las sentencias interlocutorias denegatorias no debieron pasar, pero aquí estamos, miles de sentencias interlocutorias denegatorias después. Ahora, se me podría decir que debería esperar a ver qué hace el Tribunal Constitucional, porque mi preocupación podría no materializarse. Puede ser, pero, más allá de que igual podría recién materializarse esta preocupación de aquí a buen tiempo, cada vez se me hace más difícil confiar en el Tribunal Constitucional.[6]


[1]        Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el expediente 987-2014-AA.

En: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00987-2014-AA.pdf

[2]        Entre la publicación del precedente y mediados de 2017 (no tengo datos más actuales), alrededor del 80% de la producción del Tribunal Constitucional se concentró en las sentencias interlocutorias denegatorias. Estos datos están en la tesis de maestría de Luis Herrera, La sentencia interlocutoria denegatoria como barrera al acceso a la jurisdicción constitucional.

En: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/15904

[3]        El Tribunal Constitucional rechazará el RAC cuando: (i) carezca de fundamentación la vulneración invocada; (ii) la cuestión no sea de especial trascendencia constitucional; (iii) la cuestión contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional; y, (iv) se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

[4]        Más de una vez he escuchado que el precedente que crea las sentencias interlocutorias denegatorias simplemente recoge las causales del caso Lagomarcino Ramírez (expediente 2877-2005-HC). Esto no es exacto. Las causales (ii) y (iii) no encuentran equivalente en dicho caso y, hasta donde llega mi conocimiento, en ningún otro.

[5]        Para el acuerdo completo y el detalle de las reglas: https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Acuerdo-del-Pleno-R.A.-154-2021-PTC.pdf

[6]        Espero empalmar este artículo con otros que desarrollen esta afirmación.

1 COMENTARIO

  1. Los miembros del tribunal constitucional se creen dueños de la ley, deben ser retitados del ejercicio del derecho y botados a patadas por todo el mal que han causado, y todavia dicen llamarse magistrados tremendos sinverguezas…

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here