Por Enfoque Derecho

  1. Introducción

En diciembre de 2021, el congresista y presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Esdras Medina, presentó el Proyecto de Ley 904/2021-CR titulado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”[1].

A pesar de que su título trata de presentar al proyecto como una iniciativa que busca la mejora de la calidad educativa en nuestro país, lo cierto es que su contenido dista mucho de representar un avance en la educación. Al contrario, representa un retroceso en la evolución del sistema educativo peruano y una afectación a los derechos humanos.

A modo de resumen, y sin perjuicio de ser abordado detalladamente en el segundo apartado del presente editorial, el proyecto de ley en cuestión plantea la obligatoriedad de la consulta a las madres y padres de familia sobre los programas y textos escolares, los mismos que no podrían oficializarse sin su visto bueno. Además, si los funcionarios del sector educativo no cumplen los principios establecidos por la iniciativa legislativa, entre ellos el “pleno respeto de la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y los padres” (art. 2 del PL), entonces podrán ser sancionados.

Sorprendentemente, el 31 de enero del 2022, la Comisión de Educación del Congreso aprobó este proyecto de ley por mayoría. En consecuencia, pasa a la agenda del Pleno del Legislativo para su posterior debate. El contenido del dictamen aprobado[2] contiene, prácticamente, lo mismo que lo señalado en el proyecto de ley. Cabe señalar, que este también prohíbe la promoción de ideologías sociales o políticas, entre los cuales consideran al enfoque de género, que es descrito como una “imposición de enseñanzas con un marcado sesgo ideológico, que carecen de todo sustento científico” [Oficio N° 001-2022-IIP citado en el PL].

Esta situación resulta preocupante de modo que diversos colectivos se han pronunciado en contra del mismo esperando que sea finalmente rechazado por el Parlamento. Entre las instituciones que han emitido pronunciamientos, encontramos a la Defensoría del Pueblo[3] y al MIMP.

El presente editorial tiene como objetivo analizar el contenido del Proyecto de Ley 904/2021-CR, así como las organizaciones consultadas por el autor que impulsó la iniciativa y los pronunciamientos en contra que se han publicado. En segundo lugar, analizaremos cómo esta iniciativa legislativa representa una transgresión al orden jurídico, esto es, a nuestra Constitución Política y otras normas, y a la jurisprudencia relevante sobre el tema. Posteriormente, profundizaremos sobre los derechos fundamentales que se afectarían si es que esta iniciativa llegase a ser una ley. Entre los derechos a desarrollar, resaltamos el derecho a una educación de calidad y a la educación sexual integral. Finalmente, presentaremos las conclusiones respectivas.

No obstante, adelantamos que nuestra posición es un rotundo rechazo al Proyecto de Ley 904/2021 y, claramente, nos mostramos en contra de la aprobación del mismo, pues ello significaría una afectación a la educación de calidad, y la exclusión de la educación sexual integral y el enfoque de género de los materiales educativos del Ministerio de Educación – Minedu.

  1. El Proyecto de Ley 904/2021-CR

El dictamen del Proyecto de Ley 904 plantea que el contenido de los materiales educativos y currículo escolar pertenecientes a la Educación Básica peruana sea sometido obligatoriamente a consulta a las madres y padres de familia. Específicamente, la ley se aplicaría a las áreas de Personal social; Desarrollo personal, ciudadanía y educación cívica; Ciencias sociales; Descubrimiento del mundo; y Ciencia y Tecnología. Es decir, la elaboración de la totalidad de los recursos educativos de aquellas cinco materias, dirigidos a los niveles inicial, primario y secundario, dejará de depender únicamente del Ministerio de Educación (Minedu), sino que deberán ser conjuntamente producidos con la participación de madres y padres.

Sin embargo, lejos de tratarse de un proceso colaborativo que asegure la calidad de los productos de enseñanza nacionales, la verdadera finalidad de la ley recaería en el otorgamiento de un derecho a veto a los padres y madres de los estudiantes. Ello se evidencia, por un lado, en el procedimiento de participación establecido, donde se permite que las organizaciones de padres presenten materiales alternativos, sujetos a su aprobación posterior, en caso discrepen con los del Minedu. Por otro lado, incluso más preocupante que esta disposición, se observa el artículo 5 del mismo PL 904, en el que se prohíbe la publicación de recursos educativos que contrarien determinados principios o que no hayan incorporado la participación de las madres y padres de acuerdo a las pautas fijadas por esta ley. Igualmente, en dicha parte se disponen sanciones para los funcionarios que incumplan la prohibición, que abarcan desde la suspensión hasta la destitución.

En cuanto a los principios que deben ser respetados en los materiales educativos de acuerdo al PL 904, resalta que estos no pueden amenazar, en términos del dictamen, la “libertad religiosa” ni “convicciones morales” de los educandos y las madres y  padres. Igualmente, se prohíbe la promoción de ideologías sociales o políticas. Entre estas, una organización consultada para el diseño de este proyecto de ley, menciona al enfoque de género, que es descrito negativamente:

Son miles los padres de familia de todo el territorio nacional que han salido en reiteradas oportunidades a manifestarse públicamente en las calles contra la imposición de enseñanzas con un marcado sesgo ideológico, que carecen de todo sustento científico como el denominado «Enfoque de Género”[4].

Considerando cuáles son las cinco áreas curriculares que serían sometidas a consulta, estos criterios podrían significar el deterioro de las bases científicas y de las condiciones equitativas que se han venido promoviendo en la enseñanza nacional.

Ante estas perspectivas sesgadas sobre el enfoque de género, Enfoque Derecho se comunicó con Norma Ortega Valdivia, abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, con Diploma en Gestión Pública en la PUCP y especialización en Perspectiva de Género en la Universidad de Castilla – La Mancha, España, y cofundadora de la asociación civil Kumpay – Acción por los derechos humanos. Al respecto, la especialista en el tema explicó:

“El enfoque de género es una herramienta que se usa para garantizar la igualdad de derechos y aplicar medidas adecuadas que no reproduzcan estereotipos, tras identificar la desigualdad entre hombres y mujeres. Precisamente, en el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, se reconoce que en el Perú existe un problema público de discriminación hacia las mujeres. De igual modo, responde a tratados de derechos humanos que el Estado debe respetar, como el Comité CEDAW que reconoce el derecho a la no violencia contra la mujer y señala que los estados están obligados a aplicar esta perspectiva”.

En ese sentido, queda claro que el enfoque de género responde a una problemática estructural de desigualdad entre mujeres y hombres, y que posee el objetivo de generar oportunidades integrales, que parten desde el ámbito educativo y perduran en el resto de áreas de la sociedad. Por ello, su concepción dentro del PL 904 como una ideología relativa a intereses particulares y prejuiciosos para los educandos, representa un riesgo inminente.

Precisamente, se debe considerar que en el apartado de opiniones solicitadas e información recibida para el proyecto de ley, solo se consignan al Minedu, APAFA y dos grupos: la Coordinadora Nacional Profamilia (CONAPFAM) y la Coordinadora Regional por la Vida (CORVIDA). Ambas organizaciones poseen un marcado sesgo cristiano conservador, además de una agenda conocida públicamente, en la que se oponen al enfoque de género y al impartimiento de educación sexual integral desde una “temprana” edad. En ese sentido, no solo resulta evidente la ausencia de especialistas en el tema y de diversidad de voces civiles, sino que se exhibe un carácter parcializado. 

Asimismo, la iniciativa pertenece a Esdras Ricardo Medina Minaya, excongresista del partido Renovación Popular y reconocido vocero del movimiento “Con mis hijos no te metas”, igualmente defendido por las dos únicas organizaciones que recibieron la invitación para contribuir con el proyecto de ley. Dicho colectivo percibe al enfoque de género como una doctrina ideológica que busca cambiar el concepto de familia definido por su religión, y promover la inserción sexual temprana, el aborto y la homosexualidad. Por ello, su objetivo principal, abiertamente anunciado en múltiples movilizaciones, es que la “ideología de género” sea retirada del Currículo Nacional por atentar contra la fe y valores de sus hijos y suyos.

La examinación conjunta de todas las características anteriormente detalladas posibilita entender por qué se sospecha que el Proyecto de Ley 904 pretende la eliminación del enfoque de género, en especial la Educación Sexual Integral (ESI), de la educación nacional. Aunque el dictamen enfatiza el propósito de mejora de la calidad de los recursos educativos y no señala directamente que se suprimirá el contenido sexual y de género, se puede entrever dicha intención en la posibilidad de veto sobre el contenido educativo peruano, con fundamento en el respeto de sus creencias y convicciones, que adquirirán las organizaciones ultraconservadores de madres y padres de familia.

Tras su aprobación en la Comisión, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y 175 organizaciones del país se han pronunciado en contra de este claro atentado contra la educación integral e igualitaria, que busca validar los intereses de un grupo particular. Al respecto, la Defensoría ha declarado que el dictamen debería ser rechazado y archivado, debido a que es inconstitucional y afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes en etapa de Educación Básica[5].

En la espera por el debate en el pleno sobre el PL 904, aparte de todos estos hechos, un análisis jurídico puede contribuir a comprender por qué no se debería aprobar y promulgar un dictamen que pretende eliminar la ESI y el enfoque de género de la educación peruana.

  1. La transgresión del orden jurídico

Desde la perspectiva jurídica, el Proyecto de Ley 904 tampoco debería ser promulgado, pues resulta incompatible tanto con la Constitución y normas peruanas, como con la jurisprudencia emitida previamente.

Por un lado, es posible afirmar que el PL 904 es inconstitucional e ilegal, pues transgrede la facultad del Minedu como la institución encargada de las políticas educativas del Perú; la independencia de poderes; los principios de autoridad y democracia; el carácter laico estatal; y la Ley General de Educación.

En primer lugar, la consulta de los materiales de enseñanza a las madres y padres implicaría que el Ministerio de Educación no podría ejecutar su función constitucional de delimitar la política educativa y pedagógica nacional. La facultad mencionada se desprende del artículo 16 de la Constitución del Perú, donde se señala que “El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios […]. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación”. De la misma manera, entre las múltiples funciones descritas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROP) del Ministerio de Educación, para el caso del PL 904 resulta relevante que sea definido como el órgano rector encargado de la dirección, formulación y evaluación de la política educativa nacional, del Currículo Nacional, del Proyecto Educativo Nacional y de las políticas para asegurar la calidad de la Educación Básica.

En segundo lugar, la futura aprobación del dictamen del PL 904 conllevaría la vulneración de la independencia de poderes por parte del Congreso, al transgredir las competencias del Minedu como ente supremo responsable de la creación y mejora de la calidad de las políticas educativas del Perú. Esta falta se deriva del artículo 43 de la Constitución peruana, en el que se erige la separación entre los poderes estatales. En este caso, el Poder Legislativo terminaría interfiriendo con una de las facultades exclusivas del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Educación.

En tercer lugar, la posibilidad de veto sobre los materiales educativos concedida a las madres y padres de familia por el PL 904, atenta contra los principios de autoridad y democrático defendidos en el artículo 45 de la Constitución. El derecho a que los padres puedan retirar contenido educativo previamente preparado por el Minedu, supone que la opinión particular de un grupo se estaría imponiendo sobre las decisiones de las autoridades gubernamentales que han sido elegidas en representación de la ciudadanía.  De la misma forma, se debe considerar que no todos los padres y madres de familia podrán opinar sobre los recursos de enseñanza y garantizar su permanencia o retiro por voto de mayoría, sino que, tal como plantea el dictamen, participarán las organizaciones previamente inscritas en Registros de Dirigentes y Registros Públicos.

En cuarto lugar, el carácter laico del Estado se vería afectado por la injerencia de las creencias religiosas de las madres y padres de familia. Considerando los principios a respetar por los productos educativos, mencionados anteriormente, los padres tendrán la posibilidad de consultarlos y solicitar la supresión de determinadas temáticas que consideran contrarias a sus profesiones de fe, como el enfoque de género y la ESI. De esta manera, el PL se opone al artículo 50 de la Constitución, en el que se recalca la libertad de religión y la no persecución por ideas o creencias, como en cualquier estado donde las políticas públicas no se fundan sobre la doctrina de una religión particular.

En quinto lugar, en la Ley General de Educación se encuentra regulado el derecho de participación de las madres y padres en el proceso educativo de sus hijos, sin entrever nunca el modo planteado en el proyecto de ley. Así, dicha ley entiende esta intervención como el derecho a elegir las instituciones educativas de sus hijos (artículo 5), a asegurar la matrícula y permanencia de los mismos (artículo 12),  a la libertad de asociación y elección de representantes en las comunidades educativas (artículos 52, 54 y 69), y la colaboración con el equipamiento de los centros de enseñanza de sus hijos según sus posibilidades (artículo 54)[6]. Como es posible observar, en ninguna norma se declara un mecanismo de participación que pueda sustentar lo propuesto en el PL 904.

Por otro lado, el PL904 discrepa con la jurisprudencia peruana referida tanto a los límites de la participación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos, como a la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional. Entre las sentencias contrariadas por el dictamen, destaca la reafirmación sobre el asunto manifestada por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02018-2015-PA/TC. En ella se concluye que “la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos no implica que los padres puedan reemplazar al Estado en sus funciones y competencias constitucionales”.

Asimismo, en 2019, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia peruana rechazó una demanda de acción popular presentada por una organización conservadora, que apuntaba a la exclusión del enfoque de género del sector educativo, en el marco de las protestas lideradas por “Con mis hijos no te metas” que se produjeron en aquel año. Así, en el Expediente N° 23822-2017-Lima, el órgano “declaró infundada la demanda interpuesta por el colectivo Padres en Acción contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. La sentencia fue contundente al afirmar que los derechos de las personas no están sujetos a opinión” (La República). En ese sentido, quedó registrado un antecedente institucional más, aparte de los fundamentos expresados por el Minedu, en el que se enfatiza que el enfoque de género busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y no la promoción de conspiraciones ideológicas como expresan las organizaciones citadas en el PL 904.

  1. El atentado contra los Derechos Fundamentales

Como se ha observado en los apartados previos del presente editorial, el contenido del Proyecto de Ley 904/CR atenta contra varios derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, como bien señala la Defensoría del Pueblo[7], cuando la iniciativa legislativa cuestionada establece que los funcionarios o servidores civiles del sector Educación que aprueben o publiquen materiales, textos ni recursos educativos en cuya elaboración no hubieren participado las madres y padres de familia, estarían cometiendo una “falta disciplinaria pasible de sanción” [art. 5], genera una afectación al derecho a la educación. Esto es así, debido a que el Ministerio de Educación tiene como mandato constitucional y legal, garantizar el derecho a la educación y definir la política educativa y pedagógica nacional.

En otras palabras, el Ministerio de Educación debe estar constituido por especialistas que puedan garantizar el cumplimiento de la función tan fundamental que tiene la institución. En cambio, las madres y padres de familia no necesariamente cuentan con dicha especialización requerida para elaborar materiales, textos y recursos educativos para los niños y las niñas, por lo que obligar al Minedu a seguir todas las indicaciones de los padres no especialistas, podría generar una afectación a la educación, una educación que se espera sea de calidad. Además de ello, se estaría afectando las competencias legales y las atribuciones otorgadas por la Constitución al Minedu como ente rector del sector Educación. En la misma línea, Norma Ortega nos comenta lo siguiente:

“Directamente, se estaría afectando el derecho a una educación de calidad al otorgarle a actores que no están capacitados o formados pedagógicamente para definir un contenido educativo, el poder de determinarlos. Indirectamente, se abre el riesgo a vulnerar otros derechos como el derecho a una educación sexual integral, el cual responde a dos derechos: a la educación y a la salud. Por un lado, el derecho a la educación, porque es parte de la formación integral que uno debe recibir, pero también el derecho a la salud porque el derecho a la ESI te permite proteger de muchas enfermedades y es parte de tener un bienestar integral.”

En ese sentido, de ser aprobado el proyecto de ley materia de análisis, también sería afectado el derecho a la educación sexual integral. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el derecho a una educación sexual y reproductiva, “que sea integral, no discriminatoria, basada en evidencia científica y adecuada para la edad de sus interlocutores, forma parte del derecho a la educación”[8]. Cabe señalar entonces que el derecho a la ESI es indispensable para asegurar el goce del derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo a la UNESCO, la ESI favorece a las y los estudiantes en tanto les brinda mayor información sobre la sexualidad y sus emociones permitiéndoles tomar decisiones informadas al respecto, entre otros beneficios a la salud[9].

Ahora bien, ¿cómo resultaría afectado este derecho si se aprueba el Proyecto de Ley 904/2021-CR? Sobre ello, la Defensoría del Pueblo ha señalado que “condicionar la aprobación o publicación de los materiales, textos o recursos educativos, a la opinión de madres y padres de familia afectaría gravemente el contenido de los materiales educativos referidos, entre otros, a la educación sexual integral”. Esto es, basta pensar en el ya mencionado caso “con mis hijos no te metas” para tener una idea de los riesgos a los que nos enfrentaríamos con esta iniciativa, aún más teniendo en cuenta que el colectivo en cuestión sigue estando activo. Por lo tanto, si se deja el contenido de los materiales educativos en manos de colectivos que rechazan la ESI y el enfoque de género, lo más probable es que termine siendo excluido de la currícula escolar y, en consecuencia, termine generando una grave afectación a tan fundamentales derechos.

Asimismo, no solo se afectaría al derecho a la educación sexual integral, sino con ello al derecho a la salud sexual y reproductiva en un país donde el contexto histórico ha mostrado las altas y recurrentes cifras de embarazo adolescente y violencia sexual que no solo afecta adolescentes, sino incluso a niñas y niños. Es decir, una realidad nacional donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados con frecuencia, y donde una educación sexual integral aportaría a una mejora y avance de esta situación.

Adicionalmente, el derecho a la educación sexual integral no solo ha sido reconocido por instituciones internacionales como la Corte IDH, sino que el Minedu ya ha venido aprobando y aplicando “Lineamientos de educación sexual integral para la educación básica”[10]. Es más, el Estado está obligado a implementar la ESI en el entorno escolar sobre la base del interés superior de las y los estudiantes, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño[11]. Por lo tanto, esto demuestra la importancia de la ESI y lo preocupante que resulta el proyecto de ley en cuestión en tanto puede resultar generando una grave afectación a este derecho.

Finalmente, entre otros derechos afectados, tenemos al derecho a la igualdad y no discriminación. Al respecto, Claudia Lovón señala que educación sexual también es una medida para garantizar el principio de igualdad y no discriminación, lo cual se desprende de los informes de la CIDH y las recomendaciones del Comité CEDAW.[12] En ese sentido, si bajo la iniciativa legislativa analizada, la cual cita que el enfoque de género es una “imposición de enseñanzas con un marcado sesgo ideológico, que carecen de todo sustento científico”, se busca eliminar el enfoque de género, se eliminaría aquello que tiene como objetivo reducir o eliminar cualquier situación de desigualdad por razón de género.

Cabe recordar aquí, que el enfoque de género, de acuerdo al Minedu, se constituye en un “modo de entender las relaciones humanas, de mirar el mundo y comprenderlo, en la medida que nos permite analizar la realidad sobre la base de las variables de sexo y género y sus manifestaciones en los distintos contextos geográficos, culturales, étnicos e históricos[13]”. En suma, con el enfoque de género se busca garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, previniendo situaciones de vulnerabilidad, por lo que indirectamente podría resultar afectándose la igualdad con este proyecto de ley.

En resumen, hay una serie de derechos que podrían resultar afectados si se llegase a aprobar el Proyecto de Ley 904/2021, por lo que nuestra posición es un profundo rechazo a su aprobación, en tanto no solo atenta contra el orden jurídico sino contra derechos fundamentales que han tomado mayor relevancia en nuestro contexto nacional.

  1. Conclusiones

Este editorial surge como una reacción necesaria frente a una amenaza contra la educación y las condiciones de vida desiguales de las niñas, niños y adolescentes peruanos. Tal como se ha desarrollado a lo largo del presente análisis jurídico, el Proyecto de Ley 904/2021-CR no es compatible con nuestro orden jurídico, ni con los derechos fundamentales protegidos en el Perú. Esto en tanto transgrede el ordenamiento jurídico y atenta contra derechos fundamentales que es de vital importancia proteger en el contexto nacional al cual nos enfrentamos.

Se debe reflexionar en torno a cómo el otorgamiento del derecho a consulta sobre el contenido de los materiales educativos a los padres de familia, lejos de propiciar la mejora de dichos recursos, sólo constituirá un retroceso en el impartimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de género. En un país donde las cifras de embarazo adolescente y violencia sexual se incrementan cada año, la ciudadanía no debe permitir que grupos conservadores religiosos transgredan las competencias del Ministerio de Educación, imponiendose con su lema “Con mis hijos no te metas”.


Referencias:

http://www.minedu.gob.pe/p/xtras/reglamento_de_organizacion_y_funciones_rof.pdf

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTIyMTQ=/pdf/DIC%20904

https://perulegal.larepublica.pe/peru/politica/2022/01/19/-2199/

https://peru21.pe/lima/organizaciones-rechazo-proyecto-de-ley-904-175-organizaciones-del-pais-muestran-su-rechazo-absoluto-al-proyecto-de-ley-904-que-busca-ser-debatido-en-el-pleno-noticia/

https://larepublica.pe/sociedad/2022/01/22/minedu-calidad-educativa-en-riesgo-claves-del-proyecto-legislativo-que-afecta-el-enfoque-de-genero-y-educacion-sexual-en-aulas/

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/el-proyecto-de-ley-que-golpea-la-reforma-educativa-por-marilu-martens-noticia/?ref=ecr

https://lpderecho.pe/proyecto-condiciona-publicacion-materiales-educativos-consentimiento-previo-padres/

[1] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODA4OQ==/pdf/PL090420211207

[2] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTIyMTQ=/pdf/DIC%20904

[3] https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/02/defensoria-rechaza-proyecto-de-ley-que-afecta-educacion-sexual-integral-en-colegios/#:~:text=La%20Defensor%C3%ADa%20del%20Pueblo%20se,entre%20las%20que%20se%20encuentran

[4] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/904

[5] https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/02/defensoria-rechaza-proyecto-de-ley-que-afecta-educacion-sexual-integral-en-colegios/

[6] http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf

[7] https://www.defensoria.gob.pe/congreso-debe-archivar-proyecto-de-ley-que-condiciona-publicacion-de-materiales-educativos-al-consentimiento-previo-de-padres-y-madres/

[8] https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/educacion-sexual-una-cuestion-de-derechos-humanos/

[9] https://es.unesco.org/fieldoffice/lima/educacionsexualintegral

[10] http://www.grade.org.pe/creer/archivos/ESI-RVM-N%C2%B0-169-2021-MINEDU.pdf

[11] Idem 7

[12] Idem 8

[13] http://www.minedu.gob.pe/comision-sectorial/transversalizacion.php

Editorial escrito por Kelly Espino y Nadia Cautivo

2 COMENTARIOS

  1. El sesgo de este artículo es increíble. La misma Constitución consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos, según sus valores. El Minedu no está por encima de los padres ni tiene poderes ilimitados. El Minedu trabaja para los padres de familia, no es al revés.
    No existe el derecho a adoctrinar ni a excluir a los padres de la educación de sus hijos. No es tan difícil notar las ideologías que traicionan a quienes han escrito este trabajo.

  2. LOS PEONED DE LOS CAVIARADA ESTAN DESEPERSDOS, Una muestra de ello es el sesgo de este artículo, que increíble!. La misma Constitución consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos, según sus valores. El Minedu no está por encima de los padres ni tiene poderes ilimitados. El Minedu trabaja para los padres de familia, no es al revés.
    No existe el derecho a adoctrinar ni a excluir a los padres de la educación de sus hijos. No es tan difícil notar las ideologías que traicionan a quienes han escrito este trabajo.

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