Por Genaro Ormachea Baca, MBA por CENTRUM PUCP, Beta Gamma Sigma Member, estudiante de pregrado en la Facultad de Derecho de la PUCP, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y asociado ordinario de THEMIS

Indudablemente los casos de ascensos a oficiales y su ingreso a las altas cúpulas militares, el sonado caso Petroperú, así como la controvertible adjudicación para la construcción del puente Tarata III, tienen varios nombres en común, entre ellos el de Daniel Soria. Soria, hasta el 1 de febrero de 2021 fungía como procurador general del Estado, siendo encargado por el DS. 1326 en su artículo 19.8, que refiere “Encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, cuando así se requiera…”[1], cargo que a la par fue desempeñado previamente y durante 2 años por Soria,  pasando por el mandato de los expresidentes Vizcarra, Merino, Sagasti, hasta llegar a su ratificación por la administración del presidente Castillo y por Aníbal Torres, quien fuera ministro de Justicia desde el inicio del actual gobierno, hasta su nombramiento como premier el 8 de febrero de 2022.

Los 3 casos mencionados previamente y algunos otros en proceso de formalización, fueron tomados con imperativa importancia por el exprocurador Soria, dados los elementos de convicción existentes que fueron expuestos por los medios de comunicación, y otros varios que se detallaron en las investigaciones fiscales y que a la postre se confirmaron en las declaraciones de los colaboradores eficaces involucrados en el proceso.

Hechos relevantes del caso: La remoción del ex procurador.

A este punto debemos indicar sobre la remoción de Soria lo siguiente:

  • El exprocurador tuvo una designación previa, ajustada a derecho y cumpliendo los parámetros exigidos en el proceso de contrato “Personal altamente calificado” o PAC, desde el inicio de sus funciones y volviendo a ser ratificado en agosto de 2021 por la administración del presidente Castillo, al igual que por el ex ministro Torres[2].
  • Que se intentó forzar la figura de la observación del contrato bajo el argumento del incumplimiento del requisito previsto en el art. 15.8 del DS. 1326. Que a la letra dice “Gozar de idoneidad profesional y experiencia en gestión o políticas públicas. En el caso del/a Procurador/a General del Estado, se requiere, además, trayectoria en la defensa jurídica del Estado.” En esta línea debemos agregar, que Soria señaló como parte de su experiencia el ser asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo. Hecho que, según el argumento esgrimido por la Contraloría General de la República, en conjunto con la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la resolución Nº 002-2022-OCI/0281-AOP[3], se estaría afectando el proceso de designación, por lo que la OCI del Minjus infiere que: “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”[4]. Menudo punto el que volvemos a refrendar en esta posición personal, dado que únicamente este hecho fue revisado posterior a las investigaciones en contra del presidente Castillo que Soria realizaba.
  • Que una vez presentadas las investigaciones aludidas anteriormente y con especial énfasis en la investigación de Puente Tarata III, se denota obstrucción y cuestionamiento a las investigaciones de Soria por parte del Ejecutivo, al igual que por su superior, el ex ministro Torres, dado que la Procuraduría General está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
  • Que, como punto subjetivo, se crea suspicacia el momento de la revisión del PAC, ya que se dio posterior a las indagaciones e investigaciones encabezadas por Soria sobre la conexión existente entre el presidente Castillo y la señora Karelim López quien fungía como nexo entre las esferas del poder público y diversas empresas que buscaban concesiones de obras públicas. Por otro lado, se debe tomar en cuenta la expedición y notificación de la salida de Soria (horas antes de la medianoche del 1 de febrero, momento donde la población nacional tenía puestos sus ojos en una actividad deportiva).
  • Que el ex ministro Torres, independientemente de su cargo político, pertenece a la orden de su colegio profesional, por lo que queda afecto a su normativa. Más aún, tomando en cuenta que el ex ministro de Justicia es el asesor jurídico de quien encarna la presidencia de la república, esto por lo refrendado en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en sus artículos 5, 6, 7 y 10[5]; se hace énfasis a la defensa jurídica del estado, así como la supervisión de la probidad de los procesos estatales.
  • Que el ex ministro Torres obvió un patrón procedimental de previo conocimiento en el DS. 1326, mismo que en su artículo 17.1. refiere “Los miembros del Consejo Directivo sólo pueden ser removidos en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación en la que se les otorgue un plazo de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos, de conformidad con las causales que se señale en el Reglamento.” Por lo que, ninguno de los supuestos descritos previamente habría sido aplicados al caso de la destitución de Soria, ni mucho menos se le consedió el plazo establecido para realizar los descargos conferidos en este cuerpo normativo.

Análisis del caso con referencia al Código de Ética.

Habiendo reseñado estos puntos previos, es necesario hacer un análisis de la interrogante que aborda esta evaluación, ¿si es que el ex ministro de Justicia podría ser denunciado ante el Colegio de Abogados de Lima y, de ser el caso, qué infracciones habría cometido al Código de Ética?

De primera intención vale la pena preguntarnos, ¿si Aníbal Torres viene cumpliendo una función de representación legal o patrocinio? Por lo que debemos indicar, que la función como titular de una cartera ministerial, si bien es cierto,  es un cargo político, también cuenta con un criterio de asesoría jurídica frente al titular del ejecutivo, esto por lo señalado en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en sus artículos 5, 6 y 7.[6] Es en vista a ello es que Torres está bajo el mandato de lo estipulado en el Código de Ética y otras normativas referentes a su accionar como abogado; dando soporte a lo dicho, también es válido mencionar el artículo 1 del citado Código que a la letra dice: “En consecuencia, el ejercicio del patrocinio judicial y/o administrativo, la consultoría o asesoría, la función jurisdiccional o notarial y cualquier otra para la cual se exija el título de abogado, queda comprendido en los alcances del presente Código”

Como segundo punto y en conexión con lo dicho supra, es que el mismo código demarca un patrón de parámetros en la conducta tanto a nivel profesional como en su carácter de aplicación social, mismo que debe ser el fin supremo de los servidores estatales. En el citado artículo 3 refiere “La probidad e integridad de la conducta del abogado, cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del Estado de Derecho y la vida en sociedad. La transgresión de los principios éticos agravia a la Orden.” A este punto vale analizar, si es que el accionar de Torres se ajustó a lo citado. A este punto quisiera hacer referencia a una entrevista en la que Torres menciona “yo no puedo saltarme ni una coma de la ley”, haciendo referencia a que su probidad no podría ser cuestionada, al igual que su posición en cuanto a la revisión del legajo documentario que fue revisado por el titular de la cartera de Justicia y donde se “habría” encontrado algún supuesto de irregularidad en el conteo de la experiencia acreditada por Soria.[7]

El siguiente punto radica en el análisis de la participación de Torres como parte del sistema democrático, no solo por su calidad de abogado, sino también por su entonces labor como ministro de Justicia, siendo así uno de los referentes de la profesión. En este entender Torres está llamado al cumplimiento del artículo 4 que refiere  “El abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país. Por ello, debe respetar la función de la autoridad y ejercer el Derecho, cualquiera fuere el ámbito en que se desempeñe, con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe”. Es así que realizando un análisis de lo estipulado en el Código se denotará que no se completó con el debido proceso al ser imperativo dentro de los cauces democráticos. De igual manera no se habría tenido en cuenta con los principios lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, toda vez que, únicamente se empezaron los cuestionamientos de su contratación a raíz de las investigaciones realizadas en contra del presidente Castillo, lo dicho también puede ser referenciado por el artículo 6 del Código de Ética que tiene una similar redacción o por el artículo 54.

Otro punto necesario de tratar es el criterio de autoridad que en este caso en específico tendría Soria, ya que en el marco de la investigación, Soria cuenta con facultades legales amparadas por el DS. 1326. en cuanto a la realización de investigaciones, por lo que Torres habría actuado sin el respeto debido a la autoridad que emana de la institución del procurador del Estado.

Como punto cuarto, detallaremos el aspecto de independencia que tendría Soria, toda vez que su despacho estuvo encargado de investigaciones previamente reseñadas y que en un probable caso serían de implicancia negativa para el presidente Castillo. En razón a esto, es que bajo un análisis desde las instancias del ejecutivo, no se debería realizar una investigación a Castillo, misma que era realizada por Soria, sino únicamente la aplicación del artículo 117 de nuestra carta magna donde  refiere “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.” Por lo dicho anteriormente, es que se denota un animus de afrenta contra la independencia que recae en Soria, tanto en su condición de procurador como de abogado.

Así mismo, en cuanto a lo citado por el artículo 25 en su acápite de Sustitución de abogado que a la letra dice “El abogado que asuma un patrocinio en sustitución de otro, deberá colaborar con el eficiente traslado del mismo…”, podemos inferir que también existe una vulneración al código ya que, Torres cuando tenía la  calidad de ministro de Justicia y sin un argumento ajustado a derecho, retiro a Soria y dejó sin titular a la procuraduría por un lapso de 16 días, posteriores a la designación de María Caruajulca Quispe, quien previamente se desempeñó como procuradora pública de las municipalidades distritales de San Martín de Porres y Comas, en Lima Metropolitana. A este punto debemos aclarar, que si bien es cierto no es materia de análisis de este texto la condición de la abogada Caruajulca, si debemos reseñar que la continuidad de las investigaciones iniciadas por Soria así como el conocimiento del caso se vería ralentizado, o no tomado de manera eficiente tal como lo prevé el artículo 25.

Para terminar con este apartado, es válido mencionar la aplicación del artículo 60 que refiere al Abuso del Proceso pues “Falta a la ética profesional el abogado que abusa de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o procura la dilación innecesaria del proceso.” Que siendo analizado en el caso Soria, denotamos que habría existido el uso de medios procesales por parte de los representantes del ejecutivo, así como la revisión de una designación previamente aprobada y sustentada bajo documentos y que no pudo ser defendida por el procurador Soria, en vista a la celeridad y vulneración del proceso al expedir su resolución de relevación de su cargo. Esto, además de lo también citado por el artículo 63 donde se estipula “El abogado no debe utilizar medios que representan una injerencia para el ejercicio imparcial e independiente de la autoridad, sin perjuicio del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el abogado debe instruir a su cliente que no debe ejercer influencia sobre la autoridad apelando a vinculaciones políticas, familiares, de amistad, o de otro tipo que sean ajenas al patrocinio”, serían tanto en la primera como en la última parte de este artículo de suma importancia dado el nivel de injerencia que tendría Torres al igual que Castillo, en las esferas jurídicas como políticas. Como aclaración debemos señalar, que estos hechos deben ser investigados para una conclusión certera, siendo así la redacción de este texto siempre en condicional.

Es en ese entender y recientemente, Aníbal Torres, fue denunciado ante el Colegio de Abogados de Lima por la presunta comisión de conductas antiéticas , en relación con la destitución del ex procurador general del Estado, Daniel Soria, la ex presidenta del INPE, Susana Silva Hasembank, y el direccionamiento de la publicidad estatal, teniendo como firmantes de esta denuncia frente al Colegio de Abogados de Lima a: Iván Meini Méndez, José Ugaz Sánchez-Moreno, Luis Vargas Valdivia, Joel Segura Alania, Antonio Maldonado Paredes, Fernando del Mastro Puccio y Walter Albán Peralta reconocidos nombres en el mundo del análisis ético y jurídico, quienes ponen en entredicho los argumentos utilizados por el hoy premier.

Análisis de infracciones

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del Código de Ética tras alguna infracción de las normas estipuladas en el, debemos indicar que la redacción en el artículo 81 refiere “Constituyen actos contrarios a la ética profesional la transgresión de las normas estatutarias del respectivo colegio, así como aquellas contenidas en el presente código. Se comprenden también los actos contrarios a la ética profesional la conducta o hechos en que incurran los miembros de la Orden que, sin haberse producido en el ejercicio profesional, inciden directa o indirectamente en la calidad del servicio que brinda el abogado y que desprestigia la profesión.” Por lo reseñado, podemos indicar que Anibal Torres no solo podría ser pasible de una denuncia antes el foro ético en el marco de su ejercicio profesional como abogado, sino también por hechos que no necesariamente sean parte del espectro jurídico enmarcando éstos en la esfera política y en gran medida obstruyendo una investigación que en este caso, conculca ​​la probidad e integridad de la conducta del abogado.

Es por ello que el Código prevé un capítulo sobre Sanciones y Efectos, donde se llegaría de determinar, posterior a una investigación acorde a derecho y en referencia a los parámetros éticos de sus pares, si es que en el caso de Torres ameritaría una sanción.

Conclusión

En suma y como conclusión, creo que este caso debe ser analizado desde la óptica de la probidad y a la par de la normativa existente en el Código de Ética, pues se denota un ensañamiento posterior a la presentación de investigaciones en contra del presidente Castillo, siendo Torres el encargado de su defensa implícitamente citada en la normativa respectiva del Minjus. A ello agregar que para la realización de la investigación se debe tomar en cuenta las declaraciones de Torres así como su defensa, y estando en la misma línea, la revisión de los argumentos de Soria. Ahora bien, dada la característica de cumplimiento estricto a la investigación, quien redacta estas líneas no se encontraría en capacidad de poder determinar una sanción adecuada al caso, ya que esta tarea está únicamente señalada para la comisión pertinente. Por lo dicho y además de que está reseñado por las citas acuñadas en este documento, la existencia de gran cantidad de faltas al Código, mismas que no deben ser pasadas por alto en una futura investigación, a la par de crear en un hito en el colectivo ciudadano que, independientemente del ejercicio de un cargo político del más alto nivel, la normativa tanto positiva enmarcada en nuestros plexos jurídicos así como los parámetros éticos deben ser respetados y cumplidos, para crear así el ideal de sociedad en respeto y convivencia.


Referencias

[1]https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-reestructura-el-sistema-administrati-decreto-legislativo-n-1326-1471010-5/

[2]https://elcomercio.pe/politica/exprocurador-del-estado-daniel-soria-senala-que-su-destitucion-inicia-luego-de-la-presentacion-de-la-denuncia-contra-pedro-castillo-rmmn-noticia/?ref=ecr

[3]https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2022CPO028100002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

[4]https://laley.pe/art/12760/daniel-soria-por-que-el-gobierno-de-pedro-castillo-destituyo-al-procurador-general

[5] http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_per_30_ley_29809.pdf

[6] http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_per_30_ley_29809.pdf

[7] https://www.youtube.com/watch?v=I7PTRPAs3GI

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here