Encauzando el debate. A propósito de la reciente ley sobre la cuestión de confianza

"La ley que ha aprobado el Congreso resulta inconstitucional, por contravenir el contenido de la cuestión de confianza (que no es otro que el que ha interpretado el TC)"

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Por Juan Carlos Jara Castro.

Estudiante de Noveno Ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente de docencia en el curso de Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional.

“Las tesis suelen ser opiniones presentadas de tal manera que invitan a la controversia argumentada. Sin embargo, las nueve tesis que quieren restablecer el coraje para educar anuncian un mensaje alegre, verdades evidentes, que debería poder entender cualquiera que no sea malintencionado o esté ideológicamente adoctrinado”
(“Contra la pedagogía autoritaria”, Ernst Tugendhat)
 “Fantasmas de genios suplicantes que buscan la oscuridad, aterrados por el prójimo”
(“Todo lo que se expresa”, Basilio Fernández)

Sin ánimo de ser muy poco reflexivo, quisiera empezar afirmando que la mayor parte del debate en torno a la Ley 31355, que interpreta el contenido de los artículos 133 y 134 de la Constitución, me parece sencillamente innecesario. Digo esto sobre todo, a raíz de la acalorada defensa de algunos abogados y políticos(as) para sostener que el Congreso sí estaría habilitado para interpretar la Constitución. Aquí, como hace el filósofo alemán Tugendhat, habría que preguntarnos ¿contra quién se dirigen los autores de estos argumentos?[1]

Y es que no parece que haya nadie que, con mínima base, que tome la posición contraria; a saber, que niegue la posibilidad de que el Congreso pueda interpretar la Constitución. El debate entonces, al menos en ese extremo, es totalmente gratuito.

Lo que realmente importa, si se me permite reconducir la discusión, es si el Congreso tiene la “última palabra”, es decir, si las interpretaciones del Congreso son terminantes, al punto de poder incluso corregir al Tribunal Constitucional, que ya en una sentencia anterior –la famosa sentencia de disolución del Congreso– ha interpretado los artículos 133 y 134 en un sentido claramente opuesto al de la Ley 31355[2].

Sin embargo, este tema nunca se pone en discusión. Y quizás sea porque la respuesta también es muy evidente. En efecto, como indica el artículo 201 de la Constitución: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución”. Es decir, que es él (y no el Congreso) el último y máximo intérprete de la constitucionalidad. Por lo que, si bien el Congreso puede interpretar (nadie lo discute), una interpretación suya que pretenda sobreponerse a lo dispuesto por el TC será simplemente inválida.

Ahora bien, aquí donde termina esta discusión, empieza otra, sobre cuál sería la mejor interpretación de los artículos 132 y 133. Sobre este tema los argumentos son más variados, pero en línea general, quienes defienden la ley suelen afirmar que la interpretación del Tribunal Constitucional es equivocada por ser demasiado permisiva con el Ejecutivo.

No obstante, este debate, que sin embargo me parece más provechoso que el primero (pues siempre es saludable discutir las decisiones del TC) es igual de innecesario para justificar la validez de la ley, al menos si somos estrictos con lo anterior: que el TC, y no el Congreso, tiene la última palabra para interpretar la Constitución. Así las cosas, resulta de plano absurdo empezar a discutir una interpretación, partiendo del presupuesto de que ésta “corregirá” a la del Tribunal Constitucional.

Cosa distinta es que el Congreso intente cambiar la Constitución para fijar nuevos límites a los artículos 133 y 134 (y esto, incluso, siempre y cuando recaiga dentro de lo “constitucionalmente posible”, es decir, que no se contraponga a ciertos principios del núcleo duro de la Constitución como el principio de equilibrio y separación de poderes). Pero lo que no puede pasar –insisto –es que se pretenda superponer una nueva interpretación a lo que ya fijó el TC. Si nuestro presupuesto para discutir es este, los debates sobre i) si el Congreso puede interpretar o ii) si la interpretación del Congreso parece mejor, quedan sin base.

Claro que existen interpretaciones alternativas; y, cómo no, se puede estar en desacuerdo con la “posición oficial”, pero la idea de tener un Tribunal Constitucional, es precisamente tener un órgano de cierre para estas discusiones tan controvertidas ¿El modelo es discutible? Pero por supuesto, la literatura ha criticado, por ejemplo, la centralidad tan concentrada de los Tribunales Constitucionales, que reducen la interpretación de la Constitución –la norma de los acuerdos fundamentales– a la comprensión de un grupo tan reducido de magistrados, que no son electos siquiera por voto ciudadano. También se ha cuestionado si es realmente “democrático” que las decisiones del Tribunal sean tan tajantes y cerradas. Parece como si el Tribunal fuera aquel gran emperador, a quien nunca se puede contradecir. Con él, como vemos, se cierran todas las discusiones. Roma locuta, causa finita.

En esa línea, corrientes como la del llamado constitucionalismo dialógico, trabajan propuestas que permiten, incluso, cuestionar a las cortes constitucionales, para dar más apertura a la interpretación vinculante de la Constitución. Por ejemplo, en Canadá existe la notwithstanding clause (cláusula del “no obstante”), que permite que el Poder Legislativo pueda extender la vigencia de una norma por un periodo de hasta cinco años, “no obstante” que esta haya sido considerada inconstitucional[3]. Es decir, que el Legislativo puede en ciertos casos, insistir en su interpretación, a pesar de la negativa de otros intérpretes; lo que permite ampliar la discusión, no concentrándola solo en una Corte.

Pero, claro, quienes defienden esta ley, no me parece que quieran discutir una reforma de ese tipo; sino más bien, intentan pasar por encima de lo ya establecido. Y al menos como están las cosas, la ley que ha aprobado el Congreso resulta inconstitucional, por contravenir el contenido de la cuestión de confianza (que no es otro que el que ha interpretado el TC). Este es el tema central; y al menos para efectos prácticos, lo demás es flatus vocis.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

[1] El filósofo alemán Ernst Tugendhat escribe en 1978 un artículo en respuesta al controvertido manifiesto de Hermann Lübbe “9 tesis. Coraje para educar”. Sin perjuicio del tema central, lo que resalta de la disputa es la posición de Tugendhat, que, más que discutir directamente con su contendiente, se dedica a demostrar que los temas que ofrece para el debate son estériles pues, en varios extremos, Lübbe se dedica a criticar y refutar posiciones que realmente no defiende nadie.

Así pues, Tugendhat, entiende que no conviene entrar a un debate “desenfocado” sino es para encauzarlo. De lo contrario, gastaremos esfuerzos en una discusión gratuita; o peor, terminaremos cayendo en las falacias de los retóricos que no quieren debatir; sino justamente, desviar la discusión.

[2] Pues, mientras el TC (EXP N° 0006-2019-CC/TC) admite que la confianza puede versar sobre proyectos de reforma constitucional (FJ 199), el Congreso interpreta que eso no es posible. Y mientras que el TC admite la denegación fáctica de la confianza en casos excepcionales (FJ 212), la Ley limita la interpretación de cualquier denegatoria de confianza, a lo que diga expresamente el Congreso. En un futuro análisis de constitucionalidad, quizás el TC pueda salvar esta primera contraposición (por interpretación); pero la segunda, al menos en mi opinión, es incorregible.

[3]  v. GARGARELLA, Roberto (2014). “El nuevo constitucionalismo dialógico frente al sistema de pesos y contrapesos”. En GARGARELLA, Roberto. Por una justicia dialógica. Argentina: Siglo Veintiuno Editores, pp. 119-158-

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