Carácter del proceso judicial penal y el contenido esencial del derecho constitucional a interrogar judicialmente | Parte 1

El desarrollo del trabajo abarca a manera de colofón el carácter del proceso judicial. Con mayor ahincó, el proceso penal, en ese sentido, se hace hincapié, en un derecho necesario que adscribe la misma, el de interrogar a los órganos de prueba.

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Por Paul Iriarte, miembro actual del Instituto de Defensa de los derechos fundamentales «Eugenio Raúl Zaffaroni»

Sumario: 1. Colofón sobre el proceso penal; 2. Proceso y procedimiento; 3. Estructura del derecho constitucional; 3. Contenido esencial del derecho a interrogar y examinar; 4. Contenido esencial del derecho a probar; 5. Desarrollo Constitucional y Convencional a interrogar; 6. Proscripción de la lógica del expediente; 7. Consideraciones preliminares del interrogatorio; 8. Validación, autenticación, acreditación y corroboración; 9. Vínculo familiar y abstención de declarar; 10. Conclusiones; 11. Referencias

Resumen: El desarrollo del trabajo abarca a manera de colofón el carácter del proceso judicial. Con mayor ahincó, el proceso penal, en ese sentido, se hace hincapié, en un derecho necesario que adscribe la misma, el de interrogar a los órganos de prueba. Consecuentemente, su estructura constitucional para su desarrollo taxativo, asimismo su contenido esencial, con la finalidad de un desarrollo taxativo en la Constitución Política del Estado. Sin perjuicio, de algunos apuntes prácticos.

1. Colofón sobre el proceso penal

Como primera premisa, cabe destacar que el proceso judicial se caracteriza por tener a dos partes enfrentadas y un tercero heterocompositor. En razón de actos procesales al calor del contradictorio procesal sobre un objeto procesal en contienda. Consecuentemente, se busca su resolución con la emisión de una decisión con carácter de cosa juzgada, resolviendo por la pretensión o contestación por regla general.

Para tal efecto, se erige el objeto procesal en el cual destaca la pretensión procesal; de la cual, lógicamente, se desprenden los demás presupuestos procesales; necesarios para validar la relación jurídica, y se termine resolviendo con un pronunciamiento de mérito, es decir, para el caso penal, condenando o absolviendo.

Puesto que, la Constitución válida del proceso penal, permite al juez dictar una sentencia de fondo, es decir, que lo autoriza a entrar a conocer sobre el objeto del proceso o fondo del asunto, requiere del cumplimiento de los denominados presupuestos procesales; los cuales protegen el interés público y a las partes acusadores y acusadas. Más allá de la construcción inicial de Oscar Von Bulow en 1868, que se asientan en la noción de relación jurídico – procesal, lo relevante y pacíficamente aceptado es que ha de atenderse a los elementos esenciales, de carácter procesal, sin los cuales no seria factible obtener una sentencia valida – parafraseando a del Valle citado por el profesor San Martin (Castro, 2015, pág. 139).

En efecto, se erigen los presupuestos de necesaria concurrencia para validar la relación jurídica procesal; y emitir una sentencia de fondo en el proceso penal, para tal efecto, se erigen las fases preliminares, las cuales se destacan, en razón de cuestionar la relación jurídica procesal, en estricta observancia de los presupuestos procesales. Dado que, el juzgamiento se caracteriza por ser un escenario en el cual se discute prueba.
Definiéndose, a los presupuestos procesales como aquellos elementos – requisitos o condiciones – independientes del derecho material – imprescindibles o de obligada observancia – de carácter intrínseco y necesario – en el momento del ejercicio de la acción y, en cualquier caso, de la sentencia que condicionan la admisibilidad de la pretensión. Sin su existencia, como ha quedado expuesto, el juez no puede entrar a examinar la pretensión o relación jurídico – material debatida, la cual ha de quedar imprejuzgada – San Martin citando a Gimeno Sendra. Los presupuestos procesales han de ser observados en todas y cada una de las instancias. Por consiguiente, establecida la ausencia de un presupuesto procesal, se tendrá que observarlo cumplidamente y volver de nuevo a empezar el proceso (Castro, 2015, pág. 139).

Para tal efecto, corrientes actuales aseveran que lo formal o sustancial, no necesariamente supone la improcedencia de la pretensión. Ergo, lo determinante es el vicio que concurre en la relación jurídica procesal penal, en atención al presupuesto procesal viciado. Consecuentemente, de acuerdo a ello, se declarará su improcedencia, admisibilidad o eventual nulidad, para así, resolver el fondo del asunto, o la causa de pedir.
Para tal efecto, el profesor San Martin Castro esquematiza en razón de los presupuestos procesales:

Desde una perspectiva subjetiva, es posible optar por la siguiente clasificación de presupuestos procesales: a) del órgano jurisdiccional, b) de las partes, y c) del objeto procesal.

Los presupuestos del órgano jurisdiccional se concentran en la jurisdicción y en la competencia en sus diversas modalidades (objetiva, funcional y territorial). Los presupuestos de las partes se circunscriben a la capacidad para ser partes y de actuación procesal – capacidad procesal o legitimación para el proceso –, la representación – se agrega la postulación para pedir en el caso de los abogados (regularmente: art. 84, apdos. 4,5,6 y 10, NCPP; y, excepcionalmente: art. 79.3 NCPP) – y el derecho de conducción procesal – concretado en la etapa de impugnación, que incorpora la exigencia de haber sido parte en el proceso de primera instancia –. Los presupuestos del objeto procesal se expresan en la emisión en forma de la disposición fiscal de la formalización de la investigación preparatoria y de la acusación, así como el procedimiento adecuado – cuya incorrección por cierto no conduce a una sentencia inhibitoria –, la litispendencia y la cosa juzgada (Castro, 2015, pág. 140).

Tranquilamente, esa lógica, se reduce a la competencia jurisdiccional, la capacidad procesal, interés procesal, legitimación procesal activa y pasiva, y proponibilidad objetiva, es decir, ajuste a Derecho.
En suma, la nota más característica de los presupuestos procesales, por su naturaleza imperativa, es la apreciabilidad de oficio, sin que a ello se oponga a que sean evidenciados por las partes Asencio citado por San Martin (Castro, 2015, pág. 130).

2. Proceso y procedimiento

Por procedimiento, entendemos una relación sucedánea de actos procedimentales, orientados a un fin. No obstante, se requiere adscripción a un proceso judicial para caracterizarlo como contencioso. Es decir, contradictorio. Dado que, el procedimiento no siempre tiene carácter contencioso.

En ese sentido, se erige la pretensión procesal; en razón de fundamentar debidamente las afirmaciones de hecho, consecuentemente, requerir el efecto jurídico requerido, en este caso, la pena privativa de libertad. Sin embargo, tal facultad se le confiere por ficción legal al Ministerio Público, en razón de la Constitución Política del Estado. Por esa razón, esos fundamentos deberán estar construidos debidamente atendiendo a una calificación jurídica pertinente. Puesto que, se peticiona una consecuencia gravosa.

En efecto, como afirma el profesor San Martin, la petición, es la pena o medida de seguridad y quantum de la reparación civil solicitada por el Ministerio Público (Castro, 2015, pág. 289).
Por tanto, el objeto más relevante es la pretensión penal. Es la declaración de voluntad, dirigida contra el acusado, en la que se solicita al órgano jurisdiccional penal una sentencia de condena al cumplimiento de una pena o medida de seguridad fundada en la comisión por aquel de un hecho punible. Dentro de los límites del objeto procesal, el tribunal penal esta obligado a esclarecer por completo el hecho, tanto en su aspecto fáctico como jurídico Roxin citado por San Martin (Castro, 2015, pág. 287).

En esa lógica, el elemento objetivo esencial, se traduce en el “hecho punible”. Es un hecho singular, plenamente identificado y distinto a los demás, imputado a una persona. El fiscal, en virtud de la nota característica de indisponibilidad, debe comprenderlo en su totalidad, sin que sea posible mutarlo, reducirlo por cualquier tipo de razón – San Martin Castro citando a Asencio Mellado. Este hecho tiene que ser entendido como la descripción de un acontecimiento histórico sometido al tribunal a través de la acusación. Forman parte del hecho todos los acontecimientos fácticamente inseparables y pertenecientes a él, también acontecimiento independientes, separables en el sentido del concurso real de delitos, cuando ellos son comparables en su contenido de injusto, y se hallan en una relación temporal y espacial estrecha uno con otro – Roxin citado por San Martin (Castro, 2015, pág. 288).

Por esa razón, todo procedimiento con carácter contencioso. Es decir, proceso judicial. Requiere, ser interpretados, en razón de los principios que regla la Constitución Política del Estado. Sin perjuicio, del Derecho Convencional. En suma, todo proceso judicial se caracteriza por tener carácter contencioso, en cambio, el procedimiento no. Por ende, el proceso requiere tener a dos partes enfrentadas por regla general, en razón de un tercero que resuelva, en este caso, el juez. Sin perjuicio, del procedimiento, que no siempre es contencioso.

En ese sentido, se tenga una relación jurídica procesal valida, y delimitar el objeto del proceso, en razón de garantizar el contradictorio procesal, garantía epistémica necesaria. Puesto que, se tienen hipótesis contrapuestas, y se requiere información relevante para resolver. En ese sentido, el proceso se erige en género, y el procedimiento en especie. Sin embargo, este procedimiento no siempre tiene un contenido contradictorio. Ergo, el proceso judicial sí. Dado que, el procedimiento por regla general es declarativo. Por tanto, el proceso se caracteriza por envolver un procedimiento, en esa lógica, surge el principio contradictorio. En ese sentido, se orientan los actos procesales, sobre un objeto procesal debidamente determinado.

En suma, la idea fuerte del proceso comprende a dos partes enfrentadas. No obstante, se caracteriza por que prima el principio de contradicción, en razón de pretensiones u oposiciones opuestas. En ese sentido, prima la acción en razón de una pretensión planteada que busca el justiciable.

Por tanto, como afirma el profesor Roxin citado por el profesor Cesar San Martin, el objeto procesal tiene tres funciones: define el objeto de litispendencia; (ii) demarca los límites de la investigación fiscal y de la obtención de la sentencia, y (iii) define la extensión de la cosa juzgada (Castro, 2015, pág. 290).

3. Estructura del derecho constitucional

En primer lugar, el concepto de derechos subjetivos ha adquirido protagonismo en el moderno derecho constitucional ya que las consagraciones de derechos son una de las partes esenciales de las Constituciones modernas. En segundo lugar, los desarrollos analíticos y conceptuales han permitido sacar a la luz estructuras más simples y coherentes, cuya ausencia contribuye a aumentar las dificultades de la discusión (Reyes, 2009, pág. 5).

Por el momento solo nos interesa retener la estructura de un derecho a algo, en cuanto la “relación triádica cuyo primer elemento es el portador o titular del derecho (a), su segundo elemento, el destinatario del derecho (b) y su tercer elemento, el objeto del derecho (G). Esta relación triádica se expresará mediante “D”. Según esto, es posible expresar la estructura de un derecho subjetivo a algo con la siguiente expresión: D ab GH, que habrá de ser leída como la relación normativa de tener un derecho de un titular ante un destinatario acerca de un objeto determinado (Reyes, 2009, pág. 7).

Dado que, precisando posteriores implicaciones se sostiene que “la posición del sujeto del derecho en un ordenamiento jurídico debe entenderse (i) la que puede ser fundamentada con razones válidas y suficientes y (ii) la que cuyo no reconocimiento injustificado ocasiona un daño inminente al sujeto del derecho (Reyes, 2009, pág. 8).

4. Contenido esencial del derecho a interrogar o examinar

Ciertamente, actualmente, se trabaja con una lógica deductiva, en razón de ponderaciones, y no necesariamente, en la realización de un análisis exhaustivo sobre el contenido esencial del derecho. Por esa razón, a la hora de realizar un cuestionamiento, se oriente más bien hacia generalizaciones o ficciones, sin vincular necesariamente a lo especifico del derecho que regla la Constitución Política del Estado. Sin perjuicio, del Derecho Convencional.

Por esa razón, modernamente, para dar solución a las situaciones de conflicto de derechos, se ha postulado la teoría del contenido esencial. A fin de cercenar el margen de discrecionalidad judicial que permite la técnica de ponderación de bienes, la idea actual consiste básicamente en sustituir el debate sobre los limites por una definición precisa de los contenidos constitucionalmente protegidos (Sánchez, 2016, pág. 166).

Por tanto, se requiere delimitar el contenido esencial del derecho a interrogar o examinar en el proceso judicial. Para tal efecto, se requiere demarcar, para así, cuestionar y garantizar predictibilidad jurídica al ciudadano de a pie. Dado que, son facultades que la Constitución Política del Estado otorga, no obstante, no se agota en la generalidad.

En ese sentido, si bien constituye un derecho implícito del debido proceso o el derecho de defensa; requiere además su desarrollo taxativo, consecuentemente, establecer su contenido esencial. Puesto que, tal enunciado de interrogar o examinar es genérico, sin perjuicio de lo inmutable, requiere especificidad, Dado que, actualmente se conculca en razón de otros principios.

Por tanto, en situaciones de conflicto de derechos, se analice al derecho limitado y no al limitador (Sánchez, 2016, pág. 166).
En ese sentido, al especificar su contenido, se erija en lo esencial del derecho y, por tanto, respetable por todos los poderes del Estado. Esto en razón, de eventuales desmedros, o enervamientos bajo la lógica de la ponderación u otros principios, que transgrede el contenido esencial del derecho a interrogar o examinar esto juzgamiento, lo otro en lo preparatorio o preliminar.

5. Contenido esencial del derecho a probar

Para tal efecto, por ejemplo, se ensaya el – derecho de prueba –. Ciertamente, genérico, no obstante, no se agota en la misma, de lo contrario supondría plantear medios de prueba sobreabundantes, no vinculados al objeto del proceso. En efecto, se exige que estos sean pertinentes, conducentes y útiles.

Dado que, el juez no está sometido a un mecanismo ciego de aceptación de las solicitudes de prueba o de actos de investigación. Solo deben admitirse aquellos medios de prueba que:
(i) Guarden conexión con el enlace o con los hechos objeto del proceso y con los que constituyen el thema decidendi para el órgano jurisdiccional – que es lo que se denomina objeto del debate –. Se trata de la regla de pertinencia, que está referida a los hechos afirmados. La prueba debe pertenecer al objeto del proceso.

(ii) Tenga un grado de incidencia sobre el objeto del proceso y del debate. Se trata de la regla de relevancia, utilidad o necesidad, que dice de la relación lógica entre el medio de prueba propuesto y el hecho que pretende ser probado. Está referido a los medios de prueba, a la aptitud que ha de tener para aportar un hecho que pueda repercutir sobre la acusación – San Martin citando a Pedraz. Ha de permitir averiguar la realidad de lo sucedido (Castro, 2015, pág. 130).

En suma, el contenido esencial se circunscribe, en razón de que se tiene derecho a plantear medios probatorios, no obstante, a que estos sean útiles, conducentes, y útiles, y sean obtenidos legal y constitucionalmente.
Así, el ejercicio, por ejemplo, de este derecho no sea ilimitado. Debe solicitarse en la forma y momento legalmente establecidos – las solicitudes deben enmarcarse dentro de la legalidad –, sin que a ello obste la utilización, siempre rechazada, de acudir a argumentaciones formalistas ni aferrarse a criterios preclusivos absolutos. Esta exigencia comporta la necesidad de que el litigante tenga una conducta totalmente diligente y cuidadosa en orden a instar el correcto ejercicio del derecho a la prueba – San Martin citando a Pico l Junoy, que es la base del principio de la buena fe procesal (Castro, 2015, pág. 130).
Por tanto, el contenido esencial se erige en garantía para el ciudadano; predictibilidad jurídica, en razón de saber con certeza que cuestionar, y que es lo que realmente la Constitución protege. Sin desmedro, como se viene afirmando, apelar a la lógica deductiva ponderativa, es necesaria, sin duda, pero requiere una interpretación holística. En ese sentido, se dote de eficacia a los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y las Convenciones.

6. Desarrollo Constitucional y Convencional a interrogar

Sin perjuicio, de que se requiera un desarrollo taxativo del derecho a interrogar o examinar en juzgamiento. Dado que, actualmente constituye un derecho implícito que se deduce lógicamente de otros derechos, como el de defensa. Es menester, su desarrollo taxativo y tomar en atención los baremos Convencionales, de lo contrario, se juega su predictibilidad jurídica y qué duda cabe, precisar su contenido esencial; sin desmedro, de las evidentes consecuencias, tanto materiales como procesales, en razón de beneficiar otros principios, no necesariamente vinculados con el ser humano, finalidad y no medio del Estado de Derecho.
Tal como refrenda la Convención
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos
Art.14 inc 3 lit. e).

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art 8 inc2 lit f)
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
(…)
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, o de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.

Sin perjuicio, de la lógica procesal norteamericana por la cual fue redactada, hace hincapié en los órganos de prueba. Por tanto, conviene un desarrollo taxativo, consecuentemente, precisión en razón de su contenido esencial del derecho a interrogar o examinar en juzgamiento. Dado que, el proceso penal, se caracteriza por gestarse en un contradictorio continuo, donde se disputan posiciones, por un lado, la pretensión punitiva, y de otro lado la defensa férrea, estrategia que ya demandara el abogado defensor.

En efecto, el interrogatorio constituye una actuación verificadora, donde operan el análisis, la reflexión y la crítica respecto al testimonio y las hipótesis que se pretendan validar, siendo real que en el juzgamiento se aplican las categorías del conocimiento, en tanto “tránsito dialectico desde la ignorancia y la duda hacia la certeza – parafraseando a Rodríguez citado por Angulo Morales (Arana, 2007, pág. 35).

Dentro del esquema garantista – adversarial parafraseando –, es necesario que el proceso sea un proceso de verificación como parte de la epistemología acusatoria o falsacionista, sujeta a prueba (modus ponens) y a refutación (modus tollens), es decir, al contradictorio. Para ello es necesario que se respete la defensa material y técnica del imputado (Arana, 2007, pág. 35).

Por tanto, sea necesario demarcar los límites, en razón del derecho a interrogar o examinar en juzgamiento a los órganos de prueba. Puesto que, bajo la lógica ponderativa se adscribe mayor atención a principios, y en ese sentido, se trastocan derechos fundamentales, el de defensa y, por ende, el de interrogar, por ejemplo.

Así, se tengan testigos protegidos, colaboradores eficaces. Sin perjuicio, de la jurisprudencia que ya viene sentando bases de interpretación y compensación en razón de apreciar probatoriamente dichas informaciones o testimoniales vertidas, exigiendo corroboración necesaria. Dado que, como se sabe, en los procesos penales se custodian y se juegan derechos fundamentales preciados, por ejemplo, el de la libertad.


Bibliografía
Arana, P. M. (2007). El interrogatorio de testigos en el nuevo proceso penal. Lima: Dialogo con la Jurisprudencia.
Castro, C. S. (2015). Derecho Procesal Penal Lecciones. Lima: INPECCP.
Reyes, O. C. (2009). El derecho alimentario. Como derecho constitucional. Una pregunta por el concepto y estructura del derecho constitucional alimentario. Scielo.org, scielo.org.co/pdf/ojum/v8n16/v8n16a07.pdf.

 

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