La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el 3 de noviembre que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el Estado de Venezuela. La investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones durante la crisis política venezolana en 2017, aunque se aclaró que todavía no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo.

El anuncio de la CPI, se dio tras tres días de visita a Venezuela del fiscal británico jefe de la CPI, Karim Khan, quien compareció ante los medios junto a Nicolás Maduro, para firmar un memorándum en el que se explica que la CPI concluyó el examen preliminar de la situación en Venezuela, para ahora iniciar  una investigación formal. Esto implica, que la CPI buscará determinar la veracidad de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2017. Asimismo, Nicolás Maduro durante el acto televisado en el Palacio de Miraflores en Caracas señaló que no comparte la decisión del Fiscal, pero la respeta.

La Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, que es Estado miembro de la CPI, en febrero de 2018. En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la CPI pidieron que la Fiscalía investigará posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fue la primera vez que un grupo de países solicitó de manera conjunta a la Fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Esta remisión por los Estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la CPI.

En diciembre de 2020, la Fiscalía informó que, sobre la base de la información disponible durante su examen preliminar, existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estos incluían, al menos desde abril de 2017, los crímenes de lesa humanidad de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual” y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno.

El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas presentó su primer informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual concluyó que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela, cometieron gravísimos abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. De igual manera, concluyeron que “ciertas autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión” y que “comandantes y superiores sabían o deberían haber sabido de su comisión y no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos”.

La visita a Venezuela se dio después de otra visita que realizó el Fiscal Khan a Colombia, donde anunció el cierre del caso abierto hace 17 años por los crímenes cometidos durante la guerra contra las FARC.


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