Servidumbre minera, caminos públicos y la vulneración al derecho de tránsito

“Resulta indispensable la protección del derecho de tránsito sobre el paso de una servidumbre minera y/o un camino público frente al abuso de derecho, ya sea por un tercero y/o el ejercicio abusivo de una autoridad, actuar que devendría en arbitrario, por ello existe la posibilidad de acceder ante un “juez constitucional” que ampare tal desprotección, mediante un proceso de habeas corpus de naturaleza restringido, el cual debe observar las garantías de un debido proceso y no debe conducirse con meros ritualismos como el de constatar la existencia y validez legal de la alegada vía de tránsito de uso común; y, una vez constatado ello, verificar la manifestación de la alegada restricción de tránsito, lo cual en algunos casos solamente queda escrito y no diligenciado efectivamente, por lo que nos encontramos ante una justicia de papel, que incentiva la informalidad y desestima los mecanismos de tutela reconocidos en el ordenamiento jurídico Peruano.”

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Por José Luis Málaga Núñez, Abogado por la Universidad Católica San Pablo, con estudios en derecho en la Universidad Católica de Ávila – España y Universidad Nacional de Catamarca – Argentina, es candidato a Magister en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de San Agustín.

  1. INTRODUCCIÓN:

1.1. La servidumbre de paso (o de tránsito) es el derecho que el propietario de un predio o titular de otro derecho real sobre él, tiene para pasar (o transitar) por un predio ajeno[1], es decir que el titular de un derecho real como un bien propio y/o una concesión tiene el derecho de transitar con la finalidad de dirigirse a su propiedad por ejemplo para fines laborales, tendientes a la realización de actividades mineras.

1.2. Siendo que, el titular de la concesión minera, tiene el derecho sobre las actividades mineras como la exploración y explotación de recursos naturales, así como la servidumbre está ubicada dentro del ámbito formal del derecho con las mismas prerrogativas al anterior, por tanto, el derecho a explorar y explotar recursos naturales[2] y la servidumbre minera son derechos legítimos.

1.3. Respecto a la libertad de tránsito, también llamada libertad de locomoción o de desplazamiento, es un derecho fundamental que cuenta con reconocimiento constitucional en el art. 2°, inc. 11) de nuestra carta magna.

1.4. El derecho de tránsito, es un derecho colectivo, que no sólo protege el derecho al libre tránsito, sino, también al derecho a un espacio público para todos, sin ninguna discriminación ni restricción de algún particular o autoridad, a más que este establecida por la Constitución o una Ley específica que tenga la potestad de restringir este derecho fundamental sin transgredir su núcleo duro[3]. (Énfasis nuestro).

2. DESARROLLO:

 2.1. La servidumbre civil –como un derecho real accesorio– tiene por finalidad permitir que un inmueble ajeno que –por dificultades geográficas– no tiene utilidad económica, pueda obtener una función económica. La servidumbre procura “algún recurso o ventaja a los fundos que carecen de ellos y cuya falta impide a sus dueños un uso o explotación adecuados. Por lo general, la carga que imponen las servidumbres al fundo que la soporta es mínima comparada con la utilidad que proporcionan al predio que benefician”[4].

 2.2. Ahora bien, la servidumbre minera es la “carga sobre un bien (bien sirviente) que le permite al titular de una concesión minera el ejercicio de las actividades autorizadas en su respectivo título de concesión o las que resulten necesarias y/o convenientes para ello. La servidumbre es usualmente utilizada para la construcción e instalación de fajas transportadoras de minerales sobre terreno de propiedad de terceros a efectos de lograr el traslado de minerales al puerto o planta de beneficio, para el acceso o ventilación de las labores mineras, para el drenaje de agua de mina, para el transporte de personal y equipos mineros, entre muchas otras finalidades.”[5] (Énfasis nuestro).

2.3. En estricto, sobre la servidumbre minera cabe citar el art. 88° de la Constitución Política del Perú que garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa, estableciendo en su art. 66° que los recursos naturales son patrimonio de la nación, a mayor abundamiento cabe precisar que, de acuerdo al art. 7° de la Ley N° 26505, Ley de promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, y el art. 6° del Reglamento de la Ley N° 26505, aprobado por el D.S. N° 017-96-AG, el titular de la concesión minera no podrá utilizar el terreno donde se ubica la concesión minera si no cuenta con el acuerdo previo con el propietario del predio o el establecimiento de una servidumbre; no procediendo el establecimiento de servidumbre sobre tierras de uso agrícola o ganadero para el desarrollo de actividades mineras no metálicas. (Énfasis nuestro). Habiendo dejado claro los supuestos -constitución de una servidumbre o acuerdo con el titular del predio- de validez a efectos de que el titular de una concesión minera pueda ejercer sus derechos sobre un bien inmueble, que son las tierras que coexisten con la concesión minera.

2.4. Asimismo, que ocurre cuando el territorio sobre el que se quiere realizar transporte de personal y equipos mineros, es sobre un camino público, primero debemos decir que la servidumbre civil no es ajena a la servidumbre minera, ya que esta última es un derecho real mediante el cual el predio sirviente cede sus derechos de uso y disfrute a favor del predio dominante, quedando a salvo su derecho de disposición y reivindicación, considerando el carácter elástico de la propiedad[6]. En ese orden de ideas, el Código Civil en el art. 1051° señala que “La servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan salida a los caminos públicos. Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le de salida o cuando se abre un camino que de acceso inmediato a dicho predio.” (Énfasis nuestro).

2.5. Respecto a los caminos públicos, que señala el primer párrafo del art. 1051° del C.C., tenemos que observar el informe N° 185-98-­MTC del 21 de mayo de 1998 emitido por la Coordinadora de la Dirección de Carreteras del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, se establece que todos los caminos existentes en el territorio de la República tienen el carácter de caminos públicos.

2.6. Habiendo expuesto la servidumbre legal y caminos públicos, que por obvias razones no se enmarca al concepto de vía privada de uso público, no obstante, en ambas situaciones el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho de propiedad, entonces en el caso de un camino público el derecho lo tiene el propietario que colinden en la trocha carrozable que sirva de servidumbre para que los titular del derecho minero, puedan ejercer en atribución al derecho de libertad de tránsito.

2.7. En ese sentido, el titular de una concesión minera, puede transitar libremente en una vía, dígase una trocha carrozable de naturaleza pública, por lo que es preciso señalar que el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos ha hecho notar que la facultad de desplazamiento que supone el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública, por lo que “el vendí et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otro”[7]. Así, el Tribunal Constitucional ha establecido[8] que la facultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho.

2.8. Es así que, en los supuestos de caminos públicos, ningún tercero tiene la potestad, ni la titularidad del predio materia de obstaculización, como para impedir el libre tránsito de las personas, aun cuando sea propietario de la concesión minera, máxime, la Concesión Minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, y es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicado.

2.9. Finalmente, ante el atropello del derecho a la libertad de tránsito ante los supuestos planteados, el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 876-2005-PHC/TC resuelve en el fundamento 5 que: “(…) una demanda de hábeas corpus sólo cabe ser interpuesta cuando se pretenda la protección de la libertad personal o derechos conexos. Es decir, con este proceso se protege un núcleo duro de derechos relacionados con la libertad personal; siempre que exista conexión con tal derecho, será pertinente que se analice a través de este proceso constitucional, por lo que corresponde señalar que sólo será atinente la protección de los derechos fundamentales demandados si ellos se encuentran en conexión directa con el derecho a la libertad personal (…)”. Por lo que, no se puede vulnerar los derechos a libre tránsito tanto restringiendo una servidumbre constituida legalmente y/o un camino de uso público.

3. CONCLUSIONES:

3.1. El titular de la concesión minera no podrá utilizar el terreno donde se ubica la concesión minera si no cuenta con el acuerdo previo con el propietario del predio (en los supuestos de propiedad privada) o el establecimiento de una servidumbre. Asimismo, los caminos de uso público, no constituyen vía privada de uso público, no obstante, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho de propiedad.

3.2. Al advertir la afectación del derecho de libertad de tránsito, el remedio aplicable, en caso se restrinja el derecho de paso -servidumbre o de un camino público- se debe presentar una demanda de habeas corpus “restringido” por el impedimento de acceso a la concesión minera, ya que ningún tercero y/o autoridad pueden afectar tal derecho irrestricto, ya que el impedimento de acceso al uso de un derecho real que en algunos casos constituye un centro de labores, con la finalidad de realizar actividades mineras.

3.3. El Juez Constitucional al efectuar el juicio de procedibilidad de una demanda de Hábeas Corpus donde se alegue la vulneración del derecho a la libertad de tránsito a través de una vía de tránsito de uso común, debe constatar la existencia y validez legal de la alegada vía de tránsito de uso común y debe verificar la manifestación de la alegada restricción de tránsito, a efectos de tutelar conforme a Ley el derecho a la libertad de tránsito, de forma efectiva.


Referencias

[1] M. MARIANA. Derechos Reales. Tomo II. Zavalia, Buenos Aires, 2004, p. 103.

[2] De conformidad al art. 9° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el D.S. N° 014-92-EM.

[3] H, FERNANDO. Análisis jurisprudencia sobre el derecho a la libertad de tránsito y el respeto al espacio público en el Perú, (Tesis para obtener el grado académico de maestro en Derecho Constitucional). Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, 2020, p. 11.

[4] A. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Tratado de los derechos reales: bienes, Temis, 5a. ed., Chile, 1993, p. 177.

[5] F. TONG GONZALES, F. MONTERO ALVARADO, Sobre la problemática de obtener derechos superficiales para el desarrollo de actividades mineras, Minería y Energía, 8, 2009, p. 45.

[6] L. Luis. ¿Existe un verdadero conflicto entre el derecho a la propiedad, la servidumbre minera y la expropiación en el Perú? Un análisis a la luz del caso Quellaveco aplicando la teoría armonizadora de los derechos”, (Tesis para obtener el título profesional de abogado), Arequipa, 2016, p.115.

[7] Expediente N° 01314-2017-PHC/TC de fecha veinticinco de julio del dos mil dieciocho, fundamento 5.

[8] Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente 2876-2005-PHC/TC.

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