Este viernes 08 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la resolución denominada Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú, en la cual requiere que el Estado de Perú cumpla con las sentencias expedidas anteriormente por este tribunal internacional. En esa línea, el órgano ha exigido al gobierno peruano que no implemente el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en contra de la anulación del indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori.  A continuación, Enfoque Derecho presenta los principales fundamentos de esta decisión.

Las sentencias incumplidas

En 2001, la Corte IDH emitió las Sentencias de Fondo, Reparaciones y Costas referidas al caso Barrio Altos, determinando que la República del Perú incurrió en violaciones a los derechos a la vida e integridad de 19 personas. Asimismo, entre 2006 y 2007, mediante las Sentencias de Fondo, Reparaciones y Costas del caso La Cantuta, declaró la responsabilidad estatal peruana en la detención arbitraria, desaparición forzada y matanza de estudiantes de la universidad homónima. En ambas sentencias se reconocía que se trataba de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que quedaba establecida la obligación del Estado peruano de “investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables”.

Además, con base en dichas resoluciones, el 16 y 17 de marzo de este año, los representantes de las víctimas de ambos casos solicitaron a la Corte la “supervisión de cumplimiento de la sentencia y medidas provisionales”. Al respecto, considerando que el TC resolvió restituir la libertad a Fujimori, y con ello eximirlo de la pena privativa de libertad, se deriva que este último requerimiento apuntaba a alertar acerca del atraso y omisión de las responsabilidades definidas por la Corte.

Las deficiencias del fallo del TC

Tras examinar los antecedentes previamente mencionados, la Corte dictaminó que la sentencia en cuestión del Tribunal Constitucional se opone a la Resolución de supervisión de cumplimiento emitida en 2018, donde se pronuncian en contra del indulto otorgado a Alberto Fujimori por el entonces Presidente de la República del Perú en aquel año. En ese sentido, se señala que el TC debía llevar a cabo un adecuado control jurisdiccional y control de convencionalidad, concordante con los estándares internacionales que condenan las violaciones a los derechos humanos.

Igualmente, la Corte IDH recalcó la relevancia de ponderar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, frente al indulto humanitario: 

“en casos de graves violaciones de derechos humanos [la] medida o figura jurídica [que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado] debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas […] y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante. Esto no significa que la figura jurídica o medida que tenga que adoptar el Estado sea necesariamente una que ponga en libertad al condenado y, mucho menos, que implique la extinción de la pena”, sin perjuicio de adoptar otras medidas alternativas que permitan salvaguardar la salud del señor Fujimori.

En consecuencia, además de ordenar al Estado peruano que no ejecutara la sentencia del TC relativa al indulto del expresidente, dispuso la realización de una supervisión específica en lo concerniente a dicho otorgamiento, mediante la “supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta”. En adición, la Corte precisó que este requerimiento implica la presentación de un informe sobre ello por parte de nuestro gobierno, con fecha límite de 13 de mayo de 2022.


Fuente:

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/barrioscantuta_02.pdf

 

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