Por Enfoque Derecho
Al momento de escribir esta nota, la frase “Tráfico de Influencias”, cobra una relevancia preponderante para la administración del presidente Castillo. Esto a razón del cisma ocasionado por las recientes investigaciones periodísticas, así como la apertura de una investigación preliminar, efectuada por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que sitúan a Karelim López, como una pieza fundamental dentro de esta investigación.
La referencia previa a López Arredondo se da en vista al ejercicio de la empresa Consorcio Puente Tarata III de la cual es asesora empresarial, y de cómo ésta obtuvo la buena pro, dejando en el camino al consorcio Huayllabamba, por una diferencia de s. /0.27 (veintisiete céntimos de sol) en la presentación de ofertas. Este hecho se da en el marco de la adjudicación por una obra de S/232,5 millones, siendo la unidad ejecutora Provias Descentralizado, y además estando bajo la lupa del Ministerio Público como de la Contraloría. Ahora bien, a partir de la investigación, se logra determinar que tanto el Consorcio Puente Tarata III y Consorcio Huayllabamba tienen directa relación entre sus directivos.
Este hecho, si bien es cierto, tiene un alto impacto al ser de interés nacional, por el uso de los recursos públicos; habría pasado a segundo plano, de no haberse llegado a esclarecer las reuniones que tuvo Karelim López en la vivienda de Breña del actual mandatario, Pedro castillo. La sospecha en cuanto a esta visita crece aún más, ya que la adjudicación de la buena pro fue realizada días después de las visitas de López, tanto en Breña como en Palacio de Gobierno, con atención al despacho presidencial así como al otro secretario general, Bruno Pacheco.
Así las cosas, también vale resaltar en este punto lo estipulado por el literal “p” del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra señala “Están impedidas de participar en un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico”. Esto, sumado a las pruebas presentadas por la prensa nacional donde se visualiza a López saliendo del inmueble de Breña o la presencia de los directivos de Consorcio Puente Tarata III, en algunas oficinas ministeriales y gubernamentales.
En este punto y para concluir, debemos recordar que el cargo de presidente está supeditado a formas y posturas; si bien es cierto, el presidente mantiene su derecho de reunión este se verá supeditado a lo aplicado en la normativa en específico de su figura. Por otro lado, es necesario mencionar el carácter de imparcialidad que debería tener el mandatario, más aún si este último tiene un intercambio de palabras con empresas.
Fuentes consultadas:
